Un fatal accidente laboral se registró en las instalaciones de la División Radomiro Tomic, faena minera ubicada a 40 kilómetros al norte de la comuna de Calama. De acuerdo con la información preliminar entregada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el hecho dejó como saldo un trabajador fallecido. Las circunstancias y causas exactas que originaron el incidente están siendo investigadas por el organismo jurisdiccional competente. Asimismo, las autoridades confirmaron que no se reportaron otras personas lesionadas ni emergencias derivadas del suceso. Ante esta situación, el Director (S) de Sernageomin informó que personal del servicio se traslada hasta el lugar del evento para realizar las labores de fiscalización pertinentes y determinar las medidas administrativas correspondientes a este tipo de incidentes.
Con avances significativos en eficiencia operacional y economía circular concluyó el Acuerdo de Producción Limpia (APL)Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y uso eficiente del agua, liderado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta. Como resultado del proceso de 24 meses, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) certificó a 15 empresas (16 instalaciones). La iniciativa permitió evitar la disposición final de 16.677 toneladas de RCD, reduciendo 5.412 toneladas de emisiones de \text{CO}_2 (equivalente a retirar 1.260 vehículos de circulación por un año). En el plano económico e hídrico, las compañías participantes registraron: Ahorro en costos: Una disminución del 41% en gastos de gestión de residuos. Eficiencia hídrica: Reducción del consumo de agua de un 20,94% en instalaciones permanentes y de un 25,77% en obras temporales. Alianza clave para la sostenibilidad regional El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó el impacto del acuerdo frente a contingencias locales como el cierre del vertedero La Chimba. En la misma línea, Marcela Torres Moraga, vicepresidenta de Gestión y Sostenibilidad de CChC Antofagasta, subrayó que «incorporar modelos de economía circular no debe verse como un gasto, sino como una inversión de largo plazo que aumenta la productividad». Por su parte, el director ejecutivo (s) de la ASCC, Sebastián Carvallo, y la seremi de Medio Ambiente, Verónica Araneda, coincidieron en que la colaboración público-privada fue determinante para demostrar la viabilidad financiera y ambiental de este modelo. El programa incluyó la capacitación de 216 personas mediante cursos SENCE e inducciones desarrolladas junto a la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), consolidando este primer APL como un hito replicable para la industria nacional.
El Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta acogió la argumentación de la Municipalidad de Antofagasta respecto al cálculo de intereses en el juicio que sostiene desde 2016 con la empresa Servicios Generales Global Ltda. La parte demandante, representada por el abogado Carlos Claussen Calvo, exigía el pago de reajustes e intereses acumulados desde 2016 a la fecha, lo que sumaba una cifra cercana a los 18 millones de dólares. Sin embargo, el tribunal respaldó la postura del municipio, dictaminando que los intereses solo debían aplicarse entre 2016 y 2018, periodo en el que la casa edilicia ya había saldado seis facturas más intereses por un monto superior a los 4 millones de dólares. Este fallo representa el segundo resultado favorable para la municipalidad frente a las acciones de Claussen. En mayo pasado, el mismo tribunal había revertido un embargo previo sobre sus cuentas corrientes bancarias. Desde el municipio valoraron la resolución, señalando que resguarda los recursos públicos destinados a servicios esenciales e inversión social en la comuna.
