La Fiscalía Local de Antofagasta se prepara para la audiencia de reformalización contra los imputados Carlos Contreras, exseremi de Vivienda, la concejala Paz Fuica, y Daniel Andrade, exrepresentante de la fundación Democracia Viva. El espacio jurídico tiene como objetivo formalizar estos nuevos cargos y ajustar las medidas cautelares correspondientes a cada imputado en este caso. El Tribunal de Garantía programó la audiencia para este jueves a las 08:30 horas, ante la existencia de tres nuevos delitos de fraude al Fisco descubiertos durante la investigación. Tal como escribe SoyAntofagasta, Carlos Contreras que actualmente en la cárcel de Antofagasta por el caso Tomarte, participará en la reformalización de manera remota. Paz Fuica y Daniel Andrade deberán asistir de forma presencial, dado que están bajo medidas cautelares menos restrictivas.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió reasignar la investigación del caso relacionado con la Fundación Procultura al fiscal Patricio Cooper Monti, quien actualmente encabeza la Fiscalía Regional de Coquimbo. Esta decisión marca un cambio significativo en el curso de las investigaciones, que hasta ahora estaban bajo la jurisdicción de la Fiscalía Regional de Aysén, dirigida por el fiscal Carlos Palma. Desde diciembre del año pasado, las pesquisas sobre la Fundación Procultura han involucrado a múltiples regiones del país, incluyendo Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes, todas coordinadas desde Aysén. El fiscal Patricio Cooper Monti ahora liderará esta indagatoria, con la facultad de designar fiscales adjuntos en cada región según lo considere necesario para avanzar en la investigación. Esta medida busca fortalecer y concentrar los esfuerzos de la fiscalía en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso de interés nacional.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido extender a 60 días el plazo de cierre de investigación en la arista judicial relacionada con un convenio de más de $400 millones entre la fundación Democracia Viva y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta (Serviu). Este convenio, dirigido por Daniel Andrade de Democracia Viva y Carlos Contreras, ex asesor del diputado Catalina Pérez, ha generado una serie de diligencias pendientes según argumentó la Fiscalía. Éstas incluyen la declaración de testigos aún no escuchados, trámites solicitados a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, informes periciales contables y el análisis de evidencia incautada durante la investigación. Ambos involucrados, Andrade en arresto domiciliario y Contreras en prisión preventiva, esperan el término de estas indagatorias, que podrían determinar su responsabilidad en los presuntos delitos de fraude al Fisco. Andrade niega haber utilizado los fondos del convenio para gastos personales, mientras que Contreras, desde la cárcel, ha manifestado su colaboración con el Ministerio Público y también niega su participación en los delitos imputados. Fuente: La Tercera
Desde la cárcel de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva por su implicación en la arista TomArte, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras se ha comprometido a colaborar con la investigación del Ministerio Público sobre irregularidades en la gestión de fondos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). La investigación se centra en la falta inicial de reintegración de más de $5.000 millones al Gobierno Regional (Gore), bajo el convenio “Más Vivienda y Mejores Barrios”. Según informó la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, los fondos fueron finalmente devueltos al Gore el viernes 14 de junio. En una carta dirigida a La Tercera, Contreras afirmó: “Por cumplir con mi palabra declarada, aportaré antecedentes recopilados durante mi gestión a la investigación que el Ministerio Público inició recientemente contra el Serviu. Espero con esto poder colaborar con el esclarecimiento de la verdad, y que de esta forma se establezcan todas las responsabilidades de quienes cometen irregularidades e ilegalidades dentro de Serviu”. El exmilitante de Revolución Democrática, quien lleva siete meses privado de libertad, también expresó en su carta su compromiso previo con dirigentes de campamentos afectados por el caso Convenios. Según él, se comprometió personalmente con ellos asegurándoles que no había cometido irregularidades con los recursos destinados a sus necesidades. Contreras destacó el apoyo recibido de estos dirigentes y subrayó su dedicación en el terreno durante un año para resolver sus problemas. En relación con las acusaciones en su contra, Contreras declaró que lleva siete meses privado de libertad erróneamente, acusado de fraude por procedimientos y condiciones respecto al trabajo con fundaciones, todas prácticas implementadas desde 2019 por la jefatura nacional y regional de Asentamientos Precarios, esta última alojada en el cuestionado Serviu de Antofagasta. Han sido meses de revisión de documentos y declaraciones tanto para colaborar con la investigación como para defenderme de lo que falsa o erróneamente se me imputa”.
