Este lunes se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez, tras la confirmación de su desafuero por parte de la Corte Suprema el pasado 7 de abril. El máximo tribunal del país respaldó así lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. De esta manera y a lo largo de la o las jornadas, se sabrá la aplicación de medidas cautelares que podría imponerse a la diputada. Recordemos que Pérez estaría involucrada tres delitos de fraude al fisco, en el marco de la investigación correspondiente a la arista Democracia Viva, parte del denominado Caso Convenios. La parlamentaria habría tenido participación en la firma de tres convenios del Programa de Asentamientos Precarios, suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entonces dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la legisladora. Fuente: SoyAntof
Chats filtrados del exrepresentante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, sugieren que la entidad habría utilizado recursos públicos del Ministerio de Vivienda (Minvu) con fines políticos, específicamente para fomentar liderazgos en campamentos y asentamientos del país, priorizando la participación de militantes del Frente Amplio. Según un reportaje publicado por Ciper, los mensajes intercambiados entre diciembre de 2022 y junio de 2023 revelan que Andrade —entonces presidente de la fundación y pareja de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática)— habría articulado una estrategia territorial denominada “proyecto FA fundaciones”. En un mensaje de voz enviado en marzo de 2023 a un militante del Maule, reconoció que el objetivo era “formar liderazgos que ojalá después militen”, en el contexto de convenios financiados con fondos públicos. El contenido del audio también expone que el Minvu comenzó a utilizar fundaciones como canal de gestión territorial en lugar de las tradicionales Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). Andrade habría señalado que, a diferencia de otras organizaciones sociales, Democracia Viva tenía un enfoque político explícito vinculado al Frente Amplio. En otra conversación, Andrade solicitó apoyo para contactar al seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, con el fin de replicar el modelo implementado en Antofagasta. Posteriormente, se concretaron comunicaciones con funcionarios del Minvu, aunque fuentes de esa cartera en el Maule aseguraron que no se presentó ninguna propuesta formal. Asimismo, un chat del 1 de enero de 2023 muestra una discusión entre Andrade y Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada Pérez, por no haber sido informada de un convenio ya firmado entre la fundación y el Minvu en Antofagasta, liderado por Carlos Contreras, también militante de Revolución Democrática. Andrade respondió justificando la práctica de involucrar fundaciones afines a partidos políticos en este tipo de convenios.
La diputada desaforada por Antofagasta, Catalina Pérez, aún no ha podido ser notificada para la audiencia de formalización de cargos en su contra por el caso Democracia Viva, programada para el próximo 12 de mayo. Según informó el canal 24 Horas, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, planteó la necesidad de reiterar la notificación a la parlamentaria durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía, en el marco de la arista Fusupo del mismo caso. De acuerdo con lo expuesto, no ha sido posible contactar a Pérez en el domicilio que mantiene registrado en Antofagasta, y vecinos del sector tampoco han respondido a los intentos de comunicación. Ante esta situación, la jueza a cargo ordenó reiterar el intento de notificación. En caso de que esta diligencia no se concrete antes de la audiencia, existe la posibilidad de que se emita una orden de detención contra la diputada. Fuente: Timeline
La Fiscalía de Atacama formalizará este lunes a cinco personas por delitos de corrupción en el marco del denominado Caso Convenios, específicamente en la arista relacionada con la Fundación Comprometidos, originada en Copiapó. La causa, dirigida por el fiscal Luis Miranda Flores, involucra a funcionarios públicos, algunos vinculados al Partido Radical y al Partido Socialista. Según información de Informe Especial, y basada en una resolución del Juzgado de Garantía de Copiapó del 21 de abril, los nuevos imputados deberán presentarse obligatoriamente en la audiencia, bajo advertencia de orden de detención en caso de inasistencia injustificada. Entre los formalizados figuran Lizza Aravena Briceño, exjefa del Fosis en Antofagasta y exjefa de gabinete del gobernador Ricardo Díaz; el abogado David Blanco Urzúa, quien además era jurista de la Fundación Comprometidos; Hugo Landauro Henríquez, contralor de la ONG; Ramiro Moreno Valenzuela, funcionario del Gobierno Regional de Arica; y Ángel González Salvatierra, militante socialista y trabajador del GORE de Antofagasta. La Fundación Comprometidos recibió $190 millones para un proyecto de entrega de agua en campamentos de Copiapó. Además, la investigación indaga otros traspasos de fondos en Antofagasta y Arica, como $144 millones para un programa de esterilización de mascotas en Tocopilla y más de $246 millones para atenciones veterinarias en Arica. Fuente: SoyAntof
