Principales agrupaciones gremialistas FRESITACO y TAXI COLGA A.G. que operan en la ciudad de Antofagasta, Calama y Tocopilla llamaron a una movilización de taxistas desde este miércoles. No obstante, tras suscribir diversos acuerdos, el llamado ha sido retirado.
Las empresas de taxis colectivos tuvieron una reunión con Delegación Presidencial Regional, Karen Behrens, además de Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Romina Vera, instancia en la que se hicieron solicitudes de modificación del programa «Renueva tu Colectivo», además de plantear su preocupación ante el transporte informal de las localidades.
Los participantes acordaron una mesa de trabajo bimensual que «permitirá hacer seguimiento de todas aquellas medidas que vayamos aplicando de cara a las personas, entre ellas, el reforzamiento de las fiscalizaciones a vehículos que prestan servicios informales, lo cual será coordinado desde el Programa Nacional de Fiscalización del Transporte para apoyar los procesos regionales”, agregó la Seremi Romina Vera.
“Nos escucharon, tratando de ayudar al gremio. Yo considero que está bien, porque hay cosas que ellos pueden solucionar y hay cosas que ellos no pueden solucionar, pero en fin, yo quedé conforme”, manifestó Alejandro Ruiz, vicepresidente FRESITACO Antofagasta.
Por su parte el presidente de Taxicolca A.G. de Calama, Juan Araya, manifestó que como gremio estaban muy conformes. «Podemos decir en estos momentos que ya la paralización se baja, porque de los 4 ó 5 puntos que nosotros planteamos, ya se tomó un acuerdo positivo”, expresó.
La movilización:
Taxicolectivos de las ciudades mencionadas hicieron llamado a manifestarse durante la jornada de mañana, el jueves y hasta este viernes 14 de octubre, ante las complicaciones económicas que están viviendo como gremio, argumentando una “crisis importante en el sector, contemplando propietarios, conductores y otras entidades prestadoras de servicios, (…) quedando la actividad en la vulnerabilidad absoluta«.
El comunicado detalla que tales condiciones severas se arrastras desde que comenzó el contexto pandémico por el coronavirus y se han agudizado, conforme Chile ha entrado en un período inflacionario elevado. A esto, el documento añade que existe un descontento en el cómo las autoridades de la región han administrado el transporte público, sin participación adecuada por parte de los propios taxistas.
La declaración dispuso varios puntos controvertidos en los que hace hincapié la asociación, no existiendo la “participación adecuada de los gremios representativos del transporte público menor, lo que está afectando seriamente la operación de los servicios y actores del sistema”. En el detalle, se acusa la “desregulación e informalidad de vehículos particulares y Apps de transporte”.
Se exigía que se deben crear mesas de trabajo vinculante con las organizaciones del gremio Taxi Colectivo, para “tener una normativa robusta con mirada descentralizadora y regional, acorde a los nuevos tiempos y necesidades de la comunidad”. A esto se añadió la necesidad de gestionar el bono sectorial anual con el que se comprometió el poder ejecutivo, aludiendo responsabilidad al ministerio de Hacienda e Interior, con el propósito de mitigar las alzas de combustibles.
Los gremialistas acusaron que el programa nacional de fiscalización de Subsecretaría de Transportes está “actuando subjetivamente en contra del sector”, supuestamente no existiendo un diálogo adecuado en la búsqueda de soluciones ante problemáticas, además de que “no se preocupan del trabajo informal de vehículos y aplicaciones privadas e informales», refiriéndose a las apps de smartphone. Sentencian, además, que el programa de modernización de flotas de taxis ha actuado “con una falta de criterio increíble para los tiempos que se viven en el país”.
Por último, el documento exige más seguridad ante el pasar delictivo en las últimas semanas. ”Ante la desesperación que estamos viviendo de la ciudadanía y del transporte público menor, es fundamental generar las coordinaciones y un ecosistema robusto, en donde participen los órganos del estado, la comunidad y los gremios involucrados”, concluyen.
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