Raúl Antonio Alarcón Hermosilla, exalto funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeropuerto El Loa, fue detenido y condenado a cinco años de prisión tras comprobarse su relación con la organización criminal Tren de Aragua. Durante un allanamiento en su vivienda fiscal se incautaron drogas y armas de fuego. Según la investigación, Alarcón, quien contaba con acceso a diversas dependencias del aeropuerto, mantuvo una relación con una mujer identificada como Antonella. La pareja, junto a otras tres bailarinas exóticas, residió durante cuatro meses en la vivienda fiscal, donde, según los registros judiciales, se habrían consumido y traficado sustancias ilícitas. La vivienda también fue utilizada por un ciudadano venezolano, integrante del Tren de Aragua, apodado «el chino», quien almacenaba armamento en el lugar y fue detenido posteriormente al intentar trasladar 150 kilos de droga, mientras enfrentaba procesos judiciales por cuatro delitos de secuestro. Tras la condena de Alarcón, el diputado Sebastián Videla solicitó una reunión con el Director Nacional de la DGAC para evaluar responsabilidades y reforzar medidas de control dentro de la institución, además de solicitar un listado de todas las personas que trabajaron con el funcionario condenado, con el objetivo de prevenir infiltraciones de organizaciones criminales en organismos del Estado.
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la constructora Guzmán y Larraín SpA y confirmó la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que impuso una multa de 88 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de 72 millones de pesos, por exceder los límites de la norma de emisión de ruidos durante la construcción del Edificio Barlovento, en Antofagasta. La empresa había alegado irregularidades en los plazos y en la tramitación del procedimiento sancionatorio, así como en la evaluación de su recurso de reposición y del programa de cumplimiento que presentó. Sin embargo, el fallo determinó que los plazos administrativos no eran fatales, que la potestad sancionadora mantiene su validez mientras subsistan los hechos que la motivaron, y que la metodología de la SMA para medir la contaminación acústica y calcular el beneficio económico obtenido estaba debidamente respaldada. El tribunal también consideró que la compañía, con más de 39 años en el rubro, conocía las obligaciones legales, lo que incide en la determinación de su responsabilidad. Además, constató que la empresa introdujo en sede judicial argumentos que no había planteado previamente. La sanción se originó en tres denuncias de vecinos en 2021 por ruidos molestos, tras lo cual la SMA realizó mediciones que detectaron excedencias de 12 y 16 decibeles sobre lo permitido. El programa de cumplimiento presentado por la constructora fue rechazado por no cumplir criterios de idoneidad y verificabilidad, quedando firme la sanción que ahora fue ratificada judicialmente. Fuente: Timeline
El Informe de Vigilancia Nutricional del Ministerio de Salud (Minsal) reveló que en la Región de Antofagasta un 10,2% de los menores de seis años tiene obesidad y un 19,1% presenta sobrepeso. A ello se suma que, según la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes 2024, solo el 26,4% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física diaria. Para enfrentar esta situación, el Minsal impulsa la Estrategia de Establecimientos Promotores de la Salud (EEPS), que busca fortalecer entornos escolares saludables. En Calama, la Escuela 21 de Mayo firmó su compromiso para cumplir con los requisitos y obtener la acreditación como Establecimiento Promotor de la Salud en 2025. El seremi de Salud, Alberto Godoy, indicó que el recinto deberá implementar medidas como pausas activas, mejoras en infraestructura deportiva, huertos escolares y talleres de alimentación saludable, cuyo cumplimiento será monitoreado mediante instrumentos de evaluación y seguimiento. Destacó que este es el primer establecimiento de Calama en unirse a la iniciativa e invitó a otros colegios a sumarse.
