La concejala de Antofagasta, Paz Fuica, se encuentra en la mira después de que Carabineros informara sobre tres ocasiones en las que no lograron encontrarla en su domicilio, donde cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Según los reportes de La Tercera, el primer incidente ocurrió el 14 de marzo a la 1:30 de la madrugada, seguido por otro el 5 de abril a las 21:04 horas, y el último al día siguiente a la 1:30 horas. En todos los casos, los funcionarios policiales declararon que no obtuvieron respuesta por parte de Fuica, quien, según el informe oficial, no atendió al personal. Carabineros ha presentado un informe detallado de estas fiscalizaciones al Juzgado de Garantía de Antofagasta, resaltando la importancia de estos incumplimientos. Como consecuencia, la Fiscalía de la capital regional solicitó una audiencia de revisión de la medida cautelar de Fuica, programada para el próximo 7 de mayo a las 10 horas.
La diputada Catalina Pérez se pronunció públicamente tras su comparecencia en calidad de imputada ante el Ministerio Público en el marco del caso Democracia Viva. Pérez, quien enfrenta esta situación junto con su ex pareja Daniel Andrade y el ex seremi del Minvu Carlos Contreras, expresó su disposición a colaborar con la investigación. En declaraciones a La Tercera, Pérez señaló que aún no ha recibido una citación formal, pero está al tanto de las imputaciones en su contra. Independientemente de la calidad, lo que nos interesa es poder declarar y poder colaborar con la investigación para que se aclare lo antes posible”, declaró. La diputada reiteró su inocencia y afirmó tener toda la tranquilidad del mundo ante esta situación. Enfatizó en que no han intervenido en la sustitución de los convenios y han proporcionado toda la información de manera transparente. Por otro lado y en este contexto, la Comisión Especial Investigadora designada para el Caso Convenios 2.0 decidió solicitar al Minvu información respecto al presunto informe presentado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas. En dicho informe, Rojas habría afirmado haber informado al ministro Carlos Montes y a La Moneda sobre el caso Democracia Viva. El presidente de la CEI, el diputado Rubén Oyarzo, expresó que tras la sesión contra la contralora Dorothy Pérez, surgieron diversas sorpresas, afirmando que quedamos con hartas dudas y generó mucha incertidumbre en los casos que estamos viendo en Convenios 2.0. En este sentido, planteó la importancia de solicitar al Ministerio de Vivienda el eventual informe de Rojas y su fecha de emisión, dado que, según lo expresado por ella ante la justicia, se habría informado del caso a partir de mayo. En relación con las declaraciones de Tatiana Rojas, Oyarzo señaló que estas contradicen lo expresado por Miguel Crispi, generando dudas sobre la veracidad de los testimonios. Además, Oyarzo anunció la invitación al Fiscal Nacional para brindar información sobre el avance de los casos relacionados con convenios, subrayando la necesidad de transparencia en estos asuntos.
En el contexto de la investigación sobre los traspasos de fondos de Democracia Viva, el asesor de La Moneda, Miguel Crispi, señalo a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, como la persona que lo alertó sobre este tema antes de lo indicado por el gobierno. Crispi afirma haber tenido una conversación telefónica con Rojas el 7 de junio de 2023, en la que ella le proporcionó información sobre el presunto vínculo entre una fundación dirigida por Daniel Andrade y la seremi de Vivienda de la región de Antofagasta. Sin embargo, la versión de los hechos presentada por Rojas difiere de la de Crispi. En su segunda declaración ante el Ministerio Público, Rojas afirmó que fue ella quien decidió contactarse con Cristi y que le informó sobre la información disponible y las acciones que se estaban tomando al respecto. Según Tatiana, esta comunicación fue iniciativa suya y tenía como objetivo abrir un flanco de comunicación sobre el tema. La subsecretaria también cuestionó la postura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien ha afirmado que solo recibió una minuta de una carilla de parte de Rojas. Según ella, fue el 2 de mayo de 2023 cuando Montes comenzó a consultar sobre movimientos en la seremi de Antofagasta, específicamente sobre la posible contratación masiva de militantes de Revolución Democrática.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la medida de prisión preventiva para Kelly Betancourt Acosta, representante legal y presidenta de la fundación TomArte, en el marco del denominado Caso Convenios. La decisión fue tomada luego de una audiencia celebrada esta mañana, donde el tribunal consideró los argumentos presentados por el Ministerio Público, que formalizó a Betancourt por fraude al fisco reiterado y lavado de activos. El fiscal jefe, Cristian Aguilar Aranela, expuso ante el tribunal que los antecedentes son suficientes para presumir la participación de la imputada en los delitos investigados como autora. Además, se argumentó que su liberación representaría un peligro para la seguridad de la sociedad. Betancourt permanecerá en prisión preventiva durante el período de investigación, fijado en 75 días. Esta medida cautelar también afecta al exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras Gutiérrez, quien está formalizado en el mismo caso.
