El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, vigente desde noviembre de 2022 tras la entrada en vigencia de la Ley 21.389, acumula actualmente 331.787 deudas inscritas en el país. La normativa modificó diversos cuerpos legales con el objetivo de mejorar el cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Según los datos oficiales, 226.680 deudas han sido canceladas o cuentan con acuerdos de pago. No obstante, los Tribunales de Familia han ordenado el desembolso de un total de $2.975.447.078.809 a nivel nacional. En la Región de Antofagasta, existen 9.546 personas registradas como deudoras, de las cuales 442 corresponden a mujeres y 9.104 a hombres, acumulando una deuda total de $279.171.090.720. La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Hanna Goldener, señaló que las cifras continúan reflejando una problemática que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños. Asimismo, recalcó que el Ministerio mantiene acciones para asegurar el pago efectivo de las pensiones, destacando que la responsabilidad parental es obligatoria y que ningún hogar debería enfrentar esta situación en soledad.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta resolvió la exclusión de 143 personas del padrón electoral de la comuna de Sierra Gorda, tras una reclamación presentada por el abogado Mauricio Peldoza en representación de la exalcaldesa Deborah Paredes. La solicitud inicial pedía retirar a 317 personas, pero el tribunal acogió parcialmente el requerimiento, argumentando que los antecedentes entregados acreditaban que los 143 excluidos mantenían vínculos con otras comunas. Según la sentencia, la documentación aportada por 16 municipalidades del país permitió establecer que los reclamados perciben beneficios sociales o están inscritos en el Registro Social de Hogares en esas comunas. A esto se sumó la información del Servicio Electoral (Servel), que indicó que los traslados de domicilio electoral se realizaron recientemente, con miras a las elecciones municipales de 2024 y presidenciales de 2025. En cuanto al resto de los casos, el TER determinó no dar lugar a la exclusión, debido a que algunos ya habían sido objeto de resoluciones previas, otros permanecen inscritos en procesos electorales anteriores, o bien no se presentó prueba suficiente para justificar la solicitud. Cabe recordar que en 2024 el mismo tribunal ya había ordenado la exclusión de 663 personas del padrón electoral de Sierra Gorda, tras una reclamación presentada entonces por la actual alcaldesa Adriana Rivera.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, vigente desde noviembre de 2022 tras la entrada en vigencia de la Ley 21.389, acumula actualmente 331.787 deudas inscritas en el país. La normativa modificó diversos cuerpos legales con el objetivo de mejorar el cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Según los datos oficiales, 226.680 deudas han sido canceladas o cuentan con acuerdos de pago. No obstante, los Tribunales de Familia han ordenado el desembolso de un total de $2.975.447.078.809 a nivel nacional. En la Región de Antofagasta, existen 9.546 personas registradas como deudoras, de las cuales 442 corresponden a mujeres y 9.104 a hombres, acumulando una deuda total de $279.171.090.720. La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Hanna Goldener, señaló que las cifras continúan reflejando una problemática que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños. Asimismo, recalcó que el Ministerio mantiene acciones para asegurar el pago efectivo de las pensiones, destacando que la responsabilidad parental es obligatoria y que ningún hogar debería enfrentar esta situación en soledad.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta resolvió la exclusión de 143 personas del padrón electoral de la comuna de Sierra Gorda, tras una reclamación presentada por el abogado Mauricio Peldoza en representación de la exalcaldesa Deborah Paredes. La solicitud inicial pedía retirar a 317 personas, pero el tribunal acogió parcialmente el requerimiento, argumentando que los antecedentes entregados acreditaban que los 143 excluidos mantenían vínculos con otras comunas. Según la sentencia, la documentación aportada por 16 municipalidades del país permitió establecer que los reclamados perciben beneficios sociales o están inscritos en el Registro Social de Hogares en esas comunas. A esto se sumó la información del Servicio Electoral (Servel), que indicó que los traslados de domicilio electoral se realizaron recientemente, con miras a las elecciones municipales de 2024 y presidenciales de 2025. En cuanto al resto de los casos, el TER determinó no dar lugar a la exclusión, debido a que algunos ya habían sido objeto de resoluciones previas, otros permanecen inscritos en procesos electorales anteriores, o bien no se presentó prueba suficiente para justificar la solicitud. Cabe recordar que en 2024 el mismo tribunal ya había ordenado la exclusión de 663 personas del padrón electoral de Sierra Gorda, tras una reclamación presentada entonces por la actual alcaldesa Adriana Rivera.
