​En respuesta a los informes emitidos por la Contraloría General de la República sobre las transferencias de recursos en el marco del Subtítulo 33, que contempla el Programa de Asentamientos Precarios entre los años 2021 y 2023 y en relación a la controversia del Caso Convenios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo un comunicado oficial.

Según el documento, el Ministerio valora el nuevo informe presentado por la entidad contralora, destacando que las recomendaciones planteadas ya están siendo abordadas y, en su mayoría, ejecutadas por el ministerio, enfatizando en la suscripción de 119 convenios con fundaciones durante el año 2022.

"Desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria yproactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas yadministrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y laContraloría, además de emprender todas las acciones que dispone la institucionalidad paraimpedir que los recursos destinados a las familias que viven en campamentos se deriven paraotros fines", declara.

En este contexto, el texto recuerda que se ha solicitado la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, además del inicio de investigaciones amplias y sumarios.Agregado a esto, se recuerdan las críticas al Programa de Asentamientos Precarios al necesitar un estándar mayor de control. Por ello, buscan aplicar la Agenda de Modernización para el rediseño del programa.

"Nuestro mensaje seguirá siendo claro y enfático: no vamos a tolerar que secometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamosa perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de lasinstituciones correspondientes", enfatiza el documento.