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Durante los primeros siete meses de 2024, la Dirección General de Aguas (DGA) en la Región de Antofagasta ha intensificado sus esfuerzos de fiscalización, culminando en la resolución de 93 expedientes, según informó el seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios. De estos, 36 expedientes concluyeron con la aplicación de multas que superaron las 8.292 UTM, lo que representa un total aproximado de $540 millones. Esta acción es parte del compromiso del Gobierno para garantizar el uso correcto y responsable del recurso hídrico en la región.
Barrios subrayó que estas multas, generadas en el marco del programa de fiscalizaciones de la DGA, son un reflejo del compromiso gubernamental de proteger los recursos hídricos, esenciales para el desarrollo regional. "Los fondos recaudados a través de estas sanciones son ingresados a las arcas fiscales, distribuyéndose en el presupuesto de la nación, el Fondo de Desarrollo Regional y el presupuesto comunal", explicó.
Por su parte, Arturo Beltrán, director regional de la DGA, detalló que las infracciones sancionadas se concentraron en las provincias de El Loa y Antofagasta. Las multas más comunes se relacionaron con la "Extracción de Aguas No Autorizadas y/o Mayores al Derecho de Aprovechamiento Constituido" y el "Monitoreo de Extracciones Efectivas", con un enfoque particular en la fiscalización de usos mineros y sanitarios.
Beltrán destacó también los avances en la capacidad de fiscalización de la DGA, impulsados por el fortalecimiento de la gestión desde la modificación del Código de Aguas en 2018. "Hemos duplicado la cantidad de fiscalizadores, lo que ha permitido un mayor control y esperamos que, a medida que los usuarios se ajusten al cumplimiento de la normativa, disminuyan las infracciones y los montos de las multas", agregó.
Balance Nacional:
A nivel nacional, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, presentó un balance de las fiscalizaciones realizadas por la DGA durante el primer semestre de 2024. En este período, se finalizaron 941 expedientes de fiscalización, de los cuales 380 concluyeron en infracciones, lo que representa un aumento del 33% en comparación con el mismo período de 2023. Las multas impuestas durante este semestre alcanzaron un total de 4.150 millones de pesos (63.085 UTM), lo que marca un incremento del 32% en la cantidad de sanciones y un 10% en el monto total de las multas.
La ministra López enfatizó la importancia de la labor de fiscalización en un contexto de creciente escasez hídrica. "La gestión de fiscalización del Ministerio y la Dirección General de Aguas es cada vez más intensa y crucial para asegurar el uso adecuado y legal del agua por parte de personas naturales y jurídicas en todo el país", destacó.
Entre las principales causas de las infracciones se encuentran la falta de registro de obras relacionadas con los derechos de agua, la no instalación de sistemas de medición y la extracción no autorizada de aguas, así como la modificación no autorizada de cauces.
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