Los primeros días del patrullaje táctico permanente en el exvertedero municipal La Chimba dejaron un balance positivo, según informaron las autoridades comunales. El sistema de vigilancia con drones y patrullas permitió detectar vehículos descargando residuos en lugares no habilitados, quemas no autorizadas y abandono de animales, lo que posibilitó la rápida intervención de las autoridades y evitó daños mayores. Durante el fin de semana, las cámaras registraron un camión arrojando neumáticos en un sector no habilitado. Carabineros actuó de inmediato, interceptó el vehículo e identificó a los responsables, levantando registros audiovisuales y otros medios de prueba que serán utilizados para formalizar la denuncia. Otro hecho registrado por el personal de vigilancia fue el abandono de una perra preñada en las cercanías del recinto veterinario PET municipal. El conductor del vehículo huyó del lugar, pero las imágenes captadas permitieron realizar la denuncia correspondiente por infracción a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Inicialmente, desde el municipio se informó que la perrita había sido encontrada y puesta en resguardo; sin embargo, posteriormente se confirmó que dicha información no era correcta. Actualmente, voluntarios y agrupaciones animalistas mantienen activa su búsqueda, mientras que en el PET municipal se mantiene reservado un cupo para recibirla y brindarle atención una vez sea localizada. Además, los patrullajes detectaron vehículos descargando residuos en zonas aledañas al exvertedero y la realización de quemas no autorizadas. Cada uno de estos hechos fue reportado a las autoridades competentes, reforzando la necesidad de mantener la vigilancia constante en el sector. El alcalde Sacha Razmilic valoró los resultados de estas primeras jornadas: “No hemos tenido quemas significativas, lo que es una tremenda noticia. La presencia de patrullas y drones nos permitió actuar rápidamente frente a quienes incumplen la normativa. Estamos avanzando para requisar los camiones que arrojan escombros, siempre dentro del marco legal, y llevarlos al corralón”. Por su parte, Gonzalo Castro, director de Seguridad Pública, destacó que “hemos detectado numerosos vehículos que concurren al exvertedero para botar basura y neumáticos. Todos los registros serán remitidos a las autoridades competentes para las denuncias respectivas”.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Antofagasta, detuvieron a una persona por tenencia irregular de un primate, luego de recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de un animal exótico en un domicilio del sector alto de la ciudad. Tras realizar las diligencias respectivas, los oficiales constataron que en el inmueble se mantenía un ejemplar de mono capuchino (Cebus capucinus), el cual se encontraba en buenas condiciones al interior de una jaula. Según lo establecido, el propietario habría adquirido el animal a través del mercado informal. El dueño hizo entrega voluntaria del ejemplar y, conforme a la normativa vigente, fue detenido por infracción al delito de Caza y Comercialización de Especies Prohibidas, tipificado en el Artículo 30 en relación con el Artículo 22 de la Ley N° 19.473. Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público. El subprefecto Rodrigo Ortiz, jefe de la BIDEMA Antofagasta, señaló: “Este tipo de situaciones no solo constituye un delito, sino que además pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales, y puede afectar los ecosistemas locales. Como PDI, mantenemos un compromiso permanente con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente”.
La Policía de Investigaciones de Tocopilla, a través de su Sección de Migraciones y Policía Internacional, realizó un operativo conjunto con Carabineros, la Delegación Presidencial Provincial y la Seremi de Seguridad Pública en diversos sectores donde existen asentamientos irregulares. La fiscalización se llevó a cabo en las tomas Caleta Boy, Cancha Magallanes y Toma La Patria, donde se controló a 20 personas de distintas nacionalidades: nueve bolivianas, una peruana y diez colombianas. Como resultado del procedimiento, seis personas fueron denunciadas y notificadas para su expulsión del país, tras verificarse infracciones a la Ley de Migración y Extranjería. La comisaria Jéssica Vargas, jefa de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla, señaló que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria y la seguridad de la comunidad. “Nuestro trabajo coordinado con Carabineros y autoridades locales permite realizar estas acciones de manera eficiente y segura”, afirmó. Durante octubre, la unidad especializada de la PDI en Tocopilla ha realizado cuatro fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, con un balance total de 15 personas denunciadas y tres notificaciones de expulsión.
