Diputado de Antofagasta encabeza ley ante eventos de "narcocultura"
El objetivo principal de esta iniciativa es implementar medidas que aseguren la seguridad del público y trabajadores en eventos masivos de tal naturaleza.
El diputado de la región de Antofagasta, Jaime Araya, lidera la presentación de un proyecto de ley destinado a establecer medidas que garanticen la seguridad en eventos masivos relacionados con la promoción de la "narcocultura", violencia contra la mujer y manipulación de armas de fuego.
La iniciativa, presentada en colaboración con un grupo diverso de parlamentarios, surge como respuesta a la controversia generada por la participación del artista "Peso Pluma" en el Festival de Viña del Mar. El proyecto define la "promoción de la narcocultura" como cualquier expresión que normalice actividades contrarias a la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como su consumo.
En una declaración conjunta, el diputado Araya expresó que "nos parece que tiene que haber exigencias especiales, que tengan que contar a lo menos con un detector de metales, detector de municiones, de armas de fuego". Además, solicitó medidas adicionales para abordar la situación. El proyecto propone establecer un estatuto especial para eventos que involucren manifestaciones de la cultura narco.
En detalle, la propuesta estipula que los organizadores deben contratar personal capacitado para controlar a los asistentes en áreas con detectores de metales y supervisar las cámaras de vigilancia. En caso de ilícitos, los organizadores deben informar de inmediato a las fuerzas de orden público para procesar a los infractores. Además, los alcaldes que contraten expresiones promotoras de narco tráfico o violencia deberían fundamentar su decisión mediante un decreto alcaldicio, detallando las razones y beneficios para la comunidad.
Con información de: SoyAntofagasta
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Aunque la situación actual es considerada normal, se asegura actualizar protocolos y mantener informada a la ciudadanía, especialmente ante posibles varamientos de fauna marina.
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La institución busca "dar una señal a la comunidad de que en nuestro país existe una institucionalidad preparada para salvaguardar los derechos de las mujeres".
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Se deberá pagar más de $14 millones por daño emergente, lucro cesante y daño moral. El tribunal rechazó los recursos presentados por no haber error en la aplicación de derecho.
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Fundo Esperanza denuncia una delimitación arbitraria sin trabajo en terreno ni consulta indígena. Por otro lado, SQM cuestiona el exceso en el plazo legal del procedimiento.
