Tras intensas negociaciones marcadas por la amenaza de paralizaciones en las rutas del país, el Ejecutivo y los principales gremios de transportistas de carga terrestre llegaron a un acuerdo definitivo este 12 de noviembre de 2026. El pacto principal contempla la estabilización y congelamiento del precio del diésel en su valor actual, medida que se mantendrá vigente de forma ininterrumpida hasta el mes de marzo de 2027. Con esto, se busca mitigar el impacto inflacionario en la cadena logística y de suministros, brindando mayor certeza económica al sector frente a las fluctuaciones del mercado internacional de combustibles. 📌 Puntos clave del acuerdo Congelamiento de tarifas: El valor del diésel no sufrirá alzas durante los próximos meses, protegiendo tanto a los pequeños como a los grandes empresarios del transporte. Desactivación del paro: Tras la firma del documento, los dirigentes gremiales descartaron cualquier movilización nacional o corte de rutas a corto plazo, asegurando el normal abastecimiento de los mercados y la conectividad del país. Mecanismos de mitigación: Además del diésel, se establecieron mesas técnicas de trabajo para revisar la seguridad en las rutas y la optimización de los costos operativos del gremio. Nota editorial: Este acuerdo representa un respiro para la economía nacional, evitando un potencial conflicto que habría afectado directamente el transporte de productos esenciales en plena temporada alta.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) descartó haber convocado a un paro nacional de camioneros para este lunes 9 de noviembre, en medio de las manifestaciones que distintos grupos de transportistas comenzaron a desarrollar en carreteras del país debido al sostenido incremento en los precios de los combustibles. A través de una declaración dirigida a sus asociados, la organización gremial desmintió las convocatorias que han circulado utilizando su nombre y aclaró que cualquier decisión relacionada con una eventual paralización debe ser consultada previamente con sus bases. La aclaración se produce en una jornada marcada por protestas en sectores de las regiones del Maule, Biobío y Los Lagos, donde transportistas exigen medidas para enfrentar el encarecimiento de sus costos operacionales. CNTC asegura que no ha convocado a paralizaciones La organización fue enfática en señalar que no participa en los llamados a detener las actividades del transporte de carga durante esta jornada. Desde el gremio explicaron que las decisiones sobre movilizaciones deben adoptarse mediante los mecanismos internos de consulta y coordinación con sus asociaciones. De esta manera, la CNTC tomó distancia de las acciones impulsadas por otros grupos de camioneros, aunque reconoció que comparte la preocupación por las dificultades económicas que enfrenta el rubro. El presidente de la confederación, Sergio Pérez, también reiteró que las principales organizaciones del transporte de carga mantienen conversaciones con el Gobierno para avanzar en soluciones legislativas y económicas. Manifestaciones de camioneros se registran en distintas rutas Durante la mañana de este lunes, transportistas comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la zona centro-sur del país para manifestar su rechazo a las constantes alzas del petróleo diésel. Entre las localidades donde se reportaron protestas figuran Los Ángeles, Osorno y Curicó, con presencia de camiones en sectores cercanos a la Ruta 5 Sur. En la Región del Biobío, las manifestaciones se concentraron en las inmediaciones del Salto del Laja, al norte de Los Ángeles. En Osorno, camioneros se reunieron en el sector de Pilauco, mientras que en Curicó se registraron concentraciones a la altura del cruce de Romeral. De acuerdo con los reportes de la jornada, las manifestaciones se desarrollaron principalmente a un costado de las rutas, sin registrarse bloqueos generalizados en esos puntos. Los participantes solicitaron al Ejecutivo medidas para estabilizar el precio de los combustibles y enfrentar las dificultades que afectan especialmente a pequeños y medianos transportistas. Alza del diésel mantiene preocupación en el transporte de carga Aunque descartó sumarse a las movilizaciones, la CNTC reconoció que el aumento de los combustibles representa uno de los principales problemas económicos del sector. La confederación sostuvo que desde marzo mantiene gestiones para conseguir que los incrementos en el precio del diésel se incorporen a las tarifas que reciben las empresas y conductores por sus servicios de transporte. El objetivo es evitar que los transportistas deban absorber completamente las variaciones del combustible, considerando que este constituye uno de los principales componentes de sus costos operacionales. Entre las alternativas planteadas se encuentra el establecimiento de mecanismos que permitan ajustar las tarifas de los fletes de acuerdo con las variaciones de los precios energéticos. Gremio también solicita avanzar en una ley de pesaje Además del problema de los combustibles, la CNTC reiteró su interés en impulsar cambios legales relacionados con la responsabilidad por el peso de las mercancías transportadas. La organización ha solicitado al Gobierno avanzar en una ley de pesaje que establezca responsabilidades para los propietarios de las cargas, evitando que las consecuencias de eventuales excesos recaigan exclusivamente