Escrito por: Alejandra López Este sábado 2 de mayo a partir de las 22:00 horas, hasta la madrugada del día domingo, en la comuna de Antofagasta autoridades locales se movilizaron con el servicio policial focalizado coordinado por la Seremi de Seguridad Pública por nuevo feriado largo. Sectores como Coloso, playa Llacolén, Balneario Municipal, Plaza de Los Eventos, sector Los Pinares-Trocadero y La Chimba fueron intervenidos por el operativo. Con 164 controles vehiculares y 200 de identidad resultó con un total de 11 detenidos según informó Carabineros en el operativo, específico que fueron tres por conducir en estado de ebriedad, seis por conducir bajo los efectos del alcohol y uno por conducir bajo los efectos de las drogas. A eso se sumaron citaciones al Juzgado de Policía Local, dos por infracción a la ley de tránsito, y cinco por infracción a la ley de alcoholes. La Delegada Katherine López comentó que “hemos realizado constantes fiscalizaciones en el borde costero, para evitar accidentes automovilísticos mediante controles vehiculares para detectar consumo de alcohol y drogas. También acompañamos a funcionarios de la Armada en los controles que realizan para proteger las costas de nuestra región”. La Armada de Chile abordó tres naves y realizó siete controles de tráfico de naves, además de efectuar 31 controles de identidad que dejaron seis citaciones al Juzgado de Policía Local por consumo de alcohol en zona de playa. Al mismo tiempo, la Policía de Investigaciones (PDI) controló a ocho personas de las cuales dos fueron denunciadas por infracción a la Ley de Migraciones. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) realizó 106 alcotest y dos narcotest a conductores gracias a ello, se logró la detección de las diez personas ya mencionadas manejando bajo la influencia del alcohol o las drogas.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades asociadas a la campaña de la ex candidata a diputada Yantiel Calderón Valenzuela, quien se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La decisión responde a una serie de denuncias que apuntan a eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política. Entre los hechos expuestos, se acusa al alcalde Sacha Razmilic Burgos y a Calderón de difundir material institucional en sus redes sociales personales con fines de posicionamiento político. También se señala que autoridades, funcionarios municipales y trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) habrían realizado actividades de apoyo a la campaña durante su jornada laboral. Las denuncias incluyen además la supuesta participación del alcalde en actividades de propaganda, como la entrega de volantes alusivos a la candidatura de Calderón en distintos puntos de la comuna, respaldada por fotografías incorporadas a los antecedentes. Otro cuestionamiento apunta a que, pese a encontrarse con permiso sin goce de remuneraciones, Calderón habría continuado impartiendo instrucciones al interior de la Dideco. La Municipalidad y la CMDS presentaron sus informes a Contraloría, afirmando que no se habría vulnerado el principio de probidad por parte de autoridades ni funcionarios. En su dictamen, Contraloría recordó que el artículo 8° de la Constitución y la Ley N° 18.575 establecen la obligación de observar una conducta funcionaria intachable y priorizar el interés general. Asimismo, reiteró que la Ley N° 18.883 prohíbe realizar actividades políticas dentro de la administración del Estado o emplear el cargo para fines ajenos a la función pública. El organismo también advirtió que no corresponde difundir información institucional por redes sociales privadas antes de su publicación oficial ni vincular cuentas personales de autoridades con plataformas institucionales. Tras analizar los antecedentes, el ente fiscalizador concluyó que el uso de redes institucionales, la posible utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades relacionadas con una campaña electoral podrían constituir infracciones a los principios de apoliticidad, probidad y legalidad. Por ello, instruyó un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
Escrito por: Alejandra López Este sábado 2 de mayo a partir de las 22:00 horas, hasta la madrugada del día domingo, en la comuna de Antofagasta autoridades locales se movilizaron con el servicio policial focalizado coordinado por la Seremi de Seguridad Pública por nuevo feriado largo. Sectores como Coloso, playa Llacolén, Balneario Municipal, Plaza de Los Eventos, sector Los Pinares-Trocadero y La Chimba fueron intervenidos por el operativo. Con 164 controles vehiculares y 200 de identidad resultó con un total de 11 detenidos según informó Carabineros en el operativo, específico que fueron tres por conducir en estado de ebriedad, seis por conducir bajo los efectos del alcohol y uno por conducir bajo los efectos de las drogas. A eso se sumaron citaciones al Juzgado de Policía Local, dos por infracción a la ley de tránsito, y cinco por infracción a la ley de alcoholes. La Delegada Katherine López comentó que “hemos realizado constantes fiscalizaciones en el borde costero, para evitar accidentes automovilísticos mediante controles vehiculares para detectar consumo de alcohol y drogas. También acompañamos a funcionarios de la Armada en los controles que realizan para proteger las costas de nuestra región”. La Armada de Chile abordó tres naves y realizó siete controles de tráfico de naves, además de efectuar 31 controles de identidad que dejaron seis citaciones al Juzgado de Policía Local por consumo de alcohol en zona de playa. Al mismo tiempo, la Policía de Investigaciones (PDI) controló a ocho personas de las cuales dos fueron denunciadas por infracción a la Ley de Migraciones. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) realizó 106 alcotest y dos narcotest a conductores gracias a ello, se logró la detección de las diez personas ya mencionadas manejando bajo la influencia del alcohol o las drogas.
La Contraloría Regional de Antofagasta ordenó la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Antofagasta, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades asociadas a la campaña de la ex candidata a diputada Yantiel Calderón Valenzuela, quien se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La decisión responde a una serie de denuncias que apuntan a eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa y al deber de prescindencia política. Entre los hechos expuestos, se acusa al alcalde Sacha Razmilic Burgos y a Calderón de difundir material institucional en sus redes sociales personales con fines de posicionamiento político. También se señala que autoridades, funcionarios municipales y trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) habrían realizado actividades de apoyo a la campaña durante su jornada laboral. Las denuncias incluyen además la supuesta participación del alcalde en actividades de propaganda, como la entrega de volantes alusivos a la candidatura de Calderón en distintos puntos de la comuna, respaldada por fotografías incorporadas a los antecedentes. Otro cuestionamiento apunta a que, pese a encontrarse con permiso sin goce de remuneraciones, Calderón habría continuado impartiendo instrucciones al interior de la Dideco. La Municipalidad y la CMDS presentaron sus informes a Contraloría, afirmando que no se habría vulnerado el principio de probidad por parte de autoridades ni funcionarios. En su dictamen, Contraloría recordó que el artículo 8° de la Constitución y la Ley N° 18.575 establecen la obligación de observar una conducta funcionaria intachable y priorizar el interés general. Asimismo, reiteró que la Ley N° 18.883 prohíbe realizar actividades políticas dentro de la administración del Estado o emplear el cargo para fines ajenos a la función pública. El organismo también advirtió que no corresponde difundir información institucional por redes sociales privadas antes de su publicación oficial ni vincular cuentas personales de autoridades con plataformas institucionales. Tras analizar los antecedentes, el ente fiscalizador concluyó que el uso de redes institucionales, la posible utilización de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades relacionadas con una campaña electoral podrían constituir infracciones a los principios de apoliticidad, probidad y legalidad. Por ello, instruyó un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
