Pese a acercamientos de último minuto con las autoridades universitarias, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte (FEUCN), sede Antofagasta, confirmó en sus redes sociales un paro de tres días a partir de este lunes. La FEUCN se manifiesta por la falta de una resolución de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos que garantice el cumplimiento del acuerdo que establece tres días sin evaluaciones posteriores a la semana de la salud mental. «Este acuerdo, contenido en el artículo 28 de los acuerdos finales del cese de la toma 2024, no es una sugerencia, sino un compromiso institucional asumido con el estudiantado. La ausencia de una resolución formal representa retroceso en materia de derechos y en bienestar estudiantil, y demuestra una falta de respeto hacia los acuerdos alcanzados con esfuerzo y organización», señalaron desde la federación de estudiantes de dicha casa de estudios. Durante la tarde del domingo, la FEUCN agradeció el acercamiento por parte de la Vicerrectoría Académica y el «reconocimiento del no respeto a los acuerdos estudiantiles junto con el compromiso de corregirlo», según indica su comunicado. Sin embargo, el gremio reafirmó que «la paralización por tres días se mantiene vigente, conforme a la decisión democrática del pleno, hasta concretar avances y compromisos efectivos con la autoridad». Fuente: Timeline
Diversos hechos delictivos registrados en las últimas semanas están afectando las operaciones de Aguas Antofagasta y poniendo en riesgo la continuidad del servicio de agua potable en la región. El más reciente ocurrió este fin de semana, cuando desconocidos sustrajeron un medidor eléctrico desde la Planta Elevadora Bonilla, provocando un incendio en un transformador que dejó sin energía a la instalación. El incidente, que requirió la intervención de Bomberos y Carabineros, comprometió el funcionamiento de los estanques Balmaceda, Prat y Bonilla, los cuales abastecen a más de 44 mil personas del sector centro norte de Antofagasta. Gracias a la activación del Comité de Emergencias y a los planes de continuidad implementados por la empresa, se realizaron maniobras que permitieron mantener el suministro estable para los vecinos. “Durante los últimos dos meses hemos sufrido diversos actos como el ocurrido este fin de semana y que habla de los riesgos y la inseguridad que enfrentamos como empresa frente a la delincuencia. Hemos tomado múltiples acciones como el incremento del personal de seguridad, implementamos cámaras de vigilancia y sensores, aumentamos rondas de vigilancia y mantenemos un permanente contacto con las policías, pero no ha sido suficiente. Si bien estos hechos no han derivado en cortes de suministro, gracias a los planes de contingencia para la continuidad, lo cierto es que el riesgo que enfrentamos, constantemente, es real”, señaló Álvaro Alfaro, director de Emergencias de la sanitaria. A este robo se suma la sustracción de cables eléctricos desde la Planta Desaladora Antofagasta en agosto de este año, hecho que dejó sin operación a tres módulos del recinto. La situación exigió un esfuerzo operacional importante para evitar una discontinuidad en el suministro, aunque la investigación no ha permitido identificar a los responsables. Otro foco de preocupación para la empresa es el permanente robo de agua potable directamente desde las redes. Si bien existen causas judicializadas, aún no hay resoluciones concretas para poner fin a la extracción ilegal, que afecta principalmente a la aducción Cerro Moreno, en el sector La Chimba, y que abastece a la comuna de Mejillones. “La sustracción y venta ilegal de agua es un hecho que nos mantiene alerta, específicamente para lo que corresponde a la red del sector norte y que abastece directamente a Mejillones. En esta área tenemos una alta presencia de campamentos, tomas industriales y también personas ilegalmente establecidas e identificadas que se dedican exclusivamente a robar y comercializar el agua que ya no es potable. Las denuncias están en los canales legales correspondientes y esperamos que esta situación pueda resolverse satisfactoriamente, ya que en cualquier momento pueden generar un daño masivo debido a la sobre presión en la aducción”, explicó Alfaro. Durante la primera semana de octubre, delincuentes realizaron además la desconexión y conexión ilegal de una reductora de presión en Antofagasta con el fin de sustraer agua potable. La sanitaria logró atender rápidamente la emergencia, evitando un corte de suministro que habría afectado a más de 3.200 clientes. Aguas Antofagasta informó que se mantiene en contacto con las autoridades para abordar esta problemática, que también incluye robos de tapas de alcantarillado y medidores. La empresa hizo un llamado a denunciar estos hechos y a trabajar en conjunto para enfrentar la delincuencia que amenaza el suministro de agua potable en la región.