En el contexto de la reciente tragedia ocurrida en la División El Teniente de Codelco, donde fallecieron seis trabajadores, el diputado Jaime Araya solicitó una fiscalización inmediata a faenas mineras e industriales en la Región de Antofagasta, tras recibir denuncias por presuntas deficiencias en condiciones de seguridad. El parlamentario hizo un llamado directo al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y a la Dirección del Trabajo, indicando que ha recibido dos denuncias “muy graves” respecto a operaciones en la zona. Según detalló, una de ellas corresponde a una mina subterránea que estaría funcionando sin fiscalización interna, lo que pondría en riesgo a sus trabajadores. La segunda denuncia involucra una planta industrial en el sector de La Negra, donde se habría producido el reventón de una cañería de ácido, situación que también habría expuesto a los operarios a un grave peligro. “No es posible que habiendo perdido seis vidas de trabajadores en Rancagua, nuestra región esté absolutamente al debe en fiscalización en terreno de las condiciones de seguridad con las que trabajan los mineros”, declaró Araya. El legislador exigió que los organismos pertinentes se constituyan en terreno para evaluar las condiciones de las faenas denunciadas y tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los trabajadores. “Espero que el Sernageomin y la Dirección del Trabajo actúen con celeridad y responsabilidad”, concluyó. Con información de: SoyAntof
El Ministerio de Minería anunció la reapertura del proceso de postulación a la patente minera rebajada para el año 2025, orientada a la pequeña minería, a través de la publicación del Decreto Supremo N°7 en el Diario Oficial. La iniciativa establece un sistema de ventanilla abierta, permitiendo que los pequeños productores con pertenencias de hasta 500 hectáreas puedan postular en cualquier momento del año, a diferencia de los procesos anteriores con plazos acotados. Esta medida implica que, si la solicitud es aprobada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) durante 2025, la rebaja se aplicará de forma retroactiva a la patente correspondiente al mes de marzo del mismo año. “Con la modificación del reglamento reafirmamos el compromiso claro y concreto de nuestro gobierno con la pequeña minería. Esta es una señal de respaldo a un sector fundamental para el desarrollo territorial”, destacó la ministra de Minería, Aurora Williams Baussa, subrayando el apoyo del Ejecutivo hacia quienes no pudieron completar su postulación en la etapa anterior. Por su parte, el director nacional de Sernageomin, Patricio Aguilera Poblete, informó que la institución ha reforzado sus equipos para garantizar una respuesta oportuna: “Todas las solicitudes ingresadas antes del 12 de junio serán resueltas en un plazo máximo de 10 días hábiles. Esta reapertura también nos permite cerrar adecuadamente el proceso 2025 y proyectar un proceso 2026 más ágil y accesible”. Desde la región de Antofagasta, el seremi de Minería (s) Luis Alberto Ayala valoró la medida, asegurando que responde a demandas del sector: “Este anuncio es muy importante porque no sólo atiende inquietudes de los dirigentes, sino que también promueve y potencia la actividad de baja escala”. Ayala añadió que los productores contarán con el apoyo técnico de profesionales de la seremi para asegurar el correcto ingreso de sus postulaciones. Mejoras para el proceso 2026 Paralelamente, el proceso de postulación correspondiente al año 2026 ya se encuentra habilitado, con importantes mejoras administrativas, como la sustitución del certificado de dominio vigente por una declaración jurada simple, y la eliminación del requisito de firma ante ministro de fe en los contratos de arriendo, lo que se espera agilice la tramitación. La implementación de un sistema permanente de postulación busca ampliar el acceso a estos beneficios en regiones con alta presencia de minería artesanal y de pequeña escala, consolidando el trabajo conjunto del Ministerio de Minería y Sernageomin en favor de este importante sector productivo del país.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el Gobierno en el contexto del conflicto por el proyecto minero-portuario Dominga, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales actualmente en curso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA). La resolución fue adoptada el 15 de abril por la Segunda Sala del TC, con tres votos a favor y dos en contra. El requerimiento fue ingresado por el Comité de Ministros el pasado 23 de marzo, tras una orden del 1TA que instruyó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución respecto del proyecto. El Ejecutivo argumenta que esta orden judicial excede las atribuciones del tribunal ambiental, ya que, según la legislación vigente, las decisiones ambientales deben ser tomadas exclusivamente por el Comité de Ministros. El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, señaló que el Gobierno está haciendo uso de las herramientas constitucionales para resguardar el Estado de derecho. Por su parte, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, indicó que corresponde al TC determinar los límites entre las competencias judiciales y administrativas. En su resolución, el TC argumentó que el requerimiento cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su ley orgánica, y que la continuación de los procesos judiciales podría generar un “daño irreparable”, lo que justificó su suspensión provisional. Votaron a favor de la admisibilidad los ministros Nancy Yáñez, María Pía Silva y Mario Gómez Montoya. En contra lo hicieron Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas, quienes consideraron que no se daban las condiciones necesarias para admitir el requerimiento. Desde la empresa Andes Iron, responsable del proyecto Dominga, calificaron la acción del Gobierno como “una nueva maniobra dilatoria”, señalando que el fallo del 1TA buscaba únicamente dar cumplimiento a una sentencia emitida en diciembre de 2024. La compañía solicitó al SEA modificar el estatus del proyecto a “aprobado”. Fuente: SoyAntofagasta
