Dentro de la querella de 21 páginas presentada por el Consejo de Defensa del Estado, a través del abogado Carlos Bonilla, se hizo un detalle del cómo se ejecutaron los beneficios para Democracia Viva. 

Esto, según el diario La Segunda, responde a las actividades de Carlos Contreras en ayuda de Daniel Andrade, de forma no regulada por el Ministerio. Atendiendo a estos hechos, se solicita que declaren todas las personas contratadas por fundaciones receptoras de fondos a pedido del ex seremi. Cabe mencionar que entre estas personas, Catalina Pérez no se citó a declaración.

Así, en la oportunidad (2022) Antofagasta recibió $4.444.217.882 millones por presupuesto y para distribuir a través de convenios. Atendiendo al reportaje, Contreras realizó modificaciones a sus funciones permitidas por ley, quien habría roto la regulación de selección de entidades que reciben fondos del SERVIU.

Detallado más adelante, según oficio del 8 de febrero del mismo año, dirección del Serviu pidió recursos para campamentos que, hasta ese momento, ni siquiera nombraban a Democracia Viva como "entidad receptora". De esta manera, en ningún caso contemplaban participación del Seremi. 

Carlos Contreras, a través de oficio, solicitó reasignar la ejecución de diagnóstico socio territorial-Planes de Intervención a Democracia Viva y Tomarte. De esta manera, fue el propio ex seremi y su equipo quien presuntamente habrían proporcionado los antecedentes de contacto de tales fundaciones. 

Según lo constatado por el CDE, la actual concejala de Antofagasta Paz Fuica fue la personera que cerraría el traspaso. Citando al medio Timeline, Fuica fue una de las personas contratadas por debajo de la ley, empleada en la Fundación Para la Superación de la Pobreza y con honorarios de más de 19 millones de pesos.

Además, se hizo hincapié nuevamente en el círculo político-relacional-sentimental de Pérez, Andrade y la asesoría de Contreras.

Así, se realizó la solicitud a Servicio de Impuestos Internos para informar el patrimonio de Daniel Andrade y Carlos Contreras y levantar datos sobre otras sociedades donde participen relativos; además, se solicitó a Criminalística de PDI periciar el avance de las obras de campamentos ejecutadas por la fundación.