Solicitan ampliación de querella criminal contra Carlos Contreras y Catalina Pérez
El abogado del senador Fidel Espinoza (PS) ha solicitado la ampliación de la querella criminal contra Carlos Contreras, exseremi del Minvu, y la diputada, Catalina Pérez.
el jueves pasado a las 8:47
En el contexto de la investigación sobre el traspaso irregular de fondos entre la Seremi Minvu Antofagasta y la fundación Democracia Viva, el abogado del senador Fidel Espinoza (PS) ha solicitado la ampliación de la querella criminal contra Carlos Contreras, exseremi del Minvu, y la diputada de la región, Catalina Pérez.
Actualmente, Contreras y Andrade se encuentran en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Antofagasta, enfrentando acusaciones de fraude al fisco, cohecho, negociación incompatible y omisión de denuncia, estos dos últimos imputados únicamente a Contreras.
En la solicitud de ampliación, se destaca que "como Seremi de Vivienda, Contreras tenía un interés en que se llevaran a cabo los convenios, sin realizar ningún tipo de control, primero en su concreción y después en verificar la legalidad de los traspasos descritos". Se subraya que su intención no era la ejecución de los convenios, ya que no se cumplieron las exigencias administrativas y legales, sino más bien aprovecharse de los fondos sin justificación.
En cuanto a la diputada Catalina Pérez, se busca ampliar la querella acusándola de delitos como negociación incompatible, omisión de denuncia, fraude al fisco y cohecho. La solicitud incluye el desafuero de la legisladora para emprender acciones legales en su contra.
La petición se basa en el análisis de los movimientos bancarios de la parlamentaria y los traspasos realizados a su expareja Daniel Andrade. Se argumenta que tanto funcionarios del Minvu Antofagasta como la diputada Pérez estaban al tanto de los ilícitos descritos. Además, se solicita incautar dispositivos electrónicos de Pérez, levantar un informe patrimonial de la diputada y citar a declarar a personas involucradas en los traspasos millonarios, como el seremi de Medio Ambiente, Gustavo Riveros, y la jefa de gabinete de la municipalidad de Ñuñoa, Valeska Ramírez.
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Se rechazó la prisión preventiva y dictó arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y retención de licencia. El plazo de investigación es de 120 días.
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