La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades asociadas a la campaña de la ex candidata a diputada Yantiel Calderón Valenzuela, quien se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La decisión responde a una serie de denuncias que apuntan a eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política. Entre los hechos expuestos, se acusa al alcalde Sacha Razmilic Burgos y a Calderón de difundir material institucional en sus redes sociales personales con fines de posicionamiento político. También se señala que autoridades, funcionarios municipales y trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) habrían realizado actividades de apoyo a la campaña durante su jornada laboral. Las denuncias incluyen además la supuesta participación del alcalde en actividades de propaganda, como la entrega de volantes alusivos a la candidatura de Calderón en distintos puntos de la comuna, respaldada por fotografías incorporadas a los antecedentes. Otro cuestionamiento apunta a que, pese a encontrarse con permiso sin goce de remuneraciones, Calderón habría continuado impartiendo instrucciones al interior de la Dideco. La Municipalidad y la CMDS presentaron sus informes a Contraloría, afirmando que no se habría vulnerado el principio de probidad por parte de autoridades ni funcionarios. En su dictamen, Contraloría recordó que el artículo 8° de la Constitución y la Ley N° 18.575 establecen la obligación de observar una conducta funcionaria intachable y priorizar el interés general. Asimismo, reiteró que la Ley N° 18.883 prohíbe realizar actividades políticas dentro de la administración del Estado o emplear el cargo para fines ajenos a la función pública. El organismo también advirtió que no corresponde difundir información institucional por redes sociales privadas antes de su publicación oficial ni vincular cuentas personales de autoridades con plataformas institucionales. Tras analizar los antecedentes, el ente fiscalizador concluyó que el uso de redes institucionales, la posible utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades relacionadas con una campaña electoral podrían constituir infracciones a los principios de apoliticidad, probidad y legalidad. Por ello, instruyó un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
La Municipalidad de Antofagasta emitió una dura respuesta a las denuncias realizadas por el concejal Camilo Kong sobre el presunto uso irregular de horas extraordinarias por parte de funcionarios municipales. Desde el consistorio calificaron las declaraciones del edil como “malintencionadas e irresponsables”, acusándolo de mostrar un “preocupante desconocimiento del funcionamiento y regulaciones del servicio público”, lo que, según el municipio, afectaría “gratuitamente la honra de funcionarios municipales” en un contexto de efervescencia electoral. El municipio expresó su molestia por la forma en que se efectuó la denuncia, la cual fue presentada a través de la prensa y ante la Contraloría, sin recurrir previamente a los canales internos de fiscalización, como la Dirección de Personas. El director de Gestión de Personas, Cristhian Flores, negó que algún funcionario haya recibido el pago de 80 horas extraordinarias, cifra mencionada por el concejal en medios de comunicación. Explicó que se trata de una “proyección máxima basada en información técnica” y defendió el pago de horas extras como una “justa retribución” al trabajo que excede la jornada habitual. Añadió que el municipio cuenta con “filtros y canales oficiales” que garantizan el cumplimiento de las normas de Contraloría. En tanto, el director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro —directamente aludido en la denuncia— lamentó los dichos del concejal y señaló que “sorprende el nivel de ignorancia y desconocimiento” mostrado. Defendió el trabajo de su unidad, destacando los operativos y fiscalizaciones que se realizan fuera del horario regular, y afirmó que “no permitirá que se dañe su prestigio personal con fines políticos”. Por su parte, el concejal Camilo Kong respondió mediante un video publicado en sus redes sociales, señalando que su denuncia no tiene motivaciones políticas ni personales. Aclaró que su intención fue manifestar dudas sobre la justificación de las horas extras y aseguró que su presentación se basa en dictámenes y normativas de la Contraloría. Además, lamentó las expresiones utilizadas por el director de Seguridad Pública. “En ningún momento he afectado la honra de los funcionarios, pero creo que la comunidad necesita saber si las horas extras han sido debidamente justificadas y pagadas dentro del marco legal”, declaró Kong. Finalmente, el director de Inspección General, Ramón Valverde, respaldó a los funcionarios municipales, destacando su dedicación y sacrificio personal. “Cuesta entender denuncias que se centran en aspectos materiales por sobre las personas”, señaló. Con información de: AntofagastaTV
Un operativo de fiscalización realizado por funcionarios de la Aduana de Iquique permitió incautar 100 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en las cercanías de la avanzada fronteriza de Quillagua. La acción se inició tras detectar movimientos sospechosos en los cerros del sector. Luego de un seguimiento, los fiscalizadores interceptaron un camión que circulaba sin luces y por un paso no habilitado hacia el sur. En su interior se encontraron 200 cajas con cigarrillos de la marca Gift, de origen paraguayo. El conductor, de nacionalidad boliviana, y su acompañante argentino fueron detenidos y puestos a disposición de la Tenencia de Carabineros de Quillagua. En tanto, el vehículo y la mercancía quedaron incautados a la espera de la resolución del Tribunal de Garantía. El director de la Aduana Regional de Iquique, Cristian Molina, destacó la labor de los funcionarios y explicó que el valor comercial de la carga podría superar los 200 millones de pesos.
