La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Adolfo Born, oficial del Ejército en retiro, y confirmó su condena a 20 años de presidio por los homicidios calificados de Francisco Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, ejecutados el 6 de octubre de 1973 en Calama. El máximo tribunal desestimó el argumento de la defensa, que sostenía que el acusado actuó bajo la creencia de cumplir una orden militar legítima. En su resolución, la Sala Penal recalcó que “una orden del servicio jamás puede estar referida a la ejecución de un crimen de lesa humanidad”, calificando como “inverosímil” e “improbable” la supuesta intervención de un Consejo de Guerra. El fallo destacó que las víctimas fueron detenidas por efectivos del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), sometidas a torturas y posteriormente ejecutadas en el Cerro Topáter, fuera de recintos militares, lo que descartaba un procedimiento legítimo. La investigación, dirigida por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, determinó además que el condenado, entonces teniente de 23 años, no realizó esfuerzos por cuestionar la legalidad de las órdenes, consolidando su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad. Fuente: SoyAntof
La detención de seis ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile, entre ellos cinco efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), continúa provocando repercusiones diplomáticas entre ambos países. Los individuos fueron interceptados el domingo 24 de agosto tras ingresar por un paso no habilitado, portando armas y drogas. Posteriormente, la Fiscalía de Calama los formalizó por tenencia ilegal de armas de fuego —incluida una prohibida—, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. Los seis imputados, cinco policías y una civil, quedaron en prisión preventiva. Desde Bolivia, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, solicitó la devolución de los agentes, argumentando que se encontraban en persecución de un vehículo con sustancias ilícitas. La petición fue rechazada en Chile. El comandante general de la Policía boliviana, Augusto Russo, declaró al medio El Día que el cruce habría sido accidental y aseguró que se realizan gestiones para repatriar a los efectivos. En tanto, según El Deber, Mamani insistió en que los funcionarios cumplían labores de interdicción antidroga en la frontera cuando atravesaron hacia territorio chileno.
Un estudio reciente evidenció que los dueños de terrenos ocupados por campamentos en Chile continúan pagando contribuciones, alcanzando un total anual estimado de $1.544 millones, pese a que muchas de estas propiedades se encuentran tomadas parcial o totalmente. La situación se da en un escenario de alzas en los avalúos fiscales que afectan directamente a miles de familias propietarias. De acuerdo con el catastro 2024 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y cifras de GPS Property, en el país existen 1.428 campamentos que albergan a más de 120 mil familias. Las regiones con mayor concentración son Valparaíso, la Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta. En el norte grande, Tarapacá registra 9.370 hogares en campamentos y Antofagasta 9.361, equivalentes a cerca del 11,5% del total nacional en cada caso. En Atacama, la cifra llega a 5.597 familias asentadas en 337,8 hectáreas. A nivel territorial, los campamentos ocupan 6.480 hectáreas en Chile. Valparaíso lidera con 2.113,8 hectáreas (32,6%) y 21.857 hogares (26,9%), seguida por la Región Metropolitana con 652,9 hectáreas (10,1%) y 13.464 hogares (16,5%). En tanto, Tarapacá y Antofagasta abarcan 423,3 y 424,6 hectáreas respectivamente, reflejando la persistencia del fenómeno en zonas mineras y de alta migración. Fuente: SoyAntof
Seis funcionarios de la Policía Boliviana fueron detenidos en el sector fronterizo de Hito Cajón, ubicado a unos 45 kilómetros de San Pedro de Atacama, zona donde se han registrado casos de paso ilegal de vehículos y tráfico de drogas. La situación fue informada por el diputado Sebastián Videla, quien solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe oficial para esclarecer lo ocurrido y conocer las gestiones consulares en curso. El parlamentario calificó el hecho como grave, señalando que el área está vinculada a delitos como robo de vehículos, narcotráfico y crimen organizado, en los que también han estado involucrados funcionarios del vecino país. Los seis detenidos fueron llevados durante la jornada a control de detención en el Juzgado de Garantía de Calama. La Fiscalía pidió el máximo plazo de ampliación de formalización, por lo que la próxima audiencia quedó fijada para el viernes.
Raúl Antonio Alarcón Hermosilla, exalto funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeropuerto El Loa, fue detenido y condenado a cinco años de prisión tras comprobarse su relación con la organización criminal Tren de Aragua. Durante un allanamiento en su vivienda fiscal se incautaron drogas y armas de fuego. Según la investigación, Alarcón, quien contaba con acceso a diversas dependencias del aeropuerto, mantuvo una relación con una mujer identificada como Antonella. La pareja, junto a otras tres bailarinas exóticas, residió durante cuatro meses en la vivienda fiscal, donde, según los registros judiciales, se habrían consumido y traficado sustancias ilícitas. La vivienda también fue utilizada por un ciudadano venezolano, integrante del Tren de Aragua, apodado «el chino», quien almacenaba armamento en el lugar y fue detenido posteriormente al intentar trasladar 150 kilos de droga, mientras enfrentaba procesos judiciales por cuatro delitos de secuestro. Tras la condena de Alarcón, el diputado Sebastián Videla solicitó una reunión con el Director Nacional de la DGAC para evaluar responsabilidades y reforzar medidas de control dentro de la institución, además de solicitar un listado de todas las personas que trabajaron con el funcionario condenado, con el objetivo de prevenir infiltraciones de organizaciones criminales en organismos del Estado.
