​La mitad de las atenciones bajo la Ley N° 21.030 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la región de Antofagasta se debieron a la causal 2, que se refiere a la inviabilidad del embrión o feto debido a una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida fuera del útero.

La seremi de Salud de Antofagasta, Jessica Bravo, y la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Larrondo, informaron que desde que esta ley entró en vigencia en 2018, se han realizado un total de 184 atenciones en la región.

La Ley 21.030, aprobada en el periodo 2015-2017, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la persona gestante, inviabilidad fetal letal y embarazo producto de una violación. La Ley IVE cumplió recientemente seis años desde su publicación en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2017.

El gobierno reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y anunció que trabajará en fortalecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el bienestar de las niñas. Para ello, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género recopilarán información actualizada sobre las principales brechas en la implementación de la ley y elaborarán un plan de acción para garantizar el acceso oportuno y la calidad en la atención.

En la región de Antofagasta, se han realizado fiscalizaciones en los nueve establecimientos de salud habilitados para la Ley IVE, y se están corrigiendo las observaciones realizadas por la autoridad. La ley también incluye un programa de acompañamiento para las mujeres que se encuentran en el proceso de discernimiento y toma de decisión en el marco de las tres causales.

Este programa ofrece apoyo biopsicosocial, incluyendo consultas con asistentes sociales, duplas psicosociales, psicólogos y psiquiatras. La causal de violación concentra un alto número de menores de edad, con más de la mitad de ellas menores de 14 años.

Se destacó que revocar esta causal dejaría a las niñas en una situación vulnerable, obligándolas a continuar con embarazos peligrosos y no deseados o a optar por métodos inseguros. A nivel internacional, se ha demostrado que prohibir el aborto no reduce su práctica, sino que la hace más peligrosa, especialmente para las mujeres más vulnerables.