sobre los dueños o conductores de los camiones. Desde el gremio consideran que esta modificación permitiría mejorar las condiciones de operación y distribuir de manera más equitativa las responsabilidades dentro de la cadena logística. La confederación sostuvo que continuará trabajando mediante el diálogo con las autoridades y el Congreso para promover soluciones a las demandas del sector. Otros gremios mantienen convocatoria a paro para el 10 de noviembre Pese a la decisión de la CNTC, otras organizaciones de transportistas mantienen llamados a movilización para este martes 10 de noviembre. Entre ellas se encuentra la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que ha impulsado una convocatoria a paralización nacional ante el aumento del precio del diésel y las dificultades para ajustar las tarifas de los fletes. Sin embargo, la convocatoria no cuenta con la adhesión de todas las principales confederaciones del transporte de carga, por lo que no corresponde considerarla una paralización generalizada del sector. En este escenario, la CNTC llamó a sus asociados a informarse mediante sus canales oficiales y evitar difundir convocatorias que no hayan sido confirmadas por la organización. Por ahora, las diferencias entre los gremios mantienen abierto el escenario de movilizaciones, mientras los transportistas esperan respuestas del Gobierno frente al incremento de los combustibles.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, exigió la devolución de los bonos pagados en Codelco sobre la base de cifras de producción cuestionadas, en medio de una investigación que busca esclarecer irregularidades en los registros de la principal empresa estatal del cobre. La controversia surgió luego de que se detectaran inconsistencias que habrían elevado artificialmente los niveles de producción informados por la compañía durante 2024 y 2025, alcanzando preliminarmente las 42.100 toneladas. El caso, que ya derivó en la desvinculación de ocho altos ejecutivos y profesionales, podría generar un impacto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, según los antecedentes entregados por la estatal. En una entrevista concedida este lunes a Radio ADN, el secretario de Estado reconoció que los mecanismos de supervisión fueron insuficientes y advirtió que las responsabilidades podrían extenderse más allá de los funcionarios que dejaron sus cargos. Ministro Mas no descarta responsabilidades del directorio de Codelco Consultado sobre el alcance de las irregularidades, Daniel Mas sostuvo que las investigaciones deben avanzar hasta determinar la eventual participación de todas las personas involucradas, independientemente de sus cargos dentro de la empresa. La autoridad recordó que, además de los ocho ejecutivos recientemente desvinculados, otras personas ya habían abandonado la compañía antes de que se conocieran los últimos antecedentes. En ese contexto, afirmó que el Gobierno solicitó ampliar las indagatorias para identificar posibles responsabilidades tanto en los niveles operativos como en la alta administración. Al ser consultado directamente sobre el papel del directorio que encabezaba Máximo Pacheco, el ministro rechazó excluir anticipadamente a sus integrantes de la revisión. Yo no estoy excluyendo a nadie, expresó, agregando que la investigación debe establecer las responsabilidades que correspondan. Mas también reconoció que el directorio tiene deberes de supervisión sobre la gestión de la empresa, aunque evitó atribuir responsabilidades individuales antes de conocer los resultados definitivos. Cifras alteradas podrían representar hasta US$140 millones Las irregularidades investigadas están relacionadas con diferencias en los registros de producción e inventarios de cobre de Codelco. Según información preliminar de la compañía, las inconsistencias habrían provocado una sobreestimación de 42.100 toneladas de producción durante los ejercicios 2024 y 2025. Entre los antecedentes detectados figuran duplicidades en la contabilización de material entre distintas divisiones, lo que habría generado diferencias en los inventarios informados. La estatal calcula que las irregularidades podrían tener un efecto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, monto que todavía está siendo revisado por sus auditores. El caso involucra antecedentes de divisiones como Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata, además de áreas de la Casa Matriz. Denuncia anónima permitió detectar fallas en los controles Uno de los puntos más cuestionados por el ministro fue la incapacidad de los sistemas de supervisión para detectar oportunamente las inconsistencias. Mas reconoció que tanto los mecanismos internos como los controles externos de la compañía resultaron insuficientes para identificar las irregularidades. Según explicó, los antecedentes comenzaron a conocerse gracias a una denuncia anónima que permitió activar las investigaciones. El secretario de Estado advirtió que, sin esa alerta, las diferencias en los registros de producción podrían haber continuado sin ser detectadas. Ante esta situación, aseguró que el Gobierno buscará fortalecer la fiscalización de las principales empresas públicas, mientras Codelco implementa medidas para mejorar sus procesos de registro, auditoría y control. Gobierno exige recuperar bonos pagados con cifras cuestionadas Otro de los aspectos centrales de la