La diputada desaforada por Antofagasta, Catalina Pérez, aún no ha podido ser notificada para la audiencia de formalización de cargos en su contra por el caso Democracia Viva, programada para el próximo 12 de mayo. Según informó el canal 24 Horas, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, planteó la necesidad de reiterar la notificación a la parlamentaria durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía, en el marco de la arista Fusupo del mismo caso. De acuerdo con lo expuesto, no ha sido posible contactar a Pérez en el domicilio que mantiene registrado en Antofagasta, y vecinos del sector tampoco han respondido a los intentos de comunicación. Ante esta situación, la jueza a cargo ordenó reiterar el intento de notificación. En caso de que esta diligencia no se concrete antes de la audiencia, existe la posibilidad de que se emita una orden de detención contra la diputada. Fuente: Timeline
La Fiscalía de Atacama formalizará este lunes a cinco personas por delitos de corrupción en el marco del denominado Caso Convenios, específicamente en la arista relacionada con la Fundación Comprometidos, originada en Copiapó. La causa, dirigida por el fiscal Luis Miranda Flores, involucra a funcionarios públicos, algunos vinculados al Partido Radical y al Partido Socialista. Según información de Informe Especial, y basada en una resolución del Juzgado de Garantía de Copiapó del 21 de abril, los nuevos imputados deberán presentarse obligatoriamente en la audiencia, bajo advertencia de orden de detención en caso de inasistencia injustificada. Entre los formalizados figuran Lizza Aravena Briceño, exjefa del Fosis en Antofagasta y exjefa de gabinete del gobernador Ricardo Díaz; el abogado David Blanco Urzúa, quien además era jurista de la Fundación Comprometidos; Hugo Landauro Henríquez, contralor de la ONG; Ramiro Moreno Valenzuela, funcionario del Gobierno Regional de Arica; y Ángel González Salvatierra, militante socialista y trabajador del GORE de Antofagasta. La Fundación Comprometidos recibió $190 millones para un proyecto de entrega de agua en campamentos de Copiapó. Además, la investigación indaga otros traspasos de fondos en Antofagasta y Arica, como $144 millones para un programa de esterilización de mascotas en Tocopilla y más de $246 millones para atenciones veterinarias en Arica. Fuente: SoyAntof
La Fiscalía de Antofagasta ha solicitado la ampliación de las pesquisas en el caso Democracia Viva, relacionado con presuntas irregularidades financieras entre fundaciones y entidades públicas. La solicitud está siendo evaluada desde las 08:30 horas por el Tribunal de Garantía. Los querellantes han expresado su apoyo a esta petición, argumentando que han surgido nuevos antecedentes relevantes para la investigación. El abogado querellante, Pablo Toloza, destacó la importancia de mantener en secreto las conversaciones obtenidas del teléfono celular de Daniel Andrade, mencionando el vínculo con su expareja, la diputada Catalina Pérez. Estos antecedentes, que involucran conversaciones por WhatsApp entre Andrade y Pérez, se suman a la evidencia recientemente incorporada al caso. La investigación, liderada por el fiscal Cristián Aguilar, lleva más de un año y cinco meses de indagación. Durante este tiempo, la Fiscalía ha agrupado las pesquisas relacionadas con otras tres fundaciones, involucrando a los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; el exdirector de Democracia Viva, y la concejala Paz Fuica. Carlos Contreras, en una carta publicada por La Tercera, cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía, acusando una falta de objetividad en la investigación. Según Contreras, el Ministerio Público ha omitido información clave y no ha profundizado en posibles pruebas que podrían aclarar el caso, como el informe entregado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas a autoridades de La Moneda. Además, negó las acusaciones de tráfico de influencias que vincularían a la diputada Catalina Pérez con los hechos investigados.
La diputada Catalina Pérez presentó su renuncia al Frente Amplio (FA) el 15 de noviembre, después de 10 años de militancia en la coalición. A través de un comunicado, la parlamentaria expresó que su decisión fue tomada tras un proceso de profunda reflexión y con la convicción de que es momento de enfocar sus esfuerzos en su región de Antofagasta. Pérez, quien en su trayectoria fue militante de Revolución Democrática (RD) y luego participó en la fusión de esta agrupación con Convergencia Social, había sido suspendida por un año de RD tras el escándalo del Caso Democracia Viva. La relación con su partido fue marcada por tensiones, y recientemente, la diputada Yeomans (FA) había solicitado sanciones contra Pérez debido a nuevos antecedentes revelados en mensajes de WhatsApp que forman parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público. [Tengo] la convicción de que, hoy más que nunca, necesito dedicar mis energías a mi región de Antofagasta, su gente, sus calles y sus inmensas desigualdades. Nos seguiremos encontrando ahí dónde siempre ha importado estar, en el territorio, trabajando codo a codo con las comunidades, escribe el comunicado.