Un informe solicitado por autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con el propósito de esclarecer el proceso de cierre del convenio Más Vivienda y Mejores Barrios 2015 – 2023, firmado con el Gobierno Regional de Antofagasta, proporcionó detalles cruciales sobre la continuidad de la relación entre ambas instituciones. El documento, remitido a las autoridades regionales en horas recientes, establece que el ministerio reintegrará al Gobierno Regional un monto de $5.886 millones, correspondiente al saldo del convenio, en concordancia con un procedimiento regular de cierre de este tipo de acuerdos. No obstante, el Minvu ha dispuesto la apertura de un sumario administrativo debido a las demoras registradas en los procesos de Serviu. El objetivo es esclarecer las posibles responsabilidades administrativas en la gestión del convenio, especialmente en lo relativo al resguardo y orden de la documentación. El informe destaca dificultades de acceso a la información por parte de algunos funcionarios de Serviu, así como la falta de documentación que acredite la realización de reuniones de seguimiento indicadas en el convenio. También señala la ausencia de información necesaria para aclarar las diferencias en los registros de decretos modificatorios. A pesar de las deficiencias mencionadas, la investigación destaca la colaboración proactiva de un grupo de funcionarios de la región, cuya información ha permitido avanzar en la revisión. Fuente: Timeline
La Fiscalía Local de Antofagasta se prepara para la audiencia de reformalización contra los imputados Carlos Contreras, exseremi de Vivienda, la concejala Paz Fuica, y Daniel Andrade, exrepresentante de la fundación Democracia Viva. El espacio jurídico tiene como objetivo formalizar estos nuevos cargos y ajustar las medidas cautelares correspondientes a cada imputado en este caso. El Tribunal de Garantía programó la audiencia para este jueves a las 08:30 horas, ante la existencia de tres nuevos delitos de fraude al Fisco descubiertos durante la investigación. Tal como escribe SoyAntofagasta, Carlos Contreras que actualmente en la cárcel de Antofagasta por el caso Tomarte, participará en la reformalización de manera remota. Paz Fuica y Daniel Andrade deberán asistir de forma presencial, dado que están bajo medidas cautelares menos restrictivas.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió reasignar la investigación del caso relacionado con la Fundación Procultura al fiscal Patricio Cooper Monti, quien actualmente encabeza la Fiscalía Regional de Coquimbo. Esta decisión marca un cambio significativo en el curso de las investigaciones, que hasta ahora estaban bajo la jurisdicción de la Fiscalía Regional de Aysén, dirigida por el fiscal Carlos Palma. Desde diciembre del año pasado, las pesquisas sobre la Fundación Procultura han involucrado a múltiples regiones del país, incluyendo Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes, todas coordinadas desde Aysén. El fiscal Patricio Cooper Monti ahora liderará esta indagatoria, con la facultad de designar fiscales adjuntos en cada región según lo considere necesario para avanzar en la investigación. Esta medida busca fortalecer y concentrar los esfuerzos de la fiscalía en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso de interés nacional.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha decidido extender a 60 días el plazo de cierre de investigación en la arista judicial relacionada con un convenio de más de $400 millones entre la fundación Democracia Viva y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta (Serviu). Este convenio, dirigido por Daniel Andrade de Democracia Viva y Carlos Contreras, ex asesor del diputado Catalina Pérez, ha generado una serie de diligencias pendientes según argumentó la Fiscalía. Éstas incluyen la declaración de testigos aún no escuchados, trámites solicitados a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, informes periciales contables y el análisis de evidencia incautada durante la investigación. Ambos involucrados, Andrade en arresto domiciliario y Contreras en prisión preventiva, esperan el término de estas indagatorias, que podrían determinar su responsabilidad en los presuntos delitos de fraude al Fisco. Andrade niega haber utilizado los fondos del convenio para gastos personales, mientras que Contreras, desde la cárcel, ha manifestado su colaboración con el Ministerio Público y también niega su participación en los delitos imputados. Fuente: La Tercera