En el contexto de la reciente tragedia ocurrida en la División El Teniente de Codelco, donde fallecieron seis trabajadores, el diputado Jaime Araya solicitó una fiscalización inmediata a faenas mineras e industriales en la Región de Antofagasta, tras recibir denuncias por presuntas deficiencias en condiciones de seguridad. El parlamentario hizo un llamado directo al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y a la Dirección del Trabajo, indicando que ha recibido dos denuncias “muy graves” respecto a operaciones en la zona. Según detalló, una de ellas corresponde a una mina subterránea que estaría funcionando sin fiscalización interna, lo que pondría en riesgo a sus trabajadores. La segunda denuncia involucra una planta industrial en el sector de La Negra, donde se habría producido el reventón de una cañería de ácido, situación que también habría expuesto a los operarios a un grave peligro. “No es posible que habiendo perdido seis vidas de trabajadores en Rancagua, nuestra región esté absolutamente al debe en fiscalización en terreno de las condiciones de seguridad con las que trabajan los mineros”, declaró Araya. El legislador exigió que los organismos pertinentes se constituyan en terreno para evaluar las condiciones de las faenas denunciadas y tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los trabajadores. “Espero que el Sernageomin y la Dirección del Trabajo actúen con celeridad y responsabilidad”, concluyó. Con información de: SoyAntof
El Ministerio de Minería anunció la reapertura del proceso de postulación a la patente minera rebajada para el año 2025, orientada a la pequeña minería, a través de la publicación del Decreto Supremo N°7 en el Diario Oficial. La iniciativa establece un sistema de ventanilla abierta, permitiendo que los pequeños productores con pertenencias de hasta 500 hectáreas puedan postular en cualquier momento del año, a diferencia de los procesos anteriores con plazos acotados. Esta medida implica que, si la solicitud es aprobada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) durante 2025, la rebaja se aplicará de forma retroactiva a la patente correspondiente al mes de marzo del mismo año. “Con la modificación del reglamento reafirmamos el compromiso claro y concreto de nuestro gobierno con la pequeña minería. Esta es una señal de respaldo a un sector fundamental para el desarrollo territorial”, destacó la ministra de Minería, Aurora Williams Baussa, subrayando el apoyo del Ejecutivo hacia quienes no pudieron completar su postulación en la etapa anterior. Por su parte, el director nacional de Sernageomin, Patricio Aguilera Poblete, informó que la institución ha reforzado sus equipos para garantizar una respuesta oportuna: “Todas las solicitudes ingresadas antes del 12 de junio serán resueltas en un plazo máximo de 10 días hábiles. Esta reapertura también nos permite cerrar adecuadamente el proceso 2025 y proyectar un proceso 2026 más ágil y accesible”. Desde la región de Antofagasta, el seremi de Minería (s) Luis Alberto Ayala valoró la medida, asegurando que responde a demandas del sector: “Este anuncio es muy importante porque no sólo atiende inquietudes de los dirigentes, sino que también promueve y potencia la actividad de baja escala”. Ayala añadió que los productores contarán con el apoyo técnico de profesionales de la seremi para asegurar el correcto ingreso de sus postulaciones. Mejoras para el proceso 2026 Paralelamente, el proceso de postulación correspondiente al año 2026 ya se encuentra habilitado, con importantes mejoras administrativas, como la sustitución del certificado de dominio vigente por una declaración jurada simple, y la eliminación del requisito de firma ante ministro de fe en los contratos de arriendo, lo que se espera agilice la tramitación. La implementación de un sistema permanente de postulación busca ampliar el acceso a estos beneficios en regiones con alta presencia de minería artesanal y de pequeña escala, consolidando el trabajo conjunto del Ministerio de Minería y Sernageomin en favor de este importante sector productivo del país.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el Gobierno en el contexto del conflicto por el proyecto minero-portuario Dominga, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales actualmente en curso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA). La resolución fue adoptada el 15 de abril por la Segunda Sala del TC, con tres votos a favor y dos en contra. El requerimiento fue ingresado por el Comité de Ministros el pasado 23 de marzo, tras una orden del 1TA que instruyó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución respecto del proyecto. El Ejecutivo argumenta que esta orden judicial excede las atribuciones del tribunal ambiental, ya que, según la legislación vigente, las decisiones ambientales deben ser tomadas exclusivamente por el Comité de Ministros. El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, señaló que el Gobierno está haciendo uso de las herramientas constitucionales para resguardar el Estado de derecho. Por su parte, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, indicó que corresponde al TC determinar los límites entre las competencias judiciales y administrativas. En su resolución, el TC argumentó que el requerimiento cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su ley orgánica, y que la continuación de los procesos judiciales podría generar un “daño irreparable”, lo que justificó su suspensión provisional. Votaron a favor de la admisibilidad los ministros Nancy Yáñez, María Pía Silva y Mario Gómez Montoya. En contra lo hicieron Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas, quienes consideraron que no se daban las condiciones necesarias para admitir el requerimiento. Desde la empresa Andes Iron, responsable del proyecto Dominga, calificaron la acción del Gobierno como “una nueva maniobra dilatoria”, señalando que el fallo del 1TA buscaba únicamente dar cumplimiento a una sentencia emitida en diciembre de 2024. La compañía solicitó al SEA modificar el estatus del proyecto a “aprobado”. Fuente: SoyAntofagasta