investigación corresponde a los incentivos económicos entregados a trabajadores y ejecutivos por el cumplimiento de metas de producción. El biministro sostuvo que los pagos realizados sobre la base de resultados que posteriormente fueron cuestionados deben ser restituidos. Se tienen que devolver los bonos todos, todos, afirmó durante la entrevista. Sin embargo, la autoridad no precisó qué mecanismos legales o administrativos se utilizarán para exigir la devolución en caso de que existan personas que se nieguen a reintegrar los recursos. Mas explicó que la administración de Codelco ya mantiene conversaciones con los distintos grupos que recibieron estos incentivos para determinar cómo abordar la situación. Por ahora, no se ha informado una cifra definitiva sobre el monto total de los bonos involucrados. Codelco enfrenta revisión de su gestión y cultura interna Además de las responsabilidades individuales, el ministro planteó que las irregularidades reflejan problemas más profundos en el funcionamiento de la compañía. A su juicio, la presión por cumplir determinadas metas de producción pudo haber generado incentivos que afectaron la calidad y confiabilidad de la información presentada. Por ello, sostuvo que la estatal debe avanzar hacia una gestión que priorice la transparencia, la seguridad, la productividad y la rentabilidad. Codelco, por su parte, mantiene investigaciones internas y auditorías externas para determinar el alcance de las inconsistencias, sus efectos financieros y las eventuales responsabilidades. El directorio también ha anunciado medidas para fortalecer los sistemas de control y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. Mientras continúan las indagatorias, el Gobierno insiste en que la investigación no debe limitarse a los ocho ejecutivos desvinculados, sino esclarecer todas las responsabilidades y establecer los mecanismos necesarios para recuperar los recursos que eventualmente fueron pagados de manera indebida.
La compra de viviendas nuevas en Chile podrá quedar exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del 1 de diciembre de 2026, gracias a una medida incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que busca reactivar el mercado inmobiliario y reducir la cantidad de propiedades disponibles sin vender. La disposición, publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de octubre, tendrá una vigencia de 12 meses, hasta el 30 de noviembre de 2027, y permitirá realizar determinadas operaciones inmobiliarias sin el recargo del IVA. Se trata de una de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno para estimular la actividad del sector de la construcción, facilitar la comercialización de viviendas terminadas y contribuir a la recuperación de la inversión inmobiliaria. Sin embargo, el beneficio no se aplicará a todas las viviendas nuevas, ya que la normativa establece condiciones relacionadas con la fecha de recepción definitiva de las obras y la naturaleza de la compraventa. ¿Qué viviendas podrán comprarse sin IVA desde diciembre? La exención se aplicará a la primera venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción definitiva de obras otorgada por la Dirección de Obras Municipales antes del 17 de octubre de 2026, fecha en que se publicó la ley. Esto significa que el beneficio está orientado principalmente a propiedades terminadas que forman parte del inventario disponible de las empresas inmobiliarias. Entre sus principales características destaca que no existen límites de precio expresados en Unidades de Fomento (UF), ni restricciones de superficie en metros cuadrados. Asimismo, podrán acceder compradores particulares y personas jurídicas, independientemente de si adquieren el inmueble como primera vivienda, segunda propiedad o inversión inmobiliaria. La exención también puede incluir bodegas y estacionamientos asociados a la vivienda, siempre que cumplan las condiciones legales y se comercialicen conjuntamente con ella. Quedan excluidas las propiedades usadas y las viviendas que no cumplan los requisitos de recepción definitiva establecidos por la normativa. ¿Cuánto podrían bajar los precios de las viviendas? Uno de los principales efectos esperados de la eliminación temporal del IVA es una reducción en el precio final de determinadas propiedades nuevas. Sin embargo, especialistas advierten que la disminución no necesariamente será equivalente al 19%, debido a la forma en que se calcula el impuesto en las operaciones inmobiliarias y a los distintos costos que componen el valor de una vivienda. El arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Alberto Texido, explicó que la rebaja efectiva sería menor, considerando la estructura tributaria y productiva del sector. Además, el impacto final dependerá de cómo las inmobiliarias incorporen el beneficio en sus precios comerciales. Por ello, los especialistas recomiendan comparar los valores de una misma propiedad antes y después de la entrada en vigencia de la medida, considerando también los gastos asociados a la compra y al financiamiento hipotecario. Sector inmobiliario proyecta una recuperación durante 2027 Desde la industria inmobiliaria existe una evaluación positiva respecto de los posibles efectos de la exención tributaria. El director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte, sostuvo que la iniciativa podría ayudar a disminuir el inventario