El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió acoger la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva, y ordenó reabrir la investigación en su contra por un plazo de 45 días. Con ello, la acusación presentada por la Fiscalía quedó sin efecto y deberá volver a formularse a finales de octubre. La defensa del exmilitante de Revolución Democrática argumentó que es necesario retomar diligencias que no habrían sido consideradas por el Ministerio Público. Entre ellas, se incluyen oficios al Servicio de Impuestos Internos para revisar el inicio de actividades de la fundación y su domicilio tributario, además de antecedentes solicitados a la Municipalidad de Ñuñoa y a una notaría de Santiago respecto de un contrato de arriendo que, según la reformalización del 12 de agosto, sería falso. Dicho documento habría servido para acreditar un domicilio ante el SII y obtener recursos del Programa de Asentamientos Precarios. El abogado defensor Diego Sporman valoró la decisión, señalando que permitirá acceder a más información, al considerar insuficientes los antecedentes actuales. En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, afirmó que el Ministerio Público se opuso a la reapertura, al sostener que todas las diligencias necesarias ya fueron practicadas. A raíz de este fallo, la audiencia de preparación de juicio oral que estaba programada para el 29 de septiembre quedó suspendida y será reagendada una vez concluido el nuevo plazo de investigación. El exintendente de Antofagasta y abogado querellante en el caso, Pablo Toloza, sostuvo que la reapertura de la investigación “solo genera un efecto desde el punto de vista que se atrasa el inicio del juicio como tal (...) no tiene otra connotación jurídica, toda vez que son antecedentes que existen y que se han tenido a la vista por parte de la Fiscalía”.
La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó un recurso de reposición contra la resolución del Juzgado de Garantía que fijó para el 8 de septiembre una audiencia destinada a revisar la eventual reapertura de la investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del denominado Caso Convenios. La solicitud de reapertura fue presentada por la defensa del exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, quien argumentó la existencia de un “hecho nuevo” surgido en la audiencia de reformalización del 12 de agosto, misma instancia en que el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación. En su escrito, la Fiscalía sostuvo que el antecedente invocado no cumple con las condiciones para ser considerado un hecho nuevo y calificó la petición como dilatoria e inconducente, señalando además que no se ajusta a lo establecido en el artículo 257 del Código Procesal Penal. Por ello, solicitó al tribunal rechazar la reapertura y anular la audiencia fijada para septiembre. El fiscal regional Juan Castro Bekios explicó que el objetivo del recurso es mantener el avance del proceso hacia la audiencia de preparación de juicio oral, ya programada para el 29 de septiembre, donde —dijo— las defensas tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas en un juicio público y contradictorio ante el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta. En esta causa, la Fiscalía ya presentó acusación contra siete imputados vinculados a las aristas investigadas.
La defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada desaforada Catalina Pérez, solicitó la reapertura de la investigación en su contra en el marco del caso Convenios, donde enfrenta cargos por presunto fraude al Fisco. El requerimiento fue ingresado el viernes 22 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, pocos días después de que el fiscal Cristián Aguilar presentara acusación solicitando una pena de 10 años de presidio para Andrade y otros tres imputados. La audiencia de preparación de juicio oral ya fue fijada por el tribunal. Según sus abogados, Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto, la solicitud se fundamenta en que durante la audiencia del 12 de agosto, cuando se comunicó el cierre de la investigación, la Fiscalía reformalizó cargos incorporando nuevos hechos, entre ellos un presunto contrato de arrendamiento falso en Ñuñoa para justificar el domicilio tributario de Democracia Viva ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La defensa calificó estas imputaciones como “superficiales, infundadas y carentes de respaldo probatorio” y solicitó diligencias como requerir al SII información sobre el inicio de actividades de la fundación y la documentación asociada. Asimismo, consideraron “inadmisible” que se cerrara la investigación el mismo día de la reformalización, afirmando que no se han agotado las indagatorias necesarias.
