La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva, y la reemplazó por arresto domiciliario nocturno. La resolución, adoptada por la Segunda Sala del tribunal, permitirá que Andrade transite libremente durante el día mientras continúa siendo investigado por presunto fraude al fisco en el marco del denominado Caso Convenios. La causa involucra a cuatro personas formalizadas, entre ellas la diputada desaforada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática), quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado y permanece con arresto domiciliario total. También está imputada Paz Fuica, exconcejal de Antofagasta, bajo la misma medida cautelar. El más comprometido judicialmente es Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con corrupción y se encuentra en prisión preventiva. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos se originan en la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda —cuando era dirigida por Contreras— y la Fundación Democracia Viva, entonces liderada por Andrade. Estos contratos permitieron el traspaso de $426 millones para trabajos en campamentos, los cuales, según la Fiscalía, se habrían ejecutado de forma irregular. Durante la formalización de la diputada Pérez, se expuso que habría intervenido directamente para favorecer a la fundación, pese a que esta no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia. También se señaló la utilización de un contrato de arriendo falso para inscribir un domicilio en Ñuñoa, presuntamente con conocimiento de la parlamentaria, quien incluso habría ofrecido dinero a Andrade para mantener la versión oficial sobre dicha dirección.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
La Fiscalía Regional presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de modificar la medida cautelar impuesta a la diputada Catalina Pérez, actualmente bajo arresto domiciliario total. La parlamentaria fue formalizada por su presunta participación en delitos de fraude al fisco en el marco del caso vinculado a la fundación Democracia Viva. El recurso fue ingresado el pasado viernes, al borde del plazo legal, y busca revertir la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta que, el lunes 17 de mayo, rechazó la solicitud de prisión preventiva. En dicha audiencia, la magistrada Claudia Campusano argumentó que debía resguardarse la proporcionalidad con respecto a las medidas dictadas para otros imputados del caso, como Daniel Andrade —ex pareja de Pérez y ex representante legal de la fundación—, quien quedó con medidas cautelares de menor gravedad. Paralelamente, la defensa de la diputada también presentó una solicitud de revisión de medidas. El abogado Gonzalo Medina manifestó que, si bien valoran que se haya rechazado la prisión preventiva, mantienen la postura de que Pérez es inocente y solicitaron que el arresto domiciliario total sea sustituido por firma mensual y arraigo nacional. Fuente: SoyAntof
Este lunes se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez, tras la confirmación de su desafuero por parte de la Corte Suprema el pasado 7 de abril. El máximo tribunal del país respaldó así lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. De esta manera y a lo largo de la o las jornadas, se sabrá la aplicación de medidas cautelares que podría imponerse a la diputada. Recordemos que Pérez estaría involucrada tres delitos de fraude al fisco, en el marco de la investigación correspondiente a la arista Democracia Viva, parte del denominado Caso Convenios. La parlamentaria habría tenido participación en la firma de tres convenios del Programa de Asentamientos Precarios, suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entonces dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la legisladora. Fuente: SoyAntof
Chats filtrados del exrepresentante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, sugieren que la entidad habría utilizado recursos públicos del Ministerio de Vivienda (Minvu) con fines políticos, específicamente para fomentar liderazgos en campamentos y asentamientos del país, priorizando la participación de militantes del Frente Amplio. Según un reportaje publicado por Ciper, los mensajes intercambiados entre diciembre de 2022 y junio de 2023 revelan que Andrade —entonces presidente de la fundación y pareja de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática)— habría articulado una estrategia territorial denominada “proyecto FA fundaciones”. En un mensaje de voz enviado en marzo de 2023 a un militante del Maule, reconoció que el objetivo era “formar liderazgos que ojalá después militen”, en el contexto de convenios financiados con fondos públicos. El contenido del audio también expone que el Minvu comenzó a utilizar fundaciones como canal de gestión territorial en lugar de las tradicionales Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). Andrade habría señalado que, a diferencia de otras organizaciones sociales, Democracia Viva tenía un enfoque político explícito vinculado al Frente Amplio. En otra conversación, Andrade solicitó apoyo para contactar al seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, con el fin de replicar el modelo implementado en Antofagasta. Posteriormente, se concretaron comunicaciones con funcionarios del Minvu, aunque fuentes de esa cartera en el Maule aseguraron que no se presentó ninguna propuesta formal. Asimismo, un chat del 1 de enero de 2023 muestra una discusión entre Andrade y Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada Pérez, por no haber sido informada de un convenio ya firmado entre la fundación y el Minvu en Antofagasta, liderado por Carlos Contreras, también militante de Revolución Democrática. Andrade respondió justificando la práctica de involucrar fundaciones afines a partidos políticos en este tipo de convenios.