En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta comenzó el proceso judicial contra “Zeus” y su organización criminal, una banda de origen colombiano que operaba al interior del campamento Génesis. La Fiscalía Regional solicita más de 300 años de cárcel para los nueve integrantes, incluyendo su líder, conocido como Zeus en Chile y Satanás en Colombia. Los acusados enfrentan cargos por dos homicidios consumados, cinco frustrados, secuestro calificado, lesiones graves, amenazas, porte de armas, tráfico de drogas y asociación criminal. Según la investigación, el grupo controló por años el tráfico de drogas dentro del campamento y cobraba a los residentes por servicios básicos como agua y electricidad. El fiscal regional Juan Castro Bekios explicó que el Ministerio Público presentará la totalidad de la evidencia reunida durante meses de trabajo conjunto con la PDI, a través del equipo ECOH y la Brigada Antinarcóticos. “Estamos pidiendo más de 300 años para la banda completa y alrededor de 120 años para su líder, por la gravedad de los delitos cometidos dentro y fuera del campamento Génesis”, señaló. El caso forma parte de una serie de juicios contra organizaciones criminales extranjeras en la región. En total, la Fiscalía solicita más de 1.200 años de prisión para 23 imputados vinculados a tres agrupaciones distintas, incluyendo presuntos miembros del Tren de Aragua. Durante las primeras jornadas, se tomó declaración a los imputados y comenzó la revisión de pruebas testimoniales y periciales. Se prevé la participación de cerca de 80 testigos y 14 peritos, además del análisis de 70 informes policiales. El juicio se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, con conexión remota de los acusados desde los recintos penitenciarios y resguardo de identidad para jueces, fiscales y testigos. Se estima que el proceso oral se extenderá por aproximadamente un mes.
Diversos hechos delictivos registrados en las últimas semanas están afectando las operaciones de Aguas Antofagasta y poniendo en riesgo la continuidad del servicio de agua potable en la región. El más reciente ocurrió este fin de semana, cuando desconocidos sustrajeron un medidor eléctrico desde la Planta Elevadora Bonilla, provocando un incendio en un transformador que dejó sin energía a la instalación. El incidente, que requirió la intervención de Bomberos y Carabineros, comprometió el funcionamiento de los estanques Balmaceda, Prat y Bonilla, los cuales abastecen a más de 44 mil personas del sector centro norte de Antofagasta. Gracias a la activación del Comité de Emergencias y a los planes de continuidad implementados por la empresa, se realizaron maniobras que permitieron mantener el suministro estable para los vecinos. “Durante los últimos dos meses hemos sufrido diversos actos como el ocurrido este fin de semana y que habla de los riesgos y la inseguridad que enfrentamos como empresa frente a la delincuencia. Hemos tomado múltiples acciones como el incremento del personal de seguridad, implementamos cámaras de vigilancia y sensores, aumentamos rondas de vigilancia y mantenemos un permanente contacto con las policías, pero no ha sido suficiente. Si bien estos hechos no han derivado en cortes de suministro, gracias a los planes de contingencia para la continuidad, lo cierto es que el riesgo que enfrentamos, constantemente, es real”, señaló Álvaro Alfaro, director de Emergencias de la sanitaria. A este robo se suma la sustracción de cables eléctricos desde la Planta Desaladora Antofagasta en agosto de este año, hecho que dejó sin operación a tres módulos del recinto. La situación exigió un esfuerzo operacional importante para evitar una discontinuidad en el suministro, aunque la investigación no ha permitido identificar a los responsables. Otro foco de preocupación para la empresa es el permanente robo de agua potable directamente desde las redes. Si bien existen causas judicializadas, aún no hay resoluciones concretas para poner fin a la extracción ilegal, que afecta principalmente a la aducción Cerro Moreno, en el sector La Chimba, y que abastece a la comuna de Mejillones. “La sustracción y venta ilegal de agua es un hecho que nos mantiene alerta, específicamente para lo que corresponde a la red del sector norte y que abastece directamente a Mejillones. En esta área tenemos una alta presencia de campamentos, tomas industriales y también personas ilegalmente establecidas e identificadas que se dedican exclusivamente a robar y comercializar el agua que ya no es potable. Las denuncias están en los canales legales correspondientes y esperamos que esta situación pueda resolverse satisfactoriamente, ya que en cualquier momento pueden generar un daño masivo debido a la sobre presión en la aducción”, explicó Alfaro. Durante la primera semana de octubre, delincuentes realizaron además la desconexión y conexión ilegal de una reductora de presión en Antofagasta con el fin de sustraer agua potable. La sanitaria logró atender rápidamente la emergencia, evitando un corte de suministro que habría afectado a más de 3.200 clientes. Aguas Antofagasta informó que se mantiene en contacto con las autoridades para abordar esta problemática, que también incluye robos de tapas de alcantarillado y medidores. La empresa hizo un llamado a denunciar estos hechos y a trabajar en conjunto para enfrentar la delincuencia que amenaza el suministro de agua potable en la región.
