La Fiscalía Regional de Atacama informó al Juzgado de Garantía de Copiapó el cierre de la investigación correspondiente a la arista Fundación Comprometidos, en el marco del denominado caso Convenios. En esta causa figuran como imputados, entre otros, dos funcionarios del Gobierno Regional de Antofagasta. Con el cierre de esta etapa, el Ministerio Público se encuentra en condiciones de presentar la acusación formal, la que sería ingresada durante esta semana, una vez cumplido el plazo legal de diez días para este trámite judicial. Entre las personas involucradas se encuentran la exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh), Lizza Aravena; el actual jefe de dicha división, Ángel González; y el presidente de la fundación, Sebastián Duarte. Los tres enfrentan imputaciones por los delitos de fraude al Fisco, administración desleal y lavado de activos, en calidad de autores. La investigación se enmarca en un proyecto destinado a realizar esterilizaciones de mascotas en la comuna de Tocopilla, el cual, según la Fiscalía, presentó graves irregularidades en su tramitación. De acuerdo con la acusación, habría existido la intención de asegurar la aprobación de la iniciativa mediante la alteración de los procesos formales de postulación a recursos públicos. La tesis del Ministerio Público sostiene que existió una concertación previa entre funcionarios públicos y particulares, lo que habría incluido la intervención directa de los funcionarios en la elaboración del proyecto. En ese contexto, se indica que, a partir del 8 de septiembre de 2022, se produjo un intercambio de correos electrónicos en los que González y Aravena habrían realizado correcciones, sugerencias y modificaciones a los borradores de la propuesta. Asimismo, la acusación detalla que los funcionarios habrían influido en la definición del presupuesto del proyecto, el cual habría aumentado desde una propuesta inicial de 120 millones de pesos hasta un monto final de 144,2 millones de pesos. El caso forma parte de las investigaciones más amplias del denominado caso Convenios, que indaga eventuales irregularidades en la asignación de recursos públicos a fundaciones. Fuente: SoyAntofagasta
La Fiscalía Regional de Atacama informó al Juzgado de Garantía de Copiapó el cierre de la investigación correspondiente a la arista Fundación Comprometidos, en el marco del denominado caso Convenios. En esta causa figuran como imputados, entre otros, dos funcionarios del Gobierno Regional de Antofagasta. Con el cierre de esta etapa, el Ministerio Público se encuentra en condiciones de presentar la acusación formal, la que sería ingresada durante esta semana, una vez cumplido el plazo legal de diez días para este trámite judicial. Entre las personas involucradas se encuentran la exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh), Lizza Aravena; el actual jefe de dicha división, Ángel González; y el presidente de la fundación, Sebastián Duarte. Los tres enfrentan imputaciones por los delitos de fraude al Fisco, administración desleal y lavado de activos, en calidad de autores. La investigación se enmarca en un proyecto destinado a realizar esterilizaciones de mascotas en la comuna de Tocopilla, el cual, según la Fiscalía, presentó graves irregularidades en su tramitación. De acuerdo con la acusación, habría existido la intención de asegurar la aprobación de la iniciativa mediante la alteración de los procesos formales de postulación a recursos públicos. La tesis del Ministerio Público sostiene que existió una concertación previa entre funcionarios públicos y particulares, lo que habría incluido la intervención directa de los funcionarios en la elaboración del proyecto. En ese contexto, se indica que, a partir del 8 de septiembre de 2022, se produjo un intercambio de correos electrónicos en los que González y Aravena habrían realizado correcciones, sugerencias y modificaciones a los borradores de la propuesta. Asimismo, la acusación detalla que los funcionarios habrían influido en la definición del presupuesto del proyecto, el cual habría aumentado desde una propuesta inicial de 120 millones de pesos hasta un monto final de 144,2 millones de pesos. El caso forma parte de las investigaciones más amplias del denominado caso Convenios, que indaga eventuales irregularidades en la asignación de recursos públicos a fundaciones. Fuente: SoyAntofagasta