El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, iniciar una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de la repartición. En la denuncia, los empleados acusaron a Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, de acoso laboral, menoscabo y humillaciones, según informó Timeline. El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario enviado al nivel central de Vivienda detallando su experiencia con Rivas, quien había convocado a los profesionales para resolver cuestiones relacionadas con la liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, que había solicitado su quiebra. Según los denunciantes, Rivas pidió a los funcionarios que normalizaran los convenios de manera apresurada y con errores significativos. El diputado Araya explicó en su oficio que la implementación de las resoluciones “parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República”. Agregó que Rivas habría dado instrucciones verbales para “normalizar” los convenios, lo que según Araya, podría implicar intentos de ocultar irregularidades. También se mencionó que Rivas consultó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos para dictar resoluciones, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso. Los funcionarios señalaron que el proceso de liquidación de los convenios, que incluye plazos específicos, fue acelerado de manera inapropiada y que los informes contenían errores, como partidas nuevas no contempladas en los convenios originales y errores aritméticos. Araya solicitó a la Contraloría General de la República que evalúe la pertinencia de una investigación especial para aclarar estos hechos y verificar la coherencia de las instrucciones impartidas por Rivas con las medidas ordenadas por la Contraloría en informes previos. El objetivo es determinar posibles infracciones administrativas y responsabilidades asociadas. Fuente: Timeline
Un informe solicitado por autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con el propósito de esclarecer el proceso de cierre del convenio Más Vivienda y Mejores Barrios 2015 – 2023, firmado con el Gobierno Regional de Antofagasta, proporcionó detalles cruciales sobre la continuidad de la relación entre ambas instituciones. El documento, remitido a las autoridades regionales en horas recientes, establece que el ministerio reintegrará al Gobierno Regional un monto de $5.886 millones, correspondiente al saldo del convenio, en concordancia con un procedimiento regular de cierre de este tipo de acuerdos. No obstante, el Minvu ha dispuesto la apertura de un sumario administrativo debido a las demoras registradas en los procesos de Serviu. El objetivo es esclarecer las posibles responsabilidades administrativas en la gestión del convenio, especialmente en lo relativo al resguardo y orden de la documentación. El informe destaca dificultades de acceso a la información por parte de algunos funcionarios de Serviu, así como la falta de documentación que acredite la realización de reuniones de seguimiento indicadas en el convenio. También señala la ausencia de información necesaria para aclarar las diferencias en los registros de decretos modificatorios. A pesar de las deficiencias mencionadas, la investigación destaca la colaboración proactiva de un grupo de funcionarios de la región, cuya información ha permitido avanzar en la revisión. Fuente: Timeline
La diputada independiente Yovana Ahumada mantuvo una reunión de más de 40 minutos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, para abordar asuntos cruciales para la región de Antofagasta, particularmente la rendición de fondos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) al Gobierno Regional. Durante el encuentro, Ahumada expresó su preocupación por la falta de transparencia en cuanto al destino de los $5.800 millones destinados a la construcción de viviendas sociales en la región, señalando que hasta el día de hoy, lamentablemente no se sabe dónde están los más de $5.800 millones para responder a temas de vivienda. A pesar de la insistencia, el ministro Montes no pudo ofrecer información concreta sobre la rendición de fondos, pero aseguró que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se hará cargo de la deuda si es necesario para asegurar la continuidad del Programa de Construcción de Viviendas Sociales. La diputada criticó la falta de respuestas claras y la demora del ministro en visitar la región, destacando la urgencia de tomar medidas inmediatas para abordar el déficit habitacional que afecta a miles de familias en Antofagasta. Esperamos que pronto podamos tener una solución y una respuesta, y que nuestros vecinos y vecinas puedan ver hecho realidad el sueño de su casa propia, manifestó Ahumada, instando a una mayor acción por parte de las autoridades para resolver los problemas habitacionales en la región. Fuente: SoyAntofagasta
El Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta ha dictaminado una sentencia en la cual acoge la demanda presentada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región. La demanda se dirigió contra la Municipalidad de Antofagasta, ordenando a esta última el pago de una indemnización por un total de $458.305.984, correspondiente al daño emergente provocado por la paralización de obras en la avenida Ejército, entre Homero Ávila y la Ruta 28. La decisión, emitida por la magistrada Susana Tobar Bravo en la causa de rol 2.110-2022, establece que la municipalidad fue condenada por falta de servicio. Se determinó que la paralización del proyecto en marzo de 2020 fue resultado de exigencias improcedentes de permisos de urbanización por parte de la municipalidad, lo que contravino las normativas legales y los propios actos de la entidad. El fallo sostiene que la demora en la programación original del proyecto se debió a la intervención de funcionarios municipales, quienes detuvieron las obras exigiendo requisitos inadecuados a Serviu y a la empresa constructora. Esta acción se calificó como negligente o constitutiva de falta de servicio, dado el conocimiento técnico que se espera de los funcionarios municipales involucrados en el diseño y ejecución del proyecto. Además, la resolución indica que los gastos adicionales y la reprogramación de las obras, que derivaron en el pago de indemnizaciones por parte de Serviu a la empresa constructora, fueron consecuencia directa de las exigencias persistentes e improcedentes por parte de la municipalidad. El tribunal también destacó que las deficiencias en los perfiles del proyecto debieron ser advertidas y corregidas durante su diseño, entre los años 2015 y 2017, lo cual no ocurrió. Se subraya que la aprobación por parte de la municipalidad de aspectos específicos del proyecto, como el paisajismo, contradice sus posteriores reclamos sobre afectaciones a áreas verdes.
