El proyecto de remodelación de la Avenida Ejército entre Homero Ávila y Ruta 28, iniciado en 2022, sufrió importantes retrasos debido a varios factores ajenos a la empresa a cargo de las obras, según informó el director del Serviu, Víctor Gálvez. Entre los contratiempos más significativos se incluyen una paralización por parte del municipio en 2020, que duró más de 12 meses, y un hallazgo de osamentas este año, que ocasionó un retraso de 111 días en la ejecución. Según lo informado por el medio Timeline, el proyecto originalmente debía finalizar en noviembre de 2023. Ahora tiene como fecha de término definitiva el 9 de junio de 2025, considerando los 185 días de retraso reconocidos por el Serviu. Sin embargo, Gálvez se comprometió a finalizar la calzada en febrero del próximo año, para minimizar las interferencias en la circulación de vehículos y el acceso a los comercios del sector del Parque Croacia. La remodelación, que abarca 3,2 kilómetros de la avenida, incluye la renovación de infraestructura subterránea, como alcantarillado y agua potable, así como la mejora de áreas verdes, aceras y calzadas. A pesar de que las modificaciones estructurales en la superficie son mínimas, la renovación de las redes subterráneas ha sido esencial debido al mal estado de las antiguas conexiones. El director del Serviu señaló que una de las lecciones aprendidas de esta obra es la necesidad de mejorar la coordinación con las empresas de servicios sanitarios y eléctricos, así como con la comunidad. En particular, resaltó que la falta de comunicación eficiente con los vecinos y empresarios ha generado inconvenientes, como el polvo en suspensión y dificultades de acceso a los locales comerciales. A pesar de los retrasos, Gálvez destacó que la empresa a cargo de las obras ha mantenido su disposición para retomar los trabajos y cumplir con los plazos ajustados. El proyecto ha avanzado un 74% y se espera que las obras finales, incluyendo el asfaltado y detalles de paisajismo, se completen para principios de junio del próximo año. Con información de: Timeline
El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta confirmó que ha sido notificado del recurso de protección interpuesto por un empresario local, en relación con los retrasos en las obras de mejoramiento de la Avenida Ejército, en el tramo entre Homero Ávila y la Ruta 28. A través de un comunicado, el Serviu detalló que está trabajando en la elaboración de los informes requeridos por el tribunal, los cuales deben ser entregados en un plazo de 15 días hábiles. No obstante, la entidad precisó que el tribunal no ha acogido la solicitud de una orden de no innovar, lo que permite la continuidad de las faenas sin riesgo de paralización. En paralelo, se indicó que los equipos técnicos del Serviu, en conjunto con el Gobierno Regional y la empresa constructora, sostuvieron una reunión para mejorar la ejecución del proyecto. Durante el encuentro, la constructora se comprometió a entregar semanalmente informes técnicos detallados sobre el avance de las obras y la programación de trabajos futuros. Estos informes serán distribuidos entre vecinos, locatarios y otros actores afectados, con el fin de mantenerlos informados sobre el progreso. Cabe señalar que el recurso de protección busca la paralización de las obras mediante una orden de no innovar, argumentando la ausencia de un plan de control de riesgos y medidas de mitigación. Sin embargo, el tribunal permitió la continuidad de las faenas mientras se resuelven las gestiones judiciales correspondientes.
