Un hombre chileno de 46 años fue detenido por Carabineros de la 2ª Comisaría de Antofagasta durante un patrullaje preventivo realizado alrededor de las 02:00 horas de la madrugada en avenida Rendic. Según información proporcionada por la institución, los funcionarios policiales se percataron de que un vehículo estacionado tenía la puerta trasera semiabierta, situación que llamó su atención. Al inspeccionar el automóvil, detectaron que el vidrio de dicha puerta había sido retirado desde su base. Al revisar el interior del vehículo, los carabineros encontraron al sujeto oculto en su interior, por lo que procedieron a su detención por el delito de robo frustrado. El individuo fue puesto a disposición de la justicia. 📣 DETENIDO POR ROBO FRUSTRADO 02.00 am | En un patrullaje preventivo por av. Rendic, Carabineros 2ª Comisaría #Antofagasta se percatan que un vehículo tenía la puerta trasera semi abierta y al verificar, sorprenden a un sujeto que estaba escondido al interior del móvil. pic.twitter.com/EEpyKZa9DF — Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) June 12, 2025
La Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra investigando a una presunta banda criminal acusada de haber participado en un secuestro ocurrido en enero de 2025, en el que una víctima masculina adulta fue retenida y obligada bajo amenazas a entregar sus claves bancarias. Posteriormente, se habrían realizado con sus tarjetas bancarias giros y compras por un monto superior al millón de pesos. Los presuntos responsables —tres adultos y una menor de edad— fueron detenidos por la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación coordinada con el Ministerio Público. La Fiscalía los formalizó por los delitos de robo con secuestro y asociación criminal. Los adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que la menor fue internada provisoriamente, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. De acuerdo con los antecedentes entregados, el hecho ocurrió cuando la víctima acudió junto a una imputada a un motel en el sector norte de Antofagasta. En el trayecto, fueron interceptados por otros tres individuos en un pasaje cercano. La víctima fue maniatada y trasladada en su propio vehículo hasta la ciudad de Calama, donde fue finalmente abandonada. Además, dos de los imputados fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, ya que al momento de su detención se les encontraron estupefacientes sintéticos. El Ministerio Público estableció un plazo de 90 días para la investigación, durante el cual se llevarán a cabo nuevas diligencias con el fin de esclarecer los hechos y determinar si los imputados estarían vinculados a otros delitos similares.
La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) mantiene más de $4.200 millones de pesos pendientes de rendición por parte de asociaciones, fundaciones y otras entidades que ejecutan proyectos financiados con recursos públicos. El organismo fiscalizador también identificó $4.856 millones en montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados, además de diversas irregularidades administrativas. El informe corresponde a una auditoría realizada sobre el uso de recursos entre enero y septiembre de 2024, y forma parte de una serie de fiscalizaciones aplicadas a los gobiernos regionales del país. Según el documento, al 30 de septiembre de 2024, se constató que $4.202.867.306 no han sido rendidos por los organismos receptores. La Contraloría advirtió que estos saldos incluyen fondos entregados desde 2021, sin que el Gore haya tomado medidas suficientes para exigir su rendición. Para 2022, queda un 33% sin rendir; para 2023, un 39%; y para 2024, un 95%. Respecto a los montos observados, solicitados a reintegro o rechazados, el informe cifra en $4.856.481.471 el total a regularizar, indicando que no se han observado gestiones eficaces para recuperar dichos recursos. La auditoría también señaló observaciones correspondientes a cada año desde 2021, incluyendo $2.405 millones solo en 2023. El Gobierno Regional reconoció las observaciones y explicó que parte de los proyectos siguen en ejecución. Sin embargo, la Contraloría mantuvo sus reparos, dado que la entidad no presentó acciones correctivas concluyentes. Entre las irregularidades adicionales, el informe cuestionó un contrato a honorarios suscrito para labores permanentes —contraviniendo un dictamen de 2022— y el uso de vehículos fiscales durante días inhábiles sin la debida autorización. Por este último punto, la Contraloría instruyó una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas. Además, se observó el uso de la cuenta de Instagram oficial del Gore para difundir actividades institucionales con reiterada presencia del gobernador regional, lo que fue considerado un uso inadecuado de recursos públicos con fines de promoción personal. La entidad deberá abstenerse de repetir esta práctica. La Contraloría concluyó que varias de las observaciones se mantienen vigentes debido a la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gore, reiterando la necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición en el uso de fondos públicos. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, respondió que las observaciones de la Contraloría no están relacionadas con gastos electorales, sino con rendiciones tardías de proyectos del fondo del 8% de vinculación con el medio, principalmente entregados en julio de 2024. Señaló que en febrero de este año se presentó una carta GAN con un calendario para regularizar dichas rendiciones, y actualmente están respondiendo nuevas solicitudes del organismo fiscalizador. Respecto a la objeción por el uso de un vehículo fiscal durante un día feriado, explicó que fue utilizado el 21 de mayo para asistir al desfile conmemorativo, y que ya han entregado explicaciones al respecto. Con información de: Timeline
La Seremi de Salud de Antofagasta ordenó la prohibición de funcionamiento de la fuente de soda Super Riko’s, ubicada en calle 14 de Febrero 2403, tras constatar múltiples irregularidades sanitarias. La medida fue confirmada por el seremi Alberto Godoy mediante un comunicado oficial, en el que también anunció el inicio de un sumario sanitario contra el local. La inspección fue realizada por la Unidad de Alimentos de la Autoridad Sanitaria luego de una denuncia ciudadana. Durante la fiscalización se detectó que el establecimiento preparaba almuerzos sin contar con la autorización correspondiente. Entre las infracciones más graves se identificó la manipulación de alimentos a temperatura ambiente, condición que favorece la proliferación de agentes patógenos y representa un riesgo directo para la salud pública. Además, los fiscalizadores observaron prácticas de contaminación cruzada y almacenamiento inadecuado de alimentos, muchos de los cuales se encontraban cerca del suelo y de otras fuentes de contaminación. Otras deficiencias señaladas por la autoridad incluyen problemas estructurales, hacinamiento en las áreas de trabajo, falta de limpieza, ventilación deficiente y una elevada temperatura ambiental dentro del local. El recinto permanecerá cerrado hasta que subsane todas las falencias identificadas. Según lo informado por el Seremi de Salud, los responsables podrían enfrentar sanciones que van desde un décimo hasta mil unidades tributarias mensuales (UTM), dependiendo de la gravedad de las infracciones.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
Un hombre chileno de 46 años fue detenido por Carabineros de la 2ª Comisaría de Antofagasta durante un patrullaje preventivo realizado alrededor de las 02:00 horas de la madrugada en avenida Rendic. Según información proporcionada por la institución, los funcionarios policiales se percataron de que un vehículo estacionado tenía la puerta trasera semiabierta, situación que llamó su atención. Al inspeccionar el automóvil, detectaron que el vidrio de dicha puerta había sido retirado desde su base. Al revisar el interior del vehículo, los carabineros encontraron al sujeto oculto en su interior, por lo que procedieron a su detención por el delito de robo frustrado. El individuo fue puesto a disposición de la justicia. 📣 DETENIDO POR ROBO FRUSTRADO 02.00 am | En un patrullaje preventivo por av. Rendic, Carabineros 2ª Comisaría #Antofagasta se percatan que un vehículo tenía la puerta trasera semi abierta y al verificar, sorprenden a un sujeto que estaba escondido al interior del móvil. pic.twitter.com/EEpyKZa9DF — Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) June 12, 2025
La Fiscalía Local de Antofagasta se encuentra investigando a una presunta banda criminal acusada de haber participado en un secuestro ocurrido en enero de 2025, en el que una víctima masculina adulta fue retenida y obligada bajo amenazas a entregar sus claves bancarias. Posteriormente, se habrían realizado con sus tarjetas bancarias giros y compras por un monto superior al millón de pesos. Los presuntos responsables —tres adultos y una menor de edad— fueron detenidos por la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación coordinada con el Ministerio Público. La Fiscalía los formalizó por los delitos de robo con secuestro y asociación criminal. Los adultos quedaron en prisión preventiva, mientras que la menor fue internada provisoriamente, al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. De acuerdo con los antecedentes entregados, el hecho ocurrió cuando la víctima acudió junto a una imputada a un motel en el sector norte de Antofagasta. En el trayecto, fueron interceptados por otros tres individuos en un pasaje cercano. La víctima fue maniatada y trasladada en su propio vehículo hasta la ciudad de Calama, donde fue finalmente abandonada. Además, dos de los imputados fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, ya que al momento de su detención se les encontraron estupefacientes sintéticos. El Ministerio Público estableció un plazo de 90 días para la investigación, durante el cual se llevarán a cabo nuevas diligencias con el fin de esclarecer los hechos y determinar si los imputados estarían vinculados a otros delitos similares.
