Calama: Revelan antecedentes en caso de "violación masiva" en Cobreloa

​En la última sesión de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, Eduardo Arévalo, arrojó luz sobre la denuncia de violación grupal que habría tenido lugar en la sede de Cobreloa, conocida como "Casa Naranja", en septiembre de 2021.

Según AntofagastaTV, Arévalo declaró con firmeza que, según la perspectiva del Comité, no se trata de un "presunto delito", sino de un "delito de violación". Además, destacó que existen inconsistencias notables en las declaraciones de Pablo Milad y Marcelo Pérez, presidentes de la ANFP y del club, respectivamente, así como de la Federación.

En relación con la fatídica noche, Arévalo aseguró que poseen información sobre los presuntos agresores y que están en conocimiento de los nombres. Sin embargo, subrayó la falta de exactitud en relación con otros deportistas que podrían haber sido víctimas y cuyos derechos fueron vulnerados al presenciar los hechos. Añadió que no todos participaron en la agresión.

El presidente del Comité Nacional de Arbitraje reveló que los ocho jugadores involucrados, inicialmente mencionados como cadetes, tenían 20 años en ese momento, y tres de ellos forman parte del primer equipo en la actualidad con contratos vigentes, una situación que calificó como "sumamente grave".

Arévalo también abordó la controversia sobre la competencia del Comité para conocer de estos hechos, argumentando que la aplicación del Decreto 22 a situaciones graves fuera de los espacios puramente deportivos puede justificarse a través de la interpretación normativa. Destacó que el protocolo tiene como propósito proteger a los deportistas en situaciones en las que actúan en representación de su institución deportiva.

Para concluir, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje enfatizó que la responsabilidad dirigencial podría ser penal presunta, especialmente si se ocultan hechos tan graves. Subrayó las posibles sanciones, incluida "la suspensión de hasta cinco años por las faltas que cometan" y la posibilidad de sancionar a perpetuidad a aquellos que sean autores, cómplices o encubridores de un delito.