de viviendas nuevas que permanecen sin compradores. A su juicio, la medida podría complementar otros instrumentos de apoyo al mercado, como los subsidios a las tasas de interés hipotecarias, las garantías estatales FOGAES y modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La combinación de estos mecanismos permitiría mejorar las condiciones para concretar operaciones inmobiliarias y favorecer una recuperación del sector durante 2027. No obstante, el impacto dependerá también del acceso al crédito hipotecario, las tasas de interés y la capacidad de financiamiento de los hogares. Compradores anteriores a diciembre también podrían recuperar el IVA La Ley de Reconstrucción contempla un mecanismo especial para determinadas personas que compraron viviendas nuevas antes de la entrada en vigencia de la exención. El beneficio retroactivo considera operaciones formalizadas mediante escritura pública entre el 22 de abril y el 30 de noviembre de 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos. De acuerdo con el procedimiento informado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el vendedor deberá restituir al comprador el IVA correspondiente y posteriormente solicitar su devolución al organismo tributario. Para ello, el SII habilitará el Formulario F3298, destinado a las solicitudes de devolución presentadas por los vendedores. En tanto, los compradores deberán acreditar que recibieron la restitución del impuesto mediante la declaración jurada F3299. La normativa también establece exigencias documentales relacionadas con la escritura de compraventa, por lo que será importante verificar las condiciones particulares de cada operación. Expertos advierten que se necesitan otras medidas habitacionales Aunque la exención tributaria podría contribuir a dinamizar las ventas inmobiliarias, especialistas señalan que la recuperación del sector requiere medidas adicionales. El exministro de Vivienda Jaime Ravinet destacó que la disminución de los precios de propiedades terminadas puede favorecer la actividad económica, pero recordó que el país también enfrenta desafíos relacionados con el acceso a la vivienda. Entre ellos mencionó la situación de las más de 100 mil familias que viven en campamentos, problema que requiere soluciones habitacionales de largo plazo. De esta manera, la exención del IVA se presenta como una herramienta para impulsar las ventas de viviendas nuevas, aunque no reemplaza las políticas destinadas a enfrentar el déficit habitacional. ¿Hasta cuándo estará vigente la exención del IVA? El beneficio comenzará a operar el 1 de diciembre de 2026 y tendrá una duración de un año, conforme a la Ley N.º 21.850. Durante este período, las empresas inmobiliarias que cumplan los requisitos podrán aplicar la exención en las operaciones correspondientes. La normativa también contempla reglas especiales para promesas de compraventa celebradas durante la vigencia del beneficio, sujetas a las formalidades legales. Con su implementación, el Gobierno busca incentivar la comercialización de viviendas terminadas y entregar un impulso al sector inmobiliario, cuya recuperación dependerá tanto de los incentivos tributarios como de las condiciones económicas y financieras del país.
El aumento en los precios de los combustibles y algunos alimentos estuvo entre los principales factores que incidieron en la inflación de octubre, que alcanzó una variación mensual de 0,5% y elevó el acumulado anual a 4,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Tras conocerse las cifras, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el impacto que tuvo el encarecimiento de los combustibles, atribuido al conflicto internacional, además de las alzas registradas en productos como las papas y los tomates. “Aunque la inflación de fondo se mantuvo sin variación (0,0% sin volátiles), sabemos que detrás de estas cifras hay familias que enfrentan mayores gastos y pymes que hacen un enorme esfuerzo por salir adelante”, señaló la autoridad a través de una publicación en redes sociales. Mas agregó que el Gobierno está monitoreando los principales indicadores económicos y trabajando para recuperar el crecimiento y generar más empleo. “Nuestra prioridad es que la recuperación económica llegue a la mesa y al bolsillo de todos los chilenos”, sostuvo. Transporte y alimentos impulsaron el IPC De acuerdo con el informe del INE, la división de transporte registró un incremento mensual de 2%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas anotó un alza de 1%. Ambas categorías fueron las que más incidieron en el resultado del mes. Entre los productos que experimentaron mayores aumentos destacaron las gasolinas, con una variación de 4,5%, y el petróleo diésel, que subió 12,3%. También sobresalió el transporte aéreo internacional, cuyos precios aumentaron un 13%. En alimentos, las papas registraron un alza de 12% y los tomates de 11,2%, contribuyendo al incremento del costo de la canasta. En contraste, la división de vestuario y calzado presentó una disminución mensual de 4,1%. Además, tanto el IPC sin volátiles como el indicador que excluye alimentos y energía registraron una variación de 0%. Alza de la UF El resultado de octubre también tendrá efectos en la Unidad de Fomento (UF), cuyo valor aumentará $206,47 y llegará a $41.501,93 el próximo 9 de diciembre, de acuerdo con los datos asociados a la variación del IPC.
