El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, presentó nuevos antecedentes ante la Fiscalía Regional tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades financieras en el Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la Minería (CICITEM). El informe reveló el traspaso de cerca de $400 millones desde cuentas institucionales hacia cuentas personales del exgerente general del organismo. A raíz de estos hallazgos, el Gobierno Regional decidió suspender de manera indefinida la entrega de recursos al CICITEM. Según explicó Díaz, la auditoría advirtió “riesgos en el uso de fondos públicos” debido a la falta de control interno y de seguimiento financiero. El informe fue entregado tanto a la Fiscalía Regional como al cuerpo de consejeros regionales, y también será remitido a la Contraloría General de la República. Además, se evalúa la presentación de una querella por fraude al fisco contra los responsables. Díaz anunció que se revisará la permanencia del Gobierno Regional como socio del CICITEM, argumentando que las actuales condiciones “no ofrecen garantías de transparencia ni seguridad en el uso de fondos públicos”. La investigación busca determinar las eventuales responsabilidades del exgerente general, Rubén Rojo, y de otros funcionarios del área financiera.
Antofagasta figura entre las regiones que verían incrementado su presupuesto para 2026, con una proyección de alza de $6.274 millones, alcanzando un total de $124.706 millones, según información difundida por medios nacionales. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, precisó que estas cifras aún no son definitivas y se confirmarán una vez que la ley de presupuesto sea ingresada al Congreso. Desde el ámbito parlamentario, la diputada Yovana Ahumada (PSC) valoró el aumento, aunque advirtió que persisten dificultades en la postulación a fondos del FNDR y en la concreción de proyectos, lo que calificó como una “deuda pendiente” en la gestión regional. Por su parte, el senador Esteban Velásquez (FRVS) explicó que los ajustes en otras zonas del país responden a la menor disponibilidad de recursos fiscales, un tema que, según señaló, también forma parte del debate presidencial. Fuente: SoyAntofagasta
La Región de Antofagasta cerró el primer semestre de 2025 con una de las ejecuciones presupuestarias más bajas del país, según el informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). A junio de este año, el Gobierno Regional había utilizado $25.178 millones de un presupuesto total de $125.126 millones, lo que equivale a un 20,1% de ejecución. Con esta cifra, la región se ubicó en el penúltimo lugar a nivel nacional, solo por encima de Coquimbo, y por debajo del promedio nacional, que alcanzó un 38,1%. Las regiones con mayor nivel de gasto fueron Maule y Ñuble, ambas con un 52,1% de ejecución, y la Metropolitana, con un 50,6%. En contraste, Antofagasta incluso presentó un retroceso respecto al mismo periodo de 2024, cuando el nivel de uso de recursos alcanzaba un 24,4%. De acuerdo con el informe, el 55% de los fondos regionales se destinaron a inversión en obras, lo que corresponde a $13.847 millones. Fuente: SoyAntof
El Consejo para la Transparencia (CPLT) resolvió iniciar una investigación sumaria al Gobierno Regional de Antofagasta, tras detectar posibles infracciones a las obligaciones de transparencia activa durante una fiscalización realizada entre el 3 y el 20 de marzo de 2025. Según informó el organismo, se identificaron deficiencias en la publicidad, actualización y completitud de información pública relevante, lo que representa un incumplimiento de los deberes legales en materia de rendición de cuentas. La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que se utilizarán todas las herramientas legales disponibles para asegurar el respeto a la ley, recalcando que la transparencia “no puede ser una opción, es una obligación legal y un compromiso con la ciudadanía”. El proceso de fiscalización también evidenció un bajo promedio