La Fiscalía de Atacama presentó una acusación formal contra altos funcionarios de la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh) del Gobierno Regional de Antofagasta y contra el representante legal de la Fundación Comprometidos, por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría provocado un perjuicio fiscal de $144.267.500. Los imputados son la exjefa de Didesoh, Lizza Aravena; el analista Ángel González; y el presidente de la fundación, Sebastián Duarte Vergara, quienes enfrentan cargos por fraude al Fisco, administración desleal y lavado de activos. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el caso se origina en un proyecto destinado a realizar esterilizaciones de mascotas en Tocopilla, el cual —según la fiscalía— nunca tuvo la intención real de ejecutarse. La acusación sostiene que el plan fue resultado de una coordinación previa entre funcionarios públicos y particulares, orientada a asegurar la aprobación de fondos públicos mediante la alteración de los procesos de postulación. El vínculo entre los involucrados se remonta a 2020, cuando Duarte, Aravena y González participaron en la campaña electoral del actual gobernador regional, Ricardo Díaz. Según la fiscalía, antes de la convocatoria oficial a los fondos FNDR en septiembre de 2022, los tres ya habían acordado la presentación de un proyecto por parte de la fundación, otorgándole una ventaja indebida sobre otros postulantes. La acusación detalla además que los funcionarios intervinieron directamente en la redacción y el presupuesto del proyecto, realizando correcciones y modificaciones que incrementaron su valor desde $120 millones hasta más de $144 millones, con el objetivo de maximizar los recursos a obtener. El Ministerio Público concluye que esta planificación aseguró una aprobación rápida y sin obstáculos, configurando un caso de mal uso de recursos públicos y vulneración de los principios de probidad e imparcialidad en la administración estatal. Con información de: SoyAntofagasta
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, presentó nuevos antecedentes ante la Fiscalía Regional tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades financieras en el Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la Minería (CICITEM). El informe reveló el traspaso de cerca de $400 millones desde cuentas institucionales hacia cuentas personales del exgerente general del organismo. A raíz de estos hallazgos, el Gobierno Regional decidió suspender de manera indefinida la entrega de recursos al CICITEM. Según explicó Díaz, la auditoría advirtió “riesgos en el uso de fondos públicos” debido a la falta de control interno y de seguimiento financiero. El informe fue entregado tanto a la Fiscalía Regional como al cuerpo de consejeros regionales, y también será remitido a la Contraloría General de la República. Además, se evalúa la presentación de una querella por fraude al fisco contra los responsables. Díaz anunció que se revisará la permanencia del Gobierno Regional como socio del CICITEM, argumentando que las actuales condiciones “no ofrecen garantías de transparencia ni seguridad en el uso de fondos públicos”. La investigación busca determinar las eventuales responsabilidades del exgerente general, Rubén Rojo, y de otros funcionarios del área financiera.
La Fiscalía de Atacama presentó una acusación formal contra altos funcionarios de la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh) del Gobierno Regional de Antofagasta y contra el representante legal de la Fundación Comprometidos, por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría provocado un perjuicio fiscal de $144.267.500. Los imputados son la exjefa de Didesoh, Lizza Aravena; el analista Ángel González; y el presidente de la fundación, Sebastián Duarte Vergara, quienes enfrentan cargos por fraude al Fisco, administración desleal y lavado de activos. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el caso se origina en un proyecto destinado a realizar esterilizaciones de mascotas en Tocopilla, el cual —según la fiscalía— nunca tuvo la intención real de ejecutarse. La acusación sostiene que el plan fue resultado de una coordinación previa entre funcionarios públicos y particulares, orientada a asegurar la aprobación de fondos públicos mediante la alteración de los procesos de postulación. El vínculo entre los involucrados se remonta a 2020, cuando Duarte, Aravena y González participaron en la campaña electoral del actual gobernador regional, Ricardo Díaz. Según la fiscalía, antes de la convocatoria oficial a los fondos FNDR en septiembre de 2022, los tres ya habían acordado la presentación de un proyecto por parte de la fundación, otorgándole una ventaja indebida sobre otros postulantes. La acusación detalla además que los funcionarios intervinieron directamente en la redacción y el presupuesto del proyecto, realizando correcciones y modificaciones que incrementaron su valor desde $120 millones hasta más de $144 millones, con el objetivo de maximizar los recursos a obtener. El Ministerio Público concluye que esta planificación aseguró una aprobación rápida y sin obstáculos, configurando un caso de mal uso de recursos públicos y vulneración de los principios de probidad e imparcialidad en la administración estatal. Con información de: SoyAntofagasta
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, presentó nuevos antecedentes ante la Fiscalía Regional tras una auditoría que detectó presuntas irregularidades financieras en el Centro de Investigación Científico y Tecnológico para la Minería (CICITEM). El informe reveló el traspaso de cerca de $400 millones desde cuentas institucionales hacia cuentas personales del exgerente general del organismo. A raíz de estos hallazgos, el Gobierno Regional decidió suspender de manera indefinida la entrega de recursos al CICITEM. Según explicó Díaz, la auditoría advirtió “riesgos en el uso de fondos públicos” debido a la falta de control interno y de seguimiento financiero. El informe fue entregado tanto a la Fiscalía Regional como al cuerpo de consejeros regionales, y también será remitido a la Contraloría General de la República. Además, se evalúa la presentación de una querella por fraude al fisco contra los responsables. Díaz anunció que se revisará la permanencia del Gobierno Regional como socio del CICITEM, argumentando que las actuales condiciones “no ofrecen garantías de transparencia ni seguridad en el uso de fondos públicos”. La investigación busca determinar las eventuales responsabilidades del exgerente general, Rubén Rojo, y de otros funcionarios del área financiera.