Diputados de la Región de Antofagasta impulsan la denominada “Ley Javiera Jiménez”, una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, mejorar la respuesta del Estado y entregar mayores herramientas para enfrentar estos casos. El proyecto, que cuenta con el impulso del diputado Sebastián Videla junto a otros parlamentarios de la zona, busca establecer medidas que permitan actuar oportunamente ante una desaparición, agilizar las diligencias investigativas, sancionar a quienes obstaculicen las búsquedas y reforzar las medidas cautelares frente a posibles responsables. La propuesta nace tras el caso de Javiera Jiménez Galleguillos, joven antofagastina de 23 años cuya desaparición conmocionó a la región y movilizó a su familia en una incansable búsqueda para esclarecer lo ocurrido y obtener justicia. Desde el Congreso, los parlamentarios buscan que esta situación permita avanzar en cambios legislativos que eviten que otras familias enfrenten la misma incertidumbre y dificultades durante la búsqueda de sus seres queridos. “No podemos permitir que otras familias vivan el dolor y la incertidumbre que enfrentó la familia de Javiera. Esta ley busca que el Estado actúe a tiempo, que las investigaciones avancen con rapidez y que nadie pueda entorpecer la búsqueda de una persona desaparecida”, señaló Videla. La iniciativa apunta a transformar el caso de Javiera en acciones concretas, fortaleciendo la respuesta institucional y reconociendo también la lucha de su madre, quien ha mantenido sus esfuerzos por esclarecer la desaparición y conseguir justicia. Los parlamentarios destacaron la importancia de que el nombre de la joven antofagastina se convierta en un símbolo de protección para otras familias y en un impulso para mejorar los mecanismos de búsqueda e investigación. “Que el nombre de Javiera se convierta en una ley que proteja a otras familias y ayude a salvar vidas”, concluyó el diputado. DIPUTADOS DE ANTOFAGASTA IMPULSAN “LEY JAVIERA JIMÉNEZ” PARA FORTALECER LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
La caída de los fondos de pensiones volvió a instalar la presión sobre las AFP en el Congreso, esta vez con propuestas concretas para compensar a los afiliados afectados. Además, distintos actores han recalcado que las advertencias sobre las apuestas de las administradoras -mediante el aumento de las inversiones en los swaps- no son nuevas. Banco Central advirtió desde 2024 por riesgos en inversiones de las AFP La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, reveló ante la Cámara de Diputados que alertaron desde mayo de 2024 sobre el creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP, cuya exposición prácticamente se cuadruplicó hasta fines de 2025. Sin embargo, aclaró que sus facultades se limitan a resguardar la estabilidad financiera y que la regulación de estos instrumentos con fines de inversión corresponde a la Superintendencia de Pensiones. “Nuestro mercado local sí puede verse afectado frente a aumentos bruscos -en el uso de derivados- en poco tiempo. Ese fue el llamado que siempre hizo al Banco Central; contribuyó y entregó la información respectiva a las demás autoridades”, dijo Costa. Por otro lado, en una sesión especial del Senado, parlamentarios cuestionaron las decisiones de inversión de las administradoras, luego de que el fondo E acumulara pérdidas de un 10,4% entre enero y septiembre, mientras que el D retrocedió un 6,38%. Uno de los principales planteamientos fue utilizar los excedentes del encaje de las AFP para reparar las pérdidas, priorizando a pensionados y personas próximas a jubilarse. También surgieron propuestas para reforzar la regulación y sancionar una eventual administración temeraria de los ahorros previsionales. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció la preocupación por el impacto de estas pérdidas, pero enfatizó que se debe distinguir entre los riesgos propios del mercado y posibles actuaciones negligentes de las administradoras. En esa línea, recordó que la Superintendencia inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP y que el Gobierno evalúa nuevas medidas regulatorias, mientras la legislación contempla indemnizaciones si se acreditan incumplimientos. ”La protección de los ahorros previsionales de los trabajadores es una responsabilidad esencial del Estado. Debemos permitir que esta investigación avance con todo el rigor que corresponde. Como Gobierno, continuaremos siguiendo estrechamente esta situación, respetando las competencias del organismo fiscalizador”, subrayó la autoridad. A su vez, el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, confirmó que el organismo había advertido desde 2024 sobre los riesgos asociados al creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP. “Hace tiempo, la Superintendencia venía manifestando su preocupación por el aumento en la exposición en derivados, se señaló amplificación de los riesgos e impacto para los afiliados”. En ese contexto, explicó que la investigación deberá determinar si las administradoras asumieron una exposición excesiva al riesgo. La restitución de los recursos sigue siendo una propuesta parlamentaria y no una medida acordada. Su eventual aplicación dependerá de las responsabilidades que establezca la investigación, mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre cómo exigir que las administradoras respondan por eventuales perjuicios a los afiliados. Fuente: BioBioChile
