La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) mantiene más de $4.200 millones de pesos pendientes de rendición por parte de asociaciones, fundaciones y otras entidades que ejecutan proyectos financiados con recursos públicos. El organismo fiscalizador también identificó $4.856 millones en montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados, además de diversas irregularidades administrativas. El informe corresponde a una auditoría realizada sobre el uso de recursos entre enero y septiembre de 2024, y forma parte de una serie de fiscalizaciones aplicadas a los gobiernos regionales del país. Según el documento, al 30 de septiembre de 2024, se constató que $4.202.867.306 no han sido rendidos por los organismos receptores. La Contraloría advirtió que estos saldos incluyen fondos entregados desde 2021, sin que el Gore haya tomado medidas suficientes para exigir su rendición. Para 2022, queda un 33% sin rendir; para 2023, un 39%; y para 2024, un 95%. Respecto a los montos observados, solicitados a reintegro o rechazados, el informe cifra en $4.856.481.471 el total a regularizar, indicando que no se han observado gestiones eficaces para recuperar dichos recursos. La auditoría también señaló observaciones correspondientes a cada año desde 2021, incluyendo $2.405 millones solo en 2023. El Gobierno Regional reconoció las observaciones y explicó que parte de los proyectos siguen en ejecución. Sin embargo, la Contraloría mantuvo sus reparos, dado que la entidad no presentó acciones correctivas concluyentes. Entre las irregularidades adicionales, el informe cuestionó un contrato a honorarios suscrito para labores permanentes —contraviniendo un dictamen de 2022— y el uso de vehículos fiscales durante días inhábiles sin la debida autorización. Por este último punto, la Contraloría instruyó una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas. Además, se observó el uso de la cuenta de Instagram oficial del Gore para difundir actividades institucionales con reiterada presencia del gobernador regional, lo que fue considerado un uso inadecuado de recursos públicos con fines de promoción personal. La entidad deberá abstenerse de repetir esta práctica. La Contraloría concluyó que varias de las observaciones se mantienen vigentes debido a la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gore, reiterando la necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición en el uso de fondos públicos. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, respondió que las observaciones de la Contraloría no están relacionadas con gastos electorales, sino con rendiciones tardías de proyectos del fondo del 8% de vinculación con el medio, principalmente entregados en julio de 2024. Señaló que en febrero de este año se presentó una carta GAN con un calendario para regularizar dichas rendiciones, y actualmente están respondiendo nuevas solicitudes del organismo fiscalizador. Respecto a la objeción por el uso de un vehículo fiscal durante un día feriado, explicó que fue utilizado el 21 de mayo para asistir al desfile conmemorativo, y que ya han entregado explicaciones al respecto. Con información de: Timeline
La Contraloría General de la República ha ordenado al Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) exigir a la municipalidad de la capital regional el reintegro de $50.499.000, debido a gastos improcedentes dentro del marco del programa “Apoyo a la Salud Mental Infantil” (PASMI). Según informó Timeline, la medida se toma tras una fiscalización realizada a los recursos entregados por el Ministerio de Salud para dicho programa, que se ejecutó entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. La auditoría realizada por la Contraloría reveló que la municipalidad de Antofagasta, a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), contrató servicios de traslados para diversos programas municipales, pero no incluyó al personal específico del programa PASMI. Estos traslados, correspondientes a visitas domiciliarias y educacionales, fueron cobrados sin que estuvieran directamente relacionados con el objetivo del programa de salud mental infantil. El contrato de servicios de transporte, firmado en 2020, no especificaba que los traslados correspondieran a actividades del mencionado. Además, la Contraloría encontró que los gastos rendidos por la municipalidad, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, no se ajustaron a los convenios establecidos. Por ello, se instruyó el reintegro de los $50.499.000 por los gastos que no fueron correctamente justificados, y se solicitó que el SSA adopte medidas de control y supervisión para evitar que situaciones similares se repitan en futuras auditorías. La fiscalización también detectó otras inconsistencias en la implementación del programa PASMI, como la falta de validación de la información sobre la cantidad de pacientes atendidos y el cumplimiento de las acciones acordadas en los convenios, lo que impide asegurar la efectividad de la iniciativa. Ante esta situación, la Contraloría recomendó incluir el caso en un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas. Fuente: Timeline
