Acusan a funcionarios Gore Antofagasta por presunto fraude al Fisco
Los involucrados serían la exjefa de Didesoh, Lizza Aravena, el analista Ángel González y el presidente de la Fundación Comprometidos, Sebastián Duarte.
La Fiscalía de Atacama presentó una acusación formal contra altos funcionarios de la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh) del Gobierno Regional de Antofagasta y contra el representante legal de la Fundación Comprometidos, por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría provocado un perjuicio fiscal de $144.267.500.
Los imputados son la exjefa de Didesoh, Lizza Aravena; el analista Ángel González; y el presidente de la fundación, Sebastián Duarte Vergara, quienes enfrentan cargos por fraude al Fisco, administración desleal y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el caso se origina en un proyecto destinado a realizar esterilizaciones de mascotas en Tocopilla, el cual —según la fiscalía— nunca tuvo la intención real de ejecutarse. La acusación sostiene que el plan fue resultado de una coordinación previa entre funcionarios públicos y particulares, orientada a asegurar la aprobación de fondos públicos mediante la alteración de los procesos de postulación.
El vínculo entre los involucrados se remonta a 2020, cuando Duarte, Aravena y González participaron en la campaña electoral del actual gobernador regional, Ricardo Díaz. Según la fiscalía, antes de la convocatoria oficial a los fondos FNDR en septiembre de 2022, los tres ya habían acordado la presentación de un proyecto por parte de la fundación, otorgándole una ventaja indebida sobre otros postulantes.
La acusación detalla además que los funcionarios intervinieron directamente en la redacción y el presupuesto del proyecto, realizando correcciones y modificaciones que incrementaron su valor desde $120 millones hasta más de $144 millones, con el objetivo de maximizar los recursos a obtener.
El Ministerio Público concluye que esta planificación aseguró una aprobación rápida y sin obstáculos, configurando un caso de mal uso de recursos públicos y vulneración de los principios de probidad e imparcialidad en la administración estatal.
Con información de: SoyAntofagasta
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