El presidente José Antonio Kast designó al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), cargo que ejercerá durante los próximos dos años. El mandatario anunció el nombramiento este miércoles y manifestó sus deseos de éxito al oficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). “ He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto ”, señaló Kast. Añadió que el Gobierno seguirá trabajando para fortalecer las Fuerzas Armadas y su compromiso con la defensa y seguridad del país. Venegas fue recibido este miércoles en el Palacio de La Moneda por el Presidente, en una audiencia en la que también participaron el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y el actual jefe del EMCO, el general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez. El nuevo jefe del organismo reemplazará a Romanini, quien dejará el cargo para asumir como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto. Le deseo mucho éxito en esta importante responsabilidad. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y su compromiso permanente con la defensa y seguridad de Chile. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast), October 28, 2026 Máximo Venegas Raggio tiene 59 años e ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1985. Se graduó como alférez el 1 de enero de 1989 y ese mismo año obtuvo la especialidad de piloto de guerra. Durante su carrera se desempeñó en el área de combate como piloto de aeronaves F-5, entre otras. En 2019 ascendió al grado de general de Brigada Aérea y, en 2022, al de general de Aviación. En 2022 asumió como comandante del Comando Logístico y, posteriormente, en 2024, fue nombrado comandante del Comando de Combate. En cuanto a su formación académica, es magíster en Gestión de Procesos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil e ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos de la Academia de Guerra Aérea. También cuenta con formación como oficial de Estado Mayor en las academias de Guerra Aérea de Chile y de la Fuerza Aérea Brasileña, además de diplomados en Evaluación de Proyectos de la CEPAL y en Gestión Logística y Distribución de la Universidad Gabriela Mistral. El Estado Mayor Conjunto es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional que asesora en materias relacionadas con la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas. Entre sus principales funciones están la planificación estratégica y la coordinación de las capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el objetivo de fortalecer su interoperabilidad y actuación integrada. Asimismo, ejerce el mando militar de las fuerzas asignadas a operaciones conjuntas, conforme a la legislación vigente. Fuente: BioBioChile
La última medición de la encuesta Plaza Pública Cadem reflejó un contundente desplome en la evaluación del ministro de Justicia, Fernando Rabat. El estudio de opinión pública arrojó un 77% de desaprobación a su desempeño en el cargo, contando con apenas un 12% de aprobación. El impacto político salpicó directamente al Palacio de La Moneda, ya que un 64% de los encuestados manifestó su desacuerdo con la determinación del presidente José Antonio Kast de ratificar al secretario de Estado para encabezar las modificaciones normativas. La desaprobación ciudadana responde al masivo rechazo que generan los beneficios penitenciarios concedidos a sentenciados por delitos sexuales contra menores, donde un 94% de los consultados se manifestó en contra de las rebajas de condena y un 90% afirmó que estos condenados jamás deberían acceder a reducciones de pena. Este escenario cobró mayor fuerza tras la investigación periodística de BBCL Investiga, la cual identificó a 33 pederastas beneficiados bajo la actual administración. Asimismo, la encuesta Cadem reveló que un 79% de los ciudadanos considera que Rabat no estaba legalmente obligado a firmar los decretos, mientras que un 72% estimó como insuficientes las explicaciones públicas entregadas por el mandatario. Los decretos a extorsionadores vinculados al Tren de Aragua abren un nuevo flanco La controversia en el Ministerio de Justicia sumó un nuevo antecedente tras revelarse que la aplicación de los beneficios penitenciarios no se limitó a agresores sexuales. Una investigación del medio Interferencia expuso que tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas obtuvieron reducciones de condena mediante decretos firmados por Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva. Los delincuentes integraban una banda detenida en La Serena en diciembre de 2021 por extorsionar a mujeres migrantes a cambio de permitirles ejercer el comercio sexual, presentándose explícitamente ante sus víctimas como miembros del Tren de Aragua. A pesar de haber sido sentenciados en agosto de 2022 a cinco años y un día de presidio, los decretos otorgaron una rebaja de nueve meses a Franyorkin Aramburu Hernández y tres meses a Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi. La aplicación de la denominada “Doctrina Rabat”. fundamentada en la interpretación de que el Ejecutivo no puede denegar el beneficio si se cumplen los requisitos formales, permitió que Marott y Ollarves quedaran en libertad anticipada en septiembre de 2026. Lo anterior ocurrió pese a que Aramburu registraba faltas al régimen penitenciario y mantenía rechazada su solicitud de libertad condicional, habiéndose firmado los documentos tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Bancada DC confirma acusación constitucional y exige la renuncia de las autoridades Frente a la acumulación de antecedentes, el escenario en el Congreso Nacional dio un giro decisivo. