Municipio debe reintegrar 50 millones a Servicio de Salud de Antofagasta
La fiscalización reveló que se contrató servicios de traslados para otros programas sin incluir personal del Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil.
La Contraloría General de la República ha ordenado al Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) exigir a la municipalidad de la capital regional el reintegro de $50.499.000, debido a gastos improcedentes dentro del marco del programa “Apoyo a la Salud Mental Infantil” (PASMI).
Según informó Timeline, la medida se toma tras una fiscalización realizada a los recursos entregados por el Ministerio de Salud para dicho programa, que se ejecutó entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.
La auditoría realizada por la Contraloría reveló que la municipalidad de Antofagasta, a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), contrató servicios de traslados para diversos programas municipales, pero no incluyó al personal específico del programa PASMI.
Estos traslados, correspondientes a visitas domiciliarias y educacionales, fueron cobrados sin que estuvieran directamente relacionados con el objetivo del programa de salud mental infantil. El contrato de servicios de transporte, firmado en 2020, no especificaba que los traslados correspondieran a actividades del mencionado.
Además, la Contraloría encontró que los gastos rendidos por la municipalidad, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, no se ajustaron a los convenios establecidos. Por ello, se instruyó el reintegro de los $50.499.000 por los gastos que no fueron correctamente justificados, y se solicitó que el SSA adopte medidas de control y supervisión para evitar que situaciones similares se repitan en futuras auditorías.
La fiscalización también detectó otras inconsistencias en la implementación del programa PASMI, como la falta de validación de la información sobre la cantidad de pacientes atendidos y el cumplimiento de las acciones acordadas en los convenios, lo que impide asegurar la efectividad de la iniciativa. Ante esta situación, la Contraloría recomendó incluir el caso en un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas.
Fuente: Timeline
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