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este miércoles el recurso presentado por el Ministerio Público contra la resolución que declaró inadmisible la apelación interpuesta tras la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía en el denominado caso Procultura. En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada integrante Luisa Cortés Sánchez— desestimó la acción por considerarla improcedente. Según el dictamen, las resoluciones emitidas por un juez de garantía solo pueden ser apeladas cuando ponen término al procedimiento, impiden su continuación, lo suspenden por más de treinta días o cuando la ley lo dispone expresamente, de acuerdo con el artículo 370 del Código Procesal Penal. El tribunal explicó que la resolución cuestionada se refiere a un incidente de declinatoria de competencia, mecanismo que busca trasladar el conocimiento de una causa a otro tribunal que se estime competente. Por tanto, la declaración de incompetencia no pone fin al proceso ni impide su prosecución, sino que únicamente determina cuál tribunal deberá continuar con la causa. Asimismo, la Corte concluyó que la resolución no encuadra en ninguno de los supuestos legales que habilitan la apelación, ya que no suspende el procedimiento por más de treinta días ni existe una norma que autorice expresamente este recurso en dicho contexto.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta reveló que la región enfrenta un déficit habitacional de 50.847 viviendas, según el Informe de Vivienda Pública 2024. El estudio, elaborado por la Unidad de Estudios y el Comité de Vivienda del gremio, analiza la situación de la vivienda de interés público y propone medidas para enfrentar la escasez de soluciones habitacionales. Del total, 37.123 viviendas corresponden a familias allegadas o que habitan en inmuebles irrecuperables, 12.824 a hogares en campamentos y 900 a personas en situación de calle. El informe destaca que la vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible. Según el índice Price Income Ratio (PIR), una familia promedio necesita destinar sus ingresos de 10,9 años para adquirir una vivienda en Antofagasta, una cifra cercana al promedio nacional (11,4 años). El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, advirtió que el mercado no está ofreciendo soluciones adecuadas para la mayoría de los hogares: “La región no ha sido capaz de generar opciones reales para el 90% de la población, considerando la realidad del mercado inmobiliario actual”. Brechas en subsidios y proyectos Entre 2014 y 2024, solo el 44% de los subsidios habitacionales otorgados en la región fueron efectivamente pagados. En el caso de los sectores vulnerables, el pago alcanzó un 60%, mientras que en los sectores medios y emergentes llegó apenas al 26%. Asimismo, de los 43 proyectos DS49 y DS19 ejecutados en la última década, solo dos se ubican en el centro de Antofagasta, concentrándose la mayoría en el sector norte alto, con escasa conectividad y acceso limitado a áreas verdes y servicios básicos. El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, que busca construir 17.400 viviendas a 2026, registra un 32,4% de avance, con 5.641 unidades terminadas, un 22% en ejecución y 31% sin iniciar obras. El gremio estima que, de mantenerse el ritmo actual, solo se completarán 14.862 viviendas, lejos de la meta proyectada. El informe identifica como nudos críticos la falta de coordinación interinstitucional, la burocracia en la tramitación de proyectos, el alto costo del suelo urbano y la prioridad otorgada a sectores mineros y energéticos por sobre el desarrollo habitacional. La CChC plantea medidas para enfrentar el déficit, entre ellas: Fomentar un crecimiento urbano equilibrado mediante la regeneración de áreas subutilizadas. Planificar a largo plazo la demanda habitacional y el uso del suelo, asegurando acceso a servicios y equipamiento público. Fortalecer los programas de integración social y arriendo, y promover la colaboración público-privada para incorporar a los sectores medios. Müller subrayó que “es necesario trabajar en conjunto para identificar zonas pericentrales aptas para nuevas viviendas y ofrecer soluciones que reduzcan el hacinamiento y la segregación territorial”.
Por quinta ocasión se aplazó la audiencia de preparación del juicio oral en lo penal por la presunta violación grupal de una joven de 18 años en septiembre de 2021, que involucra a nueve excadetes de Cobreloa. La nueva fecha quedó fijada para el lunes 17 de noviembre. Los imputados cumplen medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante. El aplazamiento se produjo a solicitud de los abogados defensores, quienes indicaron que recién el 10 de octubre fueron informados de la suspensión programada para el 13 de octubre. La Fiscalía aclaró que la demora no se debió a un error de su parte, sino a que el tribunal no entregó a las partes un cardex fotográfico disponible desde el 5 de septiembre. El fiscal decidió entregarlo igualmente “en aras de la transparencia”. Los hechos denunciados ocurrieron durante las Fiestas Patrias de 2021. La detención formal de los implicados se realizó el 2 de mayo de 2024; seis de ellos permanecieron en prisión preventiva y los restantes recibieron medidas cautelares que les permitieron cumplirlas desde sus domicilios.