Un estudio del Observatorio Social de la Universidad del Alba evidenció que el 79,2% de los encuestados en la región de Antofagasta percibe la violencia entre estudiantes como frecuente o muy frecuente, mientras que solo un 27% considera los colegios como espacios seguros. La encuesta, realizada entre el 17 y 25 de julio de 2025 a más de 300 personas mayores de 18 años, identificó como formas de violencia más comunes la psicológica (59,8%), la física (50,5%) y el ciberacoso (41,4%). Entre las causas señaladas por los participantes figuran la falta de disciplina en el hogar, el consumo de drogas y alcohol, y la influencia de las redes sociales. Además, el 84,4% estima que el Estado no cuenta con una política eficaz para prevenir la violencia juvenil. El director del Observatorio Social, Marcelo Estrella, afirmó que los resultados son similares a los del nivel nacional, lo que refleja un problema de alcance global. Agregó que casi el 80% de la población cree que la violencia escolar ha aumentado en los últimos cinco años y que su frecuencia es alta o muy alta. Fuente: SoyAntof
El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) ratificó este 12 de agosto la sentencia que removió de su cargo al exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. La resolución confirma lo dictado por el Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta el 20 de mayo, tras un requerimiento presentado por seis concejales de la comuna. La causa acreditó 15 cargos en su contra, respaldados por informes de la Contraloría, sentencias judiciales y pruebas documentales. Entre las irregularidades figuran el uso indebido de recursos municipales, adjudicación de contratos por trato directo sin justificación legal, defensa de causas personales con abogados del municipio, modificaciones unilaterales de contratos, negligencia en la administración de bienes públicos y favorecimientos personales. También se identificaron incumplimientos en la gestión del exvertedero La Chimba, omisiones en sumarios administrativos y en el cumplimiento de la Ley de Transparencia. La sentencia implica la inhabilitación de Velásquez para ejercer cargos públicos durante cinco años, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y las normas de probidad administrativa. El mismo día, el exjefe comunal fue formalizado por el delito de violación de secreto, quedando con arraigo nacional. Según el Ministerio Público, en marzo de 2024 difundió un informe médico de la profesora Katherine Yoma —quien se suicidó ese mes— que no tenía carácter laboral, información calificada como reservada. Por este delito arriesga penas de entre 61 días y 3 años de presidio, y la investigación tendrá un plazo de 60 días.
Raúl Antonio Alarcón Hermosilla, exalto funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeropuerto El Loa, fue detenido y condenado a cinco años de prisión tras comprobarse su relación con la organización criminal Tren de Aragua. Durante un allanamiento en su vivienda fiscal se incautaron drogas y armas de fuego. Según la investigación, Alarcón, quien contaba con acceso a diversas dependencias del aeropuerto, mantuvo una relación con una mujer identificada como Antonella. La pareja, junto a otras tres bailarinas exóticas, residió durante cuatro meses en la vivienda fiscal, donde, según los registros judiciales, se habrían consumido y traficado sustancias ilícitas. La vivienda también fue utilizada por un ciudadano venezolano, integrante del Tren de Aragua, apodado «el chino», quien almacenaba armamento en el lugar y fue detenido posteriormente al intentar trasladar 150 kilos de droga, mientras enfrentaba procesos judiciales por cuatro delitos de secuestro. Tras la condena de Alarcón, el diputado Sebastián Videla solicitó una reunión con el Director Nacional de la DGAC para evaluar responsabilidades y reforzar medidas de control dentro de la institución, además de solicitar un listado de todas las personas que trabajaron con el funcionario condenado, con el objetivo de prevenir infiltraciones de organizaciones criminales en organismos del Estado.