La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) mantiene más de $4.200 millones de pesos pendientes de rendición por parte de asociaciones, fundaciones y otras entidades que ejecutan proyectos financiados con recursos públicos. El organismo fiscalizador también identificó $4.856 millones en montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados, además de diversas irregularidades administrativas. El informe corresponde a una auditoría realizada sobre el uso de recursos entre enero y septiembre de 2024, y forma parte de una serie de fiscalizaciones aplicadas a los gobiernos regionales del país. Según el documento, al 30 de septiembre de 2024, se constató que $4.202.867.306 no han sido rendidos por los organismos receptores. La Contraloría advirtió que estos saldos incluyen fondos entregados desde 2021, sin que el Gore haya tomado medidas suficientes para exigir su rendición. Para 2022, queda un 33% sin rendir; para 2023, un 39%; y para 2024, un 95%. Respecto a los montos observados, solicitados a reintegro o rechazados, el informe cifra en $4.856.481.471 el total a regularizar, indicando que no se han observado gestiones eficaces para recuperar dichos recursos. La auditoría también señaló observaciones correspondientes a cada año desde 2021, incluyendo $2.405 millones solo en 2023. El Gobierno Regional reconoció las observaciones y explicó que parte de los proyectos siguen en ejecución. Sin embargo, la Contraloría mantuvo sus reparos, dado que la entidad no presentó acciones correctivas concluyentes. Entre las irregularidades adicionales, el informe cuestionó un contrato a honorarios suscrito para labores permanentes —contraviniendo un dictamen de 2022— y el uso de vehículos fiscales durante días inhábiles sin la debida autorización. Por este último punto, la Contraloría instruyó una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas. Además, se observó el uso de la cuenta de Instagram oficial del Gore para difundir actividades institucionales con reiterada presencia del gobernador regional, lo que fue considerado un uso inadecuado de recursos públicos con fines de promoción personal. La entidad deberá abstenerse de repetir esta práctica. La Contraloría concluyó que varias de las observaciones se mantienen vigentes debido a la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gore, reiterando la necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición en el uso de fondos públicos. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, respondió que las observaciones de la Contraloría no están relacionadas con gastos electorales, sino con rendiciones tardías de proyectos del fondo del 8% de vinculación con el medio, principalmente entregados en julio de 2024. Señaló que en febrero de este año se presentó una carta GAN con un calendario para regularizar dichas rendiciones, y actualmente están respondiendo nuevas solicitudes del organismo fiscalizador. Respecto a la objeción por el uso de un vehículo fiscal durante un día feriado, explicó que fue utilizado el 21 de mayo para asistir al desfile conmemorativo, y que ya han entregado explicaciones al respecto. Con información de: Timeline
La Seremi de Salud de Antofagasta ordenó la prohibición de funcionamiento de la fuente de soda Super Riko’s, ubicada en calle 14 de Febrero 2403, tras constatar múltiples irregularidades sanitarias. La medida fue confirmada por el seremi Alberto Godoy mediante un comunicado oficial, en el que también anunció el inicio de un sumario sanitario contra el local. La inspección fue realizada por la Unidad de Alimentos de la Autoridad Sanitaria luego de una denuncia ciudadana. Durante la fiscalización se detectó que el establecimiento preparaba almuerzos sin contar con la autorización correspondiente. Entre las infracciones más graves se identificó la manipulación de alimentos a temperatura ambiente, condición que favorece la proliferación de agentes patógenos y representa un riesgo directo para la salud pública. Además, los fiscalizadores observaron prácticas de contaminación cruzada y almacenamiento inadecuado de alimentos, muchos de los cuales se encontraban cerca del suelo y de otras fuentes de contaminación. Otras deficiencias señaladas por la autoridad incluyen problemas estructurales, hacinamiento en las áreas de trabajo, falta de limpieza, ventilación deficiente y una elevada temperatura ambiental dentro del local. El recinto permanecerá cerrado hasta que subsane todas las falencias identificadas. Según lo informado por el Seremi de Salud, los responsables podrían enfrentar sanciones que van desde un décimo hasta mil unidades tributarias mensuales (UTM), dependiendo de la gravedad de las infracciones.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
