Diputados presentan proyecto para suspender por cinco años la Ley Karin y revisar su aplicación

A más de dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, un grupo de diputados presentó un proyecto que busca suspender durante cinco años los efectos de la normativa y abrir un proceso de revisión sobre su funcionamiento.

La iniciativa fue ingresada por el diputado Erich Grohs, junto a parlamentarios como Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, del Partido Nacional Libertario; Diego Vergara, del Partido Republicano; y Daniel Valenzuela, independiente de la bancada de Renovación Nacional. Además, cuenta con el respaldo del diputado Patricio Briones, del Partido de la Gente.

El proyecto propone suspender temporalmente las modificaciones establecidas por la Ley N° 21.643 y retomar durante ese período las normas laborales que existían antes de su implementación. Sin embargo, establece que las denuncias, investigaciones y derechos adquiridos que ya se encuentren en curso continuarán bajo la legislación vigente al momento de su inicio.

Entre los argumentos presentados, los parlamentarios reconocen que la Ley Karin permitió visibilizar situaciones de acoso y violencia laboral que anteriormente no eran denunciadas, pero aseguran que el aumento de casos superó la capacidad de respuesta de los organismos encargados de su aplicación.

Según la moción, a diciembre de 2025 el sistema acumulaba más de 66 mil denuncias, con un promedio cercano a 22 mil casos por semestre. Los autores del proyecto sostienen que esta situación responde a aspectos del diseño de la normativa y no únicamente a problemas de implementación.

El texto también cita antecedentes de la Dirección del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando que entre agosto de 2024 y junio de 2025 se registraron más de 44 mil denuncias, de las cuales un 42% fue clasificado como relacionado directamente con materias de la Ley Karin. Además, en las investigaciones finalizadas, solo un 21,3% habría confirmado la existencia de vulneraciones.

Los diputados cuestionan algunos elementos de la normativa, como la eliminación del requisito de reiteración para configurar acoso laboral, la amplitud de conceptos como “violencia en el trabajo” y la falta de una etapa previa de admisibilidad que permita descartar casos que no correspondan al ámbito de la ley.

A juicio de los impulsores de la iniciativa, esta situación habría generado una sobrecarga en la Dirección del Trabajo, provocando retrasos que en algunos casos alcanzarían entre seis y nueve meses para completar una investigación, afectando tanto a denunciantes como a personas acusadas.

El diputado Erich Grohs señaló que la propuesta no busca eliminar la protección a los trabajadores, sino abrir una discusión sobre los ajustes necesarios para que la normativa cumpla su objetivo. “Necesitamos una legislación que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas, procedimientos oportunos y resguardos frente a denuncias que no corresponden al espíritu de la ley”, afirmó.

El proyecto plantea que durante el período de suspensión el Congreso pueda revisar aspectos como la definición de acoso laboral, los conceptos incorporados por la normativa, la creación de mecanismos de admisibilidad y eventuales medidas frente a denuncias consideradas de mala fe, manteniendo la protección laboral existente antes de la entrada en vigencia de la Ley Karin.