El Tribunal de Garantía de Antofagasta programó para el lunes 29 de septiembre, a las 8:30 horas, la audiencia de preparación del juicio oral en el marco del denominado Caso Convenios. La investigación involucra a siete imputados, entre ellos la diputada desaforada Catalina Pérez, acusados por presunta participación en delitos asociados a la suscripción y ejecución de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo durante 2022. De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía de Antofagasta, se imputan 12 delitos de fraude al Fisco y dos de lavado de activos. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, señaló que la indagatoria abarcó distintas aristas y derivó en la presentación de pruebas que serán expuestas en el juicio oral. El fiscal de la causa, Cristian Aguilar Aranela, detalló que la Fiscalía presentará 1.166 documentos, objetos y otros medios probatorios, además de los testimonios de 146 testigos y 10 peritos. Las penas solicitadas por el Ministerio Público varían entre 10 y 35 años de presidio, dependiendo de la eventual responsabilidad de cada imputado.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a la solicitud del Ministerio Público y determinó ampliar el plazo de investigación en el marco del caso Democracia Viva. La audiencia de cierre fue fijada para el próximo 12 de agosto. Según explicó el abogado querellante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Toloza, la ampliación fue solicitada debido a que aún se encuentran pendientes los resultados de cuatro diligencias ya realizadas. Toloza indicó que su parte ha respaldado cada solicitud de extensión del plazo, señalando que “es fundamental que al momento del cierre de la investigación e inicio del juicio, estén todas las pruebas para justificar la existencia del delito y la participación de cada uno de los imputados en este fraude”. El abogado también enfatizó la gravedad de los hechos investigados, indicando que a su juicio se ha atentado contra la fe pública y el uso adecuado de recursos fiscales, afectando especialmente a comunidades vulnerables que viven en asentamientos precarios en la región. Añadió que el objetivo es que, con todas las pruebas disponibles, se logren las penas más altas para los delitos imputados.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió acoger la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva, y ordenó reabrir la investigación en su contra por un plazo de 45 días. Con ello, la acusación presentada por la Fiscalía quedó sin efecto y deberá volver a formularse a finales de octubre. La defensa del exmilitante de Revolución Democrática argumentó que es necesario retomar diligencias que no habrían sido consideradas por el Ministerio Público. Entre ellas, se incluyen oficios al Servicio de Impuestos Internos para revisar el inicio de actividades de la fundación y su domicilio tributario, además de antecedentes solicitados a la Municipalidad de Ñuñoa y a una notaría de Santiago respecto de un contrato de arriendo que, según la reformalización del 12 de agosto, sería falso. Dicho documento habría servido para acreditar un domicilio ante el SII y obtener recursos del Programa de Asentamientos Precarios. El abogado defensor Diego Sporman valoró la decisión, señalando que permitirá acceder a más información, al considerar insuficientes los antecedentes actuales. En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, afirmó que el Ministerio Público se opuso a la reapertura, al sostener que todas las diligencias necesarias ya fueron practicadas. A raíz de este fallo, la audiencia de preparación de juicio oral que estaba programada para el 29 de septiembre quedó suspendida y será reagendada una vez concluido el nuevo plazo de investigación. El exintendente de Antofagasta y abogado querellante en el caso, Pablo Toloza, sostuvo que la reapertura de la investigación “solo genera un efecto desde el punto de vista que se atrasa el inicio del juicio como tal (...) no tiene otra connotación jurídica, toda vez que son antecedentes que existen y que se han tenido a la vista por parte de la Fiscalía”.
