Formarse en un centro de excelencia para regresar y disponer ese conocimiento al servicio de su región. Ese es el compromiso de Daniel Isla, médico egresado de la Universidad de Antofagasta (UA), quien actualmente se encuentra en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) realizando su especialización en Medicina de Urgencia. Su formación es posible gracias a una beca financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), en el marco de un proyecto adjudicado por el Departamento de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Antofagasta, denominado “Formación de Capital Humano especializado en el Depto. De Cs. Médicas, FACMO, UA, COD. BIP 40067599-0, iniciativa que materializa una alianza destinada a fortalecer la formación de especialistas y responder a las necesidades sanitarias del territorio. La apuesta tiene un claro sentido social: que profesionales vinculados con Antofagasta accedan a formación médica especializada de alto nivel y que posteriormente ese conocimiento regrese a la región, beneficiando a pacientes, equipos de salud y nuevas generaciones de médicos. Formarse para regresar Egresado de la UA y docente de la institución entre 2022 y 2025, Isla tiene claro cuál será el destino de los conocimientos que está adquiriendo. “Mi compromiso con la Región de Antofagasta es formarme lo mejor posible durante mi especialidad para retornar y entregar todo mi conocimiento a la salud de la región”, señala. Su compromiso se traduce en tres objetivos: contribuir a mejorar la atención en el Servicio de Urgencia del Hospital de Antofagasta, fortalecer la formación de los médicos que egresan de la UA y aportar a una atención de mayor calidad para la comunidad. Daniel reconoce también la responsabilidad que implica recibir una oportunidad financiada con recursos públicos. “Para mí es importante saber que este proyecto tiene una gran inversión y eso me motiva aún más a fortalecer mis conocimientos y mi calidad profesional”, afirma. Una medicina más humana La vocación de Isla tiene también una historia personal. Antes de convertirse en médico, conoció el sistema de salud como paciente y acompañando a familiares en hospitales y consultas. Esas experiencias fueron construyendo su convicción de que la medicina debe combinar excelencia profesional con cercanía y humanidad. “Ser médico significa tener la responsabilidad de acompañar a los pacientes en uno de los momentos más difíciles de la vida, que es la enfermedad. No solamente significa hacer diagnósticos y tratar, sino también acompañar, escuchar y tomar decisiones importantes que puedan marcar el camino de esa persona”, explica. Esta mirada cobra especial relevancia en Medicina de Urgencia, donde pacientes y familias enfrentan situaciones críticas, muchas veces marcadas por la incertidumbre y el temor. Por ello, junto con perfeccionar sus competencias clínicas, Isla espera contribuir a una atención de urgencia cada vez más humana. Conocimiento que se multiplica La elección de la Pontificia Universidad Católica responde a su trayectoria en Medicina de Urgencia, pero también a un elemento que conecta directamente con el futuro profesional de Daniel: la formación docente. “La idea es tener una buena formación para poder ser un aporte dentro de la región, tanto como médico como docente de la Universidad”, sostiene. Su experiencia previa como académico permite que el impacto de esta especialización vaya más allá de la atención de sus futuros pacientes. El conocimiento adquirido podrá también transmitirse a estudiantes y nuevos profesionales, multiplicando los beneficios de esta inversión pública. La alianza entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Universidad de Antofagasta apuesta precisamente por ese efecto: formar especialistas que respondan a las necesidades de la región y del país, generando capacidades que permanezcan y se multipliquen en el territorio. Hoy Daniel Isla se prepara en Santiago. Su horizonte, sin embargo, sigue estando en Antofagasta: volver como especialista, aportar a una mejor atención de salud y contribuir a formar a quienes tendrán en sus manos el cuidado de las futuras generaciones. Una historia que demuestra que invertir en formación médica especializada es también invertir en el futuro y en la calidad de vida de toda una región.
La Seremi de Educación de Antofagasta, la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad lideraron una jornada informativa sobre la implementación de las Leyes 21.809 (Convivencia Escolar) y 21.827 (Escuelas Protegidas). La actividad reunió a directores, equipos directivos y docentes con el objetivo de entregarles herramientas para promover espacios seguros de aprendizaje y prevenir la violencia. Durante la jornada, la seremi Carolina Moscoso destacó que estas normativas —enmarcadas en la estrategia nacional Chile Aprende y Avanza — entregan herramientas clave a las comunidades y llamó a analizarlas en los consejos escolares. Por su parte, Erick Bergholz, jefe macrozonal de la Agencia de Calidad, enfatizó la importancia de tomar decisiones fundamentadas en datos para fortalecer la cultura educativa. Nuevas medidas de seguridad y convivencia Ley 21.809 (Convivencia y Bienestar): En vigencia desde el 1 de julio, exige actualizar los reglamentos internos, fortalecer al personal educativo, aplicar nuevos criterios para expulsiones o cancelaciones de matrícula e incorporar tecnología de seguridad, como detectores de metales. Ley 21.827 (Escuelas Protegidas): Entrega más facultades al profesorado para mantener el orden e incorporar medidas preventivas en los reglamentos, tales como la revisión de pertenencias por personal capacitado, la prohibición de elementos que oculten el rostro y un rol más activo de los apoderados en la disciplina escolar.
