El defensor de seis de los nueve ex cadetes de Cobreloa formalizados por el caso de violación masiva, Víctor Contreras, ha reiterado la posición de sus representados, afirmando que están tranquilos y convencidos de su inocencia. En una entrevista concedida a La Tercera, expresó su preocupación por lo que considera una investigación sesgada por parte de la Fiscalía. Según Contreras, el Ministerio Público no está cumpliendo con el principio de objetividad e investigación imparcial. En su opinión, la carpeta investigativa contiene elementos que podrían demostrar la inocencia de los acusados, pero estos no están siendo considerados adecuadamente. Señaló que se están utilizando explicaciones ilógicas para sustentar la acusación, ignorando antecedentes claros que podrían respaldar la versión de sus defendidos. “El señalar que el consumo de cocaína te produce somnolencia, ya que incluso hay declaraciones de peritos de la Fiscalía en juicios de droga referente a que los efectos de la cocaína son todo lo contrario. Ya en este punto, el razonamiento suena, parece y es ilógico en su totalidad”, denotó el defensor. El abogado también ha criticado la instrumentalización del caso por parte de actores políticos, incluyendo parlamentarios y la ministra de la Mujer. Contreras sostiene que se está buscando provecho político a expensas de sus clientes, y que se está condenando públicamente a los acusados sin tener acceso a todos los antecedentes del caso. Asimismo, Contreras cuestionó las decisiones judiciales que mantienen a ocho de los imputados en prisión preventiva. Sugirió que estas decisiones pueden haber sido influenciadas por la presión mediática y política. Adelantó que su equipo legal está trabajando en la recolección de nuevo material probatorio, incluyendo videos, audios y testimonios, para respaldar la inocencia de sus clientes.
El abogado antofagastino Antonio Fernando Rojas Araya se encuentra bajo la lupa judicial tras la solicitud de la Fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto Cristian Aguilar, de una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Esto, según lo informado por Timeline, se acompaña de una multa de 20 UTM, accesorias legales según el artículo 30 del Código Penal, suspensión de cargo u oficio público durante el periodo de la condena, y el pago de las costas de la causa, ante el presunto delito de estafa, relacionado con un caso que data del año 2015. El caso reabierto en julio pasado tuvo inicio en 2015 con los denunciantes y querellantes Alfredo Jiménez Rivera y Carlos Yáñez Álvarez. Ambos presentaron seis Pedimentos Mineros en 2002, los cuales fueron inscritos en el Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Pozo Almonte. La acusación sostiene que Rojas, en calidad de abogado de los socios, propuso un acuerdo que involucraba un porcentaje del negocio. La venta de las concesiones mineras a una tercera empresa, realizada por Rojas en representación de su sociedad y otra entidad, se convirtieron en el centro de la acusación: pertenencias se habían vendido por U$9.000.000, monto del cual solo les correspondía el 30%, según su relato porque se canceló un 30% del terreno y otro 70% por la ingeniería desarrollada por Shandor Franulic (su suegro). Rojas usó su propia sociedad y la Inmobiliaria Plaza del Sur para constituir la Sociedad Contractual Minera La Fortaleza, que es la empresa que recibió las pertenencias vendidas. Así, se designó como directores a Shandor Franulic (mencionado), el propio Rojas y a Pedro Antonio Fuentes Araya. El juicio oral simplificado está programado para el próximo lunes 11 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, siempre y cuando el acusado no admita los hechos imputados.
El defensor de seis de los nueve ex cadetes de Cobreloa formalizados por el caso de violación masiva, Víctor Contreras, ha reiterado la posición de sus representados, afirmando que están tranquilos y convencidos de su inocencia. En una entrevista concedida a La Tercera, expresó su preocupación por lo que considera una investigación sesgada por parte de la Fiscalía. Según Contreras, el Ministerio Público no está cumpliendo con el principio de objetividad e investigación imparcial. En su opinión, la carpeta investigativa contiene elementos que podrían demostrar la inocencia de los acusados, pero estos no están siendo considerados adecuadamente. Señaló que se están utilizando explicaciones ilógicas para sustentar la acusación, ignorando antecedentes claros que podrían respaldar la versión de sus defendidos. “El señalar que el consumo de cocaína te produce somnolencia, ya que incluso hay declaraciones de peritos de la Fiscalía en juicios de droga referente a que los efectos de la cocaína son todo lo contrario. Ya en este punto, el razonamiento suena, parece y es ilógico en su totalidad”, denotó el defensor. El abogado también ha criticado la instrumentalización del caso por parte de actores políticos, incluyendo parlamentarios y la ministra de la Mujer. Contreras sostiene que se está buscando provecho político a expensas de sus clientes, y que se está condenando públicamente a los acusados sin tener acceso a todos los antecedentes del caso. Asimismo, Contreras cuestionó las decisiones judiciales que mantienen a ocho de los imputados en prisión preventiva. Sugirió que estas decisiones pueden haber sido influenciadas por la presión mediática y política. Adelantó que su equipo legal está trabajando en la recolección de nuevo material probatorio, incluyendo videos, audios y testimonios, para respaldar la inocencia de sus clientes.
El abogado antofagastino Antonio Fernando Rojas Araya se encuentra bajo la lupa judicial tras la solicitud de la Fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto Cristian Aguilar, de una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Esto, según lo informado por Timeline, se acompaña de una multa de 20 UTM, accesorias legales según el artículo 30 del Código Penal, suspensión de cargo u oficio público durante el periodo de la condena, y el pago de las costas de la causa, ante el presunto delito de estafa, relacionado con un caso que data del año 2015. El caso reabierto en julio pasado tuvo inicio en 2015 con los denunciantes y querellantes Alfredo Jiménez Rivera y Carlos Yáñez Álvarez. Ambos presentaron seis Pedimentos Mineros en 2002, los cuales fueron inscritos en el Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Pozo Almonte. La acusación sostiene que Rojas, en calidad de abogado de los socios, propuso un acuerdo que involucraba un porcentaje del negocio. La venta de las concesiones mineras a una tercera empresa, realizada por Rojas en representación de su sociedad y otra entidad, se convirtieron en el centro de la acusación: pertenencias se habían vendido por U$9.000.000, monto del cual solo les correspondía el 30%, según su relato porque se canceló un 30% del terreno y otro 70% por la ingeniería desarrollada por Shandor Franulic (su suegro). Rojas usó su propia sociedad y la Inmobiliaria Plaza del Sur para constituir la Sociedad Contractual Minera La Fortaleza, que es la empresa que recibió las pertenencias vendidas. Así, se designó como directores a Shandor Franulic (mencionado), el propio Rojas y a Pedro Antonio Fuentes Araya. El juicio oral simplificado está programado para el próximo lunes 11 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, siempre y cuando el acusado no admita los hechos imputados.