Una serie de conversaciones extraídas de más de 10 mil páginas de la carpeta investigativa sobre el convenio entre la fundación Democracia Viva, vinculada al partido Revolución Democrática (RD), y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta por más de $400 millones, ha generado nuevos cuestionamientos sobre el conocimiento de la diputada Catalina Pérez (FA) respecto al manejo de los fondos. Según un informe publicado por el diario La Segunda, los mensajes revelan intercambios entre los principales involucrados en el caso: Edson Dettoni, secretario ejecutivo de RD; Daniel Andrade, exlíder del partido y representante de la fundación; y la diputada Pérez, quien en un principio había afirmado desconocer el asunto hasta que este salió a la luz públicamente. En los chats, se observa cómo Andrade y Dettoni discutían detalles sobre la gestión del convenio, mientras que Pérez aparecía en las conversaciones, lo que sugiere que podría haber estado al tanto del acuerdo. En un mensaje, Andrade le relató a Dettoni sobre una conversación con la diputada, señalando: “No le tomamos peso con la Cata (Pérez). En algún momento lo conversamos en la cama, antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro gran error. Me siento fatal por la wea”. Esta declaración ha sido interpretada como una evidencia de que Pérez tenía conocimiento de los detalles del convenio. Preocupada por su posible implicación, Pérez envió un mensaje a Dettoni en el que le expresó: “Soy una afiliada involucrada”. La respuesta de Dettoni fue tajante: “Tú no”. Sin embargo, Pérez insistió: “Pero si la nota que envían me involucra pu, porque no sé si contribuye mucho al objetivo de cuidado”, sugiriendo su preocupación por cómo su nombre podría verse involucrado en la controversia. En otro mensaje, Dettoni sugirió que si solo se mencionaban los nombres de otros involucrados, como Carlos Contreras y Daniel Andrade, el nombre de Pérez quedaría fuera de la controversia. Esta interacción ha generado aún más interrogantes sobre el nivel de conocimiento y participación de la diputada en el manejo del convenio. Además, una conversación fechada el 30 de mayo reveló un intercambio entre Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, y Paloma Larraín, encargada del equipo territorial de Pérez. En este chat, Contreras solicitó borrar ciertos mensajes, siguiendo una recomendación de Larraín de trasladar la conversación a una aplicación más segura, lo que añade una capa de complejidad al caso. El material extraído por la Policía de Investigaciones también muestra que Andrade y Dettoni discutían cómo justificar los pagos realizados a través del convenio y cómo enfrentarse a los cuestionamientos sobre el proceso. Dettoni sugirió la creación de un relato basado en documentos de respaldo, mientras que Andrade trataba de minimizar las irregularidades. Con información de: Timeline
La diputada desaforada por Antofagasta, Catalina Pérez, aún no ha podido ser notificada para la audiencia de formalización de cargos en su contra por el caso Democracia Viva, programada para el próximo 12 de mayo. Según informó el canal 24 Horas, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, planteó la necesidad de reiterar la notificación a la parlamentaria durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía, en el marco de la arista Fusupo del mismo caso. De acuerdo con lo expuesto, no ha sido posible contactar a Pérez en el domicilio que mantiene registrado en Antofagasta, y vecinos del sector tampoco han respondido a los intentos de comunicación. Ante esta situación, la jueza a cargo ordenó reiterar el intento de notificación. En caso de que esta diligencia no se concrete antes de la audiencia, existe la posibilidad de que se emita una orden de detención contra la diputada. Fuente: Timeline
La Fiscalía de Atacama formalizará este lunes a cinco personas por delitos de corrupción en el marco del denominado Caso Convenios, específicamente en la arista relacionada con la Fundación Comprometidos, originada en Copiapó. La causa, dirigida por el fiscal Luis Miranda Flores, involucra a funcionarios públicos, algunos vinculados al Partido Radical y al Partido Socialista. Según información de Informe Especial, y basada en una resolución del Juzgado de Garantía de Copiapó del 21 de abril, los nuevos imputados deberán presentarse obligatoriamente en la audiencia, bajo advertencia de orden de detención en caso de inasistencia injustificada. Entre los formalizados figuran Lizza Aravena Briceño, exjefa del Fosis en Antofagasta y exjefa de gabinete del gobernador Ricardo Díaz; el abogado David Blanco Urzúa, quien además era jurista de la Fundación Comprometidos; Hugo Landauro Henríquez, contralor de la ONG; Ramiro Moreno Valenzuela, funcionario del Gobierno Regional de Arica; y Ángel González Salvatierra, militante socialista y trabajador del GORE de Antofagasta. La Fundación Comprometidos recibió $190 millones para un proyecto de entrega de agua en campamentos de Copiapó. Además, la investigación indaga otros traspasos de fondos en Antofagasta y Arica, como $144 millones para un programa de esterilización de mascotas en Tocopilla y más de $246 millones para atenciones veterinarias en Arica. Fuente: SoyAntof
La Fiscalía de Antofagasta ha solicitado la ampliación de las pesquisas en el caso Democracia Viva, relacionado con presuntas irregularidades financieras entre fundaciones y entidades públicas. La solicitud está siendo evaluada desde las 08:30 horas por el Tribunal de Garantía. Los querellantes han expresado su apoyo a esta petición, argumentando que han surgido nuevos antecedentes relevantes para la investigación. El abogado querellante, Pablo Toloza, destacó la importancia de mantener en secreto las conversaciones obtenidas del teléfono celular de Daniel Andrade, mencionando el vínculo con su expareja, la diputada Catalina Pérez. Estos antecedentes, que involucran conversaciones por WhatsApp entre Andrade y Pérez, se suman a la evidencia recientemente incorporada al caso. La investigación, liderada por el fiscal Cristián Aguilar, lleva más de un año y cinco meses de indagación. Durante este tiempo, la Fiscalía ha agrupado las pesquisas relacionadas con otras tres fundaciones, involucrando a los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; el exdirector de Democracia Viva, y la concejala Paz Fuica. Carlos Contreras, en una carta publicada por La Tercera, cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía, acusando una falta de objetividad en la investigación. Según Contreras, el Ministerio Público ha omitido información clave y no ha profundizado en posibles pruebas que podrían aclarar el caso, como el informe entregado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas a autoridades de La Moneda. Además, negó las acusaciones de tráfico de influencias que vincularían a la diputada Catalina Pérez con los hechos investigados.