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Adolfo Born, oficial del Ejército en retiro, y confirmó su condena a 20 años de presidio por los homicidios calificados de Francisco Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, ejecutados el 6 de octubre de 1973 en Calama. El máximo tribunal desestimó el argumento de la defensa, que sostenía que el acusado actuó bajo la creencia de cumplir una orden militar legítima. En su resolución, la Sala Penal recalcó que “una orden del servicio jamás puede estar referida a la ejecución de un crimen de lesa humanidad”, calificando como “inverosímil” e “improbable” la supuesta intervención de un Consejo de Guerra. El fallo destacó que las víctimas fueron detenidas por efectivos del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), sometidas a torturas y posteriormente ejecutadas en el Cerro Topáter, fuera de recintos militares, lo que descartaba un procedimiento legítimo. La investigación, dirigida por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, determinó además que el condenado, entonces teniente de 23 años, no realizó esfuerzos por cuestionar la legalidad de las órdenes, consolidando su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad. Fuente: SoyAntof
La detención de seis ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile, entre ellos cinco efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), continúa provocando repercusiones diplomáticas entre ambos países. Los individuos fueron interceptados el domingo 24 de agosto tras ingresar por un paso no habilitado, portando armas y drogas. Posteriormente, la Fiscalía de Calama los formalizó por tenencia ilegal de armas de fuego —incluida una prohibida—, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. Los seis imputados, cinco policías y una civil, quedaron en prisión preventiva. Desde Bolivia, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, solicitó la devolución de los agentes, argumentando que se encontraban en persecución de un vehículo con sustancias ilícitas. La petición fue rechazada en Chile. El comandante general de la Policía boliviana, Augusto Russo, declaró al medio El Día que el cruce habría sido accidental y aseguró que se realizan gestiones para repatriar a los efectivos. En tanto, según El Deber, Mamani insistió en que los funcionarios cumplían labores de interdicción antidroga en la frontera cuando atravesaron hacia territorio chileno.
Un estudio reciente evidenció que los dueños de terrenos ocupados por campamentos en Chile continúan pagando contribuciones, alcanzando un total anual estimado de $1.544 millones, pese a que muchas de estas propiedades se encuentran tomadas parcial o totalmente. La situación se da en un escenario de alzas en los avalúos fiscales que afectan directamente a miles de familias propietarias. De acuerdo con el catastro 2024 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y cifras de GPS Property, en el país existen 1.428 campamentos que albergan a más de 120 mil familias. Las regiones con mayor concentración son Valparaíso, la Metropolitana, Tarapacá y Antofagasta. En el norte grande, Tarapacá registra 9.370 hogares en campamentos y Antofagasta 9.361, equivalentes a cerca del 11,5% del total nacional en cada caso. En Atacama, la cifra llega a 5.597 familias asentadas en 337,8 hectáreas. A nivel territorial, los campamentos ocupan 6.480 hectáreas en Chile. Valparaíso lidera con 2.113,8 hectáreas (32,6%) y 21.857 hogares (26,9%), seguida por la Región Metropolitana con 652,9 hectáreas (10,1%) y 13.464 hogares (16,5%). En tanto, Tarapacá y Antofagasta abarcan 423,3 y 424,6 hectáreas respectivamente, reflejando la persistencia del fenómeno en zonas mineras y de alta migración. Fuente: SoyAntof
Seis funcionarios de la Policía Boliviana fueron detenidos en el sector fronterizo de Hito Cajón, ubicado a unos 45 kilómetros de San Pedro de Atacama, zona donde se han registrado casos de paso ilegal de vehículos y tráfico de drogas. La situación fue informada por el diputado Sebastián Videla, quien solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe oficial para esclarecer lo ocurrido y conocer las gestiones consulares en curso. El parlamentario calificó el hecho como grave, señalando que el área está vinculada a delitos como robo de vehículos, narcotráfico y crimen organizado, en los que también han estado involucrados funcionarios del vecino país. Los seis detenidos fueron llevados durante la jornada a control de detención en el Juzgado de Garantía de Calama. La Fiscalía pidió el máximo plazo de ampliación de formalización, por lo que la próxima audiencia quedó fijada para el viernes.
Raúl Antonio Alarcón Hermosilla, exalto funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeropuerto El Loa, fue detenido y condenado a cinco años de prisión tras comprobarse su relación con la organización criminal Tren de Aragua. Durante un allanamiento en su vivienda fiscal se incautaron drogas y armas de fuego. Según la investigación, Alarcón, quien contaba con acceso a diversas dependencias del aeropuerto, mantuvo una relación con una mujer identificada como Antonella. La pareja, junto a otras tres bailarinas exóticas, residió durante cuatro meses en la vivienda fiscal, donde, según los registros judiciales, se habrían consumido y traficado sustancias ilícitas. La vivienda también fue utilizada por un ciudadano venezolano, integrante del Tren de Aragua, apodado «el chino», quien almacenaba armamento en el lugar y fue detenido posteriormente al intentar trasladar 150 kilos de droga, mientras enfrentaba procesos judiciales por cuatro delitos de secuestro. Tras la condena de Alarcón, el diputado Sebastián Videla solicitó una reunión con el Director Nacional de la DGAC para evaluar responsabilidades y reforzar medidas de control dentro de la institución, además de solicitar un listado de todas las personas que trabajaron con el funcionario condenado, con el objetivo de prevenir infiltraciones de organizaciones criminales en organismos del Estado.
