Caso Fachadas: UDI presenta querella contra fundación ProCultura

Este lunes, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, el equipo de abogados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha presentado una querella contra todos los posibles responsables de los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Esta acción legal se basa en los acuerdos firmados entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la fundación Procultura. 

La querella ha sido formulada por un equipo compuesto por el exintendente y exconvencional de la región, Pablo Toloza, la directora del Área Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Teresita Santa Cruz, y el asesor legislativo Carlos Oyarzún. 

Se centra en el convenio que aborda la "Recuperación de fachadas del casco histórico de la ciudad", el cual tiene un valor cercano a los $630 millones.Según detalló Pablo Toloza, se ha solicitado que declaren el subsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, así como el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jakson.La querella plantea diversas dudas sobre la fundación Procultura, en relación a su actividad centrada en la venta y edición de libros, aprendizaje, educación y cultura. 

Además, cuestiona el alto valor otorgado al convenio, el progreso del proyecto y las utilidades asociadas al mismo.El documento presentado señala que hasta la fecha no se ha registrado un avance significativo en el programa. Según un análisis preliminar del proyecto, “se puede concluir que se pintarán 3 fachadas –un total de 2.400 metros cuadrados- en un plazo de 4 meses, función que realizarán 30 pintores, es decir un promedio de 5 metros 2 por semana o 1 metros 2 por día hábil cada uno, ciertamente esto es una burla, como también sería presentar esto como un plan de reactivación de empleo pues a los únicos que se benefician es a los funcionarios de la Fundación ProCultura”.

El abogado de Antofagasta también enfatizó la importancia de verificar si los convenios se cumplieron de acuerdo con la normativa, quiénes debieron suscribirlos y cuál era el objetivo del convenio. Además, destacó la necesidad de que el valor pagado por los servicios sea adecuado y acorde al mercado. Asimismo, resaltó que estos convenios deben tener un impacto real en la ciudadanía, especialmente cuando se utilizan recursos estatales. 

Pablo Toloza mencionó que este convenio forma parte de un programa de puesta en valor del patrimonio, el cual busca mejorar los edificios públicos. En sus dichos, declaró que el programa surgió originalmente cuando Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad y ya se había implementado en Antofagasta durante su período como intendente, con la rehabilitación del antiguo correo, que ahora es la Biblioteca Regional. 

Por lo tanto, atendiendo a sus palabras, sería crucial entender la importancia y la relevancia de que el Subsecretario Crispi declare, ya que fue quien recomendó la fundación. También es necesario evaluar si el convenio está alineado con los objetivos de conservación del patrimonio, ya que si se trata solo de impuestos para lograr dicho fin, sin generar empleo ni impacto real en la comunidad, pierde su sentido y se aleja de lo establecido por el programa. 

El exintendente también expresó su preocupación por las utilidades del proyecto. Le llamó poderosamente la atención que el cuadro presentado por la empresa indique que habrá un 12% de utilidades correspondientes a los $630 millones de pesos. Aunque las fundaciones pueden tener utilidades, estas deben reinvertirse en el mismo ejercicio tributario. En su opinión, destinar recursos públicos para financiar una fundación no es razonable. Además, considera que el 12% de utilidad es bastante alto para cualquier proyecto y no resultaría justificado.

Fuente: Soy Antofagasta