El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a la solicitud del Ministerio Público y determinó ampliar el plazo de investigación en el marco del caso Democracia Viva. La audiencia de cierre fue fijada para el próximo 12 de agosto. Según explicó el abogado querellante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Toloza, la ampliación fue solicitada debido a que aún se encuentran pendientes los resultados de cuatro diligencias ya realizadas. Toloza indicó que su parte ha respaldado cada solicitud de extensión del plazo, señalando que “es fundamental que al momento del cierre de la investigación e inicio del juicio, estén todas las pruebas para justificar la existencia del delito y la participación de cada uno de los imputados en este fraude”. El abogado también enfatizó la gravedad de los hechos investigados, indicando que a su juicio se ha atentado contra la fe pública y el uso adecuado de recursos fiscales, afectando especialmente a comunidades vulnerables que viven en asentamientos precarios en la región. Añadió que el objetivo es que, con todas las pruebas disponibles, se logren las penas más altas para los delitos imputados.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva, y la reemplazó por arresto domiciliario nocturno. La resolución, adoptada por la Segunda Sala del tribunal, permitirá que Andrade transite libremente durante el día mientras continúa siendo investigado por presunto fraude al fisco en el marco del denominado Caso Convenios. La causa involucra a cuatro personas formalizadas, entre ellas la diputada desaforada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática), quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado y permanece con arresto domiciliario total. También está imputada Paz Fuica, exconcejal de Antofagasta, bajo la misma medida cautelar. El más comprometido judicialmente es Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con corrupción y se encuentra en prisión preventiva. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos se originan en la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda —cuando era dirigida por Contreras— y la Fundación Democracia Viva, entonces liderada por Andrade. Estos contratos permitieron el traspaso de $426 millones para trabajos en campamentos, los cuales, según la Fiscalía, se habrían ejecutado de forma irregular. Durante la formalización de la diputada Pérez, se expuso que habría intervenido directamente para favorecer a la fundación, pese a que esta no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia. También se señaló la utilización de un contrato de arriendo falso para inscribir un domicilio en Ñuñoa, presuntamente con conocimiento de la parlamentaria, quien incluso habría ofrecido dinero a Andrade para mantener la versión oficial sobre dicha dirección.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
La Fiscalía Regional presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de modificar la medida cautelar impuesta a la diputada Catalina Pérez, actualmente bajo arresto domiciliario total. La parlamentaria fue formalizada por su presunta participación en delitos de fraude al fisco en el marco del caso vinculado a la fundación Democracia Viva. El recurso fue ingresado el pasado viernes, al borde del plazo legal, y busca revertir la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta que, el lunes 17 de mayo, rechazó la solicitud de prisión preventiva. En dicha audiencia, la magistrada Claudia Campusano argumentó que debía resguardarse la proporcionalidad con respecto a las medidas dictadas para otros imputados del caso, como Daniel Andrade —ex pareja de Pérez y ex representante legal de la fundación—, quien quedó con medidas cautelares de menor gravedad. Paralelamente, la defensa de la diputada también presentó una solicitud de revisión de medidas. El abogado Gonzalo Medina manifestó que, si bien valoran que se haya rechazado la prisión preventiva, mantienen la postura de que Pérez es inocente y solicitaron que el arresto domiciliario total sea sustituido por firma mensual y arraigo nacional. Fuente: SoyAntof
Este lunes se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez, tras la confirmación de su desafuero por parte de la Corte Suprema el pasado 7 de abril. El máximo tribunal del país respaldó así lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. De esta manera y a lo largo de la o las jornadas, se sabrá la aplicación de medidas cautelares que podría imponerse a la diputada. Recordemos que Pérez estaría involucrada tres delitos de fraude al fisco, en el marco de la investigación correspondiente a la arista Democracia Viva, parte del denominado Caso Convenios. La parlamentaria habría tenido participación en la firma de tres convenios del Programa de Asentamientos Precarios, suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entonces dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la legisladora. Fuente: SoyAntof