Tras intensas negociaciones marcadas por la amenaza de paralizaciones en las rutas del país, el Ejecutivo y los principales gremios de transportistas de carga terrestre llegaron a un acuerdo definitivo este 12 de noviembre de 2026. El pacto principal contempla la estabilización y congelamiento del precio del diésel en su valor actual, medida que se mantendrá vigente de forma ininterrumpida hasta el mes de marzo de 2027. Con esto, se busca mitigar el impacto inflacionario en la cadena logística y de suministros, brindando mayor certeza económica al sector frente a las fluctuaciones del mercado internacional de combustibles. 📌 Puntos clave del acuerdo Congelamiento de tarifas: El valor del diésel no sufrirá alzas durante los próximos meses, protegiendo tanto a los pequeños como a los grandes empresarios del transporte. Desactivación del paro: Tras la firma del documento, los dirigentes gremiales descartaron cualquier movilización nacional o corte de rutas a corto plazo, asegurando el normal abastecimiento de los mercados y la conectividad del país. Mecanismos de mitigación: Además del diésel, se establecieron mesas técnicas de trabajo para revisar la seguridad en las rutas y la optimización de los costos operativos del gremio. Nota editorial: Este acuerdo representa un respiro para la economía nacional, evitando un potencial conflicto que habría afectado directamente el transporte de productos esenciales en plena temporada alta.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) descartó haber convocado a un paro nacional de camioneros para este lunes 9 de noviembre, en medio de las manifestaciones que distintos grupos de transportistas comenzaron a desarrollar en carreteras del país debido al sostenido incremento en los precios de los combustibles. A través de una declaración dirigida a sus asociados, la organización gremial desmintió las convocatorias que han circulado utilizando su nombre y aclaró que cualquier decisión relacionada con una eventual paralización debe ser consultada previamente con sus bases. La aclaración se produce en una jornada marcada por protestas en sectores de las regiones del Maule, Biobío y Los Lagos, donde transportistas exigen medidas para enfrentar el encarecimiento de sus costos operacionales. CNTC asegura que no ha convocado a paralizaciones La organización fue enfática en señalar que no participa en los llamados a detener las actividades del transporte de carga durante esta jornada. Desde el gremio explicaron que las decisiones sobre movilizaciones deben adoptarse mediante los mecanismos internos de consulta y coordinación con sus asociaciones. De esta manera, la CNTC tomó distancia de las acciones impulsadas por otros grupos de camioneros, aunque reconoció que comparte la preocupación por las dificultades económicas que enfrenta el rubro. El presidente de la confederación, Sergio Pérez, también reiteró que las principales organizaciones del transporte de carga mantienen conversaciones con el Gobierno para avanzar en soluciones legislativas y económicas. Manifestaciones de camioneros se registran en distintas rutas Durante la mañana de este lunes, transportistas comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la zona centro-sur del país para manifestar su rechazo a las constantes alzas del petróleo diésel. Entre las localidades donde se reportaron protestas figuran Los Ángeles, Osorno y Curicó, con presencia de camiones en sectores cercanos a la Ruta 5 Sur. En la Región del Biobío, las manifestaciones se concentraron en las inmediaciones del Salto del Laja, al norte de Los Ángeles. En Osorno, camioneros se reunieron en el sector de Pilauco, mientras que en Curicó se registraron concentraciones a la altura del cruce de Romeral. De acuerdo con los reportes de la jornada, las manifestaciones se desarrollaron principalmente a un costado de las rutas, sin registrarse bloqueos generalizados en esos puntos. Los participantes solicitaron al Ejecutivo medidas para estabilizar el precio de los combustibles y enfrentar las dificultades que afectan especialmente a pequeños y medianos transportistas. Alza del diésel mantiene preocupación en el transporte de carga Aunque descartó sumarse a las movilizaciones, la CNTC reconoció que el aumento de los combustibles representa uno de los principales problemas económicos del sector. La confederación sostuvo que desde marzo mantiene gestiones para conseguir que los incrementos en el precio del diésel se incorporen a las tarifas que reciben las empresas y conductores por sus servicios de transporte. El objetivo es evitar que los transportistas deban absorber completamente las variaciones del combustible, considerando que este constituye uno de los principales componentes de sus costos operacionales. Entre las alternativas planteadas se encuentra el establecimiento de mecanismos que permitan ajustar las tarifas de los fletes de acuerdo con las variaciones de los precios energéticos. Gremio también solicita avanzar en una ley de pesaje Además del problema de los combustibles, la CNTC reiteró su interés en impulsar cambios legales relacionados con la responsabilidad por el peso de las mercancías transportadas. La organización ha solicitado al Gobierno avanzar en una ley de pesaje que establezca responsabilidades para los propietarios de las cargas, evitando que las consecuencias de eventuales excesos recaigan exclusivamente