La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva, y la reemplazó por arresto domiciliario nocturno. La resolución, adoptada por la Segunda Sala del tribunal, permitirá que Andrade transite libremente durante el día mientras continúa siendo investigado por presunto fraude al fisco en el marco del denominado Caso Convenios. La causa involucra a cuatro personas formalizadas, entre ellas la diputada desaforada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática), quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado y permanece con arresto domiciliario total. También está imputada Paz Fuica, exconcejal de Antofagasta, bajo la misma medida cautelar. El más comprometido judicialmente es Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con corrupción y se encuentra en prisión preventiva. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos se originan en la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda —cuando era dirigida por Contreras— y la Fundación Democracia Viva, entonces liderada por Andrade. Estos contratos permitieron el traspaso de $426 millones para trabajos en campamentos, los cuales, según la Fiscalía, se habrían ejecutado de forma irregular. Durante la formalización de la diputada Pérez, se expuso que habría intervenido directamente para favorecer a la fundación, pese a que esta no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia. También se señaló la utilización de un contrato de arriendo falso para inscribir un domicilio en Ñuñoa, presuntamente con conocimiento de la parlamentaria, quien incluso habría ofrecido dinero a Andrade para mantener la versión oficial sobre dicha dirección.
Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el Gobierno Regional (GORE), en el marco del convenio “Más viviendas y mejores barrios para la región de Antofagasta”, vigente entre 2015 y 2023. El informe del organismo fiscalizador concluyó que el Serviu presentó con hasta 269 días de retraso la rendición de $5.866 millones entregados por el GORE. Además, se observaron problemas en la administración de una cuenta corriente que mezclaba fondos del Ministerio de Vivienda con los del Gobierno Regional, lo que dificultó el análisis del uso de los recursos. La Contraloría también detectó una falta de control en la asignación de fondos a proyectos específicos, lo que obligará al Serviu a reintegrar $156 millones. El análisis incluyó 31 contratos financiados con este convenio y reveló diferencias significativas entre lo acordado y lo efectivamente rendido, como en el caso del proyecto “Las Rocas”, donde se reportaron gastos superiores a los estipulados. Respecto al saldo pendiente de rendición, el Serviu finalmente regularizó la devolución mediante una modificación presupuestaria aprobada el 17 de julio de 2024, lo que permitió transferir los fondos a la Tesorería General de la República. No obstante, la Contraloría advirtió la falta de celeridad del GORE en exigir la restitución, ya que transcurrieron más de dos años desde la primera solicitud formal hasta el reintegro efectivo. A raíz de estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos tanto en el Serviu como en el GORE para determinar eventuales responsabilidades. El informe también señala que el Serviu no aportó información suficiente durante la fiscalización para justificar el origen y uso de los fondos, lo que impidió una revisión contable clara del saldo bancario disponible. Desde el Gobierno Regional destacaron la recuperación total de los recursos no utilizados y aseguraron que, en el marco del nuevo convenio “Más Vivienda, Mejor Región 2023-2028”, se han implementado mecanismos más estrictos de supervisión y control para evitar situaciones similares. Fuente: Timeline
La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que pesaba sobre Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva, y la reemplazó por arresto domiciliario nocturno. La resolución, adoptada por la Segunda Sala del tribunal, permitirá que Andrade transite libremente durante el día mientras continúa siendo investigado por presunto fraude al fisco en el marco del denominado Caso Convenios. La causa involucra a cuatro personas formalizadas, entre ellas la diputada desaforada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática), quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado y permanece con arresto domiciliario total. También está imputada Paz Fuica, exconcejal de Antofagasta, bajo la misma medida cautelar. El más comprometido judicialmente es Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con corrupción y se encuentra en prisión preventiva. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos se originan en la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda —cuando era dirigida por Contreras— y la Fundación Democracia Viva, entonces liderada por Andrade. Estos contratos permitieron el traspaso de $426 millones para trabajos en campamentos, los cuales, según la Fiscalía, se habrían ejecutado de forma irregular. Durante la formalización de la diputada Pérez, se expuso que habría intervenido directamente para favorecer a la fundación, pese a que esta no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia. También se señaló la utilización de un contrato de arriendo falso para inscribir un domicilio en Ñuñoa, presuntamente con conocimiento de la parlamentaria, quien incluso habría ofrecido dinero a Andrade para mantener la versión oficial sobre dicha dirección.
Una investigación especial de la Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y el Gobierno Regional (GORE), en el marco del convenio “Más viviendas y mejores barrios para la región de Antofagasta”, vigente entre 2015 y 2023. El informe del organismo fiscalizador concluyó que el Serviu presentó con hasta 269 días de retraso la rendición de $5.866 millones entregados por el GORE. Además, se observaron problemas en la administración de una cuenta corriente que mezclaba fondos del Ministerio de Vivienda con los del Gobierno Regional, lo que dificultó el análisis del uso de los recursos. La Contraloría también detectó una falta de control en la asignación de fondos a proyectos específicos, lo que obligará al Serviu a reintegrar $156 millones. El análisis incluyó 31 contratos financiados con este convenio y reveló diferencias significativas entre lo acordado y lo efectivamente rendido, como en el caso del proyecto “Las Rocas”, donde se reportaron gastos superiores a los estipulados. Respecto al saldo pendiente de rendición, el Serviu finalmente regularizó la devolución mediante una modificación presupuestaria aprobada el 17 de julio de 2024, lo que permitió transferir los fondos a la Tesorería General de la República. No obstante, la Contraloría advirtió la falta de celeridad del GORE en exigir la restitución, ya que transcurrieron más de dos años desde la primera solicitud formal hasta el reintegro efectivo. A raíz de estos antecedentes, el organismo instruyó sumarios administrativos tanto en el Serviu como en el GORE para determinar eventuales responsabilidades. El informe también señala que el Serviu no aportó información suficiente durante la fiscalización para justificar el origen y uso de los fondos, lo que impidió una revisión contable clara del saldo bancario disponible. Desde el Gobierno Regional destacaron la recuperación total de los recursos no utilizados y aseguraron que, en el marco del nuevo convenio “Más Vivienda, Mejor Región 2023-2028”, se han implementado mecanismos más estrictos de supervisión y control para evitar situaciones similares. Fuente: Timeline
