Antofagasta: ATI presenta recurso a Tribunal Ambiental por multas
La infracción avaluada en 960 millones de pesos fue impuesta a ATI luego de un proceso sancionatorio que se inició tras una fiscalización en junio de 2015.
La empresa portuaria Antofagasta Terminal Internacional (ATI) interpuso un recurso judicial ante el Primer Tribunal Ambiental con el objetivo de revertir una multa de 960 millones de pesos impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Según lo informado por Timeline, el reclamo se centró en dos cargos relacionados con incumplimientos ambientales en el proceso de embarque de concentrado de cobre y la limpieza de calles y veredas en zonas cercanas al puerto.
Presentan el argumento de que las fiscalizaciones que llevaron a la imposición de la multa ocurrieron hace ocho años y cuestionaron así la oportunidad de la sanción, y que las sanciones impuestas son improcedentes, ya las mismas deberían haber resultado en una amonestación por escrito en lugar de una multa. También señaló deficiencias en el proceso de evaluación de las infracciones por parte de la SMA. La compañía argumentó que la interpretación realizada, sobre el exceso de cantidad de concentrado de cobre, carecería de sustento, al hacerse un cálculo por año calendario.
La empresa también afirmó que la SMA no tuvo en cuenta las obligaciones de ATI como concesionaria de una parte del puerto Antofagasta, el cual consideran de acceso público. Sobre la limpieza de calles y veredas, se argumentó que la medida se llevó a cabo dentro del plazo establecido por la Corte Suprema y que el Tribunal Ambiental debería haber exigido su cumplimiento inmediato si así lo consideraba necesario.
Antofagasta Terminal Internacional fue sancionada con una multa de 1.237 Unidades Tributarias Anuales debido a las fallas detectadas durante una fiscalización realizada en el primer año de funcionamiento del proyecto "Recepción, Acopio y Embarque de Concentrado de Cobre".
el lunes pasado a las 9:05
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El municipio recurrió a la Corte Suprema, pero de ratificarse la sentencia, el total a pagar podría superar los $10.000 millones por intereses e indemnizaciones.
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