Un importante impulso financiero recibirá el sistema educacional municipal de la Región de Antofagasta tras la asignación de $3.451.038.931 provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recurso entregado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Pública. El monto total será distribuido entre cuatro comunas de la zona para financiar iniciativas prioritarias en sus establecimientos: Antofagasta: $2.853.323.888 Taltal: $277.626.570 Mejillones: $250.526.014 Sierra Gorda: $69.562.459 Esta inversión permitirá a los sostenedores municipales ejecutar proyectos enfocados en la conservación y mejora de infraestructura, adquisición de mobiliario, renovación de equipamiento tecnológico, gestión pedagógica y compra de materiales de aprendizaje para los estudiantes. La seremi de Educación, Carolina Moscoso, destacó la relevancia de estos fondos para la comunidad escolar: Estos recursos son una oportunidad para que los sostenedores de la educación municipal puedan invertir en mejoras y equipamiento, lo que beneficia directamente a las comunidades educativas y va en la línea del Programa Chile Aprende y Avanza. Mejores condiciones en los establecimientos propician los aprendizajes, la asistencia y una mejor cultura educativa. Con esta inyección presupuestaria se busca fortalecer integralmente la calidad del servicio educativo que reciben los alumnos de las corporaciones y departamentos de educación municipal de la provincia.
En una reciente entrevista con Radio Sol Chile, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presidente de la Red G9, Juan Carlos de la Llera, abordó en detalle el estado de la educación superior en Chile. Aunque valoró los avances en el acceso y la inclusión, puso un fuerte énfasis en las complejidades presupuestarias que hoy enfrenta el Estado, advirtiendo sobre el inesperado costo fiscal que ha significado la política de gratuidad. El debate de la gratuidad: un costo que duplicó lo presupuestado Al analizar las oportunidades de acceso para los jóvenes de contextos vulnerables, el rector reconoció que en los últimos diez años ha existido un progreso sustantivo gracias a la ampliación de las admisiones especiales y a la implementación de la gratuidad. Esta última, según explicó, ha sido de gran ayuda para que muchas familias dejen de financiar la educación de su propio bolsillo y estos recursos provengan del Estado. Sin embargo, la autoridad lanzó una dura advertencia sobre la sostenibilidad financiera de esta medida:El costo para el país ha sido muchísimo mayor que el que originalmente se previó. Detalló que, de ser un proyecto con un presupuesto inicial acotado, hoy en día el gasto prácticamente se ha duplicado respecto a lo que se había anticipado. Ante este escenario, el rector señaló que es comprensible que cualquier autoridad busque restringir este gasto, dado que el país debe financiar múltiples políticas públicas para avanzar. Creo que se ha llegado a una situación donde creo que ya el tema es difícil que siga avanzando en esa dirección, afirmó, agregando que dentro de la educación superior existen otras prioridades igualmente importantes, o incluso más, que se han quedado postergadas debido a este esfuerzo presupuestario. La defensa del programa PACE En la misma línea de inclusión, se refirió al programa PACE, calificándolo como una iniciativa agresiva para atraer a estudiantes con formación escolar disímil. Destacó que en sus 12 años de funcionamiento ha incrementado casi en un 45% el ingreso de alumnos vulnerables y extremadamente vulnerables a las universidades, registrando además menores índices de deserción académica que el sistema de admisión corriente. Frente a la posibilidad de descontinuar o modificar el programa por razones presupuestarias, el rector sugirió prudencia: Lo más importante en este minuto antes de tomar ninguna decisión como descontinuarlo o cosas por el estilo, es realmente analizar utilizar los datos en particular. Universidades regionales y la crisis de las pedagogías Al ser consultado sobre el rol de instituciones como la Universidad Católica del Norte (UCN), enfatizó que las universidades regionales juegan un papel absolutamente central y que no deben intentar emular a las instituciones de la Región Metropolitana. Para el rector, la pertinencia local y la empleabilidad de los estudiantes frente a cambios tecnológicos como la inteligencia artificial son prioridades clave para el G9. Por otro lado, confirmó que el país enfrenta una crisis de vocaciones en pedagogía. Explicó que existe un complejo dilema: si se suben los puntajes de ingreso para asegurar profesionales con mejor rendimiento, las difíciles condiciones laborales y el complejo