​El medio de comunicación CIPER ha tenido acceso a documentación relacionada con la Fundación Democracia Viva y sus actividades en Antofagasta. En dichos documentos se revela que se tenía como objetivo llevar a cabo un proyecto denominado "Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta", el cual estaba financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Este proyecto incluía mesas de trabajo con líderes de ocho campamentos en la ciudad. Según la Subsecretaría de Justicia, el 66% de los fondos públicos destinados a este proyecto se utilizaron para pagar honorarios, mientras que solo el 33% se destinó a financiar obras en los asentamientos precarios. 

Además, al menos tres personas vinculadas al oficialismo recibieron honorarios por trabajar en el proyecto, incluyendo a Paulina Cabrera, exasesora de Maite Orsini; Karina Meneses, exasesora de candidatos de Revolución Democrática (RD); y Catalina Guzmán, actriz y parte de la campaña del Apruebo. Democracia Viva definió sus líneas de acción en tres proyectos en su balance de 2022: "Ciudades Sin Miedo", "Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta" y "Escuela de Formación para Gestores Territoriales".

Los trabajos se llevaron a cabo en colaboración con la Seremi de Antofagasta del Minvu y sumaron un total de $426 millones. El Ministerio de Justicia solicitó la cancelación de la personalidad jurídica de la fundación, argumentando que los objetivos de los convenios no se alineaban con su objeto social y que la mayoría de los fondos se destinaron a honorarios en lugar de obras civiles, a pesar de que los convenios tenían como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad en campamentos.

La documentación también revela los informes de honorarios de las personas que trabajaron en el proyecto, incluyendo a Paulina Cabrera, encargada de coordinación general; Karina Meneses, encargada territorial; Catalina Guzmán, encargada de arte y cultura; Susana Méndez, encargada de comunicaciones; Marcelo Briones, encargado de finanzas; Francisco Fernández, asesor técnico; Cynthia Cisternas, gestora cultural; y Belén Torres, encargada territorial.

La fundación también se involucró en actividades políticas antes y durante la ejecución de los convenios, incluyendo la difusión del proceso constitucional y del estallido social. También mencionó diversas actividades realizadas antes y durante la ejecución de los convenios, incluyendo proyectos educativos, culturales y políticos.

Puede leer más información en la nota de CIPER haciendo clic aquí.​