Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el Gobierno Regional (GORE), en el marco del convenio “Más viviendas y mejores barrios para la región de Antofagasta”, vigente entre 2015 y 2023. El informe del organismo fiscalizador concluyó que el Serviu presentó con hasta 269 días de retraso la rendición de $5.866 millones entregados por el GORE. Además, se observaron problemas en la administración de una cuenta corriente que mezclaba fondos del Ministerio de Vivienda con los del Gobierno Regional, lo que dificultó el análisis del uso de los recursos. La Contraloría también detectó una falta de control en la asignación de fondos a proyectos específicos, lo que obligará al Serviu a reintegrar $156 millones. El análisis incluyó 31 contratos financiados con este convenio y reveló diferencias significativas entre lo acordado y lo efectivamente rendido, como en el caso del proyecto “Las Rocas”, donde se reportaron gastos superiores a los estipulados. Respecto al saldo pendiente de rendición, el Serviu finalmente regularizó la devolución mediante una modificación presupuestaria aprobada el 17 de julio de 2024, lo que permitió transferir los fondos a la Tesorería General de la República. No obstante, la Contraloría advirtió la falta de celeridad del GORE en exigir la restitución, ya que transcurrieron más de dos años desde la primera solicitud formal hasta el reintegro efectivo. A raíz de estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos tanto en el Serviu como en el GORE para determinar eventuales responsabilidades. El informe también señala que el Serviu no aportó información suficiente durante la fiscalización para justificar el origen y uso de los fondos, lo que impidió una revisión contable clara del saldo bancario disponible. Desde el Gobierno Regional destacaron la recuperación total de los recursos no utilizados y aseguraron que, en el marco del nuevo convenio “Más Vivienda, Mejor Región 2023-2028”, se han implementado mecanismos más estrictos de supervisión y control para evitar situaciones similares. Fuente: Timeline
La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) mantiene más de $4.200 millones de pesos pendientes de rendición por parte de asociaciones, fundaciones y otras entidades que ejecutan proyectos financiados con recursos públicos. El organismo fiscalizador también identificó $4.856 millones en montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados, además de diversas irregularidades administrativas. El informe corresponde a una auditoría realizada sobre el uso de recursos entre enero y septiembre de 2024, y forma parte de una serie de fiscalizaciones aplicadas a los gobiernos regionales del país. Según el documento, al 30 de septiembre de 2024, se constató que $4.202.867.306 no han sido rendidos por los organismos receptores. La Contraloría advirtió que estos saldos incluyen fondos entregados desde 2021, sin que el Gore haya tomado medidas suficientes para exigir su rendición. Para 2022, queda un 33% sin rendir; para 2023, un 39%; y para 2024, un 95%. Respecto a los montos observados, solicitados a reintegro o rechazados, el informe cifra en $4.856.481.471 el total a regularizar, indicando que no se han observado gestiones eficaces para recuperar dichos recursos. La auditoría también señaló observaciones correspondientes a cada año desde 2021, incluyendo $2.405 millones solo en 2023. El Gobierno Regional reconoció las observaciones y explicó que parte de los proyectos siguen en ejecución. Sin embargo, la Contraloría mantuvo sus reparos, dado que la entidad no presentó acciones correctivas concluyentes. Entre las irregularidades adicionales, el informe cuestionó un contrato a honorarios suscrito para labores permanentes —contraviniendo un dictamen de 2022— y el uso de vehículos fiscales durante días inhábiles sin la debida autorización. Por este último punto, la Contraloría instruyó una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas. Además, se observó el uso de la cuenta de Instagram oficial del Gore para difundir actividades institucionales con reiterada presencia del gobernador regional, lo que fue considerado un uso inadecuado de recursos públicos con fines de promoción personal. La entidad deberá abstenerse de repetir esta práctica. La Contraloría concluyó que varias de las observaciones se mantienen vigentes debido a la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gore, reiterando la necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición en el uso de fondos públicos. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, respondió que las observaciones de la Contraloría no están relacionadas con gastos electorales, sino con rendiciones tardías de proyectos del fondo del 8% de vinculación con el medio, principalmente entregados en julio de 2024. Señaló que en febrero de este año se presentó una carta GAN con un calendario para regularizar dichas rendiciones, y actualmente están respondiendo nuevas solicitudes del organismo fiscalizador. Respecto a la objeción por el uso de un vehículo fiscal durante un día feriado, explicó que fue utilizado el 21 de mayo para asistir al desfile conmemorativo, y que ya han entregado explicaciones al respecto. Con información de: Timeline
Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el Gobierno Regional (GORE), en el marco del convenio “Más viviendas y mejores barrios para la región de Antofagasta”, vigente entre 2015 y 2023. El informe del organismo fiscalizador concluyó que el Serviu presentó con hasta 269 días de retraso la rendición de $5.866 millones entregados por el GORE. Además, se observaron problemas en la administración de una cuenta corriente que mezclaba fondos del Ministerio de Vivienda con los del Gobierno Regional, lo que dificultó el análisis del uso de los recursos. La Contraloría también detectó una falta de control en la asignación de fondos a proyectos específicos, lo que obligará al Serviu a reintegrar $156 millones. El análisis incluyó 31 contratos financiados con este convenio y reveló diferencias significativas entre lo acordado y lo efectivamente rendido, como en el caso del proyecto “Las Rocas”, donde se reportaron gastos superiores a los estipulados. Respecto al saldo pendiente de rendición, el Serviu finalmente regularizó la devolución mediante una modificación presupuestaria aprobada el 17 de julio de 2024, lo que permitió transferir los fondos a la Tesorería General de la República. No obstante, la Contraloría advirtió la falta de celeridad del GORE en exigir la restitución, ya que transcurrieron más de dos años desde la primera solicitud formal hasta el reintegro efectivo. A raíz de estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos tanto en el Serviu como en el GORE para determinar eventuales responsabilidades. El informe también señala que el Serviu no aportó información suficiente durante la fiscalización para justificar el origen y uso de los fondos, lo que impidió una revisión contable clara del saldo bancario disponible. Desde el Gobierno Regional destacaron la recuperación total de los recursos no utilizados y aseguraron que, en el marco del nuevo convenio “Más Vivienda, Mejor Región 2023-2028”, se han implementado mecanismos más estrictos de supervisión y control para evitar situaciones similares. Fuente: Timeline
La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Regional de Antofagasta (Gore) mantiene más de $4.200 millones de pesos pendientes de rendición por parte de asociaciones, fundaciones y otras entidades que ejecutan proyectos financiados con recursos públicos. El organismo fiscalizador también identificó $4.856 millones en montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados, además de diversas irregularidades administrativas. El informe corresponde a una auditoría realizada sobre el uso de recursos entre enero y septiembre de 2024, y forma parte de una serie de fiscalizaciones aplicadas a los gobiernos regionales del país. Según el documento, al 30 de septiembre de 2024, se constató que $4.202.867.306 no han sido rendidos por los organismos receptores. La Contraloría advirtió que estos saldos incluyen fondos entregados desde 2021, sin que el Gore haya tomado medidas suficientes para exigir su rendición. Para 2022, queda un 33% sin rendir; para 2023, un 39%; y para 2024, un 95%. Respecto a los montos observados, solicitados a reintegro o rechazados, el informe cifra en $4.856.481.471 el total a regularizar, indicando que no se han observado gestiones eficaces para recuperar dichos recursos. La auditoría también señaló observaciones correspondientes a cada año desde 2021, incluyendo $2.405 millones solo en 2023. El Gobierno Regional reconoció las observaciones y explicó que parte de los proyectos siguen en ejecución. Sin embargo, la Contraloría mantuvo sus reparos, dado que la entidad no presentó acciones correctivas concluyentes. Entre las irregularidades adicionales, el informe cuestionó un contrato a honorarios suscrito para labores permanentes —contraviniendo un dictamen de 2022— y el uso de vehículos fiscales durante días inhábiles sin la debida autorización. Por este último punto, la Contraloría instruyó una investigación sumaria para determinar responsabilidades administrativas. Además, se observó el uso de la cuenta de Instagram oficial del Gore para difundir actividades institucionales con reiterada presencia del gobernador regional, lo que fue considerado un uso inadecuado de recursos públicos con fines de promoción personal. La entidad deberá abstenerse de repetir esta práctica. La Contraloría concluyó que varias de las observaciones se mantienen vigentes debido a la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gore, reiterando la necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición en el uso de fondos públicos. El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, respondió que las observaciones de la Contraloría no están relacionadas con gastos electorales, sino con rendiciones tardías de proyectos del fondo del 8% de vinculación con el medio, principalmente entregados en julio de 2024. Señaló que en febrero de este año se presentó una carta GAN con un calendario para regularizar dichas rendiciones, y actualmente están respondiendo nuevas solicitudes del organismo fiscalizador. Respecto a la objeción por el uso de un vehículo fiscal durante un día feriado, explicó que fue utilizado el 21 de mayo para asistir al desfile conmemorativo, y que ya han entregado explicaciones al respecto. Con información de: Timeline