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, confirmó que los parlamentarios de su colectividad acordaron actuar de manera coordinada con la oposición para presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Al argumentar la postura de la bancada, el diputado Díaz sostuvo que “En la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”. El parlamentario enfatizó el impacto de estas decisiones en los compromisos gubernamentales en materia de seguridad e infancia. En esa línea, Díaz aseveró que “El presidente se comprometió a combatir el crimen organizado, el presidente se comprometió a poner a la niñez primero y protegerla, y hoy día claramente existen las circunstancias y los méritos necesarios y suficientes para enfrentar una acusación constitucional en contra del ministro”. De igual forma, el jefe de la bancada falangista ratificó el acuerdo opositor manifestando que “La bancada de diputados de la Democracia Cristiana ha tomado una decisión importante de avanzar junto con la oposición para que esto pueda prosperar”. Finalmente, el legislador demandó la salida inmediata de las máximas autoridades de la cartera declarando que “ El ministro Rabat y el subsecretario Silva no se pueden mantener en los cargos y, más aún, la infracción que han cometido y el error que han cometido debe también ser meritorio de una acusación constitucional”. Fuente: Publimetro
La Bolsa de Santiago sufrió una jornada de fuertes pérdidas este jueves, marcando su mayor caída desde mayo. Este descenso se produjo en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y las dudas sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA). El S&P IPSA retrocedió un 1,88% y cerró en 10.780,31 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de junio. Esta sesión se convirtió en la peor desde el 13 de mayo. De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, las pérdidas afectaron a las principales empresas del mercado chileno. De las 31 acciones que conforman el índice, solo cinco lograron cerrar con ganancias. Entre las compañías que más influyeron en la caída se encuentran SQM-B (-3,2%), Copec (-2,9%), Bci (-2,6%), Santander (-2,5%) y Banco de Chile (-2,3%). Además, el IPSA medido en dólares ha alcanzado mínimos del año debido a la significativa depreciación del peso chileno.
Diputados de la Región de Antofagasta impulsan la denominada “Ley Javiera Jiménez”, una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, mejorar la respuesta del Estado y entregar mayores herramientas para enfrentar estos casos. El proyecto, que cuenta con el impulso del diputado Sebastián Videla junto a otros parlamentarios de la zona, busca establecer medidas que permitan actuar oportunamente ante una desaparición, agilizar las diligencias investigativas, sancionar a quienes obstaculicen las búsquedas y reforzar las medidas cautelares frente a posibles responsables. La propuesta nace tras el caso de Javiera Jiménez Galleguillos, joven antofagastina de 23 años cuya desaparición conmocionó a la región y movilizó a su familia en una incansable búsqueda para esclarecer lo ocurrido y obtener justicia. Desde el Congreso, los parlamentarios buscan que esta situación permita avanzar en cambios legislativos que eviten que otras familias enfrenten la misma incertidumbre y dificultades durante la búsqueda de sus seres queridos. “No podemos permitir que otras familias vivan el dolor y la incertidumbre que enfrentó la familia de Javiera. Esta ley busca que el Estado actúe a tiempo, que las investigaciones avancen con rapidez y que nadie pueda entorpecer la búsqueda de una persona desaparecida”, señaló Videla. La iniciativa apunta a transformar el caso de Javiera en acciones concretas, fortaleciendo la respuesta institucional y reconociendo también la lucha de su madre, quien ha mantenido sus esfuerzos por esclarecer la desaparición y conseguir justicia. Los parlamentarios destacaron la importancia de que el nombre de la joven antofagastina se convierta en un símbolo de protección para otras familias y en un impulso para mejorar los mecanismos de búsqueda e investigación. “Que el nombre de Javiera se convierta en una ley que proteja a otras familias y ayude a salvar vidas”, concluyó el diputado. DIPUTADOS DE ANTOFAGASTA IMPULSAN “LEY JAVIERA JIMÉNEZ” PARA FORTALECER LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