La diputada Catalina Pérez presentó su renuncia al Frente Amplio (FA) el 15 de noviembre, después de 10 años de militancia en la coalición. A través de un comunicado, la parlamentaria expresó que su decisión fue tomada tras un proceso de profunda reflexión y con la convicción de que es momento de enfocar sus esfuerzos en su región de Antofagasta. Pérez, quien en su trayectoria fue militante de Revolución Democrática (RD) y luego participó en la fusión de esta agrupación con Convergencia Social, había sido suspendida por un año de RD tras el escándalo del Caso Democracia Viva. La relación con su partido fue marcada por tensiones, y recientemente, la diputada Yeomans (FA) había solicitado sanciones contra Pérez debido a nuevos antecedentes revelados en mensajes de WhatsApp que forman parte de la carpeta investigativa del Ministerio Público. [Tengo] la convicción de que, hoy más que nunca, necesito dedicar mis energías a mi región de Antofagasta, su gente, sus calles y sus inmensas desigualdades. Nos seguiremos encontrando ahí dónde siempre ha importado estar, en el territorio, trabajando codo a codo con las comunidades, escribe el comunicado.
Una serie de conversaciones extraídas de más de 10 mil páginas de la carpeta investigativa sobre el convenio entre la fundación Democracia Viva, vinculada al partido Revolución Democrática (RD), y la SEREMI de Vivienda de Antofagasta por más de $400 millones, ha generado nuevos cuestionamientos sobre el conocimiento de la diputada Catalina Pérez (FA) respecto al manejo de los fondos. Según un informe publicado por el diario La Segunda, los mensajes revelan intercambios entre los principales involucrados en el caso: Edson Dettoni, secretario ejecutivo de RD; Daniel Andrade, exlíder del partido y representante de la fundación; y la diputada Pérez, quien en un principio había afirmado desconocer el asunto hasta que este salió a la luz públicamente. En los chats, se observa cómo Andrade y Dettoni discutían detalles sobre la gestión del convenio, mientras que Pérez aparecía en las conversaciones, lo que sugiere que podría haber estado al tanto del acuerdo. En un mensaje, Andrade le relató a Dettoni sobre una conversación con la diputada, señalando: “No le tomamos peso con la Cata (Pérez). En algún momento lo conversamos en la cama, antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro gran error. Me siento fatal por la wea”. Esta declaración ha sido interpretada como una evidencia de que Pérez tenía conocimiento de los detalles del convenio. Preocupada por su posible implicación, Pérez envió un mensaje a Dettoni en el que le expresó: “Soy una afiliada involucrada”. La respuesta de Dettoni fue tajante: “Tú no”. Sin embargo, Pérez insistió: “Pero si la nota que envían me involucra pu, porque no sé si contribuye mucho al objetivo de cuidado”, sugiriendo su preocupación por cómo su nombre podría verse involucrado en la controversia. En otro mensaje, Dettoni sugirió que si solo se mencionaban los nombres de otros involucrados, como Carlos Contreras y Daniel Andrade, el nombre de Pérez quedaría fuera de la controversia. Esta interacción ha generado aún más interrogantes sobre el nivel de conocimiento y participación de la diputada en el manejo del convenio. Además, una conversación fechada el 30 de mayo reveló un intercambio entre Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, y Paloma Larraín, encargada del equipo territorial de Pérez. En este chat, Contreras solicitó borrar ciertos mensajes, siguiendo una recomendación de Larraín de trasladar la conversación a una aplicación más segura, lo que añade una capa de complejidad al caso. El material extraído por la Policía de Investigaciones también muestra que Andrade y Dettoni discutían cómo justificar los pagos realizados a través del convenio y cómo enfrentarse a los cuestionamientos sobre el proceso. Dettoni sugirió la creación de un relato basado en documentos de respaldo, mientras que Andrade trataba de minimizar las irregularidades. Con información de: Timeline
