La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Larrondo, expresó su preocupación y desacuerdo con los resultados de la investigación interna llevada a cabo por el club deportivo Cobreloa, en relación con una denuncia de violación ocurrida durante un asado en septiembre del 2021 y al que se refirieron en un comunicado público. Larrondo enfatizó que la investigación de delitos y el establecimiento de sanciones corresponde únicamente a los tribunales de justicia. Asimismo, rechazó la idea de que investigaciones privadas puedan determinar veredictos o eximir de responsabilidad a los miembros directivos. La Seremi aseguró que desde su competencia, se ofreció acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima, quien decidió continuar con un abogado particular. Hemos estado en constante contacto con la víctima como también dándole seguimiento a este caso a través de los equipos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, dijo la seremi. Desde aquí, queremos hacer un llamado a todas las instituciones a actuar con la debida diligencia y hacerse responsables frente a este tipo de casos, denotó la personera, ante las dificultades que enfrentan las víctimas al denunciar casos de violencia sexual, señalando el constante cuestionamiento al relato de estas, así como la falta de confianza en las instituciones. Con información de: ATV
El club de fútbol Cobreloa, con sede en la ciudad de Calama, ha abordado de manera pública la denuncia de una presunta violación que habría ocurrido durante la celebración de las Fiestas Patrias de 2021, en la que se vio involucrado un grupo de cadetes. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el directorio del equipo minero anunció que ha decidido contratar un estudio de abogados para esclarecer la situación y llevar a cabo una investigación exhaustiva. El encargado de esta labor fue el equipo de Colombara Estrategia Legal. Según las conclusiones del informe, que abarca 193 páginas, no fue posible acreditar que se haya cometido abuso o violación. Además, se menciona que, según declaraciones de una testigo, la presunta víctima habría retirado la denuncia. El documento también señala que la Dirección Jurídica del Club tomó conocimiento de la denuncia en enero de 2023 y presentó de inmediato una denuncia penal ante el Ministerio Público. No se encontraron evidencias que permitan establecer responsabilidad alguna de los directivos u otros miembros del club en relación con los hechos denunciados. La indagatoria realizada por el estudio de abogados también menciona a María Elena Saavedra, madre de un ex cadete del club, como una de las impulsoras de la denuncia. Se afirma que su testimonio revela una animadversión hacia el ex técnico del club, Luis Fuentes, debido a problemas relacionados con su hijo. Se sugiere que la denuncia podría haber sido motivada por intereses personales y económicos. “Es claro y evidente que su denuncia ha sido instrumental y es motivada por intereses personales y económicos. De su testimonio queda clara la animadversión que tenía respecto del ex técnico Sr. Luis Fuentes, por problemas relacionados con su hijo”. El texto hace hincapié en que la investigación de delitos es responsabilidad del Ministerio Público, que cuenta con los recursos y la capacidad necesaria para llevar a cabo una investigación exhaustiva. 🟠 Comunicado oficial Club de Deportes Cobreloa. pic.twitter.com/8mNtvURbfp — Cobreloa (@Cobreloa_SADP) April 2, 2024
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda interpuesta por una interna que fue víctima de violación en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama en octubre de 2018. La magistrada Andrea Przybyszewski Jopia ordenó al fisco indemnizar a la afectada con la suma de $25.000.000 por concepto de daño moral. La sentencia condena al fisco por falta de servicio, argumentando que no se cumplió con la obligación de garantizar la seguridad de la víctima, quien estaba bajo la custodia de Gendarmería al cumplir una medida cautelar de prisión preventiva. En el fallo, la magistrada expresó que el ataque sexual sufrido por la demandante implica una directa contravención al estándar o principio particular de deber de cuidado o custodia que la obliga, lo que se configura necesariamente en una falta de servicio, bajo su modalidad de funcionamiento tardío o imperfecto. La resolución destaca que la identidad de los agresores no altera la conclusión, ya que lo crucial es establecer la falta de servicio en la seguridad, sea por funcionarios de Gendarmería o terceros externos. La calidad de quien cometió el acto implica, de todas formas, un mal funcionamiento del servicio. El fallo detalla los eventos que llevaron a la demanda, señalando que en la madrugada del 25 de octubre de 2018, la interna, cumpliendo la medida cautelar en el CDP Calama, fue atacada por dos individuos no identificados. Estos individuos, valiéndose de esposas y mediante golpes, la violaron, causándole lesiones en sus extremidades y dejándola inconsciente tras una fuerte contusión en la cabeza. Con información de: Timeline
