El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la contienda de competencias presentada por el Comité de Ministros en contra del Primer Tribunal Ambiental, en el marco de la disputa judicial por el proyecto minero-portuario Dominga. La decisión fue adoptada con cuatro votos a favor y uno en contra, desestimando los argumentos presentados por el comité, el cual es presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. El Comité de Ministros había acusado al Primer Tribunal Ambiental de haber invadido sus competencias al pronunciarse sobre aspectos que, según su postura, correspondían exclusivamente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el TC concluyó que no se configuraba una verdadera disputa de jurisdicción que justificara su intervención. En su resolución, el tribunal explicó que las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que ante nosotros no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción de carácter positivo o negativo, ni constitutiva de una invasión o interferencia de funciones, que este Tribunal Constitucional deba dirimir. Con ello, se descartó la existencia de una colisión institucional que ameritara un pronunciamiento constitucional. El fallo agregó que “el problema planteado dice relación con cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, que cabe resolver en la sede ordinaria, por los mecanismos procesales habilitantes para ello y, adicionalmente, ya utilizados por el reclamante”. Esto implica que, para el TC, la vía correcta para resolver las diferencias es la jurisdicción ordinaria, a través de los recursos judiciales ya disponibles y utilizados por el Comité. Además, el Tribunal Constitucional observó una inconsistencia en la forma en que el Comité de Ministros planteó la contienda, indicando que existía una “contradicción insalvable” en su argumentación. En este sentido, el fallo sostuvo que no se trata de que la existencia en abstracto de recursos ordinarios contra una resolución impida reclamar la incompetencia del tribunal que la dicta, razonamiento que quiere llevar el asunto al extremo de sostener que entonces contra un tribunal inferior jamás podría deducirse contienda, ya que sus resoluciones en general serán reclamables por vía de apelación, casación o ambas. Finalmente, el TC concluyó que aceptar la tesis del Comité implicaría resolver indirectamente materias de fondo que ya han sido objeto de análisis en otras instancias judiciales, lo cual no corresponde en una contienda de competencias. Tal como indicó el fallo: De otro lado, al actuar así inevitablemente estaríamos fallando la excepción de pago, aunque fuera indirectamente, porque no se comprende qué otro resultado puede tener dicha excepción, o cómo pueda resolverse nuevamente siquiera, si aquello que motivó su parcial rechazo fuera removido, por estimarse incompetente al Tribunal para pronunciarse del modo en que lo hizo. Fuente: Emol
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
El abogado Jorge Cortés-Monroy asumió este 2 de junio como Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Seguridad Pública en Antofagasta. Su nombramiento se enmarca en la reciente instalación del Ministerio de Seguridad Pública, creado el 1 de abril de este año, y la designación de nuevos seremis en todas las regiones del país. En su primera jornada como seremi, participó en el Comité Policial semanal, instancia en la que autoridades regionales y representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones, Armada y Gendarmería coordinan estrategias de seguridad. También sostuvo una reunión con la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens, para analizar el trabajo desarrollado hasta la fecha y los desafíos planteados en la más reciente Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric Font. Cortés-Monroy señaló que su gestión se enfocará en fortalecer la cooperación entre instituciones vinculadas a la seguridad pública. Los servicios del Estado deben trabajar de manera conjunta para consolidar lo avanzado en los primeros meses de funcionamiento del Ministerio Entre las prioridades de su administración, destacó la necesidad de identificar los problemas de seguridad que afectan a la comunidad, lo que incluirá un trabajo directo con los alcaldes para focalizar las intervenciones. Además, reiteró el compromiso con el Comité de Crimen Organizado y con acciones preventivas coordinadas con los municipios y las policías especializadas, incluyendo la Policía Marítima para reforzar la seguridad en el borde costero. La delegada Presidencial Regional, Karen Behrens, detalló que la implementación del patrullaje conjunto OS 14, actualmente en marcha en las nueve comunas de Antofagasta, cuenta con un incremento histórico del 35% en el presupuesto policial para 2025 comparado con el año anterior. Este reforzamiento financiero, según explicó la autoridad, “permitirá desplegar más recursos humanos y tecnológicos en territorios críticos constituyendo la mayor inversión regional en seguridad de la última década y respaldando directamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno del presidente Boric.
