Solicitan investigar Seremi de Vivienda Antofagasta por maltrato laboral
Según los denunciantes, Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica, incurrió en acoso laboral y cometió errores en la liquidación de convenios con la Fundación Urbanismo Social.
el martes pasado a las 9:44
el viernes pasado a las 10:02
El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, iniciar una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de la repartición.
En la denuncia, los empleados acusaron a Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, de acoso laboral, menoscabo y humillaciones, según informó Timeline.
El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario enviado al nivel central de Vivienda detallando su experiencia con Rivas, quien había convocado a los profesionales para resolver cuestiones relacionadas con la liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, que había solicitado su quiebra. Según los denunciantes, Rivas pidió a los funcionarios que normalizaran los convenios de manera apresurada y con errores significativos.
El diputado Araya explicó en su oficio que la implementación de las resoluciones “parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República”. Agregó que Rivas habría dado instrucciones verbales para “normalizar” los convenios, lo que según Araya, podría implicar intentos de ocultar irregularidades. También se mencionó que Rivas consultó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos para dictar resoluciones, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso.
Los funcionarios señalaron que el proceso de liquidación de los convenios, que incluye plazos específicos, fue acelerado de manera inapropiada y que los informes contenían errores, como partidas nuevas no contempladas en los convenios originales y errores aritméticos.
Araya solicitó a la Contraloría General de la República que evalúe la pertinencia de una investigación especial para aclarar estos hechos y verificar la coherencia de las instrucciones impartidas por Rivas con las medidas ordenadas por la Contraloría en informes previos. El objetivo es determinar posibles infracciones administrativas y responsabilidades asociadas.
Fuente: Timeline
el martes pasado a las 10:27
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El tribunal consideró que la trabajadora fue víctima de coacción moral y vulneración de sus derechos, afectando su integridad psíquica y honra.
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En 2017, se suscribió un convenio con una entidad bancaria para fortalecer la educación, pero se usaron los fondos para comprar un inmueble en calle Condell.
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