La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) mantiene más de $4.200 millones de pesos pendientes de rendición por parte de asociaciones, fundaciones y otras entidades que ejecutan proyectos financiados con recursos públicos. El organismo fiscalizador también identificó $4.856 millones en montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados, además de diversas irregularidades administrativas. El informe corresponde a una auditoría realizada sobre el uso de recursos entre enero y septiembre de 2024, y forma parte de una serie de fiscalizaciones aplicadas a los gobiernos regionales del país. Según el documento, al 30 de septiembre de 2024, se constató que $4.202.867.306 no han sido rendidos por los organismos receptores. La Contraloría advirtió que estos saldos incluyen fondos entregados desde 2021, sin que el Gore haya tomado medidas suficientes para exigir su rendición. Para 2022, queda un 33% sin rendir; para 2023, un 39%; y para 2024, un 95%. Respecto a los montos observados, solicitados a reintegro o rechazados, el informe cifra en $4.856.481.471 el total a regularizar, indicando que no se han observado gestiones eficaces para recuperar dichos recursos. La auditoría también señaló observaciones correspondientes a cada año desde 2021, incluyendo $2.405 millones solo en 2023. El Gobierno Regional reconoció las observaciones y explicó que parte de los proyectos siguen en ejecución. Sin embargo, la Contraloría mantuvo sus reparos, dado que la entidad no presentó acciones correctivas concluyentes. Entre las irregularidades adicionales, el informe cuestionó un contrato a honorarios suscrito para labores permanentes —contraviniendo un dictamen de 2022— y el uso de vehículos fiscales durante días inhábiles sin la debida autorización. Por este último punto, la Contraloría instruyó una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas. Además, se observó el uso de la cuenta de Instagram oficial del Gore para difundir actividades institucionales con reiterada presencia del gobernador regional, lo que fue considerado un uso inadecuado de recursos públicos con fines de promoción personal. La entidad deberá abstenerse de repetir esta práctica. La Contraloría concluyó que varias de las observaciones se mantienen vigentes debido a la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gore, reiterando la necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición en el uso de fondos públicos. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, respondió que las observaciones de la Contraloría no están relacionadas con gastos electorales, sino con rendiciones tardías de proyectos del fondo del 8% de vinculación con el medio, principalmente entregados en julio de 2024. Señaló que en febrero de este año se presentó una carta GAN con un calendario para regularizar dichas rendiciones, y actualmente están respondiendo nuevas solicitudes del organismo fiscalizador. Respecto a la objeción por el uso de un vehículo fiscal durante un día feriado, explicó que fue utilizado el 21 de mayo para asistir al desfile conmemorativo, y que ya han entregado explicaciones al respecto. Con información de: Timeline
La Contraloría General de la República ha ordenado al Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) exigir a la municipalidad de la capital regional el reintegro de $50.499.000, debido a gastos improcedentes dentro del marco del programa “Apoyo a la Salud Mental Infantil” (PASMI). Según informó Timeline, la medida se toma tras una fiscalización realizada a los recursos entregados por el Ministerio de Salud para dicho programa, que se ejecutó entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. La auditoría realizada por la Contraloría reveló que la municipalidad de Antofagasta, a través de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), contrató servicios de traslados para diversos programas municipales, pero no incluyó al personal específico del programa PASMI. Estos traslados, correspondientes a visitas domiciliarias y educacionales, fueron cobrados sin que estuvieran directamente relacionados con el objetivo del programa de salud mental infantil. El contrato de servicios de transporte, firmado en 2020, no especificaba que los traslados correspondieran a actividades del mencionado. Además, la Contraloría encontró que los gastos rendidos por la municipalidad, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, no se ajustaron a los convenios establecidos. Por ello, se instruyó el reintegro de los $50.499.000 por los gastos que no fueron correctamente justificados, y se solicitó que el SSA adopte medidas de control y supervisión para evitar que situaciones similares se repitan en futuras auditorías. La fiscalización también detectó otras inconsistencias en la implementación del programa PASMI, como la falta de validación de la información sobre la cantidad de pacientes atendidos y el cumplimiento de las acciones acordadas en los convenios, lo que impide asegurar la efectividad de la iniciativa. Ante esta situación, la Contraloría recomendó incluir el caso en un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas. Fuente: Timeline