entorno escolar actual pueden provocar que las regiones se queden sin profesores. Tenemos que hacer algo para que estos docentes los cuidemos y que realmente (...) seguir la carrera docente sea algo realmente extraordinario, manifestó. Financiamiento de la ciencia y la injusticia del IVA En el ámbito de la investigación, lamentó que los recursos nacionales no hayan aumentado en los últimos diez años. Comentó que la reciente controversia con el concurso FONDECYT de postdoctorado —que limitó la postulación de extranjeros sin residencia y generó confusión sobre una supuesta priorización del 70% para áreas STEM— se debió a una falta de comunicación previa con el Cruch y el G9. Asimismo, propuso que el Estado impulse doctorados conjuntos con universidades extranjeras de prestigio para optimizar los recursos públicos. Finalmente, calificó como increíblemente injusta y anticompetitiva la aplicación del IVA a los servicios de consultoría de las universidades no estatales. Explicó que esta medida es arbitraria y deja fuera de competencia a la mayoría de las instituciones chilenas que no son estatales. Al respecto, reveló que ya sostuvo conversaciones con el ministro de Hacienda, quien tiene claro el tema, para buscar una vía que corrija esta simetría. Juan Carlos de la Llera asumió en junio de 2026 la presidencia de la Red G9, cargo que ejercerá durante un año. Desde esta posición, señaló que uno de sus principales objetivos es fortalecer el aporte de las universidades al desarrollo del país y de sus distintos territorios.
La Seremi de Educación de la región de Antofagasta informa la suspensión de clases en las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe para la jornada del miércoles 12 de agosto como medida preventiva ante el pronóstico de precipitaciones en la zona. La medida de suspensión aplica para establecimientos educacionales públicos, particulares subvencionados y particulares pagados de enseñanza parvularia, básica y media. Respecto a actividades en universidades, institutos y centros de formación técnica, la medida debe ser analizada y comunicada de manera autónoma por cada institución.
Formarse en un centro de excelencia para regresar y disponer ese conocimiento al servicio de su región. Ese es el compromiso de Daniel Isla, médico egresado de la Universidad de Antofagasta (UA), quien actualmente se encuentra en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) realizando su especialización en Medicina de Urgencia. Su formación es posible gracias a una beca financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta (GORE), en el marco de un proyecto adjudicado por el Departamento de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Antofagasta, denominado “Formación de Capital Humano especializado en el Depto. De Cs. Médicas, FACMO, UA, COD. BIP 40067599-0, iniciativa que materializa una alianza destinada a fortalecer la formación de especialistas y responder a las necesidades sanitarias del territorio. La apuesta tiene un claro sentido social: que profesionales vinculados con Antofagasta accedan a formación médica especializada de alto nivel y que posteriormente ese conocimiento regrese a la región, beneficiando a pacientes, equipos de salud y nuevas generaciones de médicos. Formarse para regresar Egresado de la UA y docente de la institución entre 2022 y 2025, Isla tiene claro cuál será el destino de los conocimientos que está adquiriendo. “Mi compromiso con la Región de Antofagasta es formarme lo mejor posible durante mi especialidad para retornar y entregar todo mi conocimiento a la salud de la región”, señala. Su compromiso se traduce en tres objetivos: contribuir a mejorar la atención en el Servicio de Urgencia del Hospital de Antofagasta, fortalecer la formación de los médicos que egresan de la UA y aportar a una atención de mayor calidad para la comunidad. Daniel reconoce también la responsabilidad que implica recibir una oportunidad financiada con recursos públicos. “Para mí es importante saber que este proyecto tiene una gran inversión y eso me motiva aún más a fortalecer mis conocimientos y mi calidad profesional”, afirma. Una medicina más humana La vocación de Isla tiene también una historia personal. Antes de convertirse en médico, conoció el sistema de salud como paciente y acompañando a familiares en hospitales y consultas. Esas experiencias fueron construyendo su convicción de que la medicina debe combinar excelencia profesional con cercanía y humanidad. “Ser médico significa tener la responsabilidad de acompañar a los pacientes en uno de los momentos más difíciles de la vida, que es la enfermedad. No solamente significa hacer diagnósticos y tratar, sino también