Piden levantar Secreto Bancario de Diputada Pérez en Investigación Caso Democracia Viva
Recientemente, un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI ha relacionado a la diputada Catalina Pérez con presuntos delitos de tráfico de influencias.
el jueves pasado a las 8:47
En el contexto de la investigación en curso relacionada con la Fundación Democracia Viva, la Fiscalía ha requerido al Juzgado de Garantía de Antofagasta el levantamiento del secreto bancario de tres personas vinculadas al caso: Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la diputada Catalina Pérez. Esta solicitud se enmarca en una investigación en curso sobre posibles actos de corrupción, tras el traspaso de una suma aproximada de $420 millones por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la organización representada por Daniel Andrade.
Recientemente, un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI ha relacionado a la diputada Catalina Pérez con presuntos delitos de tráfico de influencias. En vista de estos hallazgos, la Fiscalía considera esencial obtener acceso al secreto bancario de las personas mencionadas, así como de la Fundación Democracia Viva, con el fin de recopilar pruebas que respalden las acusaciones en investigación.
La solicitud de levantamiento del secreto bancario abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y agosto de este año. Además, se ha solicitado que esta diligencia se lleve a cabo sin previo aviso a los involucrados y que tanto la solicitud como su resultado no sean publicados en el sitio web del Poder Judicial.
Este enfoque se justifica en la premisa de que la divulgación de esta solicitud podría poner en riesgo el éxito de la investigación y la seguridad de los funcionarios encargados de llevar a cabo el proceso.
el viernes pasado a las 9:44
el jueves pasado a las 12:07
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el martes pasado a las 10:24
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Se rechazó la prisión preventiva y dictó arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y retención de licencia. El plazo de investigación es de 120 días.
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Los hogares ya recibieron bolsas diferenciadas y los edificios contenedores para separar residuos. La ordenanza contempla seis meses de marcha blanca antes de aplicar sanciones.
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