sobre los dueños o conductores de los camiones. Desde el gremio consideran que esta modificación permitiría mejorar las condiciones de operación y distribuir de manera más equitativa las responsabilidades dentro de la cadena logística. La confederación sostuvo que continuará trabajando mediante el diálogo con las autoridades y el Congreso para promover soluciones a las demandas del sector. Otros gremios mantienen convocatoria a paro para el 10 de noviembre Pese a la decisión de la CNTC, otras organizaciones de transportistas mantienen llamados a movilización para este martes 10 de noviembre. Entre ellas se encuentra la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que ha impulsado una convocatoria a paralización nacional ante el aumento del precio del diésel y las dificultades para ajustar las tarifas de los fletes. Sin embargo, la convocatoria no cuenta con la adhesión de todas las principales confederaciones del transporte de carga, por lo que no corresponde considerarla una paralización generalizada del sector. En este escenario, la CNTC llamó a sus asociados a informarse mediante sus canales oficiales y evitar difundir convocatorias que no hayan sido confirmadas por la organización. Por ahora, las diferencias entre los gremios mantienen abierto el escenario de movilizaciones, mientras los transportistas esperan respuestas del Gobierno frente al incremento de los combustibles.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, exigió la devolución de los bonos pagados en Codelco sobre la base de cifras de producción cuestionadas, en medio de una investigación que busca esclarecer irregularidades en los registros de la principal empresa estatal del cobre. La controversia surgió luego de que se detectaran inconsistencias que habrían elevado artificialmente los niveles de producción informados por la compañía durante 2024 y 2025, alcanzando preliminarmente las 42.100 toneladas. El caso, que ya derivó en la desvinculación de ocho altos ejecutivos y profesionales, podría generar un impacto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, según los antecedentes entregados por la estatal. En una entrevista concedida este lunes a Radio ADN, el secretario de Estado reconoció que los mecanismos de supervisión fueron insuficientes y advirtió que las responsabilidades podrían extenderse más allá de los funcionarios que dejaron sus cargos. Ministro Mas no descarta responsabilidades del directorio de Codelco Consultado sobre el alcance de las irregularidades, Daniel Mas sostuvo que las investigaciones deben avanzar hasta determinar la eventual participación de todas las personas involucradas, independientemente de sus cargos dentro de la empresa. La autoridad recordó que, además de los ocho ejecutivos recientemente desvinculados, otras personas ya habían abandonado la compañía antes de que se conocieran los últimos antecedentes. En ese contexto, afirmó que el Gobierno solicitó ampliar las indagatorias para identificar posibles responsabilidades tanto en los niveles operativos como en la alta administración. Al ser consultado directamente sobre el papel del directorio que encabezaba Máximo Pacheco, el ministro rechazó excluir anticipadamente a sus integrantes de la revisión. Yo no estoy excluyendo a nadie, expresó, agregando que la investigación debe establecer las responsabilidades que correspondan. Mas también reconoció que el directorio tiene deberes de supervisión sobre la gestión de la empresa, aunque evitó atribuir responsabilidades individuales antes de conocer los resultados definitivos. Cifras alteradas podrían representar hasta US$140 millones Las irregularidades investigadas están relacionadas con diferencias en los registros de producción e inventarios de cobre de Codelco. Según información preliminar de la compañía, las inconsistencias habrían provocado una sobreestimación de 42.100 toneladas de producción durante los ejercicios 2024 y 2025. Entre los antecedentes detectados figuran duplicidades en la contabilización de material entre distintas divisiones, lo que habría generado diferencias en los inventarios informados. La estatal calcula que las irregularidades podrían tener un efecto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, monto que todavía está siendo revisado por sus auditores. El caso involucra antecedentes de divisiones como Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata, además de áreas de la Casa Matriz. Denuncia anónima permitió detectar fallas en los controles Uno de los puntos más cuestionados por el ministro fue la incapacidad de los sistemas de supervisión para detectar oportunamente las inconsistencias. Mas reconoció que tanto los mecanismos internos como los controles externos de la compañía resultaron insuficientes para identificar las irregularidades. Según explicó, los antecedentes comenzaron a conocerse gracias a una denuncia anónima que permitió activar las investigaciones. El secretario de Estado advirtió que, sin esa alerta, las diferencias en los registros de producción podrían haber continuado sin ser detectadas. Ante esta situación, aseguró que el Gobierno buscará fortalecer la fiscalización de las principales empresas públicas, mientras Codelco implementa medidas para mejorar sus procesos de registro, auditoría y control. Gobierno exige recuperar bonos pagados con cifras cuestionadas Otro de los aspectos centrales de la