Caso Convenios: Interponen querella contra representante de ProCultura
Se lanza contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación ProCultura, por su presunta participación en el delito consumado de apropiación indebida.
El martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la Fundación ProCultura, por su presunta participación en el delito de apropiación indebida. Esta acción legal se basa en los avances de la investigación penal y en la presunta violación del artículo 470 N.º 1 en relación con el artículo 467 del Código Penal.
Según la querella presentada por el CDE, los hechos se remontan a la suscripción de cuatro convenios de transferencia de recursos entre la Fundación ProCultura y la seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Antofagasta. Estos convenios, enmarcados en el Programa de Asentamientos Precarios, así como en el Programa de Recuperación de Barrios, involucraron una suma total de 545 millones de pesos.
Según la investigación, los recursos públicos fueron transferidos sin más trámite y en una sola cuota. Sin embargo, se detectaron múltiples incumplimientos graves y reiterados por parte de la fundación en la ejecución de los proyectos y en la rendición financiera de los mismos. Estos incumplimientos llevaron al Minvu a terminar anticipadamente los contratos, exigiendo la restitución parcial o total de los fondos, lo cual, según la querella del CDE, no se cumplió.
Además, la querella señala que la Contraloría General de la República reprochó a la fundación por no haber devuelto 990 millones de pesos a las arcas fiscales. Se destacó que entre los gastos rendidos por la fundación, se encontraron 5,8 millones de pesos destinados a servicios de coctelería y cerveza para un evento del REC PRO, prestado por una productora propiedad de Manuel Lagos, director del festival.
La querella también reveló observaciones como el arriendo de oficinas a un valor que excedía el mercado sin autorización competente, errores contables reiterados, cronogramas y planes de trabajo no aprobados, entre otros incumplimientos.
A pesar de las medidas tomadas por el CDE, como la presentación de una medida precautoria de retención de bienes y la solicitud de reintegro de los fondos, se informó que la Fundación ProCultura no disponía de fondos en su cuenta corriente, lo que ha llevado a una presunta apropiación indebida de 511.058.002 pesos destinados a fines públicos específicos.
La querella del CDE fue presentada ante el Primer Juzgado de Letras de Antofagasta, y se espera que este caso siga desarrollándose en el ámbito judicial.
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El alcalde Sacha Razmilic destacó que el acuerdo resuelve una situación jurídica pendiente y abre una nueva etapa de colaboración entre el municipio y el club.
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