La caída de los fondos de pensiones volvió a instalar la presión sobre las AFP en el Congreso, esta vez con propuestas concretas para compensar a los afiliados afectados. Además, distintos actores han recalcado que las advertencias sobre las apuestas de las administradoras -mediante el aumento de las inversiones en los swaps- no son nuevas. Banco Central advirtió desde 2024 por riesgos en inversiones de las AFP La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, reveló ante la Cámara de Diputados que alertaron desde mayo de 2024 sobre el creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP, cuya exposición prácticamente se cuadruplicó hasta fines de 2025. Sin embargo, aclaró que sus facultades se limitan a resguardar la estabilidad financiera y que la regulación de estos instrumentos con fines de inversión corresponde a la Superintendencia de Pensiones. “Nuestro mercado local sí puede verse afectado frente a aumentos bruscos -en el uso de derivados- en poco tiempo. Ese fue el llamado que siempre hizo al Banco Central; contribuyó y entregó la información respectiva a las demás autoridades”, dijo Costa. Por otro lado, en una sesión especial del Senado, parlamentarios cuestionaron las decisiones de inversión de las administradoras, luego de que el fondo E acumulara pérdidas de un 10,4% entre enero y septiembre, mientras que el D retrocedió un 6,38%. Uno de los principales planteamientos fue utilizar los excedentes del encaje de las AFP para reparar las pérdidas, priorizando a pensionados y personas próximas a jubilarse. También surgieron propuestas para reforzar la regulación y sancionar una eventual administración temeraria de los ahorros previsionales. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció la preocupación por el impacto de estas pérdidas, pero enfatizó que se debe distinguir entre los riesgos propios del mercado y posibles actuaciones negligentes de las administradoras. En esa línea, recordó que la Superintendencia inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP y que el Gobierno evalúa nuevas medidas regulatorias, mientras la legislación contempla indemnizaciones si se acreditan incumplimientos. ”La protección de los ahorros previsionales de los trabajadores es una responsabilidad esencial del Estado. Debemos permitir que esta investigación avance con todo el rigor que corresponde. Como Gobierno, continuaremos siguiendo estrechamente esta situación, respetando las competencias del organismo fiscalizador”, subrayó la autoridad. A su vez, el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, confirmó que el organismo había advertido desde 2024 sobre los riesgos asociados al creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP. “Hace tiempo, la Superintendencia venía manifestando su preocupación por el aumento en la exposición en derivados, se señaló amplificación de los riesgos e impacto para los afiliados”. En ese contexto, explicó que la investigación deberá determinar si las administradoras asumieron una exposición excesiva al riesgo. La restitución de los recursos sigue siendo una propuesta parlamentaria y no una medida acordada. Su eventual aplicación dependerá de las responsabilidades que establezca la investigación, mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre cómo exigir que las administradoras respondan por eventuales perjuicios a los afiliados. Fuente: BioBioChile
El presidente José Antonio Kast designó al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), cargo que ejercerá durante los próximos dos años. El mandatario anunció el nombramiento este miércoles y manifestó sus deseos de éxito al oficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh). “ He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto ”, señaló Kast. Añadió que el Gobierno seguirá trabajando para fortalecer las Fuerzas Armadas y su compromiso con la defensa y seguridad del país. Venegas fue recibido este miércoles en el Palacio de La Moneda por el Presidente, en una audiencia en la que también participaron el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y el actual jefe del EMCO, el general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez. El nuevo jefe del organismo reemplazará a Romanini, quien dejará el cargo para asumir como comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto. Le deseo mucho éxito en esta importante responsabilidad. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y su compromiso permanente con la defensa y seguridad de Chile. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast), October 28, 2026 Máximo Venegas Raggio tiene 59 años e ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1985. Se graduó como alférez el 1 de enero de 1989 y ese mismo año obtuvo la especialidad de piloto de guerra. Durante su carrera se desempeñó en el área de combate como piloto de aeronaves F-5, entre otras. En 2019 ascendió al grado de general de Brigada Aérea y, en 2022, al de general de Aviación. En 2022 asumió como comandante del Comando Logístico y, posteriormente, en 2024, fue nombrado comandante del Comando de Combate. En cuanto a su formación académica, es magíster en Gestión de Procesos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil e ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos de la Academia de Guerra Aérea. También cuenta con formación como oficial de Estado Mayor en las academias de Guerra Aérea de Chile y de la Fuerza Aérea Brasileña, además de diplomados en Evaluación de Proyectos de la CEPAL y en Gestión Logística y Distribución de la Universidad Gabriela Mistral. El Estado Mayor Conjunto es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional que asesora en materias relacionadas con la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas. Entre sus principales funciones están la planificación estratégica y la coordinación de las capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el objetivo de fortalecer su interoperabilidad y actuación integrada. Asimismo, ejerce el mando militar de las fuerzas asignadas a operaciones conjuntas, conforme a la legislación vigente. Fuente: BioBioChile