nacional de cumplimiento entre los gobiernos regionales, alcanzando apenas un 76,06%, el peor resultado desde que se iniciaron estas mediciones en 2010. Desde el Gobierno Regional de Antofagasta confirmaron la existencia de una investigación interna en curso para esclarecer responsabilidades. Asimismo, indicaron que en enero de 2025 se llevó a cabo una reestructuración total de su unidad de transparencia, asignando por primera vez a una persona con dedicación exclusiva. A esto se suma la implementación de un plan de mejora para subsanar las observaciones del CPLT y elevar los niveles de cumplimiento. Fuente: SoyChile
Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el Gobierno Regional (GORE), en el marco del convenio “Más viviendas y mejores barrios para la región de Antofagasta”, vigente entre 2015 y 2023. El informe del organismo fiscalizador concluyó que el Serviu presentó con hasta 269 días de retraso la rendición de $5.866 millones entregados por el GORE. Además, se observaron problemas en la administración de una cuenta corriente que mezclaba fondos del Ministerio de Vivienda con los del Gobierno Regional, lo que dificultó el análisis del uso de los recursos. La Contraloría también detectó una falta de control en la asignación de fondos a proyectos específicos, lo que obligará al Serviu a reintegrar $156 millones. El análisis incluyó 31 contratos financiados con este convenio y reveló diferencias significativas entre lo acordado y lo efectivamente rendido, como en el caso del proyecto “Las Rocas”, donde se reportaron gastos superiores a los estipulados. Respecto al saldo pendiente de rendición, el Serviu finalmente regularizó la devolución mediante una modificación presupuestaria aprobada el 17 de julio de 2024, lo que permitió transferir los fondos a la Tesorería General de la República. No obstante, la Contraloría advirtió la falta de celeridad del GORE en exigir la restitución, ya que transcurrieron más de dos años desde la primera solicitud formal hasta el reintegro efectivo. A raíz de estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos tanto en el Serviu como en el GORE para determinar eventuales responsabilidades. El informe también señala que el Serviu no aportó información suficiente durante la fiscalización para justificar el origen y uso de los fondos, lo que impidió una revisión contable clara del saldo bancario disponible. Desde el Gobierno Regional destacaron la recuperación total de los recursos no utilizados y aseguraron que, en el marco del nuevo convenio “Más Vivienda, Mejor Región 2023-2028”, se han implementado mecanismos más estrictos de supervisión y control para evitar situaciones similares. Fuente: Timeline
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, presentó nuevos antecedentes ante la Fiscalía Regional tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades financieras en el Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la Minería (CICITEM). El informe reveló el traspaso de cerca de $400 millones desde cuentas institucionales hacia cuentas personales del exgerente general del organismo. A raíz de estos hallazgos, el Gobierno Regional decidió suspender de manera indefinida la entrega de recursos al CICITEM. Según explicó Díaz, la auditoría advirtió “riesgos en el uso de fondos públicos” debido a la falta de control interno y de seguimiento financiero. El informe fue entregado tanto a la Fiscalía Regional como al cuerpo de consejeros regionales, y también será remitido a la Contraloría General de la República. Además, se evalúa la presentación de una querella por fraude al fisco contra los responsables. Díaz anunció que se revisará la permanencia del Gobierno Regional como socio del CICITEM, argumentando que las actuales condiciones “no ofrecen garantías de transparencia ni seguridad en el uso de fondos públicos”. La investigación busca determinar las eventuales responsabilidades del exgerente general, Rubén Rojo, y de otros funcionarios del área financiera.
