​La arquitecta Camila Ramírez, en representación de la Fundación Urbanismo Social, presentó una solicitud de inicio de procedimiento concursal de liquidación voluntaria de bienes de la empresa deudora.

Esta acción, según lo narrado por Bío Bío, se produce en medio de un contexto marcado por el caso Convenios, el cual ha generado un cambio significativo en la ejecución de colaboraciones público-privadas en el sector de vivienda y ha impactado en la manera en que el sector público lleva a cabo sus funciones en esta área.

El caso Convenios, revelado en junio de 2023, ha tenido repercusiones importantes en la dinámica operativa de la Fundación Urbanismo Social, ya que diversos órganos fiscales, incluyendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, han paralizado virtualmente sus actividades en respuesta a las revelaciones. Esto ha llevado a situaciones como inconsistencias en las respuestas entre diferentes entidades gubernamentales, silencio administrativo de contrapartes técnicas y la terminación anticipada de convenios de colaboración.

Esta situación ha afectado directamente la situación financiera de la empresa deudora, que ha sido obligada a poner fin a la mayoría de sus contratos laborales para evitar acumular deudas salariales y previsionales. Como resultado, la empresa ahora enfrenta la obligación de pagar finiquitos por un total de $274.807.166, cantidad que actualmente adeuda a sus ex trabajadores, muchos de los cuales han iniciado acciones legales para reclamar su cobro.

La solicitud de quiebra de la empresa, que llevaba operando durante 15 años, fue presentada ante el 22.º Juzgado Civil de Santiago el pasado 5 de junio. Entre los convenios terminados anticipadamente se encuentra uno con la Municipalidad de Santiago y otro con el Gobierno Regional del Maule, entre otros. En total, se han ordenado restituciones por un monto significativo de dinero, incluyendo $121.922.433 a la Municipalidad de Santiago y $264.950.000 al Gobierno Regional del Maule.