Los primeros días del patrullaje táctico permanente en el exvertedero municipal La Chimba dejaron un balance positivo, según informaron las autoridades comunales. El sistema de vigilancia con drones y patrullas permitió detectar vehículos descargando residuos en lugares no habilitados, quemas no autorizadas y abandono de animales, lo que posibilitó la rápida intervención de las autoridades y evitó daños mayores. Durante el fin de semana, las cámaras registraron un camión arrojando neumáticos en un sector no habilitado. Carabineros actuó de inmediato, interceptó el vehículo e identificó a los responsables, levantando registros audiovisuales y otros medios de prueba que serán utilizados para formalizar la denuncia. Otro hecho registrado por el personal de vigilancia fue el abandono de una perra preñada en las cercanías del recinto veterinario PET municipal. El conductor del vehículo huyó del lugar, pero las imágenes captadas permitieron realizar la denuncia correspondiente por infracción a la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas. Inicialmente, desde el municipio se informó que la perrita había sido encontrada y puesta en resguardo; sin embargo, posteriormente se confirmó que dicha información no era correcta. Actualmente, voluntarios y agrupaciones animalistas mantienen activa su búsqueda, mientras que en el PET municipal se mantiene reservado un cupo para recibirla y brindarle atención una vez sea localizada. Además, los patrullajes detectaron vehículos descargando residuos en zonas aledañas al exvertedero y la realización de quemas no autorizadas. Cada uno de estos hechos fue reportado a las autoridades competentes, reforzando la necesidad de mantener la vigilancia constante en el sector. El alcalde Sacha Razmilic valoró los resultados de estas primeras jornadas: “No hemos tenido quemas significativas, lo que es una tremenda noticia. La presencia de patrullas y drones nos permitió actuar rápidamente frente a quienes incumplen la normativa. Estamos avanzando para requisar los camiones que arrojan escombros, siempre dentro del marco legal, y llevarlos al corralón”. Por su parte, Gonzalo Castro, director de Seguridad Pública, destacó que “hemos detectado numerosos vehículos que concurren al exvertedero para botar basura y neumáticos. Todos los registros serán remitidos a las autoridades competentes para las denuncias respectivas”.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural Antofagasta, detuvieron a una persona por tenencia irregular de un primate, luego de recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de un animal exótico en un domicilio del sector alto de la ciudad. Tras realizar las diligencias respectivas, los oficiales constataron que en el inmueble se mantenía un ejemplar de mono capuchino (Cebus capucinus), el cual se encontraba en buenas condiciones al interior de una jaula. Según lo establecido, el propietario habría adquirido el animal a través del mercado informal. El dueño hizo entrega voluntaria del ejemplar y, conforme a la normativa vigente, fue detenido por infracción al delito de Caza y Comercialización de Especies Prohibidas, tipificado en el Artículo 30 en relación con el Artículo 22 de la Ley N° 19.473. Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público. El subprefecto Rodrigo Ortiz, jefe de la BIDEMA Antofagasta, señaló: “Este tipo de situaciones no solo constituye un delito, sino que además pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales, y puede afectar los ecosistemas locales. Como PDI, mantenemos un compromiso permanente con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente”.
La Policía de Investigaciones de Tocopilla, a través de su Sección de Migraciones y Policía Internacional, realizó un operativo conjunto con Carabineros, la Delegación Presidencial Provincial y la Seremi de Seguridad Pública en diversos sectores donde existen asentamientos irregulares. La fiscalización se llevó a cabo en las tomas Caleta Boy, Cancha Magallanes y Toma La Patria, donde se controló a 20 personas de distintas nacionalidades: nueve bolivianas, una peruana y diez colombianas. Como resultado del procedimiento, seis personas fueron denunciadas y notificadas para su expulsión del país, tras verificarse infracciones a la Ley de Migración y Extranjería. La comisaria Jéssica Vargas, jefa de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de Tocopilla, señaló que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria y la seguridad de la comunidad. “Nuestro trabajo coordinado con Carabineros y autoridades locales permite realizar estas acciones de manera eficiente y segura”, afirmó. Durante octubre, la unidad especializada de la PDI en Tocopilla ha realizado cuatro fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna, con un balance total de 15 personas denunciadas y tres notificaciones de expulsión.