La Fiscalía de Antofagasta ha solicitado la ampliación de las pesquisas en el caso Democracia Viva, relacionado con presuntas irregularidades financieras entre fundaciones y entidades públicas. La solicitud está siendo evaluada desde las 08:30 horas por el Tribunal de Garantía. Los querellantes han expresado su apoyo a esta petición, argumentando que han surgido nuevos antecedentes relevantes para la investigación. El abogado querellante, Pablo Toloza, destacó la importancia de mantener en secreto las conversaciones obtenidas del teléfono celular de Daniel Andrade, mencionando el vínculo con su expareja, la diputada Catalina Pérez. Estos antecedentes, que involucran conversaciones por WhatsApp entre Andrade y Pérez, se suman a la evidencia recientemente incorporada al caso. La investigación, liderada por el fiscal Cristián Aguilar, lleva más de un año y cinco meses de indagación. Durante este tiempo, la Fiscalía ha agrupado las pesquisas relacionadas con otras tres fundaciones, involucrando a los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; el exdirector de Democracia Viva, y la concejala Paz Fuica. Carlos Contreras, en una carta publicada por La Tercera, cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía, acusando una falta de objetividad en la investigación. Según Contreras, el Ministerio Público ha omitido información clave y no ha profundizado en posibles pruebas que podrían aclarar el caso, como el informe entregado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas a autoridades de La Moneda. Además, negó las acusaciones de tráfico de influencias que vincularían a la diputada Catalina Pérez con los hechos investigados.
Este lunes se lleva a cabo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta la audiencia de formalización de la diputada Catalina Pérez, tras la confirmación de su desafuero por parte de la Corte Suprema el pasado 7 de abril. El máximo tribunal del país respaldó así lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. De esta manera y a lo largo de la o las jornadas, se sabrá la aplicación de medidas cautelares que podría imponerse a la diputada. Recordemos que Pérez estaría involucrada tres delitos de fraude al fisco, en el marco de la investigación correspondiente a la arista Democracia Viva, parte del denominado Caso Convenios. La parlamentaria habría tenido participación en la firma de tres convenios del Programa de Asentamientos Precarios, suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entonces dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la legisladora. Fuente: SoyAntof
Chats filtrados del exrepresentante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, sugieren que la entidad habría utilizado recursos públicos del Ministerio de Vivienda (Minvu) con fines políticos, específicamente para fomentar liderazgos en campamentos y asentamientos del país, priorizando la participación de militantes del Frente Amplio. Según un reportaje publicado por Ciper, los mensajes intercambiados entre diciembre de 2022 y junio de 2023 revelan que Andrade —entonces presidente de la fundación y pareja de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática)— habría articulado una estrategia territorial denominada “proyecto FA fundaciones”. En un mensaje de voz enviado en marzo de 2023 a un militante del Maule, reconoció que el objetivo era “formar liderazgos que ojalá después militen”, en el contexto de convenios financiados con fondos públicos. El contenido del audio también expone que el Minvu comenzó a utilizar fundaciones como canal de gestión territorial en lugar de las tradicionales Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). Andrade habría señalado que, a diferencia de otras organizaciones sociales, Democracia Viva tenía un enfoque político explícito vinculado al Frente Amplio. En otra conversación, Andrade solicitó apoyo para contactar al seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, con el fin de replicar el modelo implementado en Antofagasta. Posteriormente, se concretaron comunicaciones con funcionarios del Minvu, aunque fuentes de esa cartera en el Maule aseguraron que no se presentó ninguna propuesta formal. Asimismo, un chat del 1 de enero de 2023 muestra una discusión entre Andrade y Romina Neumann, jefa de gabinete de la diputada Pérez, por no haber sido informada de un convenio ya firmado entre la fundación y el Minvu en Antofagasta, liderado por Carlos Contreras, también militante de Revolución Democrática. Andrade respondió justificando la práctica de involucrar fundaciones afines a partidos políticos en este tipo de convenios.