Vecinos protagonizaron una nueva protesta frente al Serviu de la capital regional, exigiendo el cumplimiento de promesas relacionadas con proyectos habitacionales. En esta ocasión, los beneficiarios del proyecto Altos La Chimba 2 expresaron su descontento por la paralización de la iniciativa durante nueve meses, la cual atribuyen a una presunta mala gestión. Dirigentes de los comités de vivienda se dirigieron hasta la oficina de la Secretaría Ministerial, lo que resultó en el cierre de la calle Washington. Además, se desplegó un contingente policial en el lugar para mantener el orden. La situación recuerda a lo concurrido la semana pasada en las mismas oficinas, protagonizada por vecinos de la Villa El Salar. Con información de: SoyAntofagasta
El diputado Jaime Araya solicitó a la contralora general de la República, Dorothy Pérez, iniciar una investigación en la Seremi de Vivienda de Antofagasta tras la denuncia por maltrato laboral presentada por los funcionarios de la repartición. En la denuncia, los empleados acusaron a Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del ministerio, de acoso laboral, menoscabo y humillaciones, según informó Timeline. El 12 de agosto, los funcionarios completaron un formulario enviado al nivel central de Vivienda detallando su experiencia con Rivas, quien había convocado a los profesionales para resolver cuestiones relacionadas con la liquidación de los convenios con la Fundación Urbanismo Social, que había solicitado su quiebra. Según los denunciantes, Rivas pidió a los funcionarios que normalizaran los convenios de manera apresurada y con errores significativos. El diputado Araya explicó en su oficio que la implementación de las resoluciones “parece eludir el control preventivo de la Contraloría General de la República”. Agregó que Rivas habría dado instrucciones verbales para “normalizar” los convenios, lo que según Araya, podría implicar intentos de ocultar irregularidades. También se mencionó que Rivas consultó a un abogado del Consejo de Defensa del Estado sobre los plazos para dictar resoluciones, lo que generó dudas sobre la legalidad del proceso. Los funcionarios señalaron que el proceso de liquidación de los convenios, que incluye plazos específicos, fue acelerado de manera inapropiada y que los informes contenían errores, como partidas nuevas no contempladas en los convenios originales y errores aritméticos. Araya solicitó a la Contraloría General de la República que evalúe la pertinencia de una investigación especial para aclarar estos hechos y verificar la coherencia de las instrucciones impartidas por Rivas con las medidas ordenadas por la Contraloría en informes previos. El objetivo es determinar posibles infracciones administrativas y responsabilidades asociadas. Fuente: Timeline
Un informe solicitado por autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con el propósito de esclarecer el proceso de cierre del convenio Más Vivienda y Mejores Barrios 2015 – 2023, firmado con el Gobierno Regional de Antofagasta, proporcionó detalles cruciales sobre la continuidad de la relación entre ambas instituciones. El documento, remitido a las autoridades regionales en horas recientes, establece que el ministerio reintegrará al Gobierno Regional un monto de $5.886 millones, correspondiente al saldo del convenio, en concordancia con un procedimiento regular de cierre de este tipo de acuerdos. No obstante, el Minvu ha dispuesto la apertura de un sumario administrativo debido a las demoras registradas en los procesos de Serviu. El objetivo es esclarecer las posibles responsabilidades administrativas en la gestión del convenio, especialmente en lo relativo al resguardo y orden de la documentación. El informe destaca dificultades de acceso a la información por parte de algunos funcionarios de Serviu, así como la falta de documentación que acredite la realización de reuniones de seguimiento indicadas en el convenio. También señala la ausencia de información necesaria para aclarar las diferencias en los registros de decretos modificatorios. A pesar de las deficiencias mencionadas, la investigación destaca la colaboración proactiva de un grupo de funcionarios de la región, cuya información ha permitido avanzar en la revisión. Fuente: Timeline