acompañar, escuchar y tomar decisiones importantes que puedan marcar el camino de esa persona”, explica. Esta mirada cobra especial relevancia en Medicina de Urgencia, donde pacientes y familias enfrentan situaciones críticas, muchas veces marcadas por la incertidumbre y el temor. Por ello, junto con perfeccionar sus competencias clínicas, Isla espera contribuir a una atención de urgencia cada vez más humana. Conocimiento que se multiplica La elección de la Pontificia Universidad Católica responde a su trayectoria en Medicina de Urgencia, pero también a un elemento que conecta directamente con el futuro profesional de Daniel: la formación docente. “La idea es tener una buena formación para poder ser un aporte dentro de la región, tanto como médico como docente de la Universidad”, sostiene. Su experiencia previa como académico permite que el impacto de esta especialización vaya más allá de la atención de sus futuros pacientes. El conocimiento adquirido podrá también transmitirse a estudiantes y nuevos profesionales, multiplicando los beneficios de esta inversión pública. La alianza entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la Universidad de Antofagasta apuesta precisamente por ese efecto: formar especialistas que respondan a las necesidades de la región y del país, generando capacidades que permanezcan y se multipliquen en el territorio. Hoy Daniel Isla se prepara en Santiago. Su horizonte, sin embargo, sigue estando en Antofagasta: volver como especialista, aportar a una mejor atención de salud y contribuir a formar a quienes tendrán en sus manos el cuidado de las futuras generaciones. Una historia que demuestra que invertir en formación médica especializada es también invertir en el futuro y en la calidad de vida de toda una región.
La Seremi de Educación de Antofagasta, la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad lideraron una jornada informativa sobre la implementación de las Leyes 21.809 (Convivencia Escolar) y 21.827 (Escuelas Protegidas). La actividad reunió a directores, equipos directivos y docentes con el objetivo de entregarles herramientas para promover espacios seguros de aprendizaje y prevenir la violencia. Durante la jornada, la seremi Carolina Moscoso destacó que estas normativas —enmarcadas en la estrategia nacional Chile Aprende y Avanza — entregan herramientas clave a las comunidades y llamó a analizarlas en los consejos escolares. Por su parte, Erick Bergholz, jefe macrozonal de la Agencia de Calidad, enfatizó la importancia de tomar decisiones fundamentadas en datos para fortalecer la cultura educativa. Nuevas medidas de seguridad y convivencia Ley 21.809 (Convivencia y Bienestar): En vigencia desde el 1 de julio, exige actualizar los reglamentos internos, fortalecer al personal educativo, aplicar nuevos criterios para expulsiones o cancelaciones de matrícula e incorporar tecnología de seguridad, como detectores de metales. Ley 21.827 (Escuelas Protegidas): Entrega más facultades al profesorado para mantener el orden e incorporar medidas preventivas en los reglamentos, tales como la revisión de pertenencias por personal capacitado, la prohibición de elementos que oculten el rostro y un rol más activo de los apoderados en la disciplina escolar.
Un importante impulso financiero recibirá el sistema educacional municipal de la Región de Antofagasta tras la asignación de $3.451.038.931 provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recurso entregado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Pública. El monto total será distribuido entre cuatro comunas de la zona para financiar iniciativas prioritarias en sus establecimientos: Antofagasta: $2.853.323.888 Taltal: $277.626.570 Mejillones: $250.526.014 Sierra Gorda: $69.562.459 Esta inversión permitirá a los sostenedores municipales ejecutar proyectos enfocados en la conservación y mejora de infraestructura, adquisición de mobiliario, renovación de equipamiento tecnológico, gestión pedagógica y compra de materiales de aprendizaje para los estudiantes. La seremi de Educación, Carolina Moscoso, destacó la relevancia de estos fondos para la comunidad escolar: Estos recursos son una oportunidad para que los sostenedores de la educación municipal puedan invertir en mejoras y equipamiento, lo que beneficia directamente a las comunidades educativas y va en la línea del Programa Chile Aprende y Avanza. Mejores condiciones en los establecimientos propician los aprendizajes, la asistencia y una mejor cultura educativa. Con esta inyección presupuestaria se busca fortalecer integralmente la calidad del servicio educativo que reciben los alumnos de las corporaciones y departamentos de educación municipal de la provincia.
