Responden a solicitud de cese de funciones de alcalde de Antofagasta

​La defensa del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, presentó una extensa respuesta de 49 páginas ante el requerimiento de cese de funciones por notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa, realizado por seis concejales de la comuna.

Este requerimiento, que fue detallado en una nota de Timeline, fue presentado el pasado 26 de marzo ante el Tribunal Electoral Regional (TER) por los concejales Norma Leiva, Karina Guzmán, Luis Aguilera, Waldo Valderrama e Ignacio Pozo, quienes detallaron 15 fundamentos con supuestas irregularidades o ilegalidades cometidas durante la administración de Velásquez.

​En cuanto a las supuestas irregularidades en la gestión del exvertedero La Chimba, los abogados argumentan que la concesión para el plan de remediación y recuperación es suficiente para rebatir cualquier imputación de inactividad por parte del municipio.

En relación a los tratos directos para los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles, la defensa expone una cronología de los hechos y argumenta que se realizaron acciones para evitar una emergencia sanitaria, como que se hicieron ofertas en el proceso de licitación que fueron declaradas inadmisibles.

Respecto a las supuestas ilegalidades en las contrataciones vía trato directo, los abogados descartan que se haya causado perjuicio al patrimonio municipal y aseguran que todos los contratos están suficientemente fundamentados, considerando en ejemplo el reducido mercado de vigilancia y limpieza.

Sobre el uso de abogados del municipio para litigios personales, la defensa niega que se haya utilizado personal municipal para defender litigios personales de Velásquez, puesto que estarían tramitadas bajo calidad edilicia.

La defensa negó que el alcalde modificase unilateralmente el párrafo aprobado por el Concejo Municipal, en relación al contrato de concesión del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, declarando que "no se leyó el documento de manera completa". Ante presunta negligencia en manejo de inmuebles como el Balneario o Trocadero, se argumentó que el jefe edil lleva más de 19 operativos de recuperación de espacios públicos por lo que no existiría abandono.

En otro contexto y refiriéndose a la mala administración del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, la defensa señala que la situación se arrastra desde 2016 (antes de la entrada de la administración del actual alcalde) y que se mantiene una deuda impaga por parte de los usuarios del recinto, por lo que la casa edil ha estado buscando soluciones al respecto.

En la línea respecto de la presunta delegación de funciones a quienes no correspondería, se argumenta que se estaría dejando los principios que envuelven el derecho administrativo. Expresan, "(...) el acto administrativo que permite ocupar cierto espacio de un bien de uso público, cumple con todos los requisitos y se ajusta a la norma. El otro tema, relativo a la delegación de funciones en virtud de las conversaciones que se mantuvieron en un grupo de confianza, no amerita mayor análisis, por tratarse de comunicaciones de carácter privado, presentadas sin el consentimiento de ninguno de los miembros de dicho grupo”.

Sobre la supuesta ilegalidad al no complementar la dotación de funcionarios en la planta municipal, la defensa argumenta que la dotación de funcionarios es una materia de gestión administrativa interna del Municipio. Así, el supuesto abandono de deberes por procesos disciplinarios y la supuesta omisión legal por falta de respuesta a solicitudes de información pública, fue comentado con que las acusaciones no tienen suficiente envergadura para configurar una causal que permita la aplicación de medidas disciplinarias.

Fuente: Timeline