La última medición de la encuesta Plaza Pública Cadem reflejó un contundente desplome en la evaluación del ministro de Justicia, Fernando Rabat. El estudio de opinión pública arrojó un 77% de desaprobación a su desempeño en el cargo, contando con apenas un 12% de aprobación. El impacto político salpicó directamente al Palacio de La Moneda, ya que un 64% de los encuestados manifestó su desacuerdo con la determinación del presidente José Antonio Kast de ratificar al secretario de Estado para encabezar las modificaciones normativas. La desaprobación ciudadana responde al masivo rechazo que generan los beneficios penitenciarios concedidos a sentenciados por delitos sexuales contra menores, donde un 94% de los consultados se manifestó en contra de las rebajas de condena y un 90% afirmó que estos condenados jamás deberían acceder a reducciones de pena. Este escenario cobró mayor fuerza tras la investigación periodística de BBCL Investiga, la cual identificó a 33 pederastas beneficiados bajo la actual administración. Asimismo, la encuesta Cadem reveló que un 79% de los ciudadanos considera que Rabat no estaba legalmente obligado a firmar los decretos, mientras que un 72% estimó como insuficientes las explicaciones públicas entregadas por el mandatario. Los decretos a extorsionadores vinculados al Tren de Aragua abren un nuevo flanco La controversia en el Ministerio de Justicia sumó un nuevo antecedente tras revelarse que la aplicación de los beneficios penitenciarios no se limitó a agresores sexuales. Una investigación del medio Interferencia expuso que tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas obtuvieron reducciones de condena mediante decretos firmados por Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva. Los delincuentes integraban una banda detenida en La Serena en diciembre de 2021 por extorsionar a mujeres migrantes a cambio de permitirles ejercer el comercio sexual, presentándose explícitamente ante sus víctimas como miembros del Tren de Aragua. A pesar de haber sido sentenciados en agosto de 2022 a cinco años y un día de presidio, los decretos otorgaron una rebaja de nueve meses a Franyorkin Aramburu Hernández y tres meses a Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi. La aplicación de la denominada “Doctrina Rabat”. fundamentada en la interpretación de que el Ejecutivo no puede denegar el beneficio si se cumplen los requisitos formales, permitió que Marott y Ollarves quedaran en libertad anticipada en septiembre de 2026. Lo anterior ocurrió pese a que Aramburu registraba faltas al régimen penitenciario y mantenía rechazada su solicitud de libertad condicional, habiéndose firmado los documentos tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Bancada DC confirma acusación constitucional y exige la renuncia de las autoridades Frente a la acumulación de antecedentes, el escenario en el Congreso Nacional dio un giro decisivo. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, confirmó que los parlamentarios de su colectividad acordaron actuar de manera coordinada con la oposición para presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia. Al argumentar la postura de la bancada, el diputado Díaz sostuvo que “En la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”. El parlamentario enfatizó el impacto de estas decisiones en los compromisos gubernamentales en materia de seguridad e infancia. En esa línea, Díaz aseveró que “El presidente se comprometió a combatir el crimen organizado, el presidente se comprometió a poner a la niñez primero y protegerla, y hoy día claramente existen las circunstancias y los méritos necesarios y suficientes para enfrentar una acusación constitucional en contra del ministro”. De igual forma, el jefe de la bancada falangista ratificó el acuerdo opositor manifestando que “La bancada de diputados de la Democracia Cristiana ha tomado una decisión importante de avanzar junto con la oposición para que esto pueda prosperar”. Finalmente, el legislador demandó la salida inmediata de las máximas autoridades de la cartera declarando que “ El ministro Rabat y el subsecretario Silva no se pueden mantener en los cargos y, más aún, la infracción que han cometido y el error que han cometido debe también ser meritorio de una acusación constitucional”. Fuente: Publimetro
La Bolsa de Santiago sufrió una jornada de fuertes pérdidas este jueves, marcando su mayor caída desde mayo. Este descenso se produjo en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y las dudas sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA). El S&P IPSA retrocedió un 1,88% y cerró en 10.780,31 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de junio. Esta sesión se convirtió en la peor desde el 13 de mayo. De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, las pérdidas afectaron a las principales empresas del mercado chileno. De las 31 acciones que conforman el índice, solo cinco lograron cerrar con ganancias. Entre las compañías que más influyeron en la caída se encuentran SQM-B (-3,2%), Copec (-2,9%), Bci (-2,6%), Santander (-2,5%) y Banco de Chile (-2,3%). Además, el IPSA medido en dólares ha alcanzado mínimos del año debido a la significativa depreciación del peso chileno.