En una reciente entrevista con Radio Sol Chile, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y presidente de la Red G9, Juan Carlos de la Llera, abordó en detalle el estado de la educación superior en Chile. Aunque valoró los avances en el acceso y la inclusión, puso un fuerte énfasis en las complejidades presupuestarias que hoy enfrenta el Estado, advirtiendo sobre el inesperado costo fiscal que ha significado la política de gratuidad. El debate de la gratuidad: un costo que duplicó lo presupuestado Al analizar las oportunidades de acceso para los jóvenes de contextos vulnerables, el rector reconoció que en los últimos diez años ha existido un progreso sustantivo gracias a la ampliación de las admisiones especiales y a la implementación de la gratuidad. Esta última, según explicó, ha sido de gran ayuda para que muchas familias dejen de financiar la educación de su propio bolsillo y estos recursos provengan del Estado. Sin embargo, la autoridad lanzó una dura advertencia sobre la sostenibilidad financiera de esta medida:El costo para el país ha sido muchísimo mayor que el que originalmente se previó. Detalló que, de ser un proyecto con un presupuesto inicial acotado, hoy en día el gasto prácticamente se ha duplicado respecto a lo que se había anticipado. Ante este escenario, el rector señaló que es comprensible que cualquier autoridad busque restringir este gasto, dado que el país debe financiar múltiples políticas públicas para avanzar. Creo que se ha llegado a una situación donde creo que ya el tema es difícil que siga avanzando en esa dirección, afirmó, agregando que dentro de la educación superior existen otras prioridades igualmente importantes, o incluso más, que se han quedado postergadas debido a este esfuerzo presupuestario. La defensa del programa PACE En la misma línea de inclusión, se refirió al programa PACE, calificándolo como una iniciativa agresiva para atraer a estudiantes con formación escolar disímil. Destacó que en sus 12 años de funcionamiento ha incrementado casi en un 45% el ingreso de alumnos vulnerables y extremadamente vulnerables a las universidades, registrando además menores índices de deserción académica que el sistema de admisión corriente. Frente a la posibilidad de descontinuar o modificar el programa por razones presupuestarias, el rector sugirió prudencia: Lo más importante en este minuto antes de tomar ninguna decisión como descontinuarlo o cosas por el estilo, es realmente analizar utilizar los datos en particular. Universidades regionales y la crisis de las pedagogías Al ser consultado sobre el rol de instituciones como la Universidad Católica del Norte (UCN), enfatizó que las universidades regionales juegan un papel absolutamente central y que no deben intentar emular a las instituciones de la Región Metropolitana. Para el rector, la pertinencia local y la empleabilidad de los estudiantes frente a cambios tecnológicos como la inteligencia artificial son prioridades clave para el G9. Por otro lado, confirmó que el país enfrenta una crisis de vocaciones en pedagogía. Explicó que existe un complejo dilema: si se suben los puntajes de ingreso para asegurar profesionales con mejor rendimiento, las difíciles condiciones laborales y el complejo entorno escolar actual pueden provocar que las regiones se queden sin profesores. Tenemos que hacer algo para que estos docentes los cuidemos y que realmente (...) seguir la carrera docente sea algo realmente extraordinario, manifestó. Financiamiento de la ciencia y la injusticia del IVA En el ámbito de la investigación, lamentó que los recursos nacionales no hayan aumentado en los últimos diez años. Comentó que la reciente controversia con el concurso FONDECYT de postdoctorado —que limitó la postulación de extranjeros sin residencia y generó confusión sobre una supuesta priorización del 70% para áreas STEM— se debió a una falta de comunicación previa con el Cruch y el G9. Asimismo, propuso que el Estado impulse doctorados conjuntos con universidades extranjeras de prestigio para optimizar los recursos públicos. Finalmente, calificó como increíblemente injusta y anticompetitiva la aplicación del IVA a los servicios de consultoría de las universidades no estatales. Explicó que esta medida es arbitraria y deja fuera de competencia a la mayoría de las instituciones chilenas que no son estatales. Al respecto, reveló que ya sostuvo conversaciones con el ministro de Hacienda, quien tiene claro el tema, para buscar una vía que corrija esta simetría. Juan Carlos de la Llera asumió en junio de 2026 la presidencia de la Red G9, cargo que ejercerá durante un año. Desde esta posición, señaló que uno de sus principales objetivos es fortalecer el aporte de las universidades al desarrollo del país y de sus distintos territorios.
La Seremi de Educación de la región de Antofagasta informa la suspensión de clases en las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe para la jornada del miércoles 12 de agosto como medida preventiva ante el pronóstico de precipitaciones en la zona. La medida de suspensión aplica para establecimientos educacionales públicos, particulares subvencionados y particulares pagados de enseñanza parvularia, básica y media. Respecto a actividades en universidades, institutos y centros de formación técnica, la medida debe ser analizada y comunicada de manera autónoma por cada institución.