En la última sesión de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, Eduardo Arévalo, arrojó luz sobre la denuncia de violación grupal que habría tenido lugar en la sede de Cobreloa, conocida como Casa Naranja, en septiembre de 2021. Según AntofagastaTV, Arévalo declaró con firmeza que, según la perspectiva del Comité, no se trata de un presunto delito, sino de un delito de violación. Además, destacó que existen inconsistencias notables en las declaraciones de Pablo Milad y Marcelo Pérez, presidentes de la ANFP y del club, respectivamente, así como de la Federación. En relación con la fatídica noche, Arévalo aseguró que poseen información sobre los presuntos agresores y que están en conocimiento de los nombres. Sin embargo, subrayó la falta de exactitud en relación con otros deportistas que podrían haber sido víctimas y cuyos derechos fueron vulnerados al presenciar los hechos. Añadió que no todos participaron en la agresión. El presidente del Comité Nacional de Arbitraje reveló que los ocho jugadores involucrados, inicialmente mencionados como cadetes, tenían 20 años en ese momento, y tres de ellos forman parte del primer equipo en la actualidad con contratos vigentes, una situación que calificó como sumamente grave. Arévalo también abordó la controversia sobre la competencia del Comité para conocer de estos hechos, argumentando que la aplicación del Decreto 22 a situaciones graves fuera de los espacios puramente deportivos puede justificarse a través de la interpretación normativa. Destacó que el protocolo tiene como propósito proteger a los deportistas en situaciones en las que actúan en representación de su institución deportiva. Para concluir, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje enfatizó que la responsabilidad dirigencial podría ser penal presunta, especialmente si se ocultan hechos tan graves. Subrayó las posibles sanciones, incluida la suspensión de hasta cinco años por las faltas que cometan y la posibilidad de sancionar a perpetuidad a aquellos que sean autores, cómplices o encubridores de un delito.
La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Larrondo, expresó su preocupación y desacuerdo con los resultados de la investigación interna llevada a cabo por el club deportivo Cobreloa, en relación con una denuncia de violación ocurrida durante un asado en septiembre del 2021 y al que se refirieron en un comunicado público. Larrondo enfatizó que la investigación de delitos y el establecimiento de sanciones corresponde únicamente a los tribunales de justicia. Asimismo, rechazó la idea de que investigaciones privadas puedan determinar veredictos o eximir de responsabilidad a los miembros directivos. La Seremi aseguró que desde su competencia, se ofreció acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima, quien decidió continuar con un abogado particular. Hemos estado en constante contacto con la víctima como también dándole seguimiento a este caso a través de los equipos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, dijo la seremi. Desde aquí, queremos hacer un llamado a todas las instituciones a actuar con la debida diligencia y hacerse responsables frente a este tipo de casos, denotó la personera, ante las dificultades que enfrentan las víctimas al denunciar casos de violencia sexual, señalando el constante cuestionamiento al relato de estas, así como la falta de confianza en las instituciones. Con información de: ATV
El club de fútbol Cobreloa, con sede en la ciudad de Calama, ha abordado de manera pública la denuncia de una presunta violación que habría ocurrido durante la celebración de las Fiestas Patrias de 2021, en la que se vio involucrado un grupo de cadetes. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el directorio del equipo minero anunció que ha decidido contratar un estudio de abogados para esclarecer la situación y llevar a cabo una investigación exhaustiva. El encargado de esta labor fue el equipo de Colombara Estrategia Legal. Según las conclusiones del informe, que abarca 193 páginas, no fue posible acreditar que se haya cometido abuso o violación. Además, se menciona que, según declaraciones de una testigo, la presunta víctima habría retirado la denuncia. El documento también señala que la Dirección Jurídica del Club tomó conocimiento de la denuncia en enero de 2023 y presentó de inmediato una denuncia penal ante el Ministerio Público. No se encontraron evidencias que permitan establecer responsabilidad