El ministro de Vivienda y Obras Públicas, Carlos Montes (PS), ya advirtió que el caso Democracia Viva y los convenios con fundaciones es un tema que “está empezando”.
Desde el Minvu explican que luego de que se conociera el caso por la opinión pública, se tomaron las medidas administrativas “proactivamente”, “así como también las responsabilidades políticas”. Entre ellas, instruyeron sumarios administrativos e impulsaron una investigación preliminar que se hizo a nivel central en cada región.
Ante esta investigación preliminar, y “con la sospecha de irregularidades de carácter penal”, dice el comunicado, el Minvu optó por dos caminos: “Junto al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, se solicitó al Consejo de Defensa del Estado determinar el curso judicial a seguir” y “entregar los antecedentes levantados por la investigación al Ministerio Público Regional”.
Agregan, según señala El Mostrador, que podrán a disposición todos los antecedentes y contratos suscritos por el Minvu desde que se celebraron los primeros convenios, es decir, desde el 2019 en adelante, cuando la actual oposición era el oficialismo.
Montes viajará el martes a Antofagasta para fiscalizar en terreno los trabajos desarrollados por la cuestionada fundación en campamentos y ver la forma de lograr la restitución de los fondos que fueron entregados a Democracia Viva.
El miércoles, en tanto, el ministro de Vivienda se reunirá con el fiscal a cargo del caso, Cristian Aguilar, a quien le entregará “todos los antecedentes y contratos suscritos por el Minvu desde que se suscribieron los primeros convenios.
Los antecedentes que arrojaron las investigaciones preliminares versaban respecto al número de funcionarios contratados por la fundación Democracia Viva que, “al parecer prestaban servicio en la Seremi”. Hechos que, dicen desde el ministerio “buscaremos sanciones tanto del tipo administrativas como penales”.
Allanamientos
Una de las primeras diligencias que ordenó la Fiscalía Regional de Antofagasta, fue el allanamiento tanto de las oficinas de la fundación Democracia Viva en la comuna de Ñuñoa, como en las dependencias de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
Sin embargo, los detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI que ejecutaron el procedimiento, no encontraron documentación o equipamientos tecnológicos para analizar, en relación a los millonarios convenios suscritos entre la mencionada fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, según consigna la edición de Santiago de El Mercurio.
En este sentido, habría causado extrañeza la inexistencia de computadores o del mobiliario habitual que existe en alguna oficina, sin embargo, días antes del allanamiento, ya se había observado que el domicilio registrado por la entidad en el Servicio de Impuestos Internos podría ser una “fachada”.
Por otro lado y según indica La Tercera, un grupo de trabajadores de Democracia Viva habría desempeñado funciones en el programa de Asentamientos Precarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, unidad que precisamente encargada de asignar recursos a organizaciones privadas sin fines de lucro para proyectos en campamentos.
Solicitud de Renuncia
A través de una declaración pública el Gobierno informó que el Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia a la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas Leiva, debido a los cuestionados convenios suscritos por la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva. En su reemplazo asumió Carlos Araya, jefe de la División de Política Habitacional.
Esta situación ocurre luego que la militante del partido Revolución Democrática reconociera que había sido advertida el 2 de mayo pasado sobre los millonarios contratos para ejecutar en campamentos de Antofagasta, información que no habría entregado al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y solo se preocupó de solicitar antecedentes, ya que según sus declaraciones, su intención era tenerlos “ordenados para poder informarle al ministro, cosa que no alcanzó a ocurrir hasta que explotaron los hechos", aseguro la ex subsecretaria.
Según declaraciones de la ahora ex subsecretaria, cuando supo del tema solicitó antecedentes a la primera autoridad de la Región de Antofagasta.
Más involucrados
Según Ex-Ante, por los antecedentes que se manejan hasta este momento, son dos fundaciones de la región de Antofagasta, Democracia Viva que obtuvo 426 millones y Urbanismo Social que recibió 577 millones entre octubre y diciembre de 2022. También empiezan a aparecer funcionaros de otras regiones. En el Maule, por ejemplo, el Seremi de Vivienda Rodrigo Hernández, también RD, trabajó mucho tiempo en Urbanismo Social.
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"No podemos permitir que hechos de esta naturaleza queden impunes. Es fundamental que se investigue a fondo”, expresó el diputado Sebastián Videla.
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Se busca implementar guardia y televigilancia 24/7 en el ex vertedero La Chimba, junto a una estación para medir calidad del aire, en son de las quemas constantes.
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