Respaldan informe de Comisión Investigadora por ProCultura
El documento denuncia deficiencias graves en el sistema de transferencias públicas y apunta a posibles delitos como fraude al Fisco y lavado de activos.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto.
El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa.
Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos.
El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”.
Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales.
El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados.
También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados.
Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad.
Fuente: Bío Bío
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