La diputada desaforada por Antofagasta, Catalina Pérez, aún no ha podido ser notificada para la audiencia de formalización de cargos en su contra por el caso Democracia Viva, programada para el próximo 12 de mayo. Según informó el canal 24 Horas, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, planteó la necesidad de reiterar la notificación a la parlamentaria durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía, en el marco de la arista Fusupo del mismo caso. De acuerdo con lo expuesto, no ha sido posible contactar a Pérez en el domicilio que mantiene registrado en Antofagasta, y vecinos del sector tampoco han respondido a los intentos de comunicación. Ante esta situación, la jueza a cargo ordenó reiterar el intento de notificación. En caso de que esta diligencia no se concrete antes de la audiencia, existe la posibilidad de que se emita una orden de detención contra la diputada. Fuente: Timeline
La Fiscalía de Atacama formalizará este lunes a cinco personas por delitos de corrupción en el marco del denominado Caso Convenios, específicamente en la arista relacionada con la Fundación Comprometidos, originada en Copiapó. La causa, dirigida por el fiscal Luis Miranda Flores, involucra a funcionarios públicos, algunos vinculados al Partido Radical y al Partido Socialista. Según información de Informe Especial, y basada en una resolución del Juzgado de Garantía de Copiapó del 21 de abril, los nuevos imputados deberán presentarse obligatoriamente en la audiencia, bajo advertencia de orden de detención en caso de inasistencia injustificada. Entre los formalizados figuran Lizza Aravena Briceño, exjefa del Fosis en Antofagasta y exjefa de gabinete del gobernador Ricardo Díaz; el abogado David Blanco Urzúa, quien además era jurista de la Fundación Comprometidos; Hugo Landauro Henríquez, contralor de la ONG; Ramiro Moreno Valenzuela, funcionario del Gobierno Regional de Arica; y Ángel González Salvatierra, militante socialista y trabajador del GORE de Antofagasta. La Fundación Comprometidos recibió $190 millones para un proyecto de entrega de agua en campamentos de Copiapó. Además, la investigación indaga otros traspasos de fondos en Antofagasta y Arica, como $144 millones para un programa de esterilización de mascotas en Tocopilla y más de $246 millones para atenciones veterinarias en Arica. Fuente: SoyAntof
La Fiscalía de Antofagasta ha solicitado la ampliación de las pesquisas en el caso Democracia Viva, relacionado con presuntas irregularidades financieras entre fundaciones y entidades públicas. La solicitud está siendo evaluada desde las 08:30 horas por el Tribunal de Garantía. Los querellantes han expresado su apoyo a esta petición, argumentando que han surgido nuevos antecedentes relevantes para la investigación. El abogado querellante, Pablo Toloza, destacó la importancia de mantener en secreto las conversaciones obtenidas del teléfono celular de Daniel Andrade, mencionando el vínculo con su expareja, la diputada Catalina Pérez. Estos antecedentes, que involucran conversaciones por WhatsApp entre Andrade y Pérez, se suman a la evidencia recientemente incorporada al caso. La investigación, liderada por el fiscal Cristián Aguilar, lleva más de un año y cinco meses de indagación. Durante este tiempo, la Fiscalía ha agrupado las pesquisas relacionadas con otras tres fundaciones, involucrando a los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; el exdirector de Democracia Viva, y la concejala Paz Fuica. Carlos Contreras, en una carta publicada por La Tercera, cuestionó la imparcialidad de la Fiscalía, acusando una falta de objetividad en la investigación. Según Contreras, el Ministerio Público ha omitido información clave y no ha profundizado en posibles pruebas que podrían aclarar el caso, como el informe entregado por la exsubsecretaria Tatiana Rojas a autoridades de La Moneda. Además, negó las acusaciones de tráfico de influencias que vincularían a la diputada Catalina Pérez con los hechos investigados.