investigación corresponde a los incentivos económicos entregados a trabajadores y ejecutivos por el cumplimiento de metas de producción. El biministro sostuvo que los pagos realizados sobre la base de resultados que posteriormente fueron cuestionados deben ser restituidos. Se tienen que devolver los bonos todos, todos, afirmó durante la entrevista. Sin embargo, la autoridad no precisó qué mecanismos legales o administrativos se utilizarán para exigir la devolución en caso de que existan personas que se nieguen a reintegrar los recursos. Mas explicó que la administración de Codelco ya mantiene conversaciones con los distintos grupos que recibieron estos incentivos para determinar cómo abordar la situación. Por ahora, no se ha informado una cifra definitiva sobre el monto total de los bonos involucrados. Codelco enfrenta revisión de su gestión y cultura interna Además de las responsabilidades individuales, el ministro planteó que las irregularidades reflejan problemas más profundos en el funcionamiento de la compañía. A su juicio, la presión por cumplir determinadas metas de producción pudo haber generado incentivos que afectaron la calidad y confiabilidad de la información presentada. Por ello, sostuvo que la estatal debe avanzar hacia una gestión que priorice la transparencia, la seguridad, la productividad y la rentabilidad. Codelco, por su parte, mantiene investigaciones internas y auditorías externas para determinar el alcance de las inconsistencias, sus efectos financieros y las eventuales responsabilidades. El directorio también ha anunciado medidas para fortalecer los sistemas de control y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse. Mientras continúan las indagatorias, el Gobierno insiste en que la investigación no debe limitarse a los ocho ejecutivos desvinculados, sino esclarecer todas las responsabilidades y establecer los mecanismos necesarios para recuperar los recursos que eventualmente fueron pagados de manera indebida.
La compra de viviendas nuevas en Chile podrá quedar exenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir del 1 de diciembre de 2026, gracias a una medida incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que busca reactivar el mercado inmobiliario y reducir la cantidad de propiedades disponibles sin vender. La disposición, publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de octubre, tendrá una vigencia de 12 meses, hasta el 30 de noviembre de 2027, y permitirá realizar determinadas operaciones inmobiliarias sin el recargo del IVA. Se trata de una de las medidas económicas impulsadas por el Gobierno para estimular la actividad del sector de la construcción, facilitar la comercialización de viviendas terminadas y contribuir a la recuperación de la inversión inmobiliaria. Sin embargo, el beneficio no se aplicará a todas las viviendas nuevas, ya que la normativa establece condiciones relacionadas con la fecha de recepción definitiva de las obras y la naturaleza de la compraventa. ¿Qué viviendas podrán comprarse sin IVA desde diciembre? La exención se aplicará a la primera venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción definitiva de obras otorgada por la Dirección de Obras Municipales antes del 17 de octubre de 2026, fecha en que se publicó la ley. Esto significa que el beneficio está orientado principalmente a propiedades terminadas que forman parte del inventario disponible de las empresas inmobiliarias. Entre sus principales características destaca que no existen límites de precio expresados en Unidades de Fomento (UF), ni restricciones de superficie en metros cuadrados. Asimismo, podrán acceder compradores particulares y personas jurídicas, independientemente de si adquieren el inmueble como primera vivienda, segunda propiedad o inversión inmobiliaria. La exención también puede incluir bodegas y estacionamientos asociados a la vivienda, siempre que cumplan las condiciones legales y se comercialicen conjuntamente con ella. Quedan excluidas las propiedades usadas y las viviendas que no cumplan los requisitos de recepción definitiva establecidos por la normativa. ¿Cuánto podrían bajar los precios de las viviendas? Uno de los principales efectos esperados de la eliminación temporal del IVA es una reducción en el precio final de determinadas propiedades nuevas. Sin embargo, especialistas advierten que la disminución no necesariamente será equivalente al 19%, debido a la forma en que se calcula el impuesto en las operaciones inmobiliarias y a los distintos costos que componen el valor de una vivienda. El arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Alberto Texido, explicó que la rebaja efectiva sería menor, considerando la estructura tributaria y productiva del sector. Además, el impacto final dependerá de cómo las inmobiliarias incorporen el beneficio en sus precios comerciales. Por ello, los especialistas recomiendan comparar los valores de una misma propiedad antes y después de la entrada en vigencia de la medida, considerando también los gastos asociados a la compra y al financiamiento hipotecario. Sector inmobiliario proyecta una recuperación durante 2027 Desde la industria inmobiliaria existe una evaluación positiva respecto de los posibles efectos de la exención tributaria. El director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte, sostuvo que la iniciativa podría ayudar a disminuir el inventario