Medidas necesarias para salvaguardar sus garantías constitucionales es lo que exige la defensa de la directora de Tomarte, Kelly Betancourt, ante el Tribunal de Garantía, por una presunta vulneración de sus derechos en el centro penitenciario femenino de Antofagasta. Esto, porque según el abogado defensor Ricardo Escobar Plaza, la recientemente imputada por una arista del Caso Convenios, sufre de trastorno de ansiedad agudo y requiere tratamiento farmacológico, que incluye sertralina, quetiapina y clotiazepam, según un certificado médico con fecha del 25 de marzo de 2024. Asimismo resaltó la urgencia de suministrar estos medicamentos, mencionando que la imputada tuvo una crisis el día de su detención que requirió intervención por parte del personal de Gendarmería, y que existe un riesgo serio de autolesión. Ante esta situación, el Tribunal de Garantía resolvió solicitar al Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta que informe sobre el estado de salud de la imputada. Si así no se cumple con estas garantías, Ricardo Escobar citará en audiencia para ventilar esta situación. Fuente: SoyAntof
La concejala de Antofagasta, Paz Fuica, se encuentra en la mira después de que Carabineros informara sobre tres ocasiones en las que no lograron encontrarla en su domicilio, donde cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Según los reportes de La Tercera, el primer incidente ocurrió el 14 de marzo a la 1:30 de la madrugada, seguido por otro el 5 de abril a las 21:04 horas, y el último al día siguiente a la 1:30 horas. En todos los casos, los funcionarios policiales declararon que no obtuvieron respuesta por parte de Fuica, quien, según el informe oficial, no atendió al personal. Carabineros ha presentado un informe detallado de estas fiscalizaciones al Juzgado de Garantía de Antofagasta, resaltando la importancia de estos incumplimientos. Como consecuencia, la Fiscalía de la capital regional solicitó una audiencia de revisión de la medida cautelar de Fuica, programada para el próximo 7 de mayo a las 10 horas.
La diputada Catalina Pérez se pronunció públicamente tras su comparecencia en calidad de imputada ante el Ministerio Público en el marco del caso Democracia Viva. Pérez, quien enfrenta esta situación junto con su ex pareja Daniel Andrade y el ex seremi del Minvu Carlos Contreras, expresó su disposición a colaborar con la investigación. En declaraciones a La Tercera, Pérez señaló que aún no ha recibido una citación formal, pero está al tanto de las imputaciones en su contra. Independientemente de la calidad, lo que nos interesa es poder declarar y poder colaborar con la investigación para que se aclare lo antes posible”, declaró. La diputada reiteró su inocencia y afirmó tener toda la tranquilidad del mundo ante esta situación. Enfatizó en que no han intervenido en la sustitución de los convenios y han proporcionado toda la información de manera transparente. Por otro lado y en este contexto, la Comisión Especial Investigadora designada para el Caso Convenios 2.0 decidió solicitar al Minvu información respecto al presunto informe presentado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas. En dicho informe, Rojas habría afirmado haber informado al ministro Carlos Montes y a La Moneda sobre el caso Democracia Viva. El presidente de la CEI, el diputado Rubén Oyarzo, expresó que tras la sesión contra la contralora Dorothy Pérez, surgieron diversas sorpresas, afirmando que quedamos con hartas dudas y generó mucha incertidumbre en los casos que estamos viendo en Convenios 2.0. En este sentido, planteó la importancia de solicitar al Ministerio de Vivienda el eventual informe de Rojas y su fecha de emisión, dado que, según lo expresado por ella ante la justicia, se habría informado del caso a partir de mayo. En relación con las declaraciones de Tatiana Rojas, Oyarzo señaló que estas contradicen lo expresado por Miguel Crispi, generando dudas sobre la veracidad de los testimonios. Además, Oyarzo anunció la invitación al Fiscal Nacional para brindar información sobre el avance de los casos relacionados con convenios, subrayando la necesidad de transparencia en estos asuntos.
