Miguel Crispi, jefe del equipo de asesores de la Presidencia de la República de Chile, compareció ante la comisión especial de la Cámara que investiga el traspaso de fondos públicos a fundaciones. Tras dos citaciones fallidas, finalmente se presentó en la instancia fiscalizadora.

En la oportunidad, Crispi defendió su decisión de validar a la Fundación ProCultura como entidad subejecutora para un programa de restauración de fachadas del Gobierno Regional de Antofagasta. El acta del Consejo Regional de Antofagasta de 2021 reveló que la Dirección de Presupuesto (Dipres) había inicialmente rechazado los recursos, argumentando que se trataba de una iniciativa generadora de empleo en lugar de una iniciativa de puesta en valor del patrimonio.

Según la nota de Ex-Ante, el mencionado emitió un oficio en junio de 2022 autorizando a la agrupación como entidad subejecutora del Estado para el programa de recuperación de fachadas. La decisión generó controversia y llevó el Caso Convenios a La Moneda.

Crispi inicialmente intentó cerrar las tensiones con la Cámara y señaló que como exdiputado, respetaba las atribuciones del Congreso. Sin embargo, durante la sesión, Crispi declaró que se enteró del caso de la Fundación Democracia Viva antes que el Presidente Boric, a través de un rumor el 7 de junio.

Esto provocó la sospecha de cuándo el Presidente tuvo conocimiento del caso, ya que la versión oficial anterior indicaba que fue después de la publicación de la noticia de Timeline el 16 de junio. Los diputados de la oposición cuestionaron la credibilidad de la nueva versión de Crispi y su falta de denuncia de los hechos, argumentando que su continuidad en La Moneda era insostenible.

“Puedo entender entonces que el senador Latorre mintió. Él dijo que Ud. no sabía y ahora resulta que sí sabía. El Presidente Boric dijo que sí sabía y Ud. después dice que no sabía. La verdad es que hay una confusión tremenda”, comentó la diputada Chiara Barchiessi, querellante del caso.

El diputado Rubén Oyarzo consideró “poco creíble” la nueva versión. “Queda la duda cuándo se enteró el Presidente”, señaló. Por otro lado, Henry Leal cuestionó la no denuncia de los hechos.

Durante la sesión de la comisión de diputados que investiga los traspasos de dinero del Estado a privados, se cuestionó que ProCultura no tenía la actividad comercial adecuada para el proyecto y que el costo por metro cuadrado de pintura era excesivo.

A pesar de que la actividad registrada en el Servicio de Impuestos Internos (SII) de la fundación no coincidía con el proyecto, Crispi argumentó que su papel fue puramente administrativo y que siguió las directrices de una guía operativa. Según esta guía, cuando una entidad obtiene más de 75 puntos en la evaluación, se le otorga la calidad de entidad subejecutora del Estado. Así, defendió su actuación argumentando que siguió el procedimiento establecido y que no se arrepentía de su decisión.

También señaló que la autorización inicial de ProCultura como entidad subejecutora ocurrió durante el gobierno anterior, bajo la administración de Sebastián Piñera. Además, destacó que se evaluó la experiencia de la entidad en proyectos de inversión pública, aunque no quedó claro si esta experiencia era en proyectos similares.

Fuente: La Tercera