En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta comenzó el proceso judicial contra “Zeus” y su organización criminal, una banda de origen colombiano que operaba al interior del campamento Génesis. La Fiscalía Regional solicita más de 300 años de cárcel para los nueve integrantes, incluyendo su líder, conocido como Zeus en Chile y Satanás en Colombia. Los acusados enfrentan cargos por dos homicidios consumados, cinco frustrados, secuestro calificado, lesiones graves, amenazas, porte de armas, tráfico de drogas y asociación criminal. Según la investigación, el grupo controló por años el tráfico de drogas dentro del campamento y cobraba a los residentes por servicios básicos como agua y electricidad. El fiscal regional Juan Castro Bekios explicó que el Ministerio Público presentará la totalidad de la evidencia reunida durante meses de trabajo conjunto con la PDI, a través del equipo ECOH y la Brigada Antinarcóticos. “Estamos pidiendo más de 300 años para la banda completa y alrededor de 120 años para su líder, por la gravedad de los delitos cometidos dentro y fuera del campamento Génesis”, señaló. El caso forma parte de una serie de juicios contra organizaciones criminales extranjeras en la región. En total, la Fiscalía solicita más de 1.200 años de prisión para 23 imputados vinculados a tres agrupaciones distintas, incluyendo presuntos miembros del Tren de Aragua. Durante las primeras jornadas, se tomó declaración a los imputados y comenzó la revisión de pruebas testimoniales y periciales. Se prevé la participación de cerca de 80 testigos y 14 peritos, además del análisis de 70 informes policiales. El juicio se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, con conexión remota de los acusados desde los recintos penitenciarios y resguardo de identidad para jueces, fiscales y testigos. Se estima que el proceso oral se extenderá por aproximadamente un mes.
Diversos hechos delictivos registrados en las últimas semanas están afectando las operaciones de Aguas Antofagasta y poniendo en riesgo la continuidad del servicio de agua potable en la región. El más reciente ocurrió este fin de semana, cuando desconocidos sustrajeron un medidor eléctrico desde la Planta Elevadora Bonilla, provocando un incendio en un transformador que dejó sin energía a la instalación. El incidente, que requirió la intervención de Bomberos y Carabineros, comprometió el funcionamiento de los estanques Balmaceda, Prat y Bonilla, los cuales abastecen a más de 44 mil personas del sector centro norte de Antofagasta. Gracias a la activación del Comité de Emergencias y a los planes de continuidad implementados por la empresa, se realizaron maniobras que permitieron mantener el suministro estable para los vecinos. “Durante los últimos dos meses hemos sufrido diversos actos como el ocurrido este fin de semana y que habla de los riesgos y la inseguridad que enfrentamos como empresa frente a la delincuencia. Hemos tomado múltiples acciones como el incremento del personal de seguridad, implementamos cámaras de vigilancia y sensores, aumentamos rondas de vigilancia y mantenemos un permanente contacto con las policías, pero no ha sido suficiente. Si bien estos hechos no han derivado en cortes de suministro, gracias a los planes de contingencia para la continuidad, lo cierto es que el riesgo que enfrentamos, constantemente, es real”, señaló Álvaro Alfaro, director de Emergencias de la sanitaria. A este robo se suma la sustracción de cables eléctricos desde la Planta Desaladora Antofagasta en agosto de este año, hecho que dejó sin operación a tres módulos del recinto. La situación exigió un esfuerzo operacional importante para evitar una discontinuidad en el suministro, aunque la investigación no ha permitido identificar a los responsables. Otro foco de preocupación para la empresa es el permanente robo de agua potable directamente desde las redes. Si bien existen causas judicializadas, aún no hay resoluciones concretas para poner fin a la extracción ilegal, que afecta principalmente a la aducción Cerro Moreno, en el sector La Chimba, y que abastece a la comuna de Mejillones. “La sustracción y venta ilegal de agua es un hecho que nos mantiene alerta, específicamente para lo que corresponde a la red del sector norte y que abastece directamente a Mejillones. En esta área tenemos una alta presencia de campamentos, tomas industriales y también personas ilegalmente establecidas e identificadas que se dedican exclusivamente a robar y comercializar el agua que ya no es potable. Las denuncias están en los canales legales correspondientes y esperamos que esta situación pueda resolverse satisfactoriamente, ya que en cualquier momento pueden generar un daño masivo debido a la sobre presión en la aducción”, explicó Alfaro. Durante la primera semana de octubre, delincuentes realizaron además la desconexión y conexión ilegal de una reductora de presión en Antofagasta con el fin de sustraer agua potable. La sanitaria logró atender rápidamente la emergencia, evitando un corte de suministro que habría afectado a más de 3.200 clientes. Aguas Antofagasta informó que se mantiene en contacto con las autoridades para abordar esta problemática, que también incluye robos de tapas de alcantarillado y medidores. La empresa hizo un llamado a denunciar estos hechos y a trabajar en conjunto para enfrentar la delincuencia que amenaza el suministro de agua potable en la región.
