Tras reabrir caso: Fiscalía acusa a abogado de Antofagasta por estafa
La investigación liderada por el fiscal Cristian Aguilar se centra en presunta maquinación por Rojas Araya en relación con la venta de concesiones mineras a una tercera empresa.
El abogado antofagastino Antonio Fernando Rojas Araya se encuentra bajo la lupa judicial tras la solicitud de la Fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto Cristian Aguilar, de una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo.
Esto, según lo informado por Timeline, se acompaña de una multa de 20 UTM, accesorias legales según el artículo 30 del Código Penal, suspensión de cargo u oficio público durante el periodo de la condena, y el pago de las costas de la causa, ante el presunto delito de estafa, relacionado con un caso que data del año 2015.
El caso reabierto en julio pasado tuvo inicio en 2015 con los denunciantes y querellantes Alfredo Jiménez Rivera y Carlos Yáñez Álvarez. Ambos presentaron seis Pedimentos Mineros en 2002, los cuales fueron inscritos en el Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Pozo Almonte.
La acusación sostiene que Rojas, en calidad de abogado de los socios, propuso un acuerdo que involucraba un porcentaje del negocio. La venta de las concesiones mineras a una tercera empresa, realizada por Rojas en representación de su sociedad y otra entidad, se convirtieron en el centro de la acusación: pertenencias se habían vendido por U$9.000.000, monto del cual solo les correspondía el 30%, según su relato porque se canceló "un 30% del terreno y otro 70% por la ingeniería desarrollada por Shandor Franulic (su suegro)".
Rojas usó su propia sociedad y la Inmobiliaria Plaza del Sur para constituir la Sociedad Contractual Minera La Fortaleza, que es la empresa que recibió las pertenencias vendidas. Así, se designó como directores a Shandor Franulic (mencionado), el propio Rojas y a Pedro Antonio Fuentes Araya.
El juicio oral simplificado está programado para el próximo lunes 11 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, siempre y cuando el acusado no admita los hechos imputados.
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Se rechazó la prisión preventiva y dictó arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y retención de licencia. El plazo de investigación es de 120 días.
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