Diputado solicita fiscalización urgente a faenas mineras en Antofagasta
Habría recibido denuncias por falta de seguridad, en que una mina subterránea operaría sin fiscalización interna y en una planta en La Negra habría reventado una cañería de ácido.
En el contexto de la reciente tragedia ocurrida en la División El Teniente de Codelco, donde fallecieron seis trabajadores, el diputado Jaime Araya solicitó una fiscalización inmediata a faenas mineras e industriales en la Región de Antofagasta, tras recibir denuncias por presuntas deficiencias en condiciones de seguridad.
El parlamentario hizo un llamado directo al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y a la Dirección del Trabajo, indicando que ha recibido dos denuncias “muy graves” respecto a operaciones en la zona. Según detalló, una de ellas corresponde a una mina subterránea que estaría funcionando sin fiscalización interna, lo que pondría en riesgo a sus trabajadores.
La segunda denuncia involucra una planta industrial en el sector de La Negra, donde se habría producido el reventón de una cañería de ácido, situación que también habría expuesto a los operarios a un grave peligro.
“No es posible que habiendo perdido seis vidas de trabajadores en Rancagua, nuestra región esté absolutamente al debe en fiscalización en terreno de las condiciones de seguridad con las que trabajan los mineros”, declaró Araya.
El legislador exigió que los organismos pertinentes se constituyan en terreno para evaluar las condiciones de las faenas denunciadas y tomar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los trabajadores. “Espero que el Sernageomin y la Dirección del Trabajo actúen con celeridad y responsabilidad”, concluyó.
Con información de: SoyAntof
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Se remarcó que la resolución impugnada no encuadra en los supuestos que el artículo 370 del Código Procesal Penal establece para permitir apelaciones,
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Durante la primera semana de octubre, delincuentes realizaron además la desconexión y conexión ilegal de una reductora de presión con el fin de sustraer agua potable.
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Entre 2014 y 2024, solo el 44% de los subsidios otorgados fueron pagados, con una baja ejecución en proyectos de integración social, la mayoría ubicados en zonas periféricas.
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Los imputados cumplen arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante. La demora se habría dado por la no entrega de un cardex fotográfico.
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Las autoridades hicieron un llamado a familiares y amigos para generar espacios de conversación y recordaron la disponibilidad de la línea *4141 y el call center “Salud Responde".
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Las agresiones incluyen casos físicos, verbales y sexuales, así como amenazas y descalificaciones, destacando un aumento de incidentes graves respecto al año anterior.
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Trabajadores del recinto afirmaron que había cometido otros robos en días anteriores. El diputado Sebastián Videla anunció que solicitará la expulsión del acusado.