Un robo de cerca de $4 millones afectó la noche de este jueves a una agencia de buses ubicada en el Terminal de Buses de Antofagasta, luego de que un grupo delictual sustrajera el dinero desde las dependencias. El diputado por Antofagasta, Sebastián Videla, denunció públicamente el hecho y advirtió que situaciones similares se repiten en el recinto. “¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué muera una persona? Necesitamos presencia y resguardo permanente de las autoridades y policías para dar tranquilidad a los vecinos. Lo que pasó hoy es sumamente grave”, afirmó. El afectado, un ciudadano boliviano, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por el aumento de la delincuencia en el sector. “Quizás si la mujer habría bajado cinco minutos antes los hubiera sorprendido, pero ella temía por su integridad y que le hicieran algo. Ojalá que en otra oportunidad la gente si ve, dar aviso”, señaló. El parlamentario presentó la denuncia ante Carabineros, quienes concurrieron al lugar, y anunció que solicitará una reunión con autoridades locales y del nivel central para implementar medidas que fortalezcan la seguridad en el terminal. Fuente: SoyAntof
La región de Antofagasta enfrenta una grave crisis habitacional, con más de 15.800 familias residiendo en asentamientos informales, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024–2025 de TECHO–Chile. La cifra representa un aumento superior al 700% respecto de 2013, consolidándose en comunas como Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla, que actualmente registran 154 campamentos activos, algunos con más de 500 hogares. El estudio “Vivir en el margen: campamentos y desigualdad en Antofagasta (2024–2025)”, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, advierte sobre la precariedad urbana que enfrentan estas comunidades. Solo un 7,8% de los hogares cuenta con alcantarillado, más del 63% obtiene agua por medios informales y un 77% utiliza conexiones eléctricas irregulares, con riesgo de cortes e incendios. La situación impacta directamente en los indicadores sociales: la tasa de pobreza regional es de 10,6%, pero aumenta a 12,2% al considerar a las familias en campamentos. Dentro de estos asentamientos, la pobreza por ingresos alcanza el 43%, con más de la mitad de la población en condiciones de informalidad laboral. Aunque se observan leves avances en educación —el 22,8% de los mayores de 18 años ha completado la enseñanza formal—, la respuesta institucional sigue siendo limitada. El Plan de Emergencia Habitacional (2022–2025) ha beneficiado solo al 3% de las familias, con tres proyectos finalizados y siete en ejecución, que suman 473 soluciones habitacionales. Los investigadores advierten que el 71,8% de los campamentos se encuentra en suelos no edificables, lo que dificulta su radicación definitiva. Además, señalan que el problema no es coyuntural, sino estructural, derivado del encarecimiento del suelo, la falta de acceso a subsidios y el aumento de la migración. El informe propone una planificación urbana preventiva y participativa, que identifique suelo urbanizable, regularice servicios básicos, diseñe planes de radicación con apoyo local e incluya activamente a la población migrante en los programas de vivienda. Fuente: SoyAntof
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades asociadas a la campaña de la ex candidata a diputada Yantiel Calderón Valenzuela, quien se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La decisión responde a una serie de denuncias que apuntan a eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política. Entre los hechos expuestos, se acusa al alcalde Sacha Razmilic Burgos y a Calderón de difundir material institucional en sus redes sociales personales con fines de posicionamiento político. También se señala que autoridades, funcionarios municipales y trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) habrían realizado actividades de apoyo a la campaña durante su jornada laboral. Las denuncias incluyen además la supuesta participación del alcalde en actividades de propaganda, como la entrega de volantes alusivos a la candidatura de Calderón en distintos puntos de la comuna, respaldada por fotografías incorporadas a los antecedentes. Otro cuestionamiento apunta a que, pese a encontrarse con permiso sin goce de remuneraciones, Calderón habría continuado impartiendo instrucciones al interior de la Dideco. La Municipalidad y la CMDS presentaron sus informes a Contraloría, afirmando que no se habría vulnerado el principio de probidad por parte de autoridades ni