El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a la solicitud del Ministerio Público y determinó ampliar el plazo de investigación en el marco del caso Democracia Viva. La audiencia de cierre fue fijada para el próximo 12 de agosto. Según explicó el abogado querellante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Toloza, la ampliación fue solicitada debido a que aún se encuentran pendientes los resultados de cuatro diligencias ya realizadas. Toloza indicó que su parte ha respaldado cada solicitud de extensión del plazo, señalando que “es fundamental que al momento del cierre de la investigación e inicio del juicio, estén todas las pruebas para justificar la existencia del delito y la participación de cada uno de los imputados en este fraude”. El abogado también enfatizó la gravedad de los hechos investigados, indicando que a su juicio se ha atentado contra la fe pública y el uso adecuado de recursos fiscales, afectando especialmente a comunidades vulnerables que viven en asentamientos precarios en la región. Añadió que el objetivo es que, con todas las pruebas disponibles, se logren las penas más altas para los delitos imputados.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva, y la reemplazó por arresto domiciliario nocturno. La resolución, adoptada por la Segunda Sala del tribunal, permitirá que Andrade transite libremente durante el día mientras continúa siendo investigado por presunto fraude al fisco en el marco del denominado Caso Convenios. La causa involucra a cuatro personas formalizadas, entre ellas la diputada desaforada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática), quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado y permanece con arresto domiciliario total. También está imputada Paz Fuica, exconcejal de Antofagasta, bajo la misma medida cautelar. El más comprometido judicialmente es Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con corrupción y se encuentra en prisión preventiva. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos se originan en la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda —cuando era dirigida por Contreras— y la Fundación Democracia Viva, entonces liderada por Andrade. Estos contratos permitieron el traspaso de $426 millones para trabajos en campamentos, los cuales, según la Fiscalía, se habrían ejecutado de forma irregular. Durante la formalización de la diputada Pérez, se expuso que habría intervenido directamente para favorecer a la fundación, pese a que esta no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia. También se señaló la utilización de un contrato de arriendo falso para inscribir un domicilio en Ñuñoa, presuntamente con conocimiento de la parlamentaria, quien incluso habría ofrecido dinero a Andrade para mantener la versión oficial sobre dicha dirección.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
La Fiscalía Regional presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de modificar la medida cautelar impuesta a la diputada Catalina Pérez, actualmente bajo arresto domiciliario total. La parlamentaria fue formalizada por su presunta participación en delitos de fraude al fisco en el marco del caso vinculado a la fundación Democracia Viva. El recurso fue ingresado el pasado viernes, al borde del plazo legal, y busca revertir la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta que, el lunes 17 de mayo, rechazó la solicitud de prisión preventiva. En dicha audiencia, la magistrada Claudia Campusano argumentó que debía resguardarse la proporcionalidad con respecto a las medidas dictadas para otros imputados del caso, como Daniel Andrade —ex pareja de Pérez y ex representante legal de la fundación—, quien quedó con medidas cautelares de menor gravedad. Paralelamente, la defensa de la diputada también presentó una solicitud de revisión de medidas. El abogado Gonzalo Medina manifestó que, si bien valoran que se haya rechazado la prisión preventiva, mantienen la postura de que Pérez es inocente y solicitaron que el arresto domiciliario total sea sustituido por firma mensual y arraigo nacional. Fuente: SoyAntof
Este lunes se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez, tras la confirmación de su desafuero por parte de la Corte Suprema el pasado 7 de abril. El máximo tribunal del país respaldó así lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. De esta manera y a lo largo de la o las jornadas, se sabrá la aplicación de medidas cautelares que podría imponerse a la diputada. Recordemos que Pérez estaría involucrada tres delitos de fraude al fisco, en el marco de la investigación correspondiente a la arista Democracia Viva, parte del denominado Caso Convenios. La parlamentaria habría tenido participación en la firma de tres convenios del Programa de Asentamientos Precarios, suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entonces dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la legisladora. Fuente: SoyAntof
