La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este miércoles el recurso presentado por el Ministerio Público contra la resolución que declaró inadmisible la apelación interpuesta tras la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía en el denominado caso Procultura. En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada integrante Luisa Cortés Sánchez— desestimó la acción por considerarla improcedente. Según el dictamen, las resoluciones emitidas por un juez de garantía solo pueden ser apeladas cuando ponen término al procedimiento, impiden su continuación, lo suspenden por más de treinta días o cuando la ley lo dispone expresamente, de acuerdo con el artículo 370 del Código Procesal Penal. El tribunal explicó que la resolución cuestionada se refiere a un incidente de declinatoria de competencia, mecanismo que busca trasladar el conocimiento de una causa a otro tribunal que se estime competente. Por tanto, la declaración de incompetencia no pone fin al proceso ni impide su prosecución, sino que únicamente determina cuál tribunal deberá continuar con la causa. Asimismo, la Corte concluyó que la resolución no encuadra en ninguno de los supuestos legales que habilitan la apelación, ya que no suspende el procedimiento por más de treinta días ni existe una norma que autorice expresamente este recurso en dicho contexto.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este miércoles el recurso presentado por el Ministerio Público contra la resolución que declaró inadmisible la apelación interpuesta tras la declaración de incompetencia del Juzgado de Garantía en el denominado caso Procultura. En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Virginia Soublette Miranda, Jaime Rojas Mundaca y la abogada integrante Luisa Cortés Sánchez— desestimó la acción por considerarla improcedente. Según el dictamen, las resoluciones emitidas por un juez de garantía solo pueden ser apeladas cuando ponen término al procedimiento, impiden su continuación, lo suspenden por más de treinta días o cuando la ley lo dispone expresamente, de acuerdo con el artículo 370 del Código Procesal Penal. El tribunal explicó que la resolución cuestionada se refiere a un incidente de declinatoria de competencia, mecanismo que busca trasladar el conocimiento de una causa a otro tribunal que se estime competente. Por tanto, la declaración de incompetencia no pone fin al proceso ni impide su prosecución, sino que únicamente determina cuál tribunal deberá continuar con la causa. Asimismo, la Corte concluyó que la resolución no encuadra en ninguno de los supuestos legales que habilitan la apelación, ya que no suspende el procedimiento por más de treinta días ni existe una norma que autorice expresamente este recurso en dicho contexto.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, con 81 votos a favor y solo tres abstenciones, el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios suscritos entre la Fundación ProCultura y diversas entidades estatales. Las abstenciones correspondieron a los diputados Raúl Leiva, Daniel Melo y Leonardo Soto. El informe surge en el marco de una investigación penal del Ministerio Público, que indaga 18 convenios adjudicados a ProCultura —organización presidida por el psiquiatra Alberto Larraín— por un total superior a los $5.800 millones en ocho regiones del país. La Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por presuntos delitos como lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa. Uno de los convenios de mayor cuantía es el programa de prevención del suicidio impulsado por el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM) en 2022, por el cual se transfirieron $1.683 millones a la fundación. Según el informe, $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos. El documento aprobado por la Cámara denuncia deficiencias estructurales en el sistema de transferencias públicas y advierte sobre la posible comisión de delitos. El texto sostiene que “el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales”. Entre los principales hallazgos se enumeran: sobreprecios y gastos irregulares; una red de empresas vinculadas a la fundación; asignaciones directas recurrentes; evaluaciones estatales insuficientes; omisión de inhabilidades legales; y vínculos no declarados con autoridades regionales. El informe atribuye responsabilidades políticas a distintos actores, incluyendo gobernadores regionales, el exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sobre el exgobernador metropolitano Claudio Orrego, se indica que “posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político” por su rol en el proyecto “Quédate”, el cual fue aprobado —según el informe— de forma acelerada y sin el respaldo técnico adecuado. Además, se menciona que existían vínculos personales y profesionales previos entre Orrego y Larraín que no fueron declarados. También se destaca la responsabilidad política de los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), en ambos casos por falta de supervisión efectiva sobre los recursos asignados. Respecto a Miguel Crispi, el informe señala que su rol fue “especialmente relevante” al validar institucionalmente a la fundación mediante altos puntajes técnicos sin evaluaciones sustantivas. Asimismo, se plantea que su cercanía con el núcleo del Ejecutivo compromete la percepción de imparcialidad. Fuente: Bío Bío