El Programa Habilidades para la Vida (HPV) de Junaeb Calama llevó a cabo un taller especial en la Escuela Multigrado Camar, con el objetivo de fortalecer los lazos familiares entre estudiantes, padres y apoderados. La actividad, denominada Fomentando la Vinculación Parento Filial , busca fortalecer el desarrollo de competencias, aumentando el bienestar y desempeño escolar mediante detección y prevención del riesgo psicosocial, para que los estudiantes logren trayectorias educativas exitosas El taller se desarrolló en el marco del Día de la Familia y se dividió en dos partes. En la primera, los padres y apoderados trabajaron en espacios separados para comprender la importancia del apego seguro y adquirir herramientas prácticas. Paralelamente, los estudiantes participaron en dinámicas enfocadas en fortalecer los vínculos familiares a través del juego y la expresión. En la última sesión, todos los participantes se reunieron para compartir actividades dirigidas por los profesionales del programa, quienes promovieron el contacto afectivo, la escucha activa y el reconocimiento mutuo. La directora regional de Junaeb Antofagasta, Nellie Miranda Eldan destacó que “la importancia de esta iniciativa es fortalecer las competencias parentales y mejorar la comunicación dentro de las familias.’’ En total, 12 estudiantes desde prekínder hasta quinto básico, junto con 11 apoderados y 4 docentes, participaron en esta jornada.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en Antofagasta designó a un fiscal exclusivo para investigar a 38 funcionarios y funcionarias que aparecen en el informe de la Contraloría General de la República, el cual detectó viajes al extranjero mientras los involucrados debían estar con reposo médico. La medida forma parte de los sumarios administrativos instruidos a nivel nacional tras la auditoría al uso de licencias médicas en el sector público. Junji es la institución pública con mayor número de involucrados en el denominado caso “licencias médicas”, con 2.280 personas inicialmente identificadas. Tras depurar los datos, eliminando duplicaciones y excluyendo a quienes ya no pertenecen a la entidad, el listado quedó en 1.254 funcionarios, de los cuales 38 corresponden a la región de Antofagasta, donde Junji cuenta con cerca de 800 trabajadores. El director regional, Alejandro Rodríguez, ordenó el inicio del proceso el 23 de mayo, asignando a un fiscal con dedicación exclusiva para investigar posibles faltas a la probidad. Según la entidad, el proceso será “rápido, riguroso y prioritario”, y contempla sanciones que podrían llegar hasta la destitución, si se comprueba el uso fraudulento de licencias. Junji aclaró que cada caso será analizado respetando el debido proceso y que, en caso de proponerse la destitución, la decisión será evaluada por la Dirección Nacional. Además, indicaron que los involucrados están siendo notificados individualmente. Desde 2023, Junji ha abordado el tema del uso de licencias médicas como una prioridad, iniciando previamente 221 procesos disciplinarios en coordinación con la COMPIN, antes de conocerse el informe de la Contraloría. Fuente: Timeline
El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la contienda de competencias presentada por el Comité de Ministros en contra del Primer Tribunal Ambiental, en el marco de la disputa judicial por el proyecto minero-portuario Dominga. La decisión fue adoptada con cuatro votos a favor y uno en contra, desestimando los argumentos presentados por el comité, el cual es presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. El Comité de Ministros había acusado al Primer Tribunal Ambiental de haber invadido sus competencias al pronunciarse sobre aspectos que, según su postura, correspondían exclusivamente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el TC concluyó que no se configuraba una verdadera disputa de jurisdicción que justificara su intervención. En su resolución, el tribunal explicó que las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que ante nosotros no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción de carácter positivo o negativo, ni constitutiva de una invasión o interferencia de funciones, que este Tribunal Constitucional deba dirimir. Con ello, se descartó la existencia de una colisión institucional que ameritara un pronunciamiento constitucional. El fallo agregó que “el problema planteado dice relación con cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, que cabe resolver en la sede ordinaria, por los mecanismos procesales habilitantes para ello y, adicionalmente, ya utilizados por el reclamante”. Esto implica que, para el TC, la vía correcta para resolver las diferencias es la jurisdicción ordinaria, a través de los recursos judiciales ya disponibles y utilizados por el Comité. Además, el Tribunal Constitucional observó una inconsistencia en la forma en que el Comité de Ministros planteó la contienda, indicando que existía una “contradicción insalvable” en su argumentación. En este sentido, el fallo sostuvo que no se trata de que la existencia en abstracto de recursos ordinarios contra una resolución impida reclamar la incompetencia del tribunal que la dicta, razonamiento que quiere llevar el asunto al extremo de sostener que entonces contra un tribunal inferior jamás podría deducirse contienda, ya que sus resoluciones en general serán reclamables por vía de apelación, casación o ambas. Finalmente, el TC concluyó que aceptar la tesis del Comité implicaría resolver indirectamente materias de fondo que ya han sido objeto de análisis en otras instancias judiciales, lo cual no corresponde en una contienda de competencias. Tal como indicó el fallo: De otro lado, al actuar así inevitablemente estaríamos fallando la excepción de pago, aunque fuera indirectamente, porque no se comprende qué otro resultado puede tener dicha excepción, o cómo pueda resolverse nuevamente siquiera, si aquello que motivó su parcial rechazo fuera removido, por estimarse incompetente al Tribunal para pronunciarse del modo en que lo hizo. Fuente: Emol