Pese a acercamientos de último minuto con las autoridades universitarias, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte (FEUCN), sede Antofagasta, confirmó en sus redes sociales un paro de tres días a partir de este lunes. La FEUCN se manifiesta por la falta de una resolución de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos que garantice el cumplimiento del acuerdo que establece tres días sin evaluaciones posteriores a la semana de la salud mental. «Este acuerdo, contenido en el artículo 28 de los acuerdos finales del cese de la toma 2024, no es una sugerencia, sino un compromiso institucional asumido con el estudiantado. La ausencia de una resolución formal representa retroceso en materia de derechos y en bienestar estudiantil, y demuestra una falta de respeto hacia los acuerdos alcanzados con esfuerzo y organización», señalaron desde la federación de estudiantes de dicha casa de estudios. Durante la tarde del domingo, la FEUCN agradeció el acercamiento por parte de la Vicerrectoría Académica y el «reconocimiento del no respeto a los acuerdos estudiantiles junto con el compromiso de corregirlo», según indica su comunicado. Sin embargo, el gremio reafirmó que «la paralización por tres días se mantiene vigente, conforme a la decisión democrática del pleno, hasta concretar avances y compromisos efectivos con la autoridad». Fuente: Timeline
Diversos hechos delictivos registrados en las últimas semanas están afectando las operaciones de Aguas Antofagasta y poniendo en riesgo la continuidad del servicio de agua potable en la región. El más reciente ocurrió este fin de semana, cuando desconocidos sustrajeron un medidor eléctrico desde la Planta Elevadora Bonilla, provocando un incendio en un transformador que dejó sin energía a la instalación. El incidente, que requirió la intervención de Bomberos y Carabineros, comprometió el funcionamiento de los estanques Balmaceda, Prat y Bonilla, los cuales abastecen a más de 44 mil personas del sector centro norte de Antofagasta. Gracias a la activación del Comité de Emergencias y a los planes de continuidad implementados por la empresa, se realizaron maniobras que permitieron mantener el suministro estable para los vecinos. “Durante los últimos dos meses hemos sufrido diversos actos como el ocurrido este fin de semana y que habla de los riesgos y la inseguridad que enfrentamos como empresa frente a la delincuencia. Hemos tomado múltiples acciones como el incremento del personal de seguridad, implementamos cámaras de vigilancia y sensores, aumentamos rondas de vigilancia y mantenemos un permanente contacto con las policías, pero no ha sido suficiente. Si bien estos hechos no han derivado en cortes de suministro, gracias a los planes de contingencia para la continuidad, lo cierto es que el riesgo que enfrentamos, constantemente, es real”, señaló Álvaro Alfaro, director de Emergencias de la sanitaria. A este robo se suma la sustracción de cables eléctricos desde la Planta Desaladora Antofagasta en agosto de este año, hecho que dejó sin operación a tres módulos del recinto. La situación exigió un esfuerzo operacional importante para evitar una discontinuidad en el suministro, aunque la investigación no ha permitido identificar a los responsables. Otro foco de preocupación para la empresa es el permanente robo de agua potable directamente desde las redes. Si bien existen causas judicializadas, aún no hay resoluciones concretas para poner fin a la extracción ilegal, que afecta principalmente a la aducción Cerro Moreno, en el sector La Chimba, y que abastece a la comuna de Mejillones. “La sustracción y venta ilegal de agua es un hecho que nos mantiene alerta, específicamente para lo que corresponde a la red del sector norte y que abastece directamente a Mejillones. En esta área tenemos una alta presencia de campamentos, tomas industriales y también personas ilegalmente establecidas e identificadas que se dedican exclusivamente a robar y comercializar el agua que ya no es potable. Las denuncias están en los canales legales correspondientes y esperamos que esta situación pueda resolverse satisfactoriamente, ya que en cualquier momento pueden generar un daño masivo debido a la sobre presión en la aducción”, explicó Alfaro. Durante la primera semana de octubre, delincuentes realizaron además la desconexión y conexión ilegal de una reductora de presión en Antofagasta con el fin de sustraer agua potable. La sanitaria logró atender rápidamente la emergencia, evitando un corte de suministro que habría afectado a más de 3.200 clientes. Aguas Antofagasta informó que se mantiene en contacto con las autoridades para abordar esta problemática, que también incluye robos de tapas de alcantarillado y medidores. La empresa hizo un llamado a denunciar estos hechos y a trabajar en conjunto para enfrentar la delincuencia que amenaza el suministro de agua potable en la región.