Desde la cárcel de Antofagasta, donde cumple prisión preventiva por su implicación en la arista TomArte, el exseremi de Vivienda Carlos Contreras se ha comprometido a colaborar con la investigación del Ministerio Público sobre irregularidades en la gestión de fondos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). La investigación se centra en la falta inicial de reintegración de más de $5.000 millones al Gobierno Regional (Gore), bajo el convenio “Más Vivienda y Mejores Barrios”. Según informó la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, los fondos fueron finalmente devueltos al Gore el viernes 14 de junio. En una carta dirigida a La Tercera, Contreras afirmó: “Por cumplir con mi palabra declarada, aportaré antecedentes recopilados durante mi gestión a la investigación que el Ministerio Público inició recientemente contra el Serviu. Espero con esto poder colaborar con el esclarecimiento de la verdad, y que de esta forma se establezcan todas las responsabilidades de quienes cometen irregularidades e ilegalidades dentro de Serviu”. El exmilitante de Revolución Democrática, quien lleva siete meses privado de libertad, también expresó en su carta su compromiso previo con dirigentes de campamentos afectados por el caso Convenios. Según él, se comprometió personalmente con ellos asegurándoles que no había cometido irregularidades con los recursos destinados a sus necesidades. Contreras destacó el apoyo recibido de estos dirigentes y subrayó su dedicación en el terreno durante un año para resolver sus problemas. En relación con las acusaciones en su contra, Contreras declaró que lleva siete meses privado de libertad erróneamente, acusado de fraude por procedimientos y condiciones respecto al trabajo con fundaciones, todas prácticas implementadas desde 2019 por la jefatura nacional y regional de Asentamientos Precarios, esta última alojada en el cuestionado Serviu de Antofagasta. Han sido meses de revisión de documentos y declaraciones tanto para colaborar con la investigación como para defenderme de lo que falsa o erróneamente se me imputa”.
Un informe solicitado por autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con el propósito de esclarecer el proceso de cierre del convenio Más Vivienda y Mejores Barrios 2015 – 2023, firmado con el Gobierno Regional de Antofagasta, proporcionó detalles cruciales sobre la continuidad de la relación entre ambas instituciones. El documento, remitido a las autoridades regionales en horas recientes, establece que el ministerio reintegrará al Gobierno Regional un monto de $5.886 millones, correspondiente al saldo del convenio, en concordancia con un procedimiento regular de cierre de este tipo de acuerdos. No obstante, el Minvu ha dispuesto la apertura de un sumario administrativo debido a las demoras registradas en los procesos de Serviu. El objetivo es esclarecer las posibles responsabilidades administrativas en la gestión del convenio, especialmente en lo relativo al resguardo y orden de la documentación. El informe destaca dificultades de acceso a la información por parte de algunos funcionarios de Serviu, así como la falta de documentación que acredite la realización de reuniones de seguimiento indicadas en el convenio. También señala la ausencia de información necesaria para aclarar las diferencias en los registros de decretos modificatorios. A pesar de las deficiencias mencionadas, la investigación destaca la colaboración proactiva de un grupo de funcionarios de la región, cuya información ha permitido avanzar en la revisión. Fuente: Timeline