funcionarios. En su dictamen, Contraloría recordó que el artículo 8° de la Constitución y la Ley N° 18.575 establecen la obligación de observar una conducta funcionaria intachable y priorizar el interés general. Asimismo, reiteró que la Ley N° 18.883 prohíbe realizar actividades políticas dentro de la administración del Estado o emplear el cargo para fines ajenos a la función pública. El organismo también advirtió que no corresponde difundir información institucional por redes sociales privadas antes de su publicación oficial ni vincular cuentas personales de autoridades con plataformas institucionales. Tras analizar los antecedentes, el ente fiscalizador concluyó que el uso de redes institucionales, la posible utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades relacionadas con una campaña electoral podrían constituir infracciones a los principios de apoliticidad, probidad y legalidad. Por ello, instruyó un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
La Municipalidad de Antofagasta emitió una dura respuesta a las denuncias realizadas por el concejal Camilo Kong sobre el presunto uso irregular de horas extraordinarias por parte de funcionarios municipales. Desde el consistorio calificaron las declaraciones del edil como “malintencionadas e irresponsables”, acusándolo de mostrar un “preocupante desconocimiento del funcionamiento y regulaciones del servicio público”, lo que, según el municipio, afectaría “gratuitamente la honra de funcionarios municipales” en un contexto de efervescencia electoral. El municipio expresó su molestia por la forma en que se efectuó la denuncia, la cual fue presentada a través de la prensa y ante la Contraloría, sin recurrir previamente a los canales internos de fiscalización, como la Dirección de Personas. El director de Gestión de Personas, Cristhian Flores, negó que algún funcionario haya recibido el pago de 80 horas extraordinarias, cifra mencionada por el concejal en medios de comunicación. Explicó que se trata de una “proyección máxima basada en información técnica” y defendió el pago de horas extras como una “justa retribución” al trabajo que excede la jornada habitual. Añadió que el municipio cuenta con “filtros y canales oficiales” que garantizan el cumplimiento de las normas de Contraloría. En tanto, el director de Seguridad Pública, Gonzalo Castro —directamente aludido en la denuncia— lamentó los dichos del concejal y señaló que “sorprende el nivel de ignorancia y desconocimiento” mostrado. Defendió el trabajo de su unidad, destacando los operativos y fiscalizaciones que se realizan fuera del horario regular, y afirmó que “no permitirá que se dañe su prestigio personal con fines políticos”. Por su parte, el concejal Camilo Kong respondió mediante un video publicado en sus redes sociales, señalando que su denuncia no tiene motivaciones políticas ni personales. Aclaró que su intención fue manifestar dudas sobre la justificación de las horas extras y aseguró que su presentación se basa en dictámenes y normativas de la Contraloría. Además, lamentó las expresiones utilizadas por el director de Seguridad Pública. “En ningún momento he afectado la honra de los funcionarios, pero creo que la comunidad necesita saber si las horas extras han sido debidamente justificadas y pagadas dentro del marco legal”, declaró Kong. Finalmente, el director de Inspección General, Ramón Valverde, respaldó a los funcionarios municipales, destacando su dedicación y sacrificio personal. “Cuesta entender denuncias que se centran en aspectos materiales por sobre las personas”, señaló. Con información de: AntofagastaTV
Un operativo de fiscalización realizado por funcionarios de la Aduana de Iquique permitió incautar 100 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en las cercanías de la avanzada fronteriza de Quillagua. La acción se inició tras detectar movimientos sospechosos en los cerros del sector. Luego de un seguimiento, los fiscalizadores interceptaron un camión que circulaba sin luces y por un paso no habilitado hacia el sur. En su interior se encontraron 200 cajas con cigarrillos de la marca Gift, de origen paraguayo. El conductor, de nacionalidad boliviana, y su acompañante argentino fueron detenidos y puestos a disposición de la Tenencia de Carabineros de Quillagua. En tanto, el vehículo y la mercancía quedaron incautados a la espera de la resolución del Tribunal de Garantía. El director de la Aduana Regional de Iquique, Cristian Molina, destacó la labor de los funcionarios y explicó que el valor comercial de la carga podría superar los 200 millones de pesos.
