Cámara de Diputados Aprueba Ley de Cargador Universal para Dispositivos Electrónicos

La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado las modificaciones introducidas por el Senado, convirtiendo en ley el proyecto que establece el uso de un cargador universal para aparatos tecnológicos en Chile.

Esta nueva ley obliga a las empresas a implementar un cargador universal estandarizado para diversos dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, tablets y videoconsolas portátiles, tanto alámbricos como inalámbricos. La normativa exige que las empresas garanticen la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, a través de una interfaz de carga y un protocolo de comunicación compatibles.

Además, la ley establece que las empresas deben ofrecer a los consumidores la opción de adquirir sus dispositivos tecnológicos con o sin los cargadores, sin que la compra de uno esté condicionada a la adquisición del otro. También se obliga a informar claramente a los consumidores si el cargador está incluido y a detallar las especificaciones de los cargadores compatibles.

El Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, quien participó activamente en la tramitación de esta ley, destacó los beneficios que traerá para los consumidores. "Esta ley es un avance hacia un consumo más sustentable, pues permitirá a los consumidores optar por no adquirir nuevos dispositivos de carga, lo que contribuirá a disminuir la producción de residuos electrónicos", afirmó Herrera.

La ley, que alinea a Chile con la regulación europea, también permitirá la futura estandarización de otros tipos de carga, como las inalámbricas vía NFC, simplificando el uso de dispositivos electrónicos y reduciendo residuos tecnológicos y costos innecesarios.

Las empresas que no cumplan con estas disposiciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 300 UTM, equivalentes a cerca de 20 millones de pesos por cada infracción.

Las nuevas obligaciones entrarán en vigor en un plazo de dos años desde la publicación de la ley en el Diario Oficial para los dispositivos de telefonía móvil, y de cuatro años para otros dispositivos móviles de información y telecomunicaciones.