alguna de los directivos u otros miembros del club en relación con los hechos denunciados. La indagatoria realizada por el estudio de abogados también menciona a María Elena Saavedra, madre de un ex cadete del club, como una de las impulsoras de la denuncia. Se afirma que su testimonio revela una animadversión hacia el ex técnico del club, Luis Fuentes, debido a problemas relacionados con su hijo. Se sugiere que la denuncia podría haber sido motivada por intereses personales y económicos. “Es claro y evidente que su denuncia ha sido instrumental y es motivada por intereses personales y económicos. De su testimonio queda clara la animadversión que tenía respecto del ex técnico Sr. Luis Fuentes, por problemas relacionados con su hijo”. El texto hace hincapié en que la investigación de delitos es responsabilidad del Ministerio Público, que cuenta con los recursos y la capacidad necesaria para llevar a cabo una investigación exhaustiva. 🟠 Comunicado oficial Club de Deportes Cobreloa. pic.twitter.com/8mNtvURbfp — Cobreloa (@Cobreloa_SADP) April 2, 2024
El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta acogió la demanda interpuesta por una interna que fue víctima de violación en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama en octubre de 2018. La magistrada Andrea Przybyszewski Jopia ordenó al fisco indemnizar a la afectada con la suma de $25.000.000 por concepto de daño moral. La sentencia condena al fisco por falta de servicio, argumentando que no se cumplió con la obligación de garantizar la seguridad de la víctima, quien estaba bajo la custodia de Gendarmería al cumplir una medida cautelar de prisión preventiva. En el fallo, la magistrada expresó que el ataque sexual sufrido por la demandante implica una directa contravención al estándar o principio particular de deber de cuidado o custodia que la obliga, lo que se configura necesariamente en una falta de servicio, bajo su modalidad de funcionamiento tardío o imperfecto. La resolución destaca que la identidad de los agresores no altera la conclusión, ya que lo crucial es establecer la falta de servicio en la seguridad, sea por funcionarios de Gendarmería o terceros externos. La calidad de quien cometió el acto implica, de todas formas, un mal funcionamiento del servicio. El fallo detalla los eventos que llevaron a la demanda, señalando que en la madrugada del 25 de octubre de 2018, la interna, cumpliendo la medida cautelar en el CDP Calama, fue atacada por dos individuos no identificados. Estos individuos, valiéndose de esposas y mediante golpes, la violaron, causándole lesiones en sus extremidades y dejándola inconsciente tras una fuerte contusión en la cabeza. Con información de: Timeline
En la última sesión de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, Eduardo Arévalo, arrojó luz sobre la denuncia de violación grupal que habría tenido lugar en la sede de Cobreloa, conocida como Casa Naranja, en septiembre de 2021. Según AntofagastaTV, Arévalo declaró con firmeza que, según la perspectiva del Comité, no se trata de un presunto delito, sino de un delito de violación. Además, destacó que existen inconsistencias notables en las declaraciones de Pablo Milad y Marcelo Pérez, presidentes de la ANFP y del club, respectivamente, así como de la Federación. En relación con la fatídica noche, Arévalo aseguró que poseen información sobre los presuntos agresores y que están en conocimiento de los nombres. Sin embargo, subrayó la falta de exactitud en relación con otros deportistas que podrían haber sido víctimas y cuyos derechos fueron vulnerados al presenciar los hechos. Añadió que no todos participaron en la agresión. El presidente del Comité Nacional de Arbitraje reveló que los ocho jugadores involucrados, inicialmente mencionados como cadetes, tenían 20 años en ese momento, y tres de ellos forman parte del primer equipo en la actualidad con contratos vigentes, una situación que calificó como sumamente grave. Arévalo también abordó la controversia sobre la competencia del Comité para conocer de estos hechos, argumentando que la aplicación del Decreto 22 a situaciones graves fuera de los espacios puramente deportivos puede justificarse a través de la interpretación normativa. Destacó que el protocolo tiene como propósito proteger a los deportistas en situaciones en las que actúan en representación de su institución deportiva. Para concluir, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje enfatizó que la responsabilidad dirigencial podría ser penal presunta, especialmente si se ocultan hechos tan graves. Subrayó las posibles sanciones, incluida la suspensión de hasta cinco años por las faltas que cometan y la posibilidad de sancionar a perpetuidad a aquellos que sean autores, cómplices o encubridores de un delito.
