El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió acoger la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva, y ordenó reabrir la investigación en su contra por un plazo de 45 días. Con ello, la acusación presentada por la Fiscalía quedó sin efecto y deberá volver a formularse a finales de octubre. La defensa del exmilitante de Revolución Democrática argumentó que es necesario retomar diligencias que no habrían sido consideradas por el Ministerio Público. Entre ellas, se incluyen oficios al Servicio de Impuestos Internos para revisar el inicio de actividades de la fundación y su domicilio tributario, además de antecedentes solicitados a la Municipalidad de Ñuñoa y a una notaría de Santiago respecto de un contrato de arriendo que, según la reformalización del 12 de agosto, sería falso. Dicho documento habría servido para acreditar un domicilio ante el SII y obtener recursos del Programa de Asentamientos Precarios. El abogado defensor Diego Sporman valoró la decisión, señalando que permitirá acceder a más información, al considerar insuficientes los antecedentes actuales. En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, afirmó que el Ministerio Público se opuso a la reapertura, al sostener que todas las diligencias necesarias ya fueron practicadas. A raíz de este fallo, la audiencia de preparación de juicio oral que estaba programada para el 29 de septiembre quedó suspendida y será reagendada una vez concluido el nuevo plazo de investigación. El exintendente de Antofagasta y abogado querellante en el caso, Pablo Toloza, sostuvo que la reapertura de la investigación “solo genera un efecto desde el punto de vista que se atrasa el inicio del juicio como tal (...) no tiene otra connotación jurídica, toda vez que son antecedentes que existen y que se han tenido a la vista por parte de la Fiscalía”.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió acoger la solicitud de la defensa de Daniel Andrade, fundador de la fundación Democracia Viva, y ordenó reabrir la investigación en su contra por un plazo de 45 días. Con ello, la acusación presentada por la Fiscalía quedó sin efecto y deberá volver a formularse a finales de octubre. La defensa del exmilitante de Revolución Democrática argumentó que es necesario retomar diligencias que no habrían sido consideradas por el Ministerio Público. Entre ellas, se incluyen oficios al Servicio de Impuestos Internos para revisar el inicio de actividades de la fundación y su domicilio tributario, además de antecedentes solicitados a la Municipalidad de Ñuñoa y a una notaría de Santiago respecto de un contrato de arriendo que, según la reformalización del 12 de agosto, sería falso. Dicho documento habría servido para acreditar un domicilio ante el SII y obtener recursos del Programa de Asentamientos Precarios. El abogado defensor Diego Sporman valoró la decisión, señalando que permitirá acceder a más información, al considerar insuficientes los antecedentes actuales. En tanto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, afirmó que el Ministerio Público se opuso a la reapertura, al sostener que todas las diligencias necesarias ya fueron practicadas. A raíz de este fallo, la audiencia de preparación de juicio oral que estaba programada para el 29 de septiembre quedó suspendida y será reagendada una vez concluido el nuevo plazo de investigación. El exintendente de Antofagasta y abogado querellante en el caso, Pablo Toloza, sostuvo que la reapertura de la investigación “solo genera un efecto desde el punto de vista que se atrasa el inicio del juicio como tal (...) no tiene otra connotación jurídica, toda vez que son antecedentes que existen y que se han tenido a la vista por parte de la Fiscalía”.