La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó un recurso de reposición contra la resolución del Juzgado de Garantía que fijó para el 8 de septiembre una audiencia destinada a revisar la eventual reapertura de la investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del denominado Caso Convenios. La solicitud de reapertura fue presentada por la defensa del exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, quien argumentó la existencia de un “hecho nuevo” surgido en la audiencia de reformalización del 12 de agosto, misma instancia en que el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación. En su escrito, la Fiscalía sostuvo que el antecedente invocado no cumple con las condiciones para ser considerado un hecho nuevo y calificó la petición como dilatoria e inconducente, señalando además que no se ajusta a lo establecido en el artículo 257 del Código Procesal Penal. Por ello, solicitó al tribunal rechazar la reapertura y anular la audiencia fijada para septiembre. El fiscal regional Juan Castro Bekios explicó que el objetivo del recurso es mantener el avance del proceso hacia la audiencia de preparación de juicio oral, ya programada para el 29 de septiembre, donde —dijo— las defensas tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas en un juicio público y contradictorio ante el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta. En esta causa, la Fiscalía ya presentó acusación contra siete imputados vinculados a las aristas investigadas.
La defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada desaforada Catalina Pérez, solicitó la reapertura de la investigación en su contra en el marco del caso Convenios, donde enfrenta cargos por presunto fraude al Fisco. El requerimiento fue ingresado el viernes 22 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, pocos días después de que el fiscal Cristián Aguilar presentara acusación solicitando una pena de 10 años de presidio para Andrade y otros tres imputados. La audiencia de preparación de juicio oral ya fue fijada por el tribunal. Según sus abogados, Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto, la solicitud se fundamenta en que durante la audiencia del 12 de agosto, cuando se comunicó el cierre de la investigación, la Fiscalía reformalizó cargos incorporando nuevos hechos, entre ellos un presunto contrato de arrendamiento falso en Ñuñoa para justificar el domicilio tributario de Democracia Viva ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La defensa calificó estas imputaciones como “superficiales, infundadas y carentes de respaldo probatorio” y solicitó diligencias como requerir al SII información sobre el inicio de actividades de la fundación y la documentación asociada. Asimismo, consideraron “inadmisible” que se cerrara la investigación el mismo día de la reformalización, afirmando que no se han agotado las indagatorias necesarias.
El Tribunal de Garantía de Antofagasta programó para el lunes 29 de septiembre, a las 8:30 horas, la audiencia de preparación del juicio oral en el marco del denominado Caso Convenios. La investigación involucra a siete imputados, entre ellos la diputada desaforada Catalina Pérez, acusados por presunta participación en delitos asociados a la suscripción y ejecución de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo durante 2022. De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía de Antofagasta, se imputan 12 delitos de fraude al Fisco y dos de lavado de activos. El fiscal regional, Juan Castro Bekios, señaló que la indagatoria abarcó distintas aristas y derivó en la presentación de pruebas que serán expuestas en el juicio oral. El fiscal de la causa, Cristian Aguilar Aranela, detalló que la Fiscalía presentará 1.166 documentos, objetos y otros medios probatorios, además de los testimonios de 146 testigos y 10 peritos. Las penas solicitadas por el Ministerio Público varían entre 10 y 35 años de presidio, dependiendo de la eventual responsabilidad de cada imputado.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a la solicitud del Ministerio Público y determinó ampliar el plazo de investigación en el marco del caso Democracia Viva. La audiencia de cierre fue fijada para el próximo 12 de agosto. Según explicó el abogado querellante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Toloza, la ampliación fue solicitada debido a que aún se encuentran pendientes los resultados de cuatro diligencias ya realizadas. Toloza indicó que su parte ha respaldado cada solicitud de extensión del plazo, señalando que “es fundamental que al momento del cierre de la investigación e inicio del juicio, estén todas las pruebas para justificar la existencia del delito y la participación de cada uno de los imputados en este fraude”. El abogado también enfatizó la gravedad de los hechos investigados, indicando que a su juicio se ha atentado contra la fe pública y el uso adecuado de recursos fiscales, afectando especialmente a comunidades vulnerables que viven en asentamientos precarios en la región. Añadió que el objetivo es que, con todas las pruebas disponibles, se logren las penas más altas para los delitos imputados.
