Democracia Viva destinó más de 100 millones en "gasto operacional"
Otro objetivo contemplado en la controvertida destinación son "recursos humanos". Así, se considera que el porcentaje cifrado es alto comparado a lo invertido en obras.
el miércoles pasado a las 8:43
Persisten las dudas en torno a Democracia Viva, la primera fundación en ser investigada en relación al convenios. Además de la pesquisa penal que está siendo llevada a cabo por el Ministerio Público, siguen surgiendo evidencias a nivel administrativo que complican la situación de esta ONG.
En medio de un proceso que demanda a la entidad la restitución de una porción significativa de los recursos transferidos a través de tres convenios, profesionales del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Antofagasta han constatado que Democracia Viva destinó una proporción considerable de su presupuesto total en conceptos que no guardaban relación con el propósito inicial, según información de La Tercera.
Este hallazgo también ha generado inquietudes en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Los tres convenios otorgados a Democracia Viva, para la ejecución de proyectos de habitabilidad básica en asentamientos precarios y para "diagnósticos socio-territoriales", involucraron una suma de $426 millones.
Sin embargo, según la información recopilada por los investigadores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en coordinación con el liderazgo de Carlos Montes, un 34% de esta cantidad, equivalente a $144.325.000, fue direccionado hacia "gastos operacionales y recursos humanos".
El hecho fue señalado en un memorándum preparado por la responsable del programa de asentamientos precarios del Serviu de Antofagasta, quienes expresaron que esto perjudica el cumplimiento del acuerdo.
Los gastos cuestionados fueron identificados en el contexto del convenio relacionado con el campamento EcuaChilePe, al cual se le destinaron $200 millones. De manera similar, el convenio asociado al campamento Irarrazabal I también presentó irregularidades, con una asignación de $170 millones.
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El CPLT identificó deficiencias en la entrega y actualización de información pública, mientras que el promedio de cumplimiento fue de solo 76,06%, el más bajo desde 2010.
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La hermana de Katherine, Karina Yoma, se refirió a la ausencia del antes edil, apuntando a que “quien nada teme y sabe que es inocente da la cara".
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Aunque la situación actual es considerada normal, se asegura actualizar protocolos y mantener informada a la ciudadanía, especialmente ante posibles varamientos de fauna marina.
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La institución busca "dar una señal a la comunidad de que en nuestro país existe una institucionalidad preparada para salvaguardar los derechos de las mujeres".
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