El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la constructora Guzmán y Larraín SpA y confirmó la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que impuso una multa de 88 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de 72 millones de pesos, por exceder los límites de la norma de emisión de ruidos durante la construcción del Edificio Barlovento, en Antofagasta. La empresa había alegado irregularidades en los plazos y en la tramitación del procedimiento sancionatorio, así como en la evaluación de su recurso de reposición y del programa de cumplimiento que presentó. Sin embargo, el fallo determinó que los plazos administrativos no eran fatales, que la potestad sancionadora mantiene su validez mientras subsistan los hechos que la motivaron, y que la metodología de la SMA para medir la contaminación acústica y calcular el beneficio económico obtenido estaba debidamente respaldada. El tribunal también consideró que la compañía, con más de 39 años en el rubro, conocía las obligaciones legales, lo que incide en la determinación de su responsabilidad. Además, constató que la empresa introdujo en sede judicial argumentos que no había planteado previamente. La sanción se originó en tres denuncias de vecinos en 2021 por ruidos molestos, tras lo cual la SMA realizó mediciones que detectaron excedencias de 12 y 16 decibeles sobre lo permitido. El programa de cumplimiento presentado por la constructora fue rechazado por no cumplir criterios de idoneidad y verificabilidad, quedando firme la sanción que ahora fue ratificada judicialmente. Fuente: Timeline
El Informe de Vigilancia Nutricional del Ministerio de Salud (Minsal) reveló que en la Región de Antofagasta un 10,2% de los menores de seis años tiene obesidad y un 19,1% presenta sobrepeso. A ello se suma que, según la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes 2024, solo el 26,4% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física diaria. Para enfrentar esta situación, el Minsal impulsa la Estrategia de Establecimientos Promotores de la Salud (EEPS), que busca fortalecer entornos escolares saludables. En Calama, la Escuela 21 de Mayo firmó su compromiso para cumplir con los requisitos y obtener la acreditación como Establecimiento Promotor de la Salud en 2025. El seremi de Salud, Alberto Godoy, indicó que el recinto deberá implementar medidas como pausas activas, mejoras en infraestructura deportiva, huertos escolares y talleres de alimentación saludable, cuyo cumplimiento será monitoreado mediante instrumentos de evaluación y seguimiento. Destacó que este es el primer establecimiento de Calama en unirse a la iniciativa e invitó a otros colegios a sumarse.
Un estudio del Observatorio Social de la Universidad del Alba evidenció que el 79,2% de los encuestados en la región de Antofagasta percibe la violencia entre estudiantes como frecuente o muy frecuente, mientras que solo un 27% considera los colegios como espacios seguros. La encuesta, realizada entre el 17 y 25 de julio de 2025 a más de 300 personas mayores de 18 años, identificó como formas de violencia más comunes la psicológica (59,8%), la física (50,5%) y el ciberacoso (41,4%). Entre las causas señaladas por los participantes figuran la falta de disciplina en el hogar, el consumo de drogas y alcohol, y la influencia de las redes sociales. Además, el 84,4% estima que el Estado no cuenta con una política eficaz para prevenir la violencia juvenil. El director del Observatorio Social, Marcelo Estrella, afirmó que los resultados son similares a los del nivel nacional, lo que refleja un problema de alcance global. Agregó que casi el 80% de la población cree que la violencia escolar ha aumentado en los últimos cinco años y que su frecuencia es alta o muy alta. Fuente: SoyAntof
El Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) ratificó este 12 de agosto la sentencia que removió de su cargo al exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. La resolución confirma lo dictado por el Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta el 20 de mayo, tras un requerimiento presentado por seis concejales de la comuna. La causa acreditó 15 cargos en su contra, respaldados por informes de la Contraloría, sentencias judiciales y pruebas documentales. Entre las irregularidades figuran el uso indebido de recursos municipales, adjudicación de contratos por trato directo sin justificación legal, defensa de causas personales con abogados del municipio, modificaciones unilaterales de contratos, negligencia en la administración de bienes públicos y favorecimientos personales. También se identificaron incumplimientos en la gestión del exvertedero La Chimba, omisiones en sumarios administrativos y en el cumplimiento de la Ley de Transparencia. La sentencia implica la inhabilitación de Velásquez para ejercer cargos públicos durante cinco años, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y las normas de probidad administrativa. El mismo día, el exjefe comunal fue formalizado por el delito de violación de secreto, quedando con arraigo nacional. Según el Ministerio Público, en marzo de 2024 difundió un informe médico de la profesora Katherine Yoma —quien se suicidó ese mes— que no tenía carácter laboral, información calificada como reservada. Por este delito arriesga penas de entre 61 días y 3 años de presidio, y la investigación tendrá un plazo de 60 días.
