​ La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha tomado una decisión firme esta mañana, al rechazar el recurso de protección presentado por la fundación Democracia Viva en contra de las medidas adoptadas por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región, que pusieron fin anticipadamente a los acuerdos suscritos entre ambas entidades.

En una resolución unánime, se desestimó la solicitud de la fundación al no haberse demostrado la existencia de un derecho indiscutible y al no encontrarse evidencia de un acto ilegal y arbitrario por parte de la autoridad. En sus palabras, el fallo destacó que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones, respaldada por los propios convenios suscritos. 

"Desde que el mismo convenio lo autoriza al efecto, incluso para actuar sin procedimiento previo, facultad que se justifica atendida la forma de suscribir el acto, que no se efectúa conforme a los procedimientos dispuestos en la ley 19.886, y por lo mismo esta no le es aplicable, siendo claro que el acto público en todo caso es revisable por las vías administrativas y judiciales generales, conforme ya se indicó, por lo que el recurrente bajo ningún respecto quedó en la indefensión", afirma el fallo.

Los Alegatos

La abogada de Democracia Viva, Victoria Silva, destacó que el Seremi Minvu basó sus decisiones en actos administrativos internos, como memorándums y oficios, de los cuales la fundación nunca tuvo conocimiento. Silva afirmó que estos actos parecen estar influenciados por consideraciones políticas y fuera del marco legal. 

También abordó la acusación de la cartera de Vivienda de que los fondos no se ejecutaron de manera adecuada, argumentando que la Seremi se convirtió en una comisión especial al evaluar la ejecución del convenio y tomar la decisión de poner término unilateral, lo que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley. 

Además, la abogada señaló que las observaciones a las rendiciones de cuentas no se notificaron hasta junio, lo que plantea cuestiones sobre la legalidad del proceso. Cabe destacar que el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, reconoció previamente las debilidades sistemáticas en el sistema de convenios, y la Contraloría General de la República respaldó la existencia de incumplimientos graves en los procedimientos administrativos.

En respuesta a las acusaciones, el abogado Oscar del Barrio, en representación de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, solicitó el rechazo del recurso de protección. Del Barrio argumentó que los actos administrativos fueron emitidos por un funcionario dentro de su ámbito de competencia y conforme a la ley, según lo establecido en los propios convenios.

El abogado también enfatizó que no hubo abuso de poder por parte de la autoridad administrativa, ya que los convenios otorgaban la facultad de poner término unilateral ante incumplimientos graves.

Del Barrio reveló que Daniel Andrade, representante de Democracia Viva, fue informado del término anticipado de los convenios en dos correos electrónicos, uno el 11 de julio y otro el 3 de junio, en los cuales Andrade reconoció la terminación de los convenios.