En el contexto de la investigación sobre los traspasos de fondos de Democracia Viva, el asesor de La Moneda, Miguel Crispi, señalo a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, como la persona que lo alertó sobre este tema antes de lo indicado por el gobierno. Crispi afirma haber tenido una conversación telefónica con Rojas el 7 de junio de 2023, en la que ella le proporcionó información sobre el presunto vínculo entre una fundación dirigida por Daniel Andrade y la seremi de Vivienda de la región de Antofagasta. Sin embargo, la versión de los hechos presentada por Rojas difiere de la de Crispi. En su segunda declaración ante el Ministerio Público, Rojas afirmó que fue ella quien decidió contactarse con Cristi y que le informó sobre la información disponible y las acciones que se estaban tomando al respecto. Según Tatiana, esta comunicación fue iniciativa suya y tenía como objetivo abrir un flanco de comunicación sobre el tema. La subsecretaria también cuestionó la postura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien ha afirmado que solo recibió una minuta de una carilla de parte de Rojas. Según ella, fue el 2 de mayo de 2023 cuando Montes comenzó a consultar sobre movimientos en la seremi de Antofagasta, específicamente sobre la posible contratación masiva de militantes de Revolución Democrática.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la medida de prisión preventiva para Kelly Betancourt Acosta, representante legal y presidenta de la fundación TomArte, en el marco del denominado Caso Convenios. La decisión fue tomada luego de una audiencia celebrada esta mañana, donde el tribunal consideró los argumentos presentados por el Ministerio Público, que formalizó a Betancourt por fraude al fisco reiterado y lavado de activos. El fiscal jefe, Cristian Aguilar Aranela, expuso ante el tribunal que los antecedentes son suficientes para presumir la participación de la imputada en los delitos investigados como autora. Además, se argumentó que su liberación representaría un peligro para la seguridad de la sociedad. Betancourt permanecerá en prisión preventiva durante el período de investigación, fijado en 75 días. Esta medida cautelar también afecta al exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras Gutiérrez, quien está formalizado en el mismo caso.
Medidas necesarias para salvaguardar sus garantías constitucionales es lo que exige la defensa de la directora de Tomarte, Kelly Betancourt, ante el Tribunal de Garantía, por una presunta vulneración de sus derechos en el centro penitenciario femenino de Antofagasta. Esto, porque según el abogado defensor Ricardo Escobar Plaza, la recientemente imputada por una arista del Caso Convenios, sufre de trastorno de ansiedad agudo y requiere tratamiento farmacológico, que incluye sertralina, quetiapina y clotiazepam, según un certificado médico con fecha del 25 de marzo de 2024. Asimismo resaltó la urgencia de suministrar estos medicamentos, mencionando que la imputada tuvo una crisis el día de su detención que requirió intervención por parte del personal de Gendarmería, y que existe un riesgo serio de autolesión. Ante esta situación, el Tribunal de Garantía resolvió solicitar al Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta que informe sobre el estado de salud de la imputada. Si así no se cumple con estas garantías, Ricardo Escobar citará en audiencia para ventilar esta situación. Fuente: SoyAntof