Será ley: Congreso aprueba traspaso de acreencias bancarias a Bomberos
La acreencias no cobradas quedarán íntegramente a disposición de la Junta Nacional de Bomberos de Chile para que sean distribuidos entre los distintos Cuerpos de Bomberos del país.
En su tercer trámite constitucional, la Sala Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el ajuste proveniente del Senado y despachó a ley por unanimidad la iniciativa que permitirá aumentar el presupuesto de Bomberos de Chile, a través del traspaso de las acreencias bancarias vencidas por los próximos nueve años.
El proyecto fue presentado por los diputados Cristián Araya (P. Republicano), Héctor Barría (DC), Felipe Camaño (Independiente), Ricardo Cifuentes (DC), Rubén Oyarzo (PDG), Marcela Riquelme (Independiente) y Nelson Venegas (PS), y fue patrocinado por el Ejecutivo en el marco del Protocolo de Acuerdo firmado por el Ministerio de Hacienda con parlamentarios durante la tramitación de la ley de Presupuestos 2023.
Según lo informado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las acreencias corresponden a aquellos recursos a favor de terceros, depositados en bancos o cooperativas, que no han sido cobrados o no registran movimientos en un período de dos años. La Ley General de Bancos señala que luego de este plazo, deben ser informadas mediante una publicación en el Diario Oficial y a la CMF para que puedan ser reclamadas por sus dueños en forma gratuita y presencial. Si las acreencias no son cobradas luego de tres años desde que se confecciona y publica el listado anual, la institución financiera debe ingresar al Fisco esos recursos, los que con esta nueva ley quedarán íntegramente a disposición de la Junta Nacional de Bomberos de Chile para que sean distribuidos entre los distintos Cuerpos de Bomberos del país.
Adicionalmente, el Presupuesto 2023 despachado a fines de noviembre de 2022 destinó recursos a Bomberos de Chile por $57.549 millones, y en el mismo Protocolo de Acuerdo se estableció que, durante el primer semestre de 2023, se ingresará un proyecto de ley que defina nuevas fuentes de financiamiento regulares para la entidad, asegurando un crecimiento del 3% anual de su presupuesto en el período de, a lo menos, tres años. Además, se dispondrá una cuenta regular de los recursos públicos recibidos, con la correspondiente normativa de rendición de cuentas.
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Fundo Esperanza denuncia una delimitación arbitraria sin trabajo en terreno ni consulta indígena. Por otro lado, SQM cuestiona el exceso en el plazo legal del procedimiento.