El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, iniciar una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de la repartición. En la denuncia, los empleados acusaron a Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, de acoso laboral, menoscabo y humillaciones, según informó Timeline. El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario enviado al nivel central de Vivienda detallando su experiencia con Rivas, quien había convocado a los profesionales para resolver cuestiones relacionadas con la liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, que había solicitado su quiebra. Según los denunciantes, Rivas pidió a los funcionarios que normalizaran los convenios de manera apresurada y con errores significativos. El diputado Araya explicó en su oficio que la implementación de las resoluciones “parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República”. Agregó que Rivas habría dado instrucciones verbales para “normalizar” los convenios, lo que según Araya, podría implicar intentos de ocultar irregularidades. También se mencionó que Rivas consultó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos para dictar resoluciones, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso. Los funcionarios señalaron que el proceso de liquidación de los convenios, que incluye plazos específicos, fue acelerado de manera inapropiada y que los informes contenían errores, como partidas nuevas no contempladas en los convenios originales y errores aritméticos. Araya solicitó a la Contraloría General de la República que evalúe la pertinencia de una investigación especial para aclarar estos hechos y verificar la coherencia de las instrucciones impartidas por Rivas con las medidas ordenadas por la Contraloría en informes previos. El objetivo es determinar posibles infracciones administrativas y responsabilidades asociadas. Fuente: Timeline
El proyecto de remodelación de la Avenida Ejército entre Homero Ávila y Ruta 28, iniciado en 2022, sufrió importantes retrasos debido a varios factores ajenos a la empresa a cargo de las obras, según informó el director del Serviu, Víctor Gálvez. Entre los contratiempos más significativos se incluyen una paralización por parte del municipio en 2020, que duró más de 12 meses, y un hallazgo de osamentas este año, que ocasionó un retraso de 111 días en la ejecución. Según lo informado por el medio Timeline, el proyecto originalmente debía finalizar en noviembre de 2023. Ahora tiene como fecha de término definitiva el 9 de junio de 2025, considerando los 185 días de retraso reconocidos por el Serviu. Sin embargo, Gálvez se comprometió a finalizar la calzada en febrero del próximo año, para minimizar las interferencias en la circulación de vehículos y el acceso a los comercios del sector del Parque Croacia. La remodelación, que abarca 3,2 kilómetros de la avenida, incluye la renovación de infraestructura subterránea, como alcantarillado y agua potable, así como la mejora de áreas verdes, aceras y calzadas. A pesar de que las modificaciones estructurales en la superficie son mínimas, la renovación de las redes subterráneas ha sido esencial debido al mal estado de las antiguas conexiones. El director del Serviu señaló que una de las lecciones aprendidas de esta obra es la necesidad de mejorar la coordinación con las empresas de servicios sanitarios y eléctricos, así como con la comunidad. En particular, resaltó que la falta de comunicación eficiente con los vecinos y empresarios ha generado inconvenientes, como el polvo en suspensión y dificultades de acceso a los locales comerciales. A pesar de los retrasos, Gálvez destacó que la empresa a cargo de las obras ha mantenido su disposición para retomar los trabajos y cumplir con los plazos ajustados. El proyecto ha avanzado un 74% y se espera que las obras finales, incluyendo el asfaltado y detalles de paisajismo, se completen para principios de junio del próximo año. Con información de: Timeline
El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta confirmó que ha sido notificado del recurso de protección interpuesto por un empresario local, en relación con los retrasos en las obras de mejoramiento de la Avenida Ejército, en el tramo entre Homero Ávila y la Ruta 28. A través de un comunicado, el Serviu detalló que está trabajando en la elaboración de los informes requeridos por el tribunal, los cuales deben ser entregados en un plazo de 15 días hábiles. No obstante, la entidad precisó que el tribunal no ha acogido la solicitud de una orden de no innovar, lo que permite la continuidad de las faenas sin riesgo de paralización. En paralelo, se indicó que los equipos técnicos del Serviu, en conjunto con el Gobierno Regional y la empresa constructora, sostuvieron una reunión para mejorar la ejecución del proyecto. Durante el encuentro, la constructora se comprometió a entregar semanalmente informes técnicos detallados sobre el avance de las obras y la programación de trabajos futuros. Estos informes serán distribuidos entre vecinos, locatarios y otros actores afectados, con el fin de mantenerlos informados sobre el progreso. Cabe señalar que el recurso de protección busca la paralización de las obras mediante una orden de no innovar, argumentando la ausencia de un plan de control de riesgos y medidas de mitigación. Sin embargo, el tribunal permitió la continuidad de las faenas mientras se resuelven las gestiones judiciales correspondientes.
El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, iniciar una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de la repartición. En la denuncia, los empleados acusaron a Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, de acoso laboral, menoscabo y humillaciones, según informó Timeline. El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario enviado al nivel central de Vivienda detallando su experiencia con Rivas, quien había convocado a los profesionales para resolver cuestiones relacionadas con la liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, que había solicitado su quiebra. Según los denunciantes, Rivas pidió a los funcionarios que normalizaran los convenios de manera apresurada y con errores significativos. El diputado Araya explicó en su oficio que la implementación de las resoluciones “parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República”. Agregó que Rivas habría dado instrucciones verbales para “normalizar” los convenios, lo que según Araya, podría implicar intentos de ocultar irregularidades. También se mencionó que Rivas consultó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos para dictar resoluciones, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso. Los funcionarios señalaron que el proceso de liquidación de los convenios, que incluye plazos específicos, fue acelerado de manera inapropiada y que los informes contenían errores, como partidas nuevas no contempladas en los convenios originales y errores aritméticos. Araya solicitó a la Contraloría General de la República que evalúe la pertinencia de una investigación especial para aclarar estos hechos y verificar la coherencia de las instrucciones impartidas por Rivas con las medidas ordenadas por la Contraloría en informes previos. El objetivo es determinar posibles infracciones administrativas y responsabilidades asociadas. Fuente: Timeline