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
El abogado Jorge Cortés-Monroy asumió este 2 de junio como Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Seguridad Pública en Antofagasta. Su nombramiento se enmarca en la reciente instalación del Ministerio de Seguridad Pública, creado el 1 de abril de este año, y la designación de nuevos seremis en todas las regiones del país. En su primera jornada como seremi, participó en el Comité Policial semanal, instancia en la que autoridades regionales y representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones, Armada y Gendarmería coordinan estrategias de seguridad. También sostuvo una reunión con la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens, para analizar el trabajo desarrollado hasta la fecha y los desafíos planteados en la más reciente Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric Font. Cortés-Monroy señaló que su gestión se enfocará en fortalecer la cooperación entre instituciones vinculadas a la seguridad pública. Los servicios del Estado deben trabajar de manera conjunta para consolidar lo avanzado en los primeros meses de funcionamiento del Ministerio Entre las prioridades de su administración, destacó la necesidad de identificar los problemas de seguridad que afectan a la comunidad, lo que incluirá un trabajo directo con los alcaldes para focalizar las intervenciones. Además, reiteró el compromiso con el Comité de Crimen Organizado y con acciones preventivas coordinadas con los municipios y las policías especializadas, incluyendo la Policía Marítima para reforzar la seguridad en el borde costero. La delegada Presidencial Regional, Karen Behrens, detalló que la implementación del patrullaje conjunto OS 14, actualmente en marcha en las nueve comunas de Antofagasta, cuenta con un incremento histórico del 35% en el presupuesto policial para 2025 comparado con el año anterior. Este reforzamiento financiero, según explicó la autoridad, “permitirá desplegar más recursos humanos y tecnológicos en territorios críticos constituyendo la mayor inversión regional en seguridad de la última década y respaldando directamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno del presidente Boric.
El Programa Habilidades para la Vida (HPV) de Junaeb Calama llevó a cabo un taller especial en la Escuela Multigrado Camar, con el objetivo de fortalecer los lazos familiares entre estudiantes, padres y apoderados. La actividad, denominada Fomentando la Vinculación Parento Filial , busca fortalecer el desarrollo de competencias, aumentando el bienestar y desempeño escolar mediante detección y prevención del riesgo psicosocial, para que los estudiantes logren trayectorias educativas exitosas El taller se desarrolló en el marco del Día de la Familia y se dividió en dos partes. En la primera, los padres y apoderados trabajaron en espacios separados para comprender la importancia del apego seguro y adquirir herramientas prácticas. Paralelamente, los estudiantes participaron en dinámicas enfocadas en fortalecer los vínculos familiares a través del juego y la expresión. En la última sesión, todos los participantes se reunieron para compartir actividades dirigidas por los profesionales del programa, quienes promovieron el contacto afectivo, la escucha activa y el reconocimiento mutuo. La directora regional de Junaeb Antofagasta, Nellie Miranda Eldan destacó que “la importancia de esta iniciativa es fortalecer las competencias parentales y mejorar la comunicación dentro de las familias.’’ En total, 12 estudiantes desde prekínder hasta quinto básico, junto con 11 apoderados y 4 docentes, participaron en esta jornada.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en Antofagasta designó a un fiscal exclusivo para investigar a 38 funcionarios y funcionarias que aparecen en el informe de la Contraloría General de la República, el cual detectó viajes al extranjero mientras los involucrados debían estar con reposo médico. La medida forma parte de los sumarios administrativos instruidos a nivel nacional tras la auditoría al uso de licencias médicas en el sector público. Junji es la institución pública con mayor número de involucrados en el denominado caso “licencias médicas”, con 2.280 personas inicialmente identificadas. Tras depurar los datos, eliminando duplicaciones y excluyendo a quienes ya no pertenecen a la entidad, el listado quedó en 1.254 funcionarios, de los cuales 38 corresponden a la región de Antofagasta, donde Junji cuenta con cerca de 800 trabajadores. El director regional, Alejandro Rodríguez, ordenó el inicio del proceso el 23 de mayo, asignando a un fiscal con dedicación exclusiva para investigar posibles faltas a la probidad. Según la entidad, el proceso será “rápido, riguroso y prioritario”, y contempla sanciones que podrían llegar hasta la destitución, si se comprueba el uso fraudulento de licencias. Junji aclaró que cada caso será analizado respetando el debido proceso y que, en caso de proponerse la destitución, la decisión será evaluada por la Dirección Nacional. Además, indicaron que los involucrados están siendo notificados individualmente. Desde 2023, Junji ha abordado el tema del uso de licencias médicas como una prioridad, iniciando previamente 221 procesos disciplinarios en coordinación con la COMPIN, antes de conocerse el informe de la Contraloría. Fuente: Timeline