La diputada independiente Yovana Ahumada mantuvo una reunión de más de 40 minutos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, para abordar asuntos cruciales para la región de Antofagasta, particularmente la rendición de fondos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) al Gobierno Regional. Durante el encuentro, Ahumada expresó su preocupación por la falta de transparencia en cuanto al destino de los $5.800 millones destinados a la construcción de viviendas sociales en la región, señalando que hasta el día de hoy, lamentablemente no se sabe dónde están los más de $5.800 millones para responder a temas de vivienda. A pesar de la insistencia, el ministro Montes no pudo ofrecer información concreta sobre la rendición de fondos, pero aseguró que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se hará cargo de la deuda si es necesario para asegurar la continuidad del Programa de Construcción de Viviendas Sociales. La diputada criticó la falta de respuestas claras y la demora del ministro en visitar la región, destacando la urgencia de tomar medidas inmediatas para abordar el déficit habitacional que afecta a miles de familias en Antofagasta. Esperamos que pronto podamos tener una solución y una respuesta, y que nuestros vecinos y vecinas puedan ver hecho realidad el sueño de su casa propia, manifestó Ahumada, instando a una mayor acción por parte de las autoridades para resolver los problemas habitacionales en la región. Fuente: SoyAntofagasta
El Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta ha dictaminado una sentencia en la cual acoge la demanda presentada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región. La demanda se dirigió contra la Municipalidad de Antofagasta, ordenando a esta última el pago de una indemnización por un total de $458.305.984, correspondiente al daño emergente provocado por la paralización de obras en la avenida Ejército, entre Homero Ávila y la Ruta 28. La decisión, emitida por la magistrada Susana Tobar Bravo en la causa de rol 2.110-2022, establece que la municipalidad fue condenada por falta de servicio. Se determinó que la paralización del proyecto en marzo de 2020 fue resultado de exigencias improcedentes de permisos de urbanización por parte de la municipalidad, lo que contravino las normativas legales y los propios actos de la entidad. El fallo sostiene que la demora en la programación original del proyecto se debió a la intervención de funcionarios municipales, quienes detuvieron las obras exigiendo requisitos inadecuados a Serviu y a la empresa constructora. Esta acción se calificó como negligente o constitutiva de falta de servicio, dado el conocimiento técnico que se espera de los funcionarios municipales involucrados en el diseño y ejecución del proyecto. Además, la resolución indica que los gastos adicionales y la reprogramación de las obras, que derivaron en el pago de indemnizaciones por parte de Serviu a la empresa constructora, fueron consecuencia directa de las exigencias persistentes e improcedentes por parte de la municipalidad. El tribunal también destacó que las deficiencias en los perfiles del proyecto debieron ser advertidas y corregidas durante su diseño, entre los años 2015 y 2017, lo cual no ocurrió. Se subraya que la aprobación por parte de la municipalidad de aspectos específicos del proyecto, como el paisajismo, contradice sus posteriores reclamos sobre afectaciones a áreas verdes.
Vecinos protagonizaron una nueva protesta frente al Serviu de la capital regional, exigiendo el cumplimiento de promesas relacionadas con proyectos habitacionales. En esta ocasión, los beneficiarios del proyecto Altos La Chimba 2 expresaron su descontento por la paralización de la iniciativa durante nueve meses, la cual atribuyen a una presunta mala gestión. Dirigentes de los comités de vivienda se dirigieron hasta la oficina de la Secretaría Ministerial, lo que resultó en el cierre de la calle Washington. Además, se desplegó un contingente policial en el lugar para mantener el orden. La situación recuerda a lo concurrido la semana pasada en las mismas oficinas, protagonizada por vecinos de la Villa El Salar. Con información de: SoyAntofagasta
