Allanan oficinas del GORE de Antofagasta por polémica de fachadas

En un operativo llevado a cabo este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en las oficinas del Gobierno Regional de Antofagasta. Esta acción se produce en medio de la creciente polémica generada por el convenio suscrito entre el GORE y la fundación Procultura.

Las diligencias llevadas a cabo por los oficiales se centraron en las divisiones de Presupuesto e Inversión Regional y Planificación Regional, ubicadas en el edificio situado en Arturo Prat 384. Durante el allanamiento, se incautaron dos computadoras, dos pendrives con información técnica y financiera, así como también se obtuvieron los accesos y claves a los computadores y correos electrónicos. 

Bryan Romo, jefe de la Unidad Jurídica del Gobierno Regional, informó que las diligencias estaban autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta y tenían como objetivo recabar antecedentes relacionados con las denuncias en el caso "Democracia Viva". Este caso involucra a la fundación Procultura y su relación con varios gobiernos regionales, incluido el de Antofagasta. 

Romo manifestó la disposición del Gobierno Regional a colaborar plenamente con las investigaciones, destacando que no tienen nada que ocultar. Enfatizó en la importancia de llevar a cabo una investigación amplia y rigurosa para distinguir entre aquellos que utilizaron su influencia para corromper al fisco, como en el caso de "Democracia Viva", y aquellos que actuaron de buena fe. 

El representante señaló que, ante la solicitud de consejeros regionales de suspender el convenio comunicada por el medio Timeline, se abordará la situación una comisión mixta para explicar los aspectos técnicos y financieros. Afirmó que consideran sólidos dichos aspectos y recordó que congelar un convenio no es una decisión sencilla, ya que está sujeto a la normativa pública y a la aprobación de la Contraloría. En este sentido, será necesario evaluar si la fundación ha incurrido en incumplimientos graves y reiterados de sus obligaciones, no siendo una facultad del gobernador tomar esa decisión.

Con información de: Timeline