Un accidente de carácter fatal se registró en las instalaciones de la Faena Minera Escondida, ubicada en la comuna de Antofagasta, según consta en el Reporte N° 164-A emitido por SENAPRED. De acuerdo con la información oficial entregada por SERNAGEOMIN y la Gerencia de Seguridad de la faena, el hecho ocurrió cuando el trabajador involucrado se encontraba realizando labores vinculadas a la apertura de una caja de transporte que contenía un parabrisas de reemplazo. Tras la alerta, la Brigada de Emergencia de la empresa minera activó de inmediato los protocolos de primera respuesta para prestar los primeros auxilios en el lugar. Posteriormente, el trabajador fue trasladado al policlínico interno de la faena minera, instancia en la que el personal médico constató su fallecimiento. Hasta el lugar del incidente concurrieron efectivos de Carabineros de Chile para adoptar los procedimientos correspondientes, así como fiscalizadores del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) para iniciar la fiscalización y la tramitación de las medidas administrativas de rigor. Asimismo, se coordinó la presencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) con el objetivo de llevar a cabo las pericias técnicas pertinentes, además del Servicio Médico Legal (SML), entidad encargada de realizar el levantamiento del cuerpo para su posterior entrega a los familiares. Desde los organismos de respuesta confirmaron que no se registraron otras situaciones de emergencia producto de este evento
Más de 3,7 millones de electores que no sufragaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 serán denunciados por el Servicio Electoral (Servel) ante los juzgados de policía local. La cifra fue entregada por el director del Servel, Raúl García, durante una exposición ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso. Según explicó, el organismo contabilizó un total de 3.760.261 electores que no votaron en los comicios del año pasado y que, conforme a la legislación vigente, serán denunciados. El proceso de recopilación de antecedentes desde los padrones electorales todavía está en desarrollo y el Servel estima que podría concluir durante octubre o noviembre, por lo que la cifra podría experimentar modificaciones. ¿Qué multa arriesgan quienes no votaron? La normativa establece multas de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no hayan cumplido con su deber de sufragar y no cuenten con una causal que los exima. Con los valores considerados actualmente para este proceso, la sanción podría fluctuar aproximadamente entre $36 mil y $108 mil. Sin embargo, la denuncia del Servel no significa que todas las personas necesariamente deban pagar una multa, ya que cada caso será revisado por el Juzgado de Policía Local correspondiente. ¿Quiénes pueden justificar no haber votado? La legislación contempla determinadas circunstancias que permiten justificar la ausencia a las urnas. Entre ellas se encuentran estar enfermo, encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, haber cumplido funciones electorales o contar con una discapacidad debidamente acreditada. También se considera como causal un impedimento grave que haya imposibilitado a la persona concurrir a votar, siempre que pueda ser acreditado ante el juez de policía local. Las denuncias llegarán a los juzgados Una vez finalizado el proceso de recopilación y revisión de los antecedentes, el Servel deberá remitir las denuncias a los juzgados de policía local, que serán los encargados de tramitar cada caso y determinar si corresponde aplicar una sanción. La magnitud del proceso también ha generado preocupación entre los jueces de policía local. El presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Francisco Ríos, advirtió que el ingreso de más de 3,7 mill
Un fatal accidente laboral se registró en las instalaciones de la División Radomiro Tomic, faena minera ubicada a 40 kilómetros al norte de la comuna de Calama. De acuerdo con la información preliminar entregada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el hecho dejó como saldo un trabajador fallecido. Las circunstancias y causas exactas que originaron el incidente están siendo investigadas por el organismo jurisdiccional competente. Asimismo, las autoridades confirmaron que no se reportaron otras personas lesionadas ni emergencias derivadas del suceso. Ante esta situación, el Director (S) de Sernageomin informó que personal del servicio se traslada hasta el lugar del evento para realizar las labores de fiscalización pertinentes y determinar las medidas administrativas correspondientes a este tipo de incidentes.
Con avances significativos en eficiencia operacional y economía circular concluyó el Acuerdo de Producción Limpia (APL)Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y uso eficiente del agua, liderado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta. Como resultado del proceso de 24 meses, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) certificó a 15 empresas (16 instalaciones). La iniciativa permitió evitar la disposición final de 16.677 toneladas de RCD, reduciendo 5.412 toneladas de emisiones de \text{CO}_2 (equivalente a retirar 1.260 vehículos de circulación por un año). En el plano económico e hídrico, las compañías participantes registraron: Ahorro en costos: Una disminución del 41% en gastos de gestión de residuos. Eficiencia hídrica: Reducción del consumo de agua de un 20,94% en instalaciones permanentes y de un 25,77% en obras temporales. Alianza clave para la sostenibilidad regional El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó el impacto del acuerdo frente a contingencias locales como el cierre del vertedero La Chimba. En la misma línea, Marcela Torres Moraga, vicepresidenta de Gestión y Sostenibilidad de CChC Antofagasta, subrayó que «incorporar modelos de economía circular no debe verse como un gasto, sino como una inversión de largo plazo que aumenta la productividad». Por su parte, el director ejecutivo (s) de la ASCC, Sebastián Carvallo, y la seremi de Medio Ambiente, Verónica Araneda, coincidieron en que la colaboración público-privada fue determinante para demostrar la viabilidad financiera y ambiental de este modelo. El programa incluyó la capacitación de 216 personas mediante cursos SENCE e inducciones desarrolladas junto a la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), consolidando este primer APL como un hito replicable para la industria nacional.
El Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta acogió la argumentación de la Municipalidad de Antofagasta respecto al cálculo de intereses en el juicio que sostiene desde 2016 con la empresa Servicios Generales Global Ltda. La parte demandante, representada por el abogado Carlos Claussen Calvo, exigía el pago de reajustes e intereses acumulados desde 2016 a la fecha, lo que sumaba una cifra cercana a los 18 millones de dólares. Sin embargo, el tribunal respaldó la postura del municipio, dictaminando que los intereses solo debían aplicarse entre 2016 y 2018, periodo en el que la casa edilicia ya había saldado seis facturas más intereses por un monto superior a los 4 millones de dólares. Este fallo representa el segundo resultado favorable para la municipalidad frente a las acciones de Claussen. En mayo pasado, el mismo tribunal había revertido un embargo previo sobre sus cuentas corrientes bancarias. Desde el municipio valoraron la resolución, señalando que resguarda los recursos públicos destinados a servicios esenciales e inversión social en la comuna.
Un accidente de carácter fatal se registró en las instalaciones de la Faena Minera Escondida, ubicada en la comuna de Antofagasta, según consta en el Reporte N° 164-A emitido por SENAPRED. De acuerdo con la información oficial entregada por SERNAGEOMIN y la Gerencia de Seguridad de la faena, el hecho ocurrió cuando el trabajador involucrado se encontraba realizando labores vinculadas a la apertura de una caja de transporte que contenía un parabrisas de reemplazo. Tras la alerta, la Brigada de Emergencia de la empresa minera activó de inmediato los protocolos de primera respuesta para prestar los primeros auxilios en el lugar. Posteriormente, el trabajador fue trasladado al policlínico interno de la faena minera, instancia en la que el personal médico constató su fallecimiento. Hasta el lugar del incidente concurrieron efectivos de Carabineros de Chile para adoptar los procedimientos correspondientes, así como fiscalizadores del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) para iniciar la fiscalización y la tramitación de las medidas administrativas de rigor. Asimismo, se coordinó la presencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) con el objetivo de llevar a cabo las pericias técnicas pertinentes, además del Servicio Médico Legal (SML), entidad encargada de realizar el levantamiento del cuerpo para su posterior entrega a los familiares. Desde los organismos de respuesta confirmaron que no se registraron otras situaciones de emergencia producto de este evento
Más de 3,7 millones de electores que no sufragaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 serán denunciados por el Servicio Electoral (Servel) ante los juzgados de policía local. La cifra fue entregada por el director del Servel, Raúl García, durante una exposición ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso. Según explicó, el organismo contabilizó un total de 3.760.261 electores que no votaron en los comicios del año pasado y que, conforme a la legislación vigente, serán denunciados. El proceso de recopilación de antecedentes desde los padrones electorales todavía está en desarrollo y el Servel estima que podría concluir durante octubre o noviembre, por lo que la cifra podría experimentar modificaciones. ¿Qué multa arriesgan quienes no votaron? La normativa establece multas de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no hayan cumplido con su deber de sufragar y no cuenten con una causal que los exima. Con los valores considerados actualmente para este proceso, la sanción podría fluctuar aproximadamente entre $36 mil y $108 mil. Sin embargo, la denuncia del Servel no significa que todas las personas necesariamente deban pagar una multa, ya que cada caso será revisado por el Juzgado de Policía Local correspondiente. ¿Quiénes pueden justificar no haber votado? La legislación contempla determinadas circunstancias que permiten justificar la ausencia a las urnas. Entre ellas se encuentran estar enfermo, encontrarse fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, haber cumplido funciones electorales o contar con una discapacidad debidamente acreditada. También se considera como causal un impedimento grave que haya imposibilitado a la persona concurrir a votar, siempre que pueda ser acreditado ante el juez de policía local. Las denuncias llegarán a los juzgados Una vez finalizado el proceso de recopilación y revisión de los antecedentes, el Servel deberá remitir las denuncias a los juzgados de policía local, que serán los encargados de tramitar cada caso y determinar si corresponde aplicar una sanción. La magnitud del proceso también ha generado preocupación entre los jueces de policía local. El presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Francisco Ríos, advirtió que el ingreso de más de 3,7 mill