Antofagasta figura entre las regiones que verían incrementado su presupuesto para 2026, con una proyección de alza de $6.274 millones, alcanzando un total de $124.706 millones, según información difundida por medios nacionales. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, precisó que estas cifras aún no son definitivas y se confirmarán una vez que la ley de presupuesto sea ingresada al Congreso. Desde el ámbito parlamentario, la diputada Yovana Ahumada (PSC) valoró el aumento, aunque advirtió que persisten dificultades en la postulación a fondos del FNDR y en la concreción de proyectos, lo que calificó como una “deuda pendiente” en la gestión regional. Por su parte, el senador Esteban Velásquez (FRVS) explicó que los ajustes en otras zonas del país responden a la menor disponibilidad de recursos fiscales, un tema que, según señaló, también forma parte del debate presidencial. Fuente: SoyAntofagasta
La Región de Antofagasta cerró el primer semestre de 2025 con una de las ejecuciones presupuestarias más bajas del país, según el informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). A junio de este año, el Gobierno Regional había utilizado $25.178 millones de un presupuesto total de $125.126 millones, lo que equivale a un 20,1% de ejecución. Con esta cifra, la región se ubicó en el penúltimo lugar a nivel nacional, solo por encima de Coquimbo, y por debajo del promedio nacional, que alcanzó un 38,1%. Las regiones con mayor nivel de gasto fueron Maule y Ñuble, ambas con un 52,1% de ejecución, y la Metropolitana, con un 50,6%. En contraste, Antofagasta incluso presentó un retroceso respecto al mismo periodo de 2024, cuando el nivel de uso de recursos alcanzaba un 24,4%. De acuerdo con el informe, el 55% de los fondos regionales se destinaron a inversión en obras, lo que corresponde a $13.847 millones. Fuente: SoyAntof
El Consejo para la Transparencia (CPLT) resolvió iniciar una investigación sumaria al Gobierno Regional de Antofagasta, tras detectar posibles infracciones a las obligaciones de transparencia activa durante una fiscalización realizada entre el 3 y el 20 de marzo de 2025. Según informó el organismo, se identificaron deficiencias en la publicidad, actualización y completitud de información pública relevante, lo que representa un incumplimiento de los deberes legales en materia de rendición de cuentas. La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que se utilizarán todas las herramientas legales disponibles para asegurar el respeto a la ley, recalcando que la transparencia “no puede ser una opción, es una obligación legal y un compromiso con la ciudadanía”. El proceso de fiscalización también evidenció un bajo promedio nacional de cumplimiento entre los gobiernos regionales, alcanzando apenas un 76,06%, el peor resultado desde que se iniciaron estas mediciones en 2010. Desde el Gobierno Regional de Antofagasta confirmaron la existencia de una investigación interna en curso para esclarecer responsabilidades. Asimismo, indicaron que en enero de 2025 se llevó a cabo una reestructuración total de su unidad de transparencia, asignando por primera vez a una persona con dedicación exclusiva. A esto se suma la implementación de un plan de mejora para subsanar las observaciones del CPLT y elevar los niveles de cumplimiento. Fuente: SoyChile
Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el Gobierno Regional (GORE), en el marco del convenio “Más viviendas y mejores barrios para la región de Antofagasta”, vigente entre 2015 y 2023. El informe del organismo fiscalizador concluyó que el Serviu presentó con hasta 269 días de retraso la rendición de $5.866 millones entregados por el GORE. Además, se observaron problemas en la administración de una cuenta corriente que mezclaba fondos del Ministerio de Vivienda con los del Gobierno Regional, lo que dificultó el análisis del uso de los recursos. La Contraloría también detectó una falta de control en la asignación de fondos a proyectos específicos, lo que obligará al Serviu a reintegrar $156 millones. El análisis incluyó 31 contratos financiados con este convenio y reveló diferencias significativas entre lo acordado y lo efectivamente rendido, como en el caso del proyecto “Las Rocas”, donde se reportaron gastos superiores a los estipulados. Respecto al saldo pendiente de rendición, el Serviu finalmente regularizó la devolución mediante una modificación presupuestaria aprobada el 17 de julio de 2024, lo que permitió transferir los fondos a la Tesorería General de la República. No obstante, la Contraloría advirtió la falta de celeridad del GORE en exigir la restitución, ya que transcurrieron más de dos años desde la primera solicitud formal hasta el reintegro efectivo. A raíz de estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos tanto en el Serviu como en el GORE para determinar eventuales responsabilidades. El informe también señala que el Serviu no aportó información suficiente durante la fiscalización para justificar el origen y uso de los fondos, lo que impidió una revisión contable clara del saldo bancario disponible. Desde el Gobierno Regional destacaron la recuperación total de los recursos no utilizados y aseguraron que, en el marco del nuevo convenio “Más Vivienda, Mejor Región 2023-2028”, se han implementado mecanismos más estrictos de supervisión y control para evitar situaciones similares. Fuente: Timeline
