En la mañana del jueves, se llevó a cabo el desalojo de un terreno fiscal de 13 mil metros cuadrados ubicado en la intersección de las calles Oficina Anita y Héroes de La Concepción en La Chimba. Este operativo fue realizado por funcionarios de la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, junto con la Seremi de Bienes Nacionales, Carabineros de las Quinta y Sexta Comisarías, el COP y el Escuadrón Centauro. En dicho terreno, un individuo había instalado una chatarrera y subdividido el terreno para arrendarlo a diferentes personas que operaban un vivero, una cocinería, una fábrica de hormigón y una empresa de metalmecánica, aprovechándose así de un bien público.

Durante el desalojo, que se llevó a cabo en una propiedad perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales, se encontró una gran cantidad de chatarra, piezas de vehículos, estructuras de acero y hormigón, las cuales fueron retiradas y trasladadas a un depósito privado mediante maquinaria pesada. En total, se estima que se removieron 120 toneladas de residuos voluminosos.

Además, con el fin de evitar que estas empresas vuelvan a operar de manera irregular, se procedió a demoler las construcciones ubicadas dentro del terreno fiscal.

Cabe mencionar que los ocupantes ya habían sido notificados previamente sobre esta acción.

Es importante destacar que hace algunas semanas, esta chatarrera ya había sido intervenida en un operativo coordinado por la DPR. En aquella ocasión, detectives del Grupo de Mercado de Bienes Robados (MEDBRO) de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Antofagasta detectaron la presencia de una importante cantidad de cobre y cables multipar almacenados en una bodega, los cuales pertenecían a una reconocida empresa de telecomunicaciones que había sufrido un robo seguido de incendio de los materiales.

En ese momento, el fiscal a cargo ordenó la detención del responsable de la chatarrera por el delito de receptación. Además, la Seremi de Salud inició dos sumarios sanitarios, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles descubrió irregularidades en las instalaciones eléctricas y detectó el robo de suministro eléctrico, la Dirección del Trabajo constató la existencia de personas sin contratos de trabajo y condiciones laborales, de higiene y seguridad deficientes, mientras que el Servicio de Impuestos Internos habría encontrado inconsistencias tributarias que actualmente están siendo investigadas.

Por último, la Delegación Presidencial, a través de su Departamento Social, ofreció en tres ocasiones apoyo habitacional y económico a los miembros de las familias que residían en el lugar, pero estas ofertas fueron rechazadas por dichas personas.