de viviendas nuevas que permanecen sin compradores. A su juicio, la medida podría complementar otros instrumentos de apoyo al mercado, como los subsidios a las tasas de interés hipotecarias, las garantías estatales FOGAES y modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La combinación de estos mecanismos permitiría mejorar las condiciones para concretar operaciones inmobiliarias y favorecer una recuperación del sector durante 2027. No obstante, el impacto dependerá también del acceso al crédito hipotecario, las tasas de interés y la capacidad de financiamiento de los hogares. Compradores anteriores a diciembre también podrían recuperar el IVA La Ley de Reconstrucción contempla un mecanismo especial para determinadas personas que compraron viviendas nuevas antes de la entrada en vigencia de la exención. El beneficio retroactivo considera operaciones formalizadas mediante escritura pública entre el 22 de abril y el 30 de noviembre de 2026, siempre que cumplan los requisitos establecidos. De acuerdo con el procedimiento informado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el vendedor deberá restituir al comprador el IVA correspondiente y posteriormente solicitar su devolución al organismo tributario. Para ello, el SII habilitará el Formulario F3298, destinado a las solicitudes de devolución presentadas por los vendedores. En tanto, los compradores deberán acreditar que recibieron la restitución del impuesto mediante la declaración jurada F3299. La normativa también establece exigencias documentales relacionadas con la escritura de compraventa, por lo que será importante verificar las condiciones particulares de cada operación. Expertos advierten que se necesitan otras medidas habitacionales Aunque la exención tributaria podría contribuir a dinamizar las ventas inmobiliarias, especialistas señalan que la recuperación del sector requiere medidas adicionales. El exministro de Vivienda Jaime Ravinet destacó que la disminución de los precios de propiedades terminadas puede favorecer la actividad económica, pero recordó que el país también enfrenta desafíos relacionados con el acceso a la vivienda. Entre ellos mencionó la situación de las más de 100 mil familias que viven en campamentos, problema que requiere soluciones habitacionales de largo plazo. De esta manera, la exención del IVA se presenta como una herramienta para impulsar las ventas de viviendas nuevas, aunque no reemplaza las políticas destinadas a enfrentar el déficit habitacional. ¿Hasta cuándo estará vigente la exención del IVA? El beneficio comenzará a operar el 1 de diciembre de 2026 y tendrá una duración de un año, conforme a la Ley N.º 21.850. Durante este período, las empresas inmobiliarias que cumplan los requisitos podrán aplicar la exención en las operaciones correspondientes. La normativa también contempla reglas especiales para promesas de compraventa celebradas durante la vigencia del beneficio, sujetas a las formalidades legales. Con su implementación, el Gobierno busca incentivar la comercialización de viviendas terminadas y entregar un impulso al sector inmobiliario, cuya recuperación dependerá tanto de los incentivos tributarios como de las condiciones económicas y financieras del país.
El aumento en los precios de los combustibles y algunos alimentos estuvo entre los principales factores que incidieron en la inflación de octubre, que alcanzó una variación mensual de 0,5% y elevó el acumulado anual a 4,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Tras conocerse las cifras, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el impacto que tuvo el encarecimiento de los combustibles, atribuido al conflicto internacional, además de las alzas registradas en productos como las papas y los tomates. “Aunque la inflación de fondo se mantuvo sin variación (0,0% sin volátiles), sabemos que detrás de estas cifras hay familias que enfrentan mayores gastos y pymes que hacen un enorme esfuerzo por salir adelante”, señaló la autoridad a través de una publicación en redes sociales. Mas agregó que el Gobierno está monitoreando los principales indicadores económicos y trabajando para recuperar el crecimiento y generar más empleo. “Nuestra prioridad es que la recuperación económica llegue a la mesa y al bolsillo de todos los chilenos”, sostuvo. Transporte y alimentos impulsaron el IPC De acuerdo con el informe del INE, la división de transporte registró un incremento mensual de 2%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas anotó un alza de 1%. Ambas categorías fueron las que más incidieron en el resultado del mes. Entre los productos que experimentaron mayores aumentos destacaron las gasolinas, con una variación de 4,5%, y el petróleo diésel, que subió 12,3%. También sobresalió el transporte aéreo internacional, cuyos precios aumentaron un 13%. En alimentos, las papas registraron un alza de 12% y los tomates de 11,2%, contribuyendo al incremento del costo de la canasta. En contraste, la división de vestuario y calzado presentó una disminución mensual de 4,1%. Además, tanto el IPC sin volátiles como el indicador que excluye alimentos y energía registraron una variación de 0%. Alza de la UF El resultado de octubre también tendrá efectos en la Unidad de Fomento (UF), cuyo valor aumentará $206,47 y llegará a $41.501,93 el próximo 9 de diciembre, de acuerdo con los datos asociados a la variación del IPC.