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este miércoles el recurso presentado por el Ministerio Público contra la resolución que declaró inadmisible la apelación interpuesta tras la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía en el denominado caso Procultura. En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada integrante Luisa Cortés Sánchez— desestimó la acción por considerarla improcedente. Según el dictamen, las resoluciones emitidas por un juez de garantía solo pueden ser apeladas cuando ponen término al procedimiento, impiden su continuación, lo suspenden por más de treinta días o cuando la ley lo dispone expresamente, de acuerdo con el artículo 370 del Código Procesal Penal. El tribunal explicó que la resolución cuestionada se refiere a un incidente de declinatoria de competencia, mecanismo que busca trasladar el conocimiento de una causa a otro tribunal que se estime competente. Por tanto, la declaración de incompetencia no pone fin al proceso ni impide su prosecución, sino que únicamente determina cuál tribunal deberá continuar con la causa. Asimismo, la Corte concluyó que la resolución no encuadra en ninguno de los supuestos legales que habilitan la apelación, ya que no suspende el procedimiento por más de treinta días ni existe una norma que autorice expresamente este recurso en dicho contexto.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta reveló que la región enfrenta un déficit habitacional de 50.847 viviendas, según el Informe de Vivienda Pública 2024. El estudio, elaborado por la Unidad de Estudios y el Comité de Vivienda del gremio, analiza la situación de la vivienda de interés público y propone medidas para enfrentar la escasez de soluciones habitacionales. Del total, 37.123 viviendas corresponden a familias allegadas o que habitan en inmuebles irrecuperables, 12.824 a hogares en campamentos y 900 a personas en situación de calle. El informe destaca que la vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible. Según el índice Price Income Ratio (PIR), una familia promedio necesita destinar sus ingresos de 10,9 años para adquirir una vivienda en Antofagasta, una cifra cercana al promedio nacional (11,4 años). El presidente del Comité de Vivienda, Thomas Müller Esparza, advirtió que el mercado no está ofreciendo soluciones adecuadas para la mayoría de los hogares: “La región no ha sido capaz de generar opciones reales para el 90% de la población, considerando la realidad del mercado inmobiliario actual”. Brechas en subsidios y proyectos Entre 2014 y 2024, solo el 44% de los subsidios habitacionales otorgados en la región fueron efectivamente pagados. En el caso de los sectores vulnerables, el pago alcanzó un 60%, mientras que en los sectores medios y emergentes llegó apenas al 26%. Asimismo, de los 43 proyectos DS49 y DS19 ejecutados en la última década, solo dos se ubican en el centro de Antofagasta, concentrándose la mayoría en el sector norte alto, con escasa conectividad y acceso limitado a áreas verdes y servicios básicos. El Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno, que busca construir 17.400 viviendas a 2026, registra un 32,4% de avance, con 5.641 unidades terminadas, un 22% en ejecución y 31% sin iniciar obras. El gremio estima que, de mantenerse el ritmo actual, solo se completarán 14.862 viviendas, lejos de la meta proyectada. El informe identifica como nudos críticos la falta de coordinación interinstitucional, la burocracia en la tramitación de proyectos, el alto costo del suelo urbano y la prioridad otorgada a sectores mineros y energéticos por sobre el desarrollo habitacional. La CChC plantea medidas para enfrentar el déficit, entre ellas: Fomentar un crecimiento urbano equilibrado mediante la regeneración de áreas subutilizadas. Planificar a largo plazo la demanda habitacional y el uso del suelo, asegurando acceso a servicios y equipamiento público. Fortalecer los programas de integración social y arriendo, y promover la colaboración público-privada para incorporar a los sectores medios. Müller subrayó que “es necesario trabajar en conjunto para identificar zonas pericentrales aptas para nuevas viviendas y ofrecer soluciones que reduzcan el hacinamiento y la segregación territorial”.
Por quinta ocasión se aplazó la audiencia de preparación del juicio oral en lo penal por la presunta violación grupal de una joven de 18 años en septiembre de 2021, que involucra a nueve excadetes de Cobreloa. La nueva fecha quedó fijada para el lunes 17 de noviembre. Los imputados cumplen medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante. El aplazamiento se produjo a solicitud de los abogados defensores, quienes indicaron que recién el 10 de octubre fueron informados de la suspensión programada para el 13 de octubre. La Fiscalía aclaró que la demora no se debió a un error de su parte, sino a que el tribunal no entregó a las partes un cardex fotográfico disponible desde el 5 de septiembre. El fiscal decidió entregarlo igualmente “en aras de la transparencia”. Los hechos denunciados ocurrieron durante las Fiestas Patrias de 2021. La detención formal de los implicados se realizó el 2 de mayo de 2024; seis de ellos permanecieron en prisión preventiva y los restantes recibieron medidas cautelares que les permitieron cumplirlas desde sus domicilios.