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva, y la reemplazó por arresto domiciliario nocturno. La resolución, adoptada por la Segunda Sala del tribunal, permitirá que Andrade transite libremente durante el día mientras continúa siendo investigado por presunto fraude al fisco en el marco del denominado Caso Convenios. La causa involucra a cuatro personas formalizadas, entre ellas la diputada desaforada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática), quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado y permanece con arresto domiciliario total. También está imputada Paz Fuica, exconcejal de Antofagasta, bajo la misma medida cautelar. El más comprometido judicialmente es Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con corrupción y se encuentra en prisión preventiva. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos se originan en la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda —cuando era dirigida por Contreras— y la Fundación Democracia Viva, entonces liderada por Andrade. Estos contratos permitieron el traspaso de $426 millones para trabajos en campamentos, los cuales, según la Fiscalía, se habrían ejecutado de forma irregular. Durante la formalización de la diputada Pérez, se expuso que habría intervenido directamente para favorecer a la fundación, pese a que esta no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia. También se señaló la utilización de un contrato de arriendo falso para inscribir un domicilio en Ñuñoa, presuntamente con conocimiento de la parlamentaria, quien incluso habría ofrecido dinero a Andrade para mantener la versión oficial sobre dicha dirección.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
La Fiscalía Regional presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de modificar la medida cautelar impuesta a la diputada Catalina Pérez, actualmente bajo arresto domiciliario total. La parlamentaria fue formalizada por su presunta participación en delitos de fraude al fisco en el marco del caso vinculado a la fundación Democracia Viva. El recurso fue ingresado el pasado viernes, al borde del plazo legal, y busca revertir la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta que, el lunes 17 de mayo, rechazó la solicitud de prisión preventiva. En dicha audiencia, la magistrada Claudia Campusano argumentó que debía resguardarse la proporcionalidad con respecto a las medidas dictadas para otros imputados del caso, como Daniel Andrade —ex pareja de Pérez y ex representante legal de la fundación—, quien quedó con medidas cautelares de menor gravedad. Paralelamente, la defensa de la diputada también presentó una solicitud de revisión de medidas. El abogado Gonzalo Medina manifestó que, si bien valoran que se haya rechazado la prisión preventiva, mantienen la postura de que Pérez es inocente y solicitaron que el arresto domiciliario total sea sustituido por firma mensual y arraigo nacional. Fuente: SoyAntof
Este lunes se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez, tras la confirmación de su desafuero por parte de la Corte Suprema el pasado 7 de abril. El máximo tribunal del país respaldó así lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. De esta manera y a lo largo de la o las jornadas, se sabrá la aplicación de medidas cautelares que podría imponerse a la diputada. Recordemos que Pérez estaría involucrada tres delitos de fraude al fisco, en el marco de la investigación correspondiente a la arista Democracia Viva, parte del denominado Caso Convenios. La parlamentaria habría tenido participación en la firma de tres convenios del Programa de Asentamientos Precarios, suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entonces dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la legisladora. Fuente: SoyAntof
Chats filtrados del exrepresentante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, sugieren que la entidad habría utilizado recursos públicos del Ministerio de Vivienda (Minvu) con fines políticos, específicamente para fomentar liderazgos en campamentos y asentamientos del país, priorizando la participación de militantes del Frente Amplio. Según un reportaje publicado por Ciper, los mensajes intercambiados entre diciembre de 2022 y junio de 2023 revelan que Andrade —entonces presidente de la fundación y pareja de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática)— habría articulado una estrategia territorial denominada “proyecto FA fundaciones”. En un mensaje de voz enviado en marzo de 2023 a un militante del Maule, reconoció que el objetivo era “formar liderazgos que ojalá después militen”, en el contexto de convenios financiados con fondos públicos. El contenido del audio también expone que el Minvu comenzó a utilizar fundaciones como canal de gestión territorial en lugar de las tradicionales Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). Andrade habría señalado que, a diferencia de otras organizaciones sociales, Democracia Viva tenía un enfoque político explícito vinculado al Frente Amplio. En otra conversación, Andrade solicitó apoyo para contactar al seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, con el fin de replicar el modelo implementado en Antofagasta. Posteriormente, se concretaron comunicaciones con funcionarios del Minvu, aunque fuentes de esa cartera en el Maule aseguraron que no se presentó ninguna propuesta formal. Asimismo, un chat del 1 de enero de 2023 muestra una discusión entre Andrade y Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada Pérez, por no haber sido informada de un convenio ya firmado entre la fundación y el Minvu en Antofagasta, liderado por Carlos Contreras, también militante de Revolución Democrática. Andrade respondió justificando la práctica de involucrar fundaciones afines a partidos políticos en este tipo de convenios.
