Profesor de Tocopilla es condenado por casos de abuso sexual
Como resultado de estos hechos, el Tribunal ha condenado a M.V. a 5 años y 6 meses de presidio mayor en su grado mínimo, la inhabilitación absoluta perpetua, entre otros.
el martes pasado a las 10:01
el martes pasado a las 9:37
Un profesor fue declarado culpable de abusar sexualmente de una menor de 14 años, según lo determinado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta. Los delitos tuvieron lugar entre 2019 y 2022 en la ciudad.
El fiscal jefe de Tocopilla, Andrés Godoy Rojas, presentó los antecedentes de la investigación, llevada a cabo en colaboración con los detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI. Según los datos de la causa, el primer caso ocurrió entre 2019 y 2020, afectando a una menor de 15 años que recibía clases particulares del profesor en su casa en Tocopilla.
Durante este período, se produjeron abusos sexuales reiterados contra la víctima. El segundo caso ocurrió entre 2021 y 2022, involucrando a una menor de 12 años. Al igual que en el primer caso, el profesor impartía clases particulares en su domicilio cuando se cometieron los abusos. El Tribunal condenó al profesor, identificado como M.V., a 5 años y 6 meses de presidio mayor en su grado mínimo.
Además, se le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante la duración de la condena, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones en el ámbito educacional o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.
Asimismo, se le impuso la pena de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio de maestro o encargado de la educación o dirección de la juventud.
El fiscal jefe de Tocopilla, Andrés Godoy Rojas, destacó la importancia de que las víctimas denuncien este tipo de delitos para que sean investigados y los responsables sean sometidos a juicio y, en caso de ser declarados culpables, reciban una condena. Además, mencionó el apoyo que brinda la nueva ley de entrevista videograbada, que busca evitar la revictimización de las víctimas.
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Aunque la situación actual es considerada normal, se asegura actualizar protocolos y mantener informada a la ciudadanía, especialmente ante posibles varamientos de fauna marina.
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Se deberá pagar más de $14 millones por daño emergente, lucro cesante y daño moral. El tribunal rechazó los recursos presentados por no haber error en la aplicación de derecho.
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Fundo Esperanza denuncia una delimitación arbitraria sin trabajo en terreno ni consulta indígena. Por otro lado, SQM cuestiona el exceso en el plazo legal del procedimiento.
