Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que al menos 538 funcionarios públicos de la región de Antofagasta asistieron a casinos de juego mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. El hallazgo forma parte de una auditoría nacional orientada a fiscalizar el uso correcto de permisos médicos y el cumplimiento de las normativas por parte del sector público. Dentro de los servicios analizados, el Servicio de Salud de Antofagasta figura como el organismo con mayor número de casos en la región, con 179 ingresos a recintos de juego, posicionándose entre las 20 instituciones públicas con más irregularidades a nivel país. El informe nacional identifica un total de 13.286 funcionarios públicos que, estando con licencia médica, realizaron 14.923 visitas a los 25 casinos autorizados en Chile. Las regiones con mayor número de casos son O’Higgins, Biobío y Valparaíso. El análisis fue realizado mediante el cruce de información entre la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego, y tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar la probidad en la administración pública.
La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) mantiene más de $4.200 millones de pesos pendientes de rendición por parte de asociaciones, fundaciones y otras entidades que ejecutan proyectos financiados con recursos públicos. El organismo fiscalizador también identificó $4.856 millones en montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados, además de diversas irregularidades administrativas. El informe corresponde a una auditoría realizada sobre el uso de recursos entre enero y septiembre de 2024, y forma parte de una serie de fiscalizaciones aplicadas a los gobiernos regionales del país. Según el documento, al 30 de septiembre de 2024, se constató que $4.202.867.306 no han sido rendidos por los organismos receptores. La Contraloría advirtió que estos saldos incluyen fondos entregados desde 2021, sin que el Gore haya tomado medidas suficientes para exigir su rendición. Para 2022, queda un 33% sin rendir; para 2023, un 39%; y para 2024, un 95%. Respecto a los montos observados, solicitados a reintegro o rechazados, el informe cifra en $4.856.481.471 el total a regularizar, indicando que no se han observado gestiones eficaces para recuperar dichos recursos. La auditoría también señaló observaciones correspondientes a cada año desde 2021, incluyendo $2.405 millones solo en 2023. El Gobierno Regional reconoció las observaciones y explicó que parte de los proyectos siguen en ejecución. Sin embargo, la Contraloría mantuvo sus reparos, dado que la entidad no presentó acciones correctivas concluyentes. Entre las irregularidades adicionales, el informe cuestionó un contrato a honorarios suscrito para labores permanentes —contraviniendo un dictamen de 2022— y el uso de vehículos fiscales durante días inhábiles sin la debida autorización. Por este último punto, la Contraloría instruyó una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas. Además, se observó el uso de la cuenta de Instagram oficial del Gore para difundir actividades institucionales con reiterada presencia del gobernador regional, lo que fue considerado un uso inadecuado de recursos públicos con fines de promoción personal. La entidad deberá abstenerse de repetir esta práctica. La Contraloría concluyó que varias de las observaciones se mantienen vigentes debido a la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gore, reiterando la necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición en el uso de fondos públicos. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, respondió que las observaciones de la Contraloría no están relacionadas con gastos electorales, sino con rendiciones tardías de proyectos del fondo del 8% de vinculación con el medio, principalmente entregados en julio de 2024. Señaló que en febrero de este año se presentó una carta GAN con un calendario para regularizar dichas rendiciones, y actualmente están respondiendo nuevas solicitudes del organismo fiscalizador. Respecto a la objeción por el uso de un vehículo fiscal durante un día feriado, explicó que fue utilizado el 21 de mayo para asistir al desfile conmemorativo, y que ya han entregado explicaciones al respecto. Con información de: Timeline
Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que al menos 538 funcionarios públicos de la región de Antofagasta asistieron a casinos de juego mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. El hallazgo forma parte de una auditoría nacional orientada a fiscalizar el uso correcto de permisos médicos y el cumplimiento de las normativas por parte del sector público. Dentro de los servicios analizados, el Servicio de Salud de Antofagasta figura como el organismo con mayor número de casos en la región, con 179 ingresos a recintos de juego, posicionándose entre las 20 instituciones públicas con más irregularidades a nivel país. El informe nacional identifica un total de 13.286 funcionarios públicos que, estando con licencia médica, realizaron 14.923 visitas a los 25 casinos autorizados en Chile. Las regiones con mayor número de casos son O’Higgins, Biobío y Valparaíso. El análisis fue realizado mediante el cruce de información entre la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Superintendencia de Casinos de Juego, y tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar la probidad en la administración pública.
La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) mantiene más de $4.200 millones de pesos pendientes de rendición por parte de asociaciones, fundaciones y otras entidades que ejecutan proyectos financiados con recursos públicos. El organismo fiscalizador también identificó $4.856 millones en montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados, además de diversas irregularidades administrativas. El informe corresponde a una auditoría realizada sobre el uso de recursos entre enero y septiembre de 2024, y forma parte de una serie de fiscalizaciones aplicadas a los gobiernos regionales del país. Según el documento, al 30 de septiembre de 2024, se constató que $4.202.867.306 no han sido rendidos por los organismos receptores. La Contraloría advirtió que estos saldos incluyen fondos entregados desde 2021, sin que el Gore haya tomado medidas suficientes para exigir su rendición. Para 2022, queda un 33% sin rendir; para 2023, un 39%; y para 2024, un 95%. Respecto a los montos observados, solicitados a reintegro o rechazados, el informe cifra en $4.856.481.471 el total a regularizar, indicando que no se han observado gestiones eficaces para recuperar dichos recursos. La auditoría también señaló observaciones correspondientes a cada año desde 2021, incluyendo $2.405 millones solo en 2023. El Gobierno Regional reconoció las observaciones y explicó que parte de los proyectos siguen en ejecución. Sin embargo, la Contraloría mantuvo sus reparos, dado que la entidad no presentó acciones correctivas concluyentes. Entre las irregularidades adicionales, el informe cuestionó un contrato a honorarios suscrito para labores permanentes —contraviniendo un dictamen de 2022— y el uso de vehículos fiscales durante días inhábiles sin la debida autorización. Por este último punto, la Contraloría instruyó una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas. Además, se observó el uso de la cuenta de Instagram oficial del Gore para difundir actividades institucionales con reiterada presencia del gobernador regional, lo que fue considerado un uso inadecuado de recursos públicos con fines de promoción personal. La entidad deberá abstenerse de repetir esta práctica. La Contraloría concluyó que varias de las observaciones se mantienen vigentes debido a la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gore, reiterando la necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición en el uso de fondos públicos. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, respondió que las observaciones de la Contraloría no están relacionadas con gastos electorales, sino con rendiciones tardías de proyectos del fondo del 8% de vinculación con el medio, principalmente entregados en julio de 2024. Señaló que en febrero de este año se presentó una carta GAN con un calendario para regularizar dichas rendiciones, y actualmente están respondiendo nuevas solicitudes del organismo fiscalizador. Respecto a la objeción por el uso de un vehículo fiscal durante un día feriado, explicó que fue utilizado el 21 de mayo para asistir al desfile conmemorativo, y que ya han entregado explicaciones al respecto. Con información de: Timeline