Un robo de cerca de $4 millones afectó la noche de este jueves a una agencia de buses ubicada en el Terminal de Buses de Antofagasta, luego de que un grupo delictual sustrajera el dinero desde las dependencias. El diputado por Antofagasta, Sebastián Videla, denunció públicamente el hecho y advirtió que situaciones similares se repiten en el recinto. “¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué muera una persona? Necesitamos presencia y resguardo permanente de las autoridades y policías para dar tranquilidad a los vecinos. Lo que pasó hoy es sumamente grave”, afirmó. El afectado, un ciudadano boliviano, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por el aumento de la delincuencia en el sector. “Quizás si la mujer habría bajado cinco minutos antes los hubiera sorprendido, pero ella temía por su integridad y que le hicieran algo. Ojalá que en otra oportunidad la gente si ve, dar aviso”, señaló. El parlamentario presentó la denuncia ante Carabineros, quienes concurrieron al lugar, y anunció que solicitará una reunión con autoridades locales y del nivel central para implementar medidas que fortalezcan la seguridad en el terminal. Fuente: SoyAntof
La región de Antofagasta enfrenta una grave crisis habitacional, con más de 15.800 familias residiendo en asentamientos informales, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024–2025 de TECHO–Chile. La cifra representa un aumento superior al 700% respecto de 2013, consolidándose en comunas como Antofagasta, Calama, Taltal y Tocopilla, que actualmente registran 154 campamentos activos, algunos con más de 500 hogares. El estudio “Vivir en el margen: campamentos y desigualdad en Antofagasta (2024–2025)”, elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, advierte sobre la precariedad urbana que enfrentan estas comunidades. Solo un 7,8% de los hogares cuenta con alcantarillado, más del 63% obtiene agua por medios informales y un 77% utiliza conexiones eléctricas irregulares, con riesgo de cortes e incendios. La situación impacta directamente en los indicadores sociales: la tasa de pobreza regional es de 10,6%, pero aumenta a 12,2% al considerar a las familias en campamentos. Dentro de estos asentamientos, la pobreza por ingresos alcanza el 43%, con más de la mitad de la población en condiciones de informalidad laboral. Aunque se observan leves avances en educación —el 22,8% de los mayores de 18 años ha completado la enseñanza formal—, la respuesta institucional sigue siendo limitada. El Plan de Emergencia Habitacional (2022–2025) ha beneficiado solo al 3% de las familias, con tres proyectos finalizados y siete en ejecución, que suman 473 soluciones habitacionales. Los investigadores advierten que el 71,8% de los campamentos se encuentra en suelos no edificables, lo que dificulta su radicación definitiva. Además, señalan que el problema no es coyuntural, sino estructural, derivado del encarecimiento del suelo, la falta de acceso a subsidios y el aumento de la migración. El informe propone una planificación urbana preventiva y participativa, que identifique suelo urbanizable, regularice servicios básicos, diseñe planes de radicación con apoyo local e incluya activamente a la